La dirigencia del FRP en Huerta GrandeBossareli, Arroyo, Lizarraga, Jaime, Gallenio, Porcel
Causa Ragone
Por Elena Corvalan
Testigos afirmaron que Guil era
el jefe del espionaje político
Tres testigos coincidieron ayer en afirmar que la Policía de Salta tenía una sección destinada al espionaje político y que el jefe de esa área era el comisario general retirado Joaquín Guil, uno de los ocho acusados que están siendo juzgados ahora por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Antonio Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.
El ministro de Trabajo, Rubén Fortuny, dijo que Guil “era como el nombre emblemático” de la persecución policial. “Se sabía que era peligroso caer en la mira de ellos por un problema personal, comercial o lo que sea”, añadió en referencia a la conocida como “la banda de los comisarios” que su padre, Antonio Rubén Fortuny, intentó erradicar de la fuerza policial en 1973.
Fortuny, que en aquella época tenía seis años y fue testigo del homicidio de su padre, el 27 de noviembre de 1973, contó lo que conoce por historia familiar. Recordó que su padre sumió el 25 de mayo de ese año, el mismo día en que Miguel Ragone asumió en el gobierno de la provincia. En el acto de asunción de Fortuny padre, realizado en la Central de Policía, un grupo de manifestantes coreaban la denuncia “Guil asesino”. Ya para entonces el comisario había ganado fama por su participación en actos represivos y de tortura durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y los que le sucedieron.
Precisamente, el testigo señaló que “la misión más importante” de su padre era desmantelar el aparato represivo que venía del gobierno militar. Dijo que el desmantelamiento de la banda de los comisarios le provocó muchas dificultades, que a poco de que se les dieran destinos alejados, y se tomaran otras medidas como la destrucción de las celdas donde se hacinaban detenidos en la Central, comenzó a recibir amenazas “que él pensaba que provenían” de este grupo, que luego fue “el brazo ejecutor tanto del homicidio de mi padre como el de Ragone”.
Fortuny padre fue asesinado por el oficial retirado y ex legislador, militante de la derecha peronista que había intentado derrocar a Ragone, Emilio Pavicevich, en una confitería ubicada frente a la plaza 9 de Julio. Ayer Fortuny hijo memoró que, tras disparar sobre su padre, Pavicevich se fue caminando de la plaza, se escondió en un zaguán, de donde un policía lo dejó ir porque “le pareció que era buena gente”, luego salió a Bolivia y cuando regresó, ya durante la intervención y con los comisarios investigados repuestos en sus funciones, fue detenido brevemente, luego se le concedió la excarcelación y finalmente fue condenado a solo tres años de prisión, por homicidio en estado de emoción violenta.
La conocida como banda de los comisarios estaba integrada, entre otros, por Héctor Trovatto, Abel Vicente Murúa, Arturo “Sapo” Toranzos, Antonio Saravia, Misael Sánchez, Roberto Tacacho y Roberto Arredes. Con variantes, estos nombres vienen siendo mencionados en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Se los sindica como responsables de persecución política, de apremios ilegales y torturas y como autores materiales del secuestro de Ragone.
Víctor Elías, que era militante de la JP y fue funcionario del gobierno de Ragone, sostuvo que la Policía tenía una lista de personas que debían ser detenidas. Dijo que la elaboración de estas listas “hasta el 75 fueron responsabilidad del jefe de inteligencia de la Federal y del jefe de inteligencia de la Provincial y luego del teniente coronel Guiñazú, jefe de inteligencia de la provincia”. Identificó a Mosquera como el jefe de inteligencia de la Policía Federal, aunque no recordó su nombre, se sabe que Arturo Francisco Mosquera era miembro de esta fuerza, actualmente es accionista de la empresa de seguridad privada Guardián y se lo vincula comercialmente con Guil. Elías dijo que el jefe de inteligencia de la Policía de la provincia era este último comisario.
En diciembre de 1975, por un decreto del ministro de Defensa, Federico Robledo, las policías pasaron a depender del Ejército.
Elías dijo que ya en octubre de 1974 comenzó a ser buscado por la Policía y que para entonces ya había alrededor de 20 militantes detenidos. Y que para diciembre de 1975 ya eran 200 los detenidos, de distintos partidos políticos, con el denominador común de ser identificados como “luchadores populares que habían trabajado en la misma corriente que el doctor Ragone y el doctor (Héctor) Cámpora”.
Armando Jaime, dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP) y uno de los fundadores de la Lista Verde, en la que militó Ragone, sostuvo que existía una “policía política” y señaló a Guil, Trovatto, Murúa, Sayén, entre sus integrantes.
Implicaron otra vez
a Roberto Romero
“Este grupo de policías que se dedicaba a reprimir (…) estaba ligado a Roberto Romero”, sostuvo ayer el dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Armando Jaime, quien añadió que el empresario, ex gobernador, ya fallecido, también estaba “ligado” a este grupo “en otras cosas”.
Para graficar la vinculación entre los policías represores y el propietario del diario El Tribuno, Jaime contó que en 1969, cuando los canillitas realizaron una huelga en reclamo de que el matutino les reconociera el 50% del precio de tapa de los diarios, fueron reprimidos por Joaquín Guil, que “estaba en Contralor General”, la dependencia desde la que se realizaba el espionaje político.
Jaime reseñó que luego hubo tres muertes vinculadas a esta huelga. El escribano Enrique Outes, que era asesor de los canillitas y “al poco tiempo” fue asesinado en el Bajo; la misma suerte corrió el secretario general del Sindicato de Canillitas de Tucumán, Gerardo Barrionuevo, que vino a terciar en el conflicto y que apareció asesinado el 28 de julio de ese año. En esta lista el testigo también incluyó a su primo, el periodista Luciano Jaime, que fue asesinado en febrero de 1975, quien había colaborado con la huelga de los canillitas y que en enero de 1975 había increpado a Guil y a otros policías frente al cuerpo del militante justicialista Eduardo Fronda, que apareció camino a Lesser. Armando Jaime dijo que los policías afirmaban no saber de quién se trataba, y que Luciano les recordó que tenían que saberlo, dado que había estado detenido en la Central de Policía.
Testigos afirmaron que Guil era
el jefe del espionaje político
Tres testigos coincidieron ayer en afirmar que la Policía de Salta tenía una sección destinada al espionaje político y que el jefe de esa área era el comisario general retirado Joaquín Guil, uno de los ocho acusados que están siendo juzgados ahora por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Antonio Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.
El ministro de Trabajo, Rubén Fortuny, dijo que Guil “era como el nombre emblemático” de la persecución policial. “Se sabía que era peligroso caer en la mira de ellos por un problema personal, comercial o lo que sea”, añadió en referencia a la conocida como “la banda de los comisarios” que su padre, Antonio Rubén Fortuny, intentó erradicar de la fuerza policial en 1973.
Fortuny, que en aquella época tenía seis años y fue testigo del homicidio de su padre, el 27 de noviembre de 1973, contó lo que conoce por historia familiar. Recordó que su padre sumió el 25 de mayo de ese año, el mismo día en que Miguel Ragone asumió en el gobierno de la provincia. En el acto de asunción de Fortuny padre, realizado en la Central de Policía, un grupo de manifestantes coreaban la denuncia “Guil asesino”. Ya para entonces el comisario había ganado fama por su participación en actos represivos y de tortura durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y los que le sucedieron.
Precisamente, el testigo señaló que “la misión más importante” de su padre era desmantelar el aparato represivo que venía del gobierno militar. Dijo que el desmantelamiento de la banda de los comisarios le provocó muchas dificultades, que a poco de que se les dieran destinos alejados, y se tomaran otras medidas como la destrucción de las celdas donde se hacinaban detenidos en la Central, comenzó a recibir amenazas “que él pensaba que provenían” de este grupo, que luego fue “el brazo ejecutor tanto del homicidio de mi padre como el de Ragone”.
Fortuny padre fue asesinado por el oficial retirado y ex legislador, militante de la derecha peronista que había intentado derrocar a Ragone, Emilio Pavicevich, en una confitería ubicada frente a la plaza 9 de Julio. Ayer Fortuny hijo memoró que, tras disparar sobre su padre, Pavicevich se fue caminando de la plaza, se escondió en un zaguán, de donde un policía lo dejó ir porque “le pareció que era buena gente”, luego salió a Bolivia y cuando regresó, ya durante la intervención y con los comisarios investigados repuestos en sus funciones, fue detenido brevemente, luego se le concedió la excarcelación y finalmente fue condenado a solo tres años de prisión, por homicidio en estado de emoción violenta.
La conocida como banda de los comisarios estaba integrada, entre otros, por Héctor Trovatto, Abel Vicente Murúa, Arturo “Sapo” Toranzos, Antonio Saravia, Misael Sánchez, Roberto Tacacho y Roberto Arredes. Con variantes, estos nombres vienen siendo mencionados en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Se los sindica como responsables de persecución política, de apremios ilegales y torturas y como autores materiales del secuestro de Ragone.
Víctor Elías, que era militante de la JP y fue funcionario del gobierno de Ragone, sostuvo que la Policía tenía una lista de personas que debían ser detenidas. Dijo que la elaboración de estas listas “hasta el 75 fueron responsabilidad del jefe de inteligencia de la Federal y del jefe de inteligencia de la Provincial y luego del teniente coronel Guiñazú, jefe de inteligencia de la provincia”. Identificó a Mosquera como el jefe de inteligencia de la Policía Federal, aunque no recordó su nombre, se sabe que Arturo Francisco Mosquera era miembro de esta fuerza, actualmente es accionista de la empresa de seguridad privada Guardián y se lo vincula comercialmente con Guil. Elías dijo que el jefe de inteligencia de la Policía de la provincia era este último comisario.
En diciembre de 1975, por un decreto del ministro de Defensa, Federico Robledo, las policías pasaron a depender del Ejército.
Elías dijo que ya en octubre de 1974 comenzó a ser buscado por la Policía y que para entonces ya había alrededor de 20 militantes detenidos. Y que para diciembre de 1975 ya eran 200 los detenidos, de distintos partidos políticos, con el denominador común de ser identificados como “luchadores populares que habían trabajado en la misma corriente que el doctor Ragone y el doctor (Héctor) Cámpora”.
Armando Jaime, dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP) y uno de los fundadores de la Lista Verde, en la que militó Ragone, sostuvo que existía una “policía política” y señaló a Guil, Trovatto, Murúa, Sayén, entre sus integrantes.
Implicaron otra vez
a Roberto Romero
“Este grupo de policías que se dedicaba a reprimir (…) estaba ligado a Roberto Romero”, sostuvo ayer el dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Armando Jaime, quien añadió que el empresario, ex gobernador, ya fallecido, también estaba “ligado” a este grupo “en otras cosas”.
Para graficar la vinculación entre los policías represores y el propietario del diario El Tribuno, Jaime contó que en 1969, cuando los canillitas realizaron una huelga en reclamo de que el matutino les reconociera el 50% del precio de tapa de los diarios, fueron reprimidos por Joaquín Guil, que “estaba en Contralor General”, la dependencia desde la que se realizaba el espionaje político.
Jaime reseñó que luego hubo tres muertes vinculadas a esta huelga. El escribano Enrique Outes, que era asesor de los canillitas y “al poco tiempo” fue asesinado en el Bajo; la misma suerte corrió el secretario general del Sindicato de Canillitas de Tucumán, Gerardo Barrionuevo, que vino a terciar en el conflicto y que apareció asesinado el 28 de julio de ese año. En esta lista el testigo también incluyó a su primo, el periodista Luciano Jaime, que fue asesinado en febrero de 1975, quien había colaborado con la huelga de los canillitas y que en enero de 1975 había increpado a Guil y a otros policías frente al cuerpo del militante justicialista Eduardo Fronda, que apareció camino a Lesser. Armando Jaime dijo que los policías afirmaban no saber de quién se trataba, y que Luciano les recordó que tenían que saberlo, dado que había estado detenido en la Central de Policía.
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