Causa Ragone: piden penas

máximas y en cárcel común

El fiscal federal Horacio Azzolín y el representante de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia y de la Cámara de Diputados, Martín Ávila, coincidieron ayer en pedir la pena de prisión perpetua para los militares retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y los policías retirados Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire por los homicidios del ex gobernador Miguel Ragone y del almacenero Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal. Y pidieron penas máximas (de 10 años) para el civil Héctor Zanetto, por coacción agravada, y (de 2 años) para los policías retirados Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera, por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes.

También solicitaron que estas penas sean de cumplimiento efectivo, y en cárceles comunes, lo que provocó el aplauso del público. Y el fiscal pidió que todos sean detenidos ni bien se dicte la sentencia.

Durante casi tres horas el fiscal hizo un repaso por los informes de inteligencia, los reglamentos militares referidos a la represión, la organización del Ejército para este fin; por el contexto histórico nacional y provincial y por las particularidades de la gestión de Ragone, signada por la presión que ejerció el ala derecha del peronismo y el gremialismo. También describió el papel que cumplieron los acusados, y las organizaciones a las que pertenecían, en el secuestro y desaparición del ex gobernador, hecho cometido el 11 de marzo de 1976.

El fiscal detalló la acción que llevó a cabo cada uno de los acusados, siguiendo la líneas de mando, y enumeró una larga lista de pruebas conducentes a demostrar la subordinación de las policías al Ejército y la participación de miembros de la Policía de Salta en la lucha antisubversiva (entre ellas las felicitaciones que figuran en sus legajos por sus acciones en estos hechos).

Como Ávila, que lo precedió en el alegato, el fiscal consideró que las ideas de Ragone, su programa político de gobierno, inclusivo, lo hicieron ser reconocido como un enemigo político para los ejecutores del golpe de Estado. Enumeró en este sentido la presión que debió soportar en su gestión, la imposición de renuncias de sus funcionarios, hasta la intervención en noviembre de 1974. Aunque Ragone dejó el gobierno pero no la política: “Si hemos servido, vamos a volver”, había dicho en declaraciones públicas. En marzo del 76, cuando fue secuestrado, estaba en medio de una campaña con vistas a las elecciones internas en el PJ.

En este sentido, el fiscal acusó a Héctor Zanetto de haber amenazado a Ragone para que abandonara su pretensión de participar de las internas, una advertencia que ya antes le había sido transmitida por Gentil. Azzolín afirmó que Zanetto era importante en la UOM, donde fue chofer y hombre de confianza de Lorenzo Miguel, a tal punto que participó en hechos de violencia perpetrados por este gremio. Sobre los Herrera, que estaban de custodia en la casa de Gentil, a una cuadra y media del lugar del secuestro, consideró imposible que no hubieran escuchado los disparos. Dijo que no actuaron porque sabían que los “ejecutores eran sus compañeros de armas”.

Ávila pronunció un alegato más político. Defendió la decisión del gobierno nacional de impulsar la investigación y juzgamiento de estos hechos. “Quienes humillaron a las fuerzas armadas fueron aquellos que los condujeron a ser unos tristes encapuchados”, sostuvo en respuesta a críticas.

Aseguró que Ragone, Arredes y Martínez de Leal “fueron víctimas de un plan sistemático de eliminación de personas”. Y que para llevar a cabo este crimen hubo un proceso de demonización de Ragone, del que fue partícipe el ahora ex gobernador de Salta Roberto Romero (ya fallecido).

Sostuvo que la figura de Ragone, su ideario político, chocaba con los planes que alentaban el golpe cívico y militar dado el 24 de marzote 1976 y por eso se convirtió en un blanco: “No mataron por aburrimiento, mataron porque querían imponer un plan económico”.

“La orden de secuestrar y desaparecer a Ragone fue dada por las autoridades del Ejército, fue ejecutada por la Policía de Salta con la colaboración de la Policía Federal, que tomó las medidas para encubrir el hecho”, afirmó.

Tanto Azzolín como Ávila consideraron importante el hecho de que en 1977 se paralizara la investigación del llamado Crimen de los Arbolitos, de José Lino y Oscar Rodríguez, porque, según dichos del entonces jefe de la Policía, Carlos Carpani Costas, y del subjefe, Juan Carlos Grande, los acusados, policías de Metán, entre ellos Soraire, habían participado del secuestro de Ragone.

Los alegatos fueron seguidos por un público emocionado en su mayoría. En la sala de grandes juicios, que estaba a pleno ayer, estuvieron, entre otros, la viuda del ex gobernador, Clotilde Suárez. Y estuvieron también la diputada provincial Nora Giménez (concurrente habitual), el diputado provincial electo Matías Posadas, el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Pablo Viel, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Pace, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, y el ministro de Trabajo, Rubén Fortuny.

Que se reabra la

causa por Fortuny

Ávila conmovió hasta el llanto a los hijos del ex jefe de Policía de Ragone al pedir que su asesinato sea considerado un delito de lesa humanidad y que se reabra la causa para continuar la investigación.

Antonio Rubén Fortuny fue asesinado el 27 de mayo de 1973, dos días después de que renunciara a su cargo en la jefatura de la Policía, desde el que había llevado a cabo una acción para cambiar la fuerza. Para ello promovió la investigación y de dio de baja a los policías implicados en apremios ilegales y torturas. Entre ellos estaban Joaquín Guil y muchos de los comisarios sospechados luego por el secuestro de Ragone.

El querellante sostuvo que ésta fue “una de las medidas más revolucionarias del gobierno de Ragone” y le generaron un “odio político”. El abogado criticó también “la miserabilidad de la justicia salteña” que calificó al hecho como un homicidio preterintencional y le impuso una pena mínima al asesino, el ex policía y ex legislador provincial Emilio Pavicevich.

“Fue un crimen de lesa humanidad, de igual manera que la vida de Ragone, la de Fortuny ya tenía destino y era su muerte”, sostuvo el abogado.

Lona, parte de la represión

El fiscal Horacio Azzolín pidió que el ex juez federal Ricardo Lona sea investigado com parte de la estructura represiva “como si fuera un ejecutor más”. Antes el querellante Martín Ávila pidió que se orden la detención e indagatoria del ex juez “por la participación que la cabe en este proceso”.

“Su intervención en el caso, descartando toda línea de investigación posible en un sumario en el que aparece directamente involucrado desde sus primeros momentos parece exceder, si se analiza globalmente la situación en eso años, el mero encubrimiento y el prevaricato como viene imputado hasta ahora”. Afirmó el fiscal.

Recordó que Lona “no solo archivó Ragone de la forma en que lo hizo, sino que igual proceder se repitió en forma sistemática en muchas otras denuncias por desaparición de personas que se realizaron”, a lo que se suma el propio reconocimiento por parte de Lona “de haber recibido denuncias de apremios ilegales que decidió no investigar” y “su aparentemente directo involucramiento en el traslado de los presos asesinados en Palomitas y, en contraposición, su férreas investigación en las causas iniciadas por infracción a la ley 20.840 (sobre actividades subversivas)”.

El fiscal sostuvo que “esta tolerancia” por parte de Lona “terminó erigiendo una especia de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Todo esto en conjunto permite suponer una conducta del ex juez que excede el mero favorecimiento real por lo que su intervención adquiere un significado en relación al ilícito cometido por otro lo que lo pone directamente en la estructura represiva como si fuera un ejecutor más”.

Ávila sostuvo que Lona cometió “enormes irregularidades” en relación a la causa Ragone. “Deberá explicar como justificó en aquel momento la competencia federal del hecho sin emitir resolución alguna, su presencia en dicho lugar, la entrega del cadáver de Santiago Arredes sin autopsia (…), la negligencia escandalosa en la investigación, el no relevamiento de pruebas del lugar del hecho”. Aseguró que el ex magistrado aceptó irregularidades “sistemáticamente”.

Más partícipes del secuestro

El abogado Martín Ávila pidió “la inmediata detención e indagatoria por la participación necesaria y esencial” de quien fuera subjefe de la Policía en 1976, Virtom Mendíaz, y de los jefes de las divisiones, Roberto Arredes, Antonio Saravia, Abel Vicente Murúa, Julio Benito Acosta, Ofelio Natalio Sallent y del jefe del Destacamento Nº 143 de Inteligencia del Ejército, el coronel Osvaldo Mario Baudini.

Y acusó también al ex juez de instrucción Marcelo Avrutín Suárez y a quien fuera jefe de la Policía en 1977 (cuando se cometió el llamado Crimen de los Arbolitos) Carlos, Carpani Costas.

A su turno, el fiscal Horacio Azzolín recordó que Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Antonio Bussi tienen responsabilidad “ineludible” en el secuestro de Ragone, “por la línea de comando”. El primero era el jefe del III Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba y con jurisdicción en todas las provincias ubicadas al norte de esa provincia; el ex general tucumano está ya acusado en relación a Ragone aunque no ha sido indagado debido a su salud. Menéndez había comenzado a ser juzgado, pero hubo que apartarlo, también por problemas de salud.

En cuanto a nuevas investigaciones, el fiscal consideró que las planas mayores de Menéndez y Bussi y la de quien era jefe del Área 322, en Salta, Carlos Alberto Mulhall fueron partícipes de este hecho.

En el mismo encuadre ubicó a los integrantes “del aparato de inteligencia que operaba en el Área”, al que consideró “responsable en definitiva de la caracterización de enemigo de Ragone”, entre los cuales nombró, en otros tramos, al jefe del Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, y al segundo jefe, el capitán Roberto Antonio Aguilar. Y enumeró también, bajo estas mismas consideraciones a los comisarios Mendíaz, a Arredes, Saravia, Abel Guaymás, Santiago Pedroza y Marcial Liendro. Dijo que deben ser investigados como partícipes del hecho.

También pidió acusó a Avrutín Suárez, al ex fiscal Sierra Paz, y a Carpani Costas.