Juan c. nacul, ex defensor del “malevo” ferreyra se postula para magistrado federal de jujuy

El bussista que aspira a ser juez

Publicado el 14 de Agosto de 2011

Por Daniel Enzetti

Los senadores nacionales tienen que decidir sobre el pliego del polémico abogado, que pretende ocupar un cargo en el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy. El magistrado subrogante en ese lugar, Carlos Olivera Pastor, es protector del Ingenio Ledesma.

El abogado tucumano Juan Carlos Nacul puede convertirse en los próximos días en el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy –en remplazo del actual subrogante Carlos Olivera Pastor– si el Senado de la Nación aprueba su pliego de postulación. Sin embargo, los senadores todavía están a tiempo de evitar el nombramiento. Los antecedentes de Nacul incluyen haberse hecho cargo de la defensa del suicidado represor Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, hombre fuerte de la policía brava tucumana y confeso torturador. Pero como la respuesta inmediata a esa afirmación sería que cualquier persona merece ser representada en un proceso justo, incluso tratándose de los peores indeseables, es posible dejar de lado el dato por un momento. Nacul no fue sólo el defensor de Ferreyra, sino además su vocero, agente de prensa e intermediario cuando alguien quería acercarse al ex policía. Como por ejemplo periodistas, a quienes el letrado pedía plata a cambio de una nota. Militó en las filas de Antonio Domingo Bussi, y en la década de 1990 fue candidato a diputado provincial en un sublema de Fuerza Republicana. En 1993, el Malevo recibió cadena perpetua por el asesinato de tres personas, a las que cargó en una camioneta en Salta y fusiló en la localidad de Laguna de los Robles, mientras dirigía la Brigada de Investigaciones de Tucumán. El pistolero no soportó escuchar la sentencia y se escabulló de los tribunales. Rápido de reflejos, y para evitar consecuencias peores para su cliente, Nacul lo “limpió” y se responsabilizó a sí mismo por el escape, declarándose como el verdadero ideólogo de la fuga. Ferreyra aguantó 79 días escondido en el monte, hasta que cayó otra vez a la sombra. Aunque la perpetua resultó durar poco: en 1998, gracias a la cintura de Nacul, el entonces gobernador Bussi lo dejó en libertad, después de sólo cuatro años y medio en la cárcel.

El interés del abogado por formar parte del círculo íntimo del ex policía, pieza clave del Operativo Independencia y nunca juzgado por los delitos de lesa humanidad que cometió durante la dictadura militar, fue siempre más allá de una retribución profesional. Varias veces se quejó de no ganar un solo peso por su gestión. El mismo año de la bendición jurídica del ex general, la pareja, defensor y defendido, encabezaron la agrupación Honor (Horizonte Norteño), un pseudo partido político autodenominado “corriente itinerante”, que según los vientos apoyaba a la figura política que mejor convenía. Siempre el que más les convino fue Bussi.

Entre otras cosas, Nacul está señalado por ex clientes (se desempeñó durante varios años como abogado penalista) como ocultador de pruebas y autor de escritos judiciales con firmas apócrifas. En Tucumán son varios los rumores que lo sindican como un hombre violento.

En su excelente libro El sheriff.Vida y leyenda del Malevo Ferreyra, Sibila Camps cuenta una perla que describe al hoy postulante de cuerpo entero. “¿Por qué nadie pregunta por el prontuario de los tres tipos que ejecutó Ferreyra?”, le dijo un día de 1995 Nacul a la periodista en el bar del Hotel Premier, en esa época búnker de Fuerza Republicana.

Extraña vara de la justicia la que tiene el que ahora puede convertirse en juez federal.

CANDIDATO COMPULSIVO. A punto de cumplir 60 años, Nacul se convirtió en una suerte de compulsivo aspirante a magistrado. Siempre con el objetivo de recalar en un Juzgado Federal, sea donde sea, en los últimos tiempos repartió su currículum en más de 30 concursos, incluidos procesos de selección en el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura de Chubut. Entre otros destinos se autopostuló para la Justicia Federal de Mercedes (San Luis), el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén, el Juzgado de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y el Tribunal Oral de Santa Fe.

Los preparativos y presentaciones de las carpetas no sólo le llevaron tiempo, sino dinero, obligado a viajar por todo el país. El raid arrancó en 2006. “Con 30 años de ejercicio, entendía que había cumplido una etapa como abogado litigante. Entonces, me encontraba en la disyuntiva de dedicarme a otra actividad o de continuar con la profesión desde la óptica de la magistratura”, declaró en aquel momento a La Gaceta de Tucumán. Y sin hablar de su pasado, se atrevió a recomendar que para todo candidato a juez es fundamental conocer “los últimos precedentes” de “la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Nadie le repreguntó qué entendía él por Derechos Humanos.

Nacul comenzó a defender a Ferreyra en 1991, cuando el Malevo ya contaba con varios casos que de a poco iban moldeando su fama de pistolero de mano dura. En 1973 se les animó en una batalla callejera a 15 militantes de la JP, y poco después mató a Julio Alsogaray, miembro de Montoneros (“Los dos teníamos FAL, pero él dudó entre disparar y cubrirse”, dijo en esa oportunidad). La dictadura fue la mejor de sus épocas, gracias a la carta abierta que la policía tucumana le dio para ajusticiar tanto a opositores como a delincuentes comunes. En 1986 fue absuelto por la muerte de Enrique “Prode” Correa, y ya como jefe de la División Robos y Hurtos se encargó de pasar a mejor vida a los miembros de la banda Los Gardelitos. El triple crimen de Laguna de los Robles, el año en que Nacul se le acercó, le significó al Malevo una condena a perpetua dictada en 1993, pero cuando escuchó el dictamen se escabulló por la puerta trasera de los Tribunales rumbo al monte tucumano. Nacul se autoincriminó y dijo que él mismo le había aconsejado fugarse, para alivianar las consecuencias

Mientras, y siempre con el genocida Bussi como modelo, el abogado despuntaba el vicio político. Dice Sibila Camps en su libro: “Estuve en la provincia a fines de junio (se refiere a 1995), y las avenidas de la capital y del Gran Tucumán parecían infinitos y desprolijos tendederos de ropa, por los miles de pasacalles colgados por los 640 sublemas. El mismo Juan Carlos Nacul fue inmortalizado por un reportero gráfico de El Periódico, trepado a una escalera para sujetar un pasacalle de la lista que lo postulaba. Por las calles de tierra y por los caminos vecinales del departamento Cruz Alta traqueteaban carros voceando la venta de fruta y verdura. Por la ciudad, los megáfonos ensordecían con frases de campaña.”

Nacul negoció con Bussi. Primero logró que la perpetua a Ferreyra se transformara en dos décadas, y después que el criminal saliera a los cuatro años y medio. Hasta que se cansó de tantos tiros, y dejó de representarlo en 1999. El Malevo terminó suicidándose en 2008 para las cámaras de televisión, apoyado en el tanque de agua de su casa, con un disparo en la cabeza.

LA ESPALDA CUBIERTA DE LOS BLAQUIER. La provincia de Jujuy, el lugar del país en el que podría desembarcar Nacul como juez federal, es muy particular, debido a la impunidad de la que históricamente gozó el Ingenio Ledesma. Responsable de la contaminación ambiental, sobre todo en la ciudad de Libertador General San Martín, donde instaló la planta, la familia Blaquier esquivó en las últimas décadas cada una de las denuncias presentadas en su contra, tanto por daños ecológicos masivos como por complicidades con la dictadura militar, a raíz de persecuciones de trabajadores producidas después del golpe de Estado de 1976. El Ingenio aportó camionetas y hombres para el secuestro del ex intendente de la localidad Luis Aredez, y el 27 de julio del ’76 lanzó un gigantesco operativo recordado como La Noche del Apagón, en el que con móviles de la empresa, personal privado de seguridad y efectivos locales fueron arrancados de sus casas 400 trabajadores, 30 de los cuales permanecen desaparecidos. Olga, la esposa de Luis, encabezó históricamente los reclamos, hasta que en 2005 falleció como consecuencia de un carcinoma provocado por bagazo, el desecho de la caña de azúcar que Ledesma escupe al aire las 24 horas del día.

Los antecedentes de Nacul no parecen indicar la llegada de aires judiciales nuevos en tierra jujeña, que signifiquen una agilización de las causas que comprometen al emporio. En los últimos tiempos los reclamos de organismos de Derechos Humanos y damnificados particulares fueron constantemente demorados por el actual subrogante Olivera Pastor, ocupante del Tribunal Nº 2 al que aspira Nacul.

En 2003, luego de la derogación de las leyes de impunidad, las familias de los desaparecidos jujeños fueron abriendo investigaciones en forma particular e individual, que hasta 2008 significaron un paquete de 150 expedientes con la síntesis de lo ocurrido a casi 200 víctimas. A pedido de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de la provincia, Domingo Batule, dividió lo ocurrido allí en siete pesquisas y orientó una de ellas exclusivamente al papel llevado a cabo por el Ingenio Ledesma entre 1977 y 1983. Batule solicitó en su momento que fueran llamadas a declaración indagatoria más de 80 personas, pero la inacción de Olivera Pastor provocó que las causas cayeran, que varios acusados murieran sin que nadie los tocara (como Mario Paz, jefe de Relaciones Públicas del Ingenio durante La Noche del Apagón), y que otros escaparan fuera del país (el caso del ex Jefe de Inteligencia del Ejército provincial Juan Carlos Jones Tamayo, varias veces nombrado en los registros de la Conadep).

Además de archivar carpetas y provocar prescripciones en beneficio de los Blaquier, Olivera Pastor también es el autor de curiosos fallos en los que se privilegia la salud mental de los represores por sobre el sufrimiento de las familias a los que esos represores secuestraron y torturaron. Hace pocos meses, el magistrado ordenó que dos de los pocos condenados locales, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, salieran de la cárcel y cumplieran el encierro en sus domicilios debido “al estrés” que supuestamente habían demostrado a través de análisis médicos. Bulgheroni, formado en la Escuela de las Américas, fue amo y señor del penal de Villa Gorriti, y mencionado en 70 testimonios por la desaparición de aproximadamente 25 personas, entre ellas Luis Aredez.

De aquel par de centenares de casos iniciados en 2003, sólo uno está elevado a juicio, referido al secuestro de Dominga Álvarez de Scurta. Los acusados son Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, César Darío Díaz y Antonio Orlando Vargas.

En una oportunidad, cuando Sibila Camps intentaba encontrarse a solas con el Malevo para su investigación, Nacul la miró fijo y le dijo a los ojos: “Inténtelo. Yo no sé si usted le va a poder sostener la mirada. Los delincuentes, cuando los miraba, se cagaban encima.”

Quien dijo eso puede ser juez de la nación

“Le dieron un cargo y abandonó el caso”

Publicado el 14 de Agosto de 2011

En el año 2005, Juan Carlos Nacul representó a la familia Moreno en una causa abierta contra dos efectivos de la Policía de Tucumán, Esteban Pavón y José Enrique Roldán. Uno de los dos, mientras perseguían a un delincuente por la calle Chaco al 1600, en la capital provincial, efectuó un disparo que le destrozó el pie izquierdo a Augusto Brito Moreno. El chico tenía entonces 16 años, y estaba parado frente al domicilio de unos amigos. Las lesiones producidas fueron gravísimas, le motivaron a Augusto una discapacidad de movimiento, y además su madre debió enfrentar el costo del tratamiento médico inmediatamente posterior, que todavía se mantiene.Silvia Moreno, la tía de Augusto, envió a Tiempo Argentino la copia del escrito presentado por el abogado en septiembre de ese año, pero declaró a este diario que eso fue lo único que realizó el abogado. “No se volvió a presentar en la causa, ni tampoco hizo el seguimiento. Nos recibía en su estudio de mal humor y nosotros tolerábamos sus estados de ánimo, hasta que en un momento nos dijo que ya no podía patrocinarnos porque tomaría un cargo en el gobierno.”Ella y su hermana Norma, la madre de Augusto, llegaron a conseguir fotografías del proyectil reglamentario que le extrajeron al muchacho, tomadas por el médico cirujano Adolfo De Boeck. Según la familia, las imágenes llegaron rápidamente a Nacul para ser presentadas como prueba, pero el abogado nunca las incluyó en el expediente.

Nacul también fue señalado por adulterar una firma de Norma Moreno en un escrito, documento que terminó avalando la supuesta falta de interés de los denunciantes en seguir la causa contra la policía tucumana.

Fuente: Tiempo Argentino

@@@

PIDEN JUZGAR AL JUEZ OTILIO ROMANO Y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA TRATA SU SUSPENSION

Se acerca la hora de las definiciones

El fiscal pidió que se eleve a juicio oral la causa en la que el magistrado mendocino está procesado por delitos de lesa humanidad. El miércoles tiene cita en el Consejo de la Magistratura.

El camarista Otilio Romano no fue detenido porque sigue siendo juez.

Por Irina Hauser

Después de lograr dilaciones por casi dos años en las investigaciones por su papel durante la última dictadura, al camarista federal de Mendoza Otilio Romano se le avecinan dos frentes de tormenta juntos. El fiscal Omar Palermo pidió el viernes que sea llevado a juicio oral por los 103 hechos en los que está procesado como partícipe en su papel de fiscal durante el terrorismo de Estado: son secuestros, homicidios, allanamientos ilegales, torturas, robo de bienes y el archivo del caso de apropiación de una menor. La única razón por la que Romano no fue detenido todavía ante imputaciones tan graves que prevén prisión perpetua es que sigue siendo juez, según explican los querellantes. Este escenario podría empezar a dar un giro después del miércoles próximo, el día en que está citado a declarar en carácter de sospechoso ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Se presente o no, dada su comprometida situación en la investigación penal, es factible que por lo menos un sector del organismo intente suspenderlo.

Romano fue denunciado junto con el ex camarista Luis Miret en agosto de 2009 por un importante grupo de organismos de derechos humanos de Mendoza. Romano era fiscal durante la última dictadura y Miret era juez. Tuvieron muchos expedientes en común en ese período. El proceso de enjuiciamiento contra el segundo pudo avanzar y fue destituido en marzo de este año. Fue acusado por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, en numerosos casos relatados por las propias víctimas. En buena medida, su remoción se convirtió en una señal o un hito a partir del cual se empezaron a destrabar otras investigaciones contra magistrados por lo que hicieron o dejaron de hacer en los años de plomo, convirtiéndose en sostenes civiles de crímenes aberrantes. Hasta el Consejo de la Magistratura armó una comisión especial que monitorea el avance de estos expedientes, como reveló Página/12.

Línea de conducta

Para ese entonces, sin embargo, Romano ya había logrado tender infinidad de obstáculos que, pese a estar en una situación penal mucho más complicada que Miret, le permitieron hasta el momento esquivar cualquier medida decisiva del Consejo. Miret está procesado en Mendoza por 30 hechos asociados a crímenes de lesa humanidad, en la mayoría de los cuales no se le adjudica una participación directa. Esto explica que a pesar de haber sido destituido no esté preso. Romano, en cambio, está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad ocurridos casi todos en el D2, el centro de detención que funcionaba en el Departamento de Policía de Mendoza.

“Sin la actuación del fiscal los represores no podían haber avanzado según dice la imputación en la causa penal”, explica a este diario Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). “Romano presenciaba declaraciones de detenidos que denunciaban torturas y que él no investigó, por lo tanto, las torturas seguían ocurriendo; también tomaba como válidos interrogatorios obtenidos bajo torturas para aplicar la llamada ley antisubversiva”, ejemplificó.

Además de apañar torturas y rechazar hábeas corpus de manera sistemática y con la misma lógica, Romano arrastra otras acusaciones ante la Justicia que, según dictaminó el fiscal Palermo, mostrarían una actitud de posible complicidad con la dictadura. Una es la que encarna la historia de Luz Faingold –incluida en las causales de destitución de Miret– quien en 1975, con 17 años, fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2. Su mamá, Luz Casenave, la buscó por cielo y tierra hasta que la encontró, cuando la indagaban. A pesar de que su familia la reclamaba y que era menor de edad, juez y fiscal negaron su restitución. En el D2, declaró Luz, fue atacada sexualmente. En ese lugar de detención contó que lo vio a Romano.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó. Romano, además, impulsó el archivo de la investigación sobre la apropiación de Celina Manrique Terrero, invocando las leyes de punto final y obediencia debida pese a que no se aplicaron nunca al robo de hijos de desaparecidos. Años después ella recuperó su identidad.

Por estos y otras decenas de hechos, el fiscal Palermo pidió anteayer enviar a juicio oral a Romano (a Miret también) y ahora le toca firmar ese paso al juez Walter Bento.

En el Consejo de la Magistratura Romano estaba tranquilo. Había logrado que un juez ad hoc, abogado, Carlos Parellada, le hiciera lugar a una medida cautelar que frenó todo el trámite en el organismo que evalúa la conducta de los jueces con el argumento de que se lo estaba juzgando por lo que hizo como fiscal y no como juez. Recién cerca de fin de año, y tras una breve participación de la Corte Suprema, la Cámara mendocina, integrada por suplentes, dio vuelta ese fallo. A esta altura, ni siquiera las entidades de la corporación judicial, como la Federación Argentina de la Magistratura, están dispuestas a salir a defender a jueces procesados por crímenes de lesa humanidad.

Romano estaba citado para hacer su descargo en el Consejo antes de la feria judicial. Pero pidió una prórroga. Se la dieron, y debe presentarse este miércoles. Tiene la posibilidad de declarar por escrito, o de ir a contestar preguntas en persona ante la Comisión de Disciplina y Acusación. Lo haga o no, es factible que esta misma semana el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo) quien tiene a cargo la instrucción del caso, presente un dictamen acusatorio proponiendo la destitución. Tanto en el estamento de los jueces como de los políticos vaticinan que hacia el jueves 25 podrían llegar a debatir la acusación y la suspensión, para lo cual se requieren nueve votos en el plenario. Si esto vuelve a demorarse, Romano podría llegar a su juicio penal todavía con la toga puesta. Su detención sólo podría producirse si lo destituyen.

Fuente: Pagina 12, domingo

--

La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007