lunes, 3 de enero de 2011

La hora señalada en el juzgado indicado



Por
Ramiro Rearte, desde Tucumán
El juez Daniel Bejas citó a Joaquín Morales Solá.





Finalmente, y después de décadas de silencio, el periodista Joaquín Morales Solá, deberá presentarse en la Justicia Federal para dar su declaración en calidad de testigo, en el marco de las causas por los delitos de lesa humanidad que se tramitan en Tucumán. La decisión de convocar a Morales Solá fue del juez federal Daniel Bejas, quien tiene a su cargo la tarea de reconstrucción e investigación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en las tierras del genocida Antonio Domingo Bussi desde 1975 con el Operativo Independencia iniciado por el carnicero Acdel Vilas. El oficio fue firmado por Bejas, el miércoles pasado, luego del mediodía y remitido vía exhorto a la Capital Federal para que el actual columnista de La Nación declare en los tribunales de Buenos Aires en base a un cuestionario de preguntas del magistrado tucumano. La fecha de indagatoria sería el lunes 21 de febrero de 2011 durante la mañana.
El pedido de indagatoria tiene origen en lo publicado por Miradas al Sur de una nota y una foto esclarecedora para el periodismo argentino. En ella se puede observar cómo Morales Solá acompaña a los militares en lo que, se presume, es una recorrida en la macabra y tenebrosa Escuelita de Famailla, uno de los centros clandestinos más violentos del interior tucumano.
El trabajo documental del pedido estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán, organismo que trabajó sin descanso y con compromiso en las causas elevadas a juicio hasta ahora y donde represores como Luciano Benjamín Menéndez y Bussi recibieron sus condenas perpetuas. El fiscal ad hoc, de la unidad, el joven Pablo Camuña fue quien pidió la indagatoria a Morales Solá. Se había publicado, que el fiscal Carlos Brito realizó el trámite pero en realidad fue Camuña.
Desde Buenos Aires, Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, confirmó a Miradas al Sur, la citación del ex periodista del diario La Gaceta durante la dictadura.
“A raíz de las publicaciones del semanario nos pareció obvio llamar a declarar al periodista”, aseguró el funcionario judicial. Para Parenti, es importante que Morales Solá preste testimonio porque pudo llegar a lugares donde sólo había circulación militar. “Según la información que tenemos y por las comparaciones de las fotografías, supuestamente el lugar donde se lo ve a Morales Solá es en la Escuelita de Famailla, un centro clandestino clave en el circuito de la represión en Tucumán por aquellos años”, sostuvo.
“Es un testigo obligado por el carácter que revestía, no sólo era civil, sino también era periodista. Porque, además, es muy difícil conseguir testimonios. No se tiene un testigo extraño a la estructura represiva en lugar presencial y que esté vivo”, aseveró Parenti. De todas maneras, el funcionario judicial aclaró que se deberá conocer el momento de la toma de la fotografía e identificar a los presentes en la puerta del centro clandestino.

El sindicato también va. Otra medida del juez Bejas fue citar al periodista y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. El juez quiere conocer si hay registros en el sindicato sobre pedidos o notas de Morales Solá, en donde den conocimiento de que era perseguido por alguna organización armada. Según Morales Solá, antes del golpe militar fue perseguido por la Triple A. Gijena deberá prestar declaración el mismo día que lo haga Morales Solá, pero en Tucumán. “Para nosotros es un orgullo poder colaborar con la Justicia en procesos como éstos. Por otra parte, es mucho más importante, porque estamos ayudando a la construcción de la memoria colectiva sobre los delitos de lesa humanidad y sobre todo de los civiles que colaboraron activamente con los genocidas en el pasado y que hoy atentan en contra de los intereses populares”, declaró Gijena aMiradas al Sur, cuando se enteró de la medida judicial.
Durante la dictadura militar dos periodistas del gremio, Vicente Guzzi y Marcos Taire, hacían el seguimiento de las amenazas, detenciones y presiones a la prensa. Llamativamente sobre Morales Solá, nunca se recibió ninguna denuncia. Es más, la Asociación de Prensa reclamó públicamente -un comunicado publicado en los medios y por intermediación del entonces gobernador peronista Amado Juri- por el secuestro del secretario general del sindicato gráfico, Juan Alberto Pacheco, quien fue liberado. Por esas acciones el sindicato recibió una represalia militar. Pusieron una bomba en la antigua sede gremial calle Congreso, ubicada en barrio sur de la capital tucumana.
Cabe destacar que el sindicato tiene a dos periodistas desaparecidos durante la dictadura militar, Eduardo Ramos y Maurice Jeger. Cuando Joaquín Morales Solá, ingrese a tribunales federales en febrero de 2011, será en acto de justicia en sí mismo. Sin dudas que él podría aportar datos claves en las investigaciones por delitos de lesa humanidad por haber estado en lugares donde, con seguridad, nadie llegaba sin previa autorización del genocida Bussi.



Devolución de favores


Por
Marcos Taire, desde Tucumán


El bisemanario Perfil publicó el martes pasado una nota en su sitio web con el objetivo de descalificar la fotografía y el artículo queMiradas al Sur difundió en su edición 133 del domingo 5 de diciembre pasado. En ella se dio cuenta de la presencia de Joaquín Morales Solá en lo que, presumiblemente, era un centro clandestino de detención. El argumento central es que la fotografía no se publicó en forma íntegra sino que fue editada por Miradas , con el propósito de evitar que se viera que junto a Morales Solá había un fotógrafo.
Es tan burda la actitud de Perfil que, al citar el título de la nota dice Morales Solá al desnudo, cuando en realidad fue Morales Solá al descubierto. ¿Ligereza, falta de profesionalidad? ¿O simplemente un fallido? En realidad, la fotografía en sus dos versiones muestra casi lo mismo: a la izquierda de Morales Solá se ve a un hombre con campera de cuero negra. En la foto ampliada llega a verse que lleva consigo lo que parece una máquina fotográfica. La publicada por Miradas no exhibe ese detalle. El original en nuestro poder está copiado de esa forma. La diferencia entre una y otra radica en que una muestra un poco más que la otra. Nada más.
En la época en que fue tomada esa foto, los reporteros gráficos del diario La Gaceta eran los dos hermanos Font, Daniel Más y Armando González, cuatro destacados profesionales. Ninguno de ellos es el que aparece en la fotografía en cuestión. Es posible que Morales Solá tenga la oportunidad de aclarar ante la Justicia qué hacía allí, ya que fue citado por la Justicia (ver la nota de Ramiro Rearte). De paso, podrá también informar lo que sabía. La Justicia podrá contar con todas las notas escritas por Morales Solá en La Gaceta y en Clarín, en las que anticipaba algunos hechos y elogiaba el accionar militar. Y podrá preguntarle porqué había tantas coincidencias entre el plan de acción psicológica del Ejército y sus informaciones y comentarios.
También resulta interesante una derivación de la publicación de la fotografía por este medio. Una ex detenida desaparecida, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá, se comunicó con quien escribe estas líneas para contar que en ese lugar todos los prisioneros eran fotografiados apenas sus captores los ingresaban. Con la precaución de hacerlo antes de las sesiones de tortura. Esta mujer dijo que, apenas vio la fotografía, creyó reconocer a ese fotógrafo, por más que no se le viera el rostro. Ocurre que, para retratarla en la Escuelita, el propio fotógrafo la destabicó (le sacó la venda que cubría sus ojos). En esa circunstancia lo vio, primero, de espaldas y de frente después. Al ser liberada, mientras viajaba en un colectivo por las calles de San Miguel de Tucumán lo reconoció. Primero, cuando lo vio desde atrás (estaba sentado delante suyo). Después, cuando se paró de su asiento para descender lo vio de frente y no tuvo dudas: confirmó que era el fotógrafo del campo de concentración.
Según Morales Solá, en la época de la foto en cuestión “tenía 25 años y estaba amenazado por la Triple A” y “estaba trabajando, cubriendo un hecho, haciendo periodismo”. En su breve declaración a Perfil , Morales Solá no se privó de deslizar críticas al canciller Héctor Timerman y al ex presidente Néstor Kirchner, dos personas que nada tuvieron que ver con el Operativo Independencia ni con las notas publicadas en Miradas al Sur. También dijo que agentes de la Side revisaron los archivos del diario La Gaceta de Tucumán “y sólo encontraron esa foto en la que estoy trabajando para el diario”. Mentira, a esa foto la encontré yo, que investigo desde hace décadas el Operativo Independencia, sobre el que publiqué un centenar de notas. Desafío a Morales Solá a mostrar un solo testigo que confirme la presencia de supuestos agentes de la Side buscando antecedentes suyos en Tucumán. Eso es un invento de alguien que está acostumbrado a citar en sus notas decenas de fuentes que no se pueden confirmar porque solo existen en su imaginación, frondosa e inescrupulosa.
Extrañamente, Morales Solá sólo habla de esa fotografía, pero no dice nada sobre los textos de las notas publicadas en Miradas al Sur. ¿Será que confía más en la importancia de la imagen respecto de la palabra escrita? Cualquier profesional seguro de su comportamiento se preocuparía más por la comparación de textos suyos con las instrucciones de la acción psicológica de los militares, lo que se demostró en la edición del 5 de diciembre pasado.
Morales Solá tampoco se preocupó en aclarar o desmentir lo que reveló un documento desclasificado de los Estados Unidos: que Videla era un “viejo amigo suyo” ante quien realizó una gestión a pedido de la embajada norteamericana. En realidad, Morales Solá tendría que haber respondido ya sobre las muchas acusaciones que pesan en su contra. Probablemente ahora lo haga, si la Justicia Federal de Tucumán accede al pedido del fiscal para que lo convoque como testigo, solicitud basada en las notas publicadas porMiradas al Sur.
Los tucumanos son grandes jugadores de billa, que no es billar ni pool. Es un extraño y muy popular juego en el cual se va al frente o se juega al quedo, escondiéndose atrás, en una zona segura, protegida. Pareciera que esa es la actitud de Morales Solá, quien cada vez que abrió la boca fue para decir que no y para negar su presencia en algunos lugares, lo que fue desmentido después con pruebas irrefutables. Afirmó que en 1976 ya estaba en Buenos Aires y el sitio Diarios sobre Diarios reveló una foto suya en un brindis con Bussi por el día del periodista en junio de 1976. Aseguró que nunca había estado con Bussi y él mismo publicó una nota en el diario El País, contando que hasta había asistido a su “ungimiento” como gobernador de la dictadura.
Lo último, ¿porqué Perfil salió a defender a Morales Solá y quiere desacreditar a Miradas al Sur? Los memoriosos y mal pensados aseguran que es una devolución de favores. En 1998 el empresario Jorge Fontevecchia cerró su diario Perfil “entre gallos y medianoche”, al decir del colega Miguel Bonasso. Lo hizo a espaldas de los trabajadores y de manera artera. Cuando ya no quedan periodistas en la redacción, insertó en la última página de lo que sería la última edición un editorial con el título Hasta pronto. No sólo los trabajadores que quedaban en la calle, casi todo el mundillo periodístico criticó esa actitud, incluso los otros diarios que festejaron el cierre. Morales Solá invitó a Fontevecchia al programa que tenía entonces en la televisión abierta para que, durante casi una hora, “explicara” su decisión. Los trabajadores del diario Perfil , estafados y arrojados a la desocupación, tienen muy presente el odio y la impotencia que experimentaron esa noche, una verdadera consagración de la impunidad.




Violaciones y secuestros en contexto de genocidio

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Por
Marcos Taire, desde Tucumán
21 procesados en Tucumán

Militares, gendarmes, policías y civiles, entre ellos un sacerdote y el titular de una de las escribanías más importantes de la provincia, fueron procesados por la Justicia Federal en la megacausa Arsenales. Están acusados de “violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales, homicidio agravado y asociación ilícita agravada, en el contexto del crimen de genocidio”. Además de procesar a un civil y a un cura, el juez federal Daniel Bejas acusó a los partícipes directos de los crímenes, es decir, mandos medios y bajos de las fuerzas armadas y de seguridad. Es la primera vez que se procesa a los represores por abusos y violaciones sexuales.
El magistrado consideró que el de Arsenales fue un “centro de detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán, habiendo funcionado como destino final del circuito represivo”. La documentación aportada por un ex detenido en el caso Jefatura probó que a los condenados a muerte se los identificada con las letras DF (destino final). Los dos civiles procesados son el escribano Juan Carlos Benedicto, acusado de torturas seguidas de muerte y el sacerdote José Eloy Mijalchik, por “haber colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos (…) en calidad de partícipe necesario”. Benedicto está acusado de haber participado en una feroz golpiza que una patota integrada por militares, gendarmes, policías y civiles propinó a detenidos desaparecidos en la Colonia de Menores (llamada Reformatorio), como represalia por un supuesto atentado contra una ambulancia en la zona de Caspinchango, en el marco del Operativo Independencia. En esa oportunidad habrían asesinado a una decena de prisioneros. El cura Mijalchik (Padre Pepe) fue visto por varios prisioneros en el interior del campo de concentración de Arsenales.
En los fundamentos del procesamiento del sacerdote, el magistrado afirmó que “fuera de los actos de culto que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica, al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito que sus párrocos colaborasen con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional”. El juez Bejas consideró que “los delitos sexuales (…) no fueron objeto de acción penal, habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes”, pero al tipificarlos como de lesa humanidad, “su análisis (…) en la presente megacausa resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento”.
Al fundamentar esta decisión inédita, Bejas citó la jurisprudencia internacional y las convenciones a las que adhirió nuestro país, que obliga al Estado a su cumplimiento y afirmó que “los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos clandestinos, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, sí habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”.
Los procesados son los ex oficiales del Ejército Pedro Osvaldo Caballero, Camilo Angel Colotti, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Orlando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Ernesto Alais, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Augusto Leonardo Neme y Miguel Alfredo Manuel Paz; los gendarmes Ernesto Rivero, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinsky y Tomás Adolfo Guemes; el policía Roberto Heriberto Albornoz y los civiles Juan Carlos Benedicto y José Eloy Mijalchik.
El juez Bejas ordenó la prisión preventiva, con cumplimiento en cárceles comunes de Varela, Moore, Trucco, Valdivieso, Guemes, Barraza y Benedicto; el arresto domiciliario de Colotti, Neme, Godoy y Paz; el levantamiento de la detención domiciliaria, previo pago de una caución real de 300.000 pesos de Ojeda Fuente, Torres, Montes de Oca, Rivero y Sowinsky y la libertad, mientras dure el proceso, de Alais y Mijalchik, con pago de caución de 300 mil y 150 mil pesos respectivamente. El magistrado dictó la falta de mérito de Luis Daniel de Urquiza y sobreseyó a Horacio Alberto Vaccaro, ambos militares.

• QUIÉNES SON LOS CIVILES
El sacerdote José Eloy Mijalchik es el párroco de la iglesia de San José Obrero, ubicada en El Colmenar, en las afueras de San Miguel de Tucumán, muy cercana al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Desde el 18 de mayo de 1982 es el capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. En marzo de 2006, el Papa Benedicto XVI le otorgó el tírulo de Prelado de honor de Su Santidad. Un año antes ya había sido denunciado por su participación en los crímenes cometidos en el campo de concentración del Arsenal.
Este año, en el transcurso del juicio por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía, un testigo aportó valiosa documentación, entre la que había papeles en los que Mijalchik aparece como colaborador de la policía. Antes, un sobreviviente del Arsenal, en testimonio a quien esto escribe, contó que en situación de esclavitud realizaba tareas encomendadas por los represores, se topó con el sacerdote, que estaba observando a los prisioneros encapuchados, engrillados y tirados en el piso. Le preguntó entonces a Mijalchik si no rezaría por ellos. “Para lo que les va a servir”, le contestó.
Cuando se hicieron públicos los documentos aportados por el ex detenido Juan Carlos Clemente que lo incriminaban, el sacerdote dijo “esto es cosa de los zurdos”. Además, precisó: “Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la dí a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Mario Albino Zimmermann fue el jefe de Policía de Bussi durante la dictadura y Alberto Cattáneo fue el segundo comandante de la V Brigada y presidía la Comunidad de Servicios de Inteligencia que resolvía a quiénes detener, a quiénes liberar y a quiénes asesinar. El escribano Juan Carlos Benedicto es el titular de la escribanía Nº 25, ubicada en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Fuente: Miradas al Sur, domingo 2 de enero 2011



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