miércoles, 29 de diciembre de 2010

ERPETUA EN CÁRCEL COMÚN PARA VIDELA Y MENÉNDEZ

"Fue un juicio histórico"

Desde Córdoba, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, calificó como "histórico" al juicio que tuvo como principales condenados a los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
"Fue un juicio histórico", dijo Duhalde al salir de la sala de audiencias donde el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) de la capital cordobesa dio a conocer las sentencias. "Fue muy justo" y recalcó que la prueba de ello es que fueron condenados "con todas las garantías".
"Estamos ante una real justicia. Lo que se ha podido probar, se condenó", agregó. Consultado sobre expresiones de los represores Videla y Menéndez en sus alegatos finales, Duhalde indicó: "yo no abro juicio ni polemizo con los genocidas, allá ellos", y se manifestó "absolutamente conforme" con la sentencia del tribunal.


El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a dieciséis represores, entre quienes se encuentran el dictador Jorge Rafael Videla y el genocida Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de las causas conocidas como "UP1" y "Gontero", por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia. Otros siete recibieron penas que van desde los 6 a los 14 años de cárcel y seis imputados fueron absueltos.
Se trata de uno de los procesos judiciales más trascendentes que ha vivido nuestro país, la primer condena al dictador Videla desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985, cuando la Cámara Federal porteña lo sentenció a prisión perpetua.
La misma pena le fue otorgada ahora, por tercera vez, al genocida Menéndez, quien ya había sido condenado a perpetua por el TOF N°1 de Córdoba por delitos de lesa humanidad, en el año 2008 en la causa Brandalisis y en 2009 en la causa Albareda. El Tribunal ordenó realizar una junta médica para determinar si su estado de salud le permite cumplir la condena en una cárcel común.
Este juicio es, hasta el momento, el mayor de la historia argentina por la cantidad de represores imputados. Incluyó dos causas: "UP1" y "Gontero". La causa UP1 investigó los asesinatos de 31 militantes políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) del barrio San Martín, de Córdoba, quienes fueron trasladados entre abril y octubre de 1976 al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), donde fueron torturados y luego fusilados simulando un intento de fuga. A diferencia de la mayor parte de las víctimas de la dictadura cívico-militar, no se trataba de desaparecidos sino de militantes detenidos y registrados como tales antes del golpe de Estado.
El asesinato por fuga fue un método ampliamente utilizado por las fuerzas represivas, en un intento de los verdugos de desinformar a la población y liberarse de futuras condenas. Dicho accionar respondía a órdenes de altos mandos militares, se necesitaba en todos los casos una autorización para realizar los traslados, motivo por el cual se juzgó a Jorge Rafael Videla, entonces Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de Facto, y a Luciano Benjamín Menéndez, entonces Jefe del III Cuerpo del Ejército. Por debajo de ellos y siguiendo la cadena de mando se juzgó a las personas que se desempeñaban en las áreas que integraban el Estado Mayor presidido por el General Juan Bautista Sasiaiñ, jefe de la Policía Federal, fallecido en 2006 cumpliendo arresto domiciliario por otros delitos de lesa humanidad.
La causa "GONTERO" investigó los secuestros y torturas a 5 ex policías, estudiantes universitarios, acusados de subversivos por sus propios compañeros, y al hermano de uno de ellos, en el D2, en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) La Ribera y en la UP1. Las 6 víctimas lograron sobrevivir y la mayoría de ellos pudieron declarar en la causa.

SENTENCIAS:

CAUSA UP1

Jorge Rafael Videla, 84 años, acusado por los delitos de imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios calificados. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Luciano Benjamín Menéndez, 83 años, acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, ordenando la realización inmediata de una junta médica, a los fines de determinar si se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia.
Gustavo Adolfo Alsina, 60 años, acusado de imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Miguel Angel Pérez, 55 años, acusado por la imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Francisco Pablo D'aloia, 55 años. ABSUELTO.
José Antonio Paredes, 58 años. ABSUELTO.
Alberto Luis Lucero, 64 años, acusado de privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Miguel Angel Gómez, 63 años, acusado por privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Marcelo Luna, 75 años, acusado por imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Juan Eduardo Ramón Molina, 64 años, acusado de imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Víctor Pino Cano, 79 años, acusado por imposición de tormentos agravados. DOCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, y ordenar la realización inmediata de una junta médica, a los fines de determinar si se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria.
Osvaldo César Quiroga. 65 años. ABSUELTO.
Luis Alberto Rodríguez, 61 años. ABSUELTO.
Yamil Jabour, 63 años, privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Enrique Pedro Mones Ruiz, 58 años,imposición de tormentos agravada y homicidio calificado con alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Vicente Meli, 81 años, acusado de imposición de tormentos, tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Carlos Hibar Pérez, 59 años, acusado por imposición de tormentos agravados. DIEZ AÑOS DE PRISION E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Ricardo Cayetano Rocha, 61 años. ABSUELTO.
Carlos Alfredo Yanicelli, 57 años, acusado por privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Calixto Luis Flores, 70 años, acusado de privación ilegal de la libertad calificada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Mauricio Carlos Poncet, 78 años, condenado por imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Raúl Eduardo Fierro, 79 años, condenado por imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, y ordenar la realización inmediata de una junta médica a los fines de determinar si se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia.
Jorge González Navarro, 80 años, acusado de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado por alevosía. PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, ordenando su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Juan Emilio Huber, 77 años, acusado por tormentos agravados y tormentos seguidos de muerte. CATORCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

CAUSA GONTERO

Comparte con la causa UP1 los siguientes imputados: Luciano Benjamín Menéndez; Yamil Jabour; Miguel Angel Gómez; Carlos Alfredo Yanicelli; Alberto Luis Lucero y Calixto Luis Flores.
Imputados sólo en la causa Gontero:
Hermes Oscar RODRIGUEZ, 78 años, acusado de privación ilegítima de la libertad calificada y tormentos agravados. DOCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza.
José Eugenio San Julián, 83 años, acusado de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. SEIS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, y ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado San Julián se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria.
Mirta Graciela Antón, 56 años, acusada por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. SIETE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Fernando Martín Rocha, 59 años, acusado por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. OCHO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Gustavo Rodolfo Salgado, 57 años. ABSUELTO.
Luis David Merlo, 56 años. ABSUELTO.





POR CRÍMENES EN EL CIRCUITO ATLÉTICO, BANCO Y OLIMPO

Prisión perpetua y 25 años para dieciséis represores

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Tribunal Federal Nº 2 dio a conocer la sentencia para los represores que actuaron en el circuito de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que funcionaron en el Club Atlético, el Banco y El Olimpo. Doce ex militares y ex policías fueron condenados a prisión perpetua y otros cuatro represores recibieron una pena de 25 años por 183 crímenes de lesa humanidad.

En una sala colmada por los familiares de los detenidos-desaparecidos, que conto con la presencia del flamante Secretario de Justicia de la Nación Dr. Julián Álvarez , los jueces Jorge Tassara, Ana D'Alessio y María Carrigós de Rébori del TOF N°2 condenaron a prisión perpetua e inhabilitación de por vida a los genocidas Julio Héctor Simón, más conocido como "el Turco Julián"; el apropiador de bebés Samuel Miara; el ex capitán del Ejército Enrique José Del Pino; Juan Carlos Avena, alias "Capitán Centeno"; el ex comisario Luis Juan Donocik; el ex oficial Eduardo Emilio Kalinec; el ex subcomisario de la Policía Federal Eufemio Jorge Uballes; los ex gendarmes Eugenio Pereyra Apestegui y Guillermo Víctor Cardozo, y los ex integrantes de la Policía Federal Roberto Antonio Rosa, Raúl González y Oscar Augusto Isidoro Rolón.
El presidente del Tribunal Jorge Alberto Tassara retomó la lectura de la sentencia, finalizado un cuarto intermedio, condenando a otros cuatro represores a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua: Raúl Antonio Guglielminetti, un ex agente civil de inteligencia del Ejército que con el regreso de la democracia llegó a infiltrarse en la custodia del ex presidente Raúl Alfonsín; Carlos Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601; el policía Ricardo Taddei, y Mario Alberto Gómez Arenas, ex segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.
El guardia Juan Carlos Falcón alias "Kung Fu" fue el único absuelto de cargos. En su caso, el tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo.
Los acusados fueron declarados culpables de "homicidio calificado con alevosía, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos". El Tribunal pudo considerar probado el delito de homicidio agravado por alevosía, luego de incorporar al proceso judicial las pruebas halladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 2007 identificó el cuerpo de cinco de las víctimas que pasaron por el circuito ABO.
Dos de los represores juzgados ya habían sido condenados en causas anteriores. Miara por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa, mientras que el "Turco Julián" a 25 años de prisión por la desaparición del matrimonio Poblete-Hlaczik.
El circuito ABO comenzó a funcionar en el "Club Atlético", un viejo deposito de suministros de la Policía Federal ubicado en Paseo Colón y Garay, demolido en 1977 para la construcción de la autopista 25 de Mayo. De allí, los detenidos-desaparecidos fueron trasladados a la Autopista Riccheri y el Camino de Cintura, donde funcionó "El Banco". A partir de agosto de 1978 pasaron al depósito de automotores de la Policía Federal conocido como "Garage Olimpo", ubicado en Lacarra y Olivera.
El anuncio de las condenas fue recibido con aplausos y la emoción contenida de una multitud de jóvenes, que junto a los integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. , organizaciones políticas, culturales y de derechos humanos siguieron la lectura desde la calle en dos pantallas gigantes. La condena terminó en celebración al ritmo de La Chilinga, Actitud María Marta, Dancing Mood y Fidel que aportaron su música para festejar la llegada de la justicia.





MAR DEL PLATA- CAUSA BASE NAVAL I

Otros tres represores con prisión perpetua

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó la sentencia a prisión perpetua para el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el ex contralmirante Roberto Luis Pertusio, todos acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Base Naval marplatense durante la última dictadura cívico-militar.

Luego de haber escuchado más de 60 testimonios durante los seis meses que duró el proceso, los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, condenaron a prisión perpetua a los tres represores acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio.
En el marco de la misma causa fueron excluidos el contraalmirante Juan Carlos Malugani y el coronel Pedro Barda por sufrir una enfermedad mental degenerativa.
Con las condenas a perpetua, el Tribunal dio lugar al pedido de las querellas representadas por César Sivo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Alejo Ramos Padilla, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y Gloria del Carmen León, quienes habían solicitado la pena de reclusión perpetua para los tres acusados por tratarse de delitos cometidos en el marco de un plan sistemático perpetrado desde la órbita del Estado.
En la misma línea, los fiscales Daniel Adler y Juan Manuel Portela, del Ministerio Público Fiscal, también habían reclamado la pena mayor para el ex militar y los ex marinos.
En el proceso se juzgaron dos causas. Una por crímenes de lesa humanidad cometidos por Arrillaga, Ortiz y Pertusio en perjuicio de nueve víctimas en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que funcionó en la Base Naval de esa ciudad. Los tres fueron hallados culpables como coautores de los homicidios de Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzeri, Liliana María Iorio, Omar Tristán Roldán, su mujer Delia Elena Garaguso, Alicia Rodríguez y Juan Bourg. Además de los secuestros y la imposición de tormentos de las estudiantes Nancy Carricabur y Estella Marís Nicuez, quienes fueron secuestradas junto a Retegui, Lazzeri y Iorio.
En la segunda causa, conocida como "Regine", se investigó la participación de Ortíz y Arrillaga en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.





SENTENCIA EN LA CAUSA "PALOMITAS"

El Tribunal en Salta dispuso tres perpetuas

El juez federal Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Salta, dispuso prisión perpetua para Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche por considerarlos autores materiales de la masacre de Palomitas ocurrida en esa provincia.
En la causa se investigaron los hechos producidos el día 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presos y presas políticos fueron trasladados en forma violenta, durante un apagón intencional en el Penal de Villa Las Rosas, y posteriormente asesinados a un costado de la Ruta Nº 34, en un paraje conocido como Palomitas (Departamento General Güemes), a más 30 de km. de la capital salteña.


El ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta Miguel Gentil, y el ex militar Hugo César Espeche fueron hallados penalmente responsables del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 11 víctimas.
El magistrado señaló en el fallo que "con el fin de lograr una mayor eficacia e impunidad en el operativo a llevarse cabo y que tendría como fin la muerte de las once personas, Mulhall en forma coordinada con sus consortes de causa, implementaron distintos operativos que les permitieran conseguir el objetivo buscado, como así también el modo en que se llevarían a cabo los mismos". Y agregó que quien ordenó el retiro desde el Penal de Villa Las Rosas de las víctimas y de todo lo que sucedió después fue el ex Jefe de la Guarnición Ejército Salta y Jefe del Área 322 Cnel. Mulhall; quien intervino en todo momento, dando las correspondientes órdenes al personal de su dependencia fue el ex Jefe de la Policía de Salta ex Tte. Cnel. Gentil ; y quien ejecutó el traslado de las víctimas hasta Palomitas, fue Espeche.





EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Organismos de DDHH siguieron la condena por pantalla gigante

Cientos de militantes e integrantes de organismos de derechos humanos de Buenos Aires presenciaron en directo, en el auditorio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la lectura de las condenas a los genocidas del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba.

Simultáneamente a la concentración de familiares y organismos de DDHH frente a los tribunales de Córdoba, la SDH instaló en el centro porteño una pantalla gigante para que los luchadores por los derechos humanos que durante décadas buscaron justicia presenciaran en directo las condenas a dos de los máximos responsables del Estado terrorista, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, y otros 29 represores, en el marco del juicio que juntó las causas "UP1" y "Gontero".
El auditorio estalló 16 veces en aplausos y gritos, cuando el Tribunal fue anunciando una a una las condenas a prisión perpetua y cárcel común para el mismo número de genocidas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se mostró satisfecha con el fallo y aseguró que "esta condena es un ejemplo internacional". "Las Abuelas nunca dejamos de buscar justicia; hace 10 años, cuando todavía estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, nosotras seguíamos reclamando juicio y castigo, y hoy vemos que el esfuerzo no fue en vano", agregó.
Por su parte, la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano, sostuvo que para esa agrupación el proceso contra Videla y Menéndez en Córdoba "fue un juicio emblemático". "Nuestro organismo está integrado por madres, padres, hermanos, esposas y esposos de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y este juicio juzgó los crímenes contra presos políticos, por eso para nosotros es tan importante que se haya hecho justicia", resaltó.
En el mismo sentido se manifestó Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "Hoy es uno de los días históricos que nos toca vivir a Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, sobrevivientes. No pensamos que íbamos a poder compartir esta justicia. Cuando vimos las sentencias a perpetua en cárcel común, fue una mezcla de emoción y tristeza, emoción por las condenas, pero ojalá nunca hubiéramos tenido que pasar por esto. Lo importante es que la justicia está llegando", reflexionó Almeida.
Entre los presentes se hallaban integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; HIJOS. Compartieron el momento la secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Ofelia Cédola; Pedro Cámpora, asesor de ese ministerio, representantes del sindicato gráfico y de la organización Carta Abierta. Se encontraban en lugar representando a la Secretaria de DD HH, la directora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad Victoria Martínez; la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales Andrea Gualde; la directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad Claudia Carlotto; y del Archivo Nacional de la Memoria el secretario ejecutivo Carlos Lafforgue; el director de Prensa y Comunicación, Marcelo Duhalde,y el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami.





ENTRÓ EN VIGOR PROMOVIDA POR ARGENTINA Y FRANCIA

Convención de la O.N.U. contra las desapariciones forzadas



"Hoy concluyen satisfactoriamente 34 años de esfuerzos sostenidos para lograr esta Convención Internacional, en la que tanto tuvimos que ver los militantes de derechos humanos de Argentina, como infatigables propulsores tras la enorme tragedia social de las desapariciones masivas y sistemáticas de la dictadura terrorista cívico militar que asoló a nuestro país", expresó a la prensa hoy el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en el marco de la conferencia que presidió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Canciller Héctor Timerman, y el Embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian, en el Salón Dorado del Palacio San Martín, con motivo de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dicha Convención -promovida por la Argentina y Francia- reconoce que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.
Timerman y Asvazadourian celebraron la entrada en vigor de la Convención y -a través de un comunicado conjunto- reafirmaron el compromiso de Argentina y Francia "previsto en la flamante Convención, con el derecho a la reparación y a la verdad que asiste a las víctimas de desaparición forzada y a sus allegados". Y agregaron: "Su entrada en vigor marca una etapa histórica en la lucha liderada por el movimiento de derechos humanos y la comunidad internacional por la dignidad de las personas y la salvaguardia de su integridad física y moral. La Convención refuerza, a su vez, el rol de las Naciones Unidas como instancia universal de protección de derechos humanos".
En otro tramo del comunicado, Argentina y Francia celebraron "la proclamación por parte de la Asamblea General de la ONU del 30 de agosto como día internacional de las víctimas de desaparición forzada".
Entre las propuestas argentinas incluidas en la Convención se destaca que este acuerdo internacional incluye la prevención y sanción penal a la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, confirma el principio de restitución a la familia de origen y el derecho del niño -víctima de desaparición forzada- a recuperar su identidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de diciembre de 2008, en forma unánime, la iniciativa que insta a los países miembros de ese organismo a la firma y ratificación de la Convención. La Convención fue abierta para la firma en París, Francia, el 6 de febrero de 2007 y para su entrada en vigor fue necesaria la ratificación de 20 países miembros de la ONU.
Pasaron 29 años de aquel Coloquio de París de 1981, realizado en el Senado francés y que dio impulso a la Convención, que en una primera instancia fue adoptada por la OEA, en marzo de 1996. En esa oportunidad, el escritor Julio Cortázar leyó su discurso "Negación del olvido", que fue incluido en la presentación que la delegación argentina hiciera ante el grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, encargado de redactar un instrumento normativo de carácter universal para la protección de todas las personas, el 22 de septiembre de 2005.





SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

"Es hora de que los civiles que participaron de la dictadura sean llevados a la Justicia"

El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, reconoció la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en la Argentina, luego de la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final. Además, afirmó que es un proceso irreversible.

Alén dijo que es hora de que aquellos civiles que participaron de la última dictadura sean llevados ante la Justicia, ya que tienen responsabilidad por los crímenes que se cometieron en la época.
El funcionario además reconoció, en radio AM 1190, que los procesos son irreversibles y celebró la sentencia que se dictó en Córdoba contra el dictador Jorge Rafael Videla y el genocida Luciano Benjamín Menéndez.
"Ahora hay una nueva etapa. Es hora de que los civiles, que fueron tan culpables como los militares y los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, sean llevados ante la Justicia", dijo Alén.
En tanto, el Subsecretario afirmó que "el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se suspendió por mucho tiempo por las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final y por los indultos del señor (Carlos) Menem", y que se reanudaron en 2003 gracias a la derogación de las normas durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
"Desde la Secretaría somos querellantes en más de 80 juicios de lesa humanidad en todo el país, acompañamos y ayudamos a aportar pruebas en todos los causas", concluyó.





EN FOZ DO IGUAZÚ, BRASIL

Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur



En el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR se celebró una nueva Reunión Extraordinaria de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) del Mercosur, con la presidencia pro tempore de la República Federativa de Brasil en Foz do Iguazú. La RAADH se llevó a cabo bajo la denominación de "Dr. Néstor Carlos Kirchner", homenaje dispuesto por la totalidad de los delegados de los países miembros y asociados.
Estuvieron presentes las delegaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia y Perú.
La sesión comenzó escuchando la propuesta efectuada por el Director del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, Dr. Víctor Abramovich, sobre un meticuloso proyecto de consulta a la Corte Interamericana de Justicia sobres niños migrantes y su tratamiento justo, elaborado por dicho Instituto. Los delegados convinieron en proceder a su estudio y tratar su aprobación en la próxima sesión plenaria.

MONUMENTO

Tras el cierre de la reunión, las delegaciones presentes se trasladaron a la Plaza Mitre, donde se colocó la piedra fundamental al futuro monumento para homenajear a las victimas asesinadas por su resistencia a las dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70, acción criminal llevada a cabo en cumplimiento del Plan Cóndor, que produjo asesinatos sistemáticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolívia, estimados en más de 40.000.
Encabezaron el acto, e hicieron uso de la palabra, el Prefecto de la Ciudad, Paulo Mac Donald Ghisi, el gobernador, Orlando Pessuti, y Eduardo Luis Duhalde quien en representación de todas delegaciones de la RAADH del Mercosur, señaló que "éste es un justo homenaje a quienes perdieron su valiosa vida luchando por una sociedad más justa e igualitaria y en defensa de la soberanía popular contra las dictaduras". "Todos los que cayeron defendiendo las banderas libertarias por un país mejor, agregó Duhalde, nos iluminan en esta hora transformadora de una América del Sur unida, y estarán presentes ahora y siempre junto a nosotros".





DOCUMENTO SITUACIÓN DEL TRABAJO EN CASAS PARTICULARES

Hacia el Reconocimiento de los derechos laborales



"Es una enorme alegría poder presentar hoy el documento elaborado por el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, de la CTA, pues contribuye a visibilizar la impostergable necesidad de contar con una ley que reconozca los derechos laborales y sociales de las personas que trabajan en casas particulares", expresó la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval, al encabezar la presentación del documento Situación del Trabajo en Casas Particulares: Hacia el reconocimiento de los derechos laborales, en el Auditorio Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo y presentado por la Presidenta de la Nación tiene que ver con dejar atrás no sólo una norma de la Revolución Libertadora sino también superar las condiciones de fuertes injusticias y profunda vulnerabilidad en la que se encuentran más de un millón doscientas mil mujeres en nuestro país", dijo la Subsecretaria.
El documento presenta una actualización de algunos datos respecto a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo doméstico, junto a una caracterización del tipo de trabajo y de las condiciones en las que se realiza, así como las dificultades materiales y culturales para su formalización y organización. A su vez, se incluye el análisis del proyecto de Ley, propuesta pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, para concluir con algunas consideraciones respecto a su implementación e iniciativas tendientes a fortalecer las posibilidades reales del acceso de las trabajadoras a los derechos laborales plenos.
Durante el evento se presentó la muestra NOSOTRAS ESTÁBAMOS AHÍ. Las mujeres en la acción colectiva, producida por el Archivo Nacional de la Memoria y se impulsó la recolección de firmas de la Campaña Por la dignidad de todas las trabajadoras, promovida por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos.





CASO NOBLE: MARCELA Y FELIPE NO SE PRESENTARON A LA CITACIÓN JUDICIAL

"La jueza puede disponer hoy mismo que se los haga comparecer por la fuerza pública"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que "nadie que tiene pruebas de un delito puede ocultarlas", al referirse a la decisión de Marcela y Felipe Noble Herrera de no presentarse en el Hospital Durand, donde habían sido citados por la jueza Sandra Arroyo Salgado para que les sean extraídas muestras que permitan obtener su ADN y establecer si son hijos de desaparecidos.
En conferencia de prensa en la sede de Abuelas, acompañada por abuelas, hijos, nietos recuperados, sus abogados y Marcelo Duhalde en representación de la Secretaría de DD HH, tras confirmarse que los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble no se presentaron ante el Banco Nacional de Datos Genéticos, Carlotto dijo que los abogados "los utilizan y victimizan, e impiden llegar a la verdad de un crimen horrendo de la dictadura. El Estado tiene la obligación de llegar a saber la verdad".


Según se informó, los abogados de los jóvenes interpusieron un escrito ante la Cámara Federal de San Martín impugnando la medida solicitada por la magistrada. Ahora, la jueza debe resolver sobre ese planteo.
En la sede de Virrey Cevallos 592 PB 1, de esta Capital, Carlotto dijo que "se compararon varios perfiles genéticos, y si bien se halló una correspondencia también se detectaron contribuciones genéticas no identificadas".
"Tras dos meses de trabajo, todos coinciden que no se puede afirmar que los perfiles genéticos encontrados sean correspondientes", explicó.
En ese sentido, señaló que urge "tomar muestras de ADN de las personas en forma inmediata y sin dilaciones. Eso es lo que esperamos, estamos ante un crimen de lesa humanidad".
"El tiempo avanza y los familiares hace casi más de diez años que aguardamos para afirmar o descartar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos", afirmó.
Ante una consulta, Carlotto dijo que "la jueza, hoy mismo, puede disponer que se los haga comparecer por la fuerza pública. Habrá que ver si están en Argentina. Si no están, esa orden no se puede efectuar. Se vienen las fiestas, pueden salir del país, y ellos tienen propiedades cerca y lejos".
"Si son convocados y no concurren, van a ser requeridos por la autoridad y si salieron del país tienen que ser buscados y traídos por la fuerza pública", aseveró, y agregó: "Estamos próximos a una resolución que va a demostrar que estos jóvenes han sido apropiados durante la dictadura".
Por su parte, Pablo Llonto, abogado querellante, dijo que "las víctimas son manipuladas por los abogados en una cuestión tan sencilla como es concurrir a una audiencia presentando hoy un escrito apelando y justificando su incomparecencia".
"Esto es parte de lo que se ha venido desarrollando en esta causa durante años que es el obstáculo permanente de los abogados de Ernestina de Noble para intentar impedir que aquí algún día aparezca la justicia. Nosotros confiamos que estamos cada vez más cerca de llegar a la verdad y a la Justicia", sostuvo Llonto en la conferencia.
En tanto, Alan Iud, abogado de las Abuelas, explicó que la jueza Arroyo Salgado "ahora debe resolver sobre el planteo y de esa decisión dependen los acontecimientos siguientes. A nuestro criterio lo que propugnamos desde las querellas es que estas apelaciones no se pueden admitir y no están previstas en la ley".





ES EL SEGUNDO CUERPO IDENTIFICADO EN ESA FOSA COMÚN

En Santa Fe Identificaron los restos de Gustavo Pon



El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Gustavo Pon, hallados en una fosa común en el predio militar Campo San Pedro, cerca de la ciudad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Hace unas semanas, el EAAF identificó en ese lugar los restos de María Esther Ravelo de Vega.
Gustavo Pon era oriundo de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Se había recibido de licenciado en Filosofía y se desempeñó como profesor en varias facultades de las universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe. Pon fue secuestrado en Rosario en junio de 1977 y trasladado al centro clandestino La Calamita, en Santa Fe.
El pasado 9 de junio, el EAAF halló una fosa común en el predio militar Campo San Pedro. El juez Federal Nº 2 de Santa Fe Francisco Miño constató que en la fosa había restos de ochos personas, seis de ellas con lesiones en el cráneo compatibles con heridas efectuadas por armas de fuego. Frente a este hallazgo, el magistrado solicitó la exhumación de los cuerpos y su traslado al laboratorio de los peritos forenses de Buenos Aires para que se efectúen los estudios genéticos que permitan su identificación.




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Marcelo Duhalde
Director Prensa y Comunicación
Archivo Nacional de la Memoria

1 comentario:

  1. cuando estuve en un hotel en buenos aires leí sobre videla. me parece bien que al fin le den perpetua

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