Discusiones técnicas y chicanas en la anteúltima audiencia por Ragone Los abogados de la acusación y los defensores se cruzaron ayer durante la anteúltima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Hubo discusiones técnicas y políticas, y hasta alguna chicana que elevó los ánimos. El público también participó, repartido entre los familiares de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos y los parientes de los acusados. El fallo se conocerá el 11 de este mes. El fiscal federal Horacio Azzolín abrió el fuego con una larga réplica a los alegatos de los abogados defensores: Marcelo Arancibia y Roque López Homes, por los hermanos Pedro y Rubén Herrera, y los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, por los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, los policías Joaquín Guil y Andrés Soraire y el civil Jorge Héctor Zanetto. Respecto de los alegatos de Arancibia y López Homes, el fiscal insistió en que los hermanos Herrera, que el día del secuestro, el 11 de marzo de 1976, estaban de guardia en la casa de Gentil, a poco más de cien metros del lugar del hecho, tenían que haber visto el hecho, y que debieron haber intervenido. También reiteró que debieron haber escuchado los disparos, como dan cuenta la mayoría de los testigos presenciales. Y criticó a los defensores por introducir en sus alegatos cuestiones que no están contenidas en el expediente, como la afirmación de que los policías estaban desarmados (lo que el fiscal negó) y el llamado a sus superiores para informar del secuestro. En cuanto al alegato de Petrina, que había pedido la nulidad de las acusaciones afirmando que eran indeterminadas, el fiscal sostuvo que la acusación ha sido correctamente planteada, que los acusados siempre supieron de qué se los acusaba y tuvieron oportunidad de defenderse. Sobre el planteo de que el secuestro de Ragone no puede ser considerado un crimen de lesa humanidad porque se cometió trece días antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y por lo tanto está prescripta la acusación, Azzolín recordó que esto ya fue presentado al comienzo de este debate, el 5 de abril pasado. Afirmó en este sentido que el plan sistemático y generalizado de eliminación de enemigos políticos se inició antes del golpe, cuando se dictaron los decretos de aniquilamiento de la subversión. El fiscal recordó también que Petrina había hecho un planteo similar en la causa por el secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos, y este mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo rechazó (si bien con otra integración). El ayuda memoria no le gustó al defensor oficial: dijo que el fiscal estaba mal informado sobre su planteo de aquella oportunidad. Los querellantes adhirieron en casi todo a los dichos del fiscal. Matías Duarte, representante de la familia de Ragone, criticó a Petrina porque “con sus alegatos ha echado por tierra con 60 años de avance en la defensa de los derechos humanos”. Y pidió al Tribunal que tenga en cuenta que el cuerpo de Ragone no fue encontrado y que, si es que condena, meritúe esta circunstancia para la aplicación de la pena en cárcel común. David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se cruzó con Arancibia. Le reprochó que él y López Homes hayan hecho una reivindicación política de Ragone. “Da la impresión de que es al solo efecto de confundir los roles, es apropiarse de la figura de los desaparecidos en Salta desde el lugar desde el que se está pidiendo la impunidad”, sostuvo para entusiasmo de la mayor parte del público. Martín Avila, querellante por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia y la Cámara de Diputados, replicó sobre el planteo de prescripción. Fue sintético, explicó que el crimen de lesa humanidad reúne ciertos elementos, “no se trata de una cuestión de fechas”, explicó. Las réplicas del fiscal y los querellantes fueron cerradas con aplausos. Cuando les tocó el turno a las defensas Arancibia le respondió a Leiva. Insistió en que no hay pruebas contra sus defendidos y dijo que “jamás” se expresará con animosidad hacia otras partes del proceso. López Homes reiteró conceptos de su alegato. Y Petrina fue “increíblemente breve”, según sus propias palabras. Dijo que no tenía mucho para decir porque “a pesar de lo extenso” del “nuevo alegato o réplica del señor fiscal”, chicaneó, no había logrado conmover los argumentos de la defensa. En cuanto a los querellantes, les recordó que no pueden pedir cárcel común para los acusados, en caso de que resultaran condenados. El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 11, a las 10, cuando los acusados tendrán la oportunidad de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar para decidir su sentencia, que se conocerá ese mismo día. Organizaciones de derechos humanos están convocando a manifestarse en la sede del Poder Judicial, y se sabe que vendrán militantes de otras provincias.