Carlos Alberto Mullhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone. Así lo hizo saber el fallo que se leyó hoy después del mediodía en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial

La lectura del fallo comenzó con la condena de 2 años de prisión condicional y costas a Pedro Javier Herrera y a su hermano Nelson Rubén Herrera (ex suboficiales de la Policía), por ser autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Acto seguido se absolvió por el feneficio de la duda a Andrés del Valle Soraire ordenando su inmediata liberación. Lo mismo pasó con Jorge Héctor Zanetto, a quien se le levantaron todas las restrictiones cautelares impuestas hasta la fecha.

Luego se condenó al exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, al exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil y al exdirector de Seguridad Joaquín Guil a cadena perpetua, rechazando todas las acciones de prescripciones que realizaron. Se condenó a los tres imputados y solidariamente al estado nacional y a la provincia de Salta al pago de la suma de 50.000 pesos por el daño psicofísico; 15.000 por gastos médicos; y 100.000 por daño moral, además que quitarle rango militar a los imputados.

Causó sorpresa que el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire sea absuelto cuando también se le había pedido prisión perpetua. Lo mismo pasó con el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto por quien se había solicitado 10 años de cárcel efectiva y terminó siendo absuelto.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 7 de diciembre a las 10.

Los camaristas que firmaron el fallo fueron: Marta Liliana Snopek (Jujuy), Carlos Jiménez Montilla (Tucumán) y Luis Giménez (Tierra del Fuego), más el aporte del juez suplente José Quiroga Uriburu (La Rioja).

Luego de analizar casi cien testimonios y numerosa documentación, el Tribunal deberá resolver los pedidos de condenas y absoluciones que hicieron las partes en sus alegatos. El fiscal Horacio Azzolín, junto a los querellantes David Leiva, Matías Duarte, Martín Avila y la actora civil Verónica Molina, solicitaron condenas a perpetua para el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil, para el exdirector de Seguridad Joaquín Guil y para el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire. También pidieron 10 años de prisión para el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto y dos años para los suboficiales de la Policía Pedro Javier Herrera y Nelson Rubén Herrera.

De acuerdo con el procesamiento dictado por la instrucción y el planteo de los acusadores, los nombrados están imputados de delitos de lesa humanidad. Como cabezas visibles del magnicidio de Ragone, el fiscal y las querellas sindicaron a Mulhall, Gentil y Guil, a quienes consideran “autores mediatos”, por ser las personas que tenían a su cargo, en esa época, el manejo de las estructuras del Ejército y de la Policía. A los siete acusados no solo los responsabilizan por la desaparición del exgobernador, sino por el asesinato del almacenero Santiago Catalino Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. El primero recibió un balazo en el pecho, cuando aparentemente reconoció a alguno de los captores y trató de evitar el secuestro de Ragone. En tanto que Leal recibió un disparo de ametralladora en el momento que observaba a dos personas cuando sacaban al exgobernador de su vehículo, posiblemente herido de muerte. Federico Petrina, defensor de los principales imputados, descartó que Ragone, Arredes y Leal hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad por considerar que los hechos ocurrieron cuando aún estaba en vigencia el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Por ese motivo solicitó que sean absueltos, y lo propio hicieron Marcelo Arancibia y Roque López Homes, defensores de los Herrera. Sin embargo, los acusadores argumentaron que el terrorismo de Estado había comenzado en el país un año antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

fuente El Tribuno de Salta