DEBERÁ DECIDIR SI VAN A JUICIO 80 MILITARES POR COMETER VEJÁMENES CONTRA SU PROPIA TROPA

La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por Daniel Enzetti Para Tiempo Argentino

La imputación contra los oficiales y suboficiales que comandaron el conflicto es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, que al igual que al fiscal general ante la Cámara de Casación Penal de la Fiscalía 4, Javier De Luca, presentaron hace pocos días un recurso extraordinario para que el máximo tribunal se haga cargo de la cuestión.

Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.

“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”.

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.

“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”.

A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.”

Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia

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Entrevista exclusiva a Javier Augusto De Luca

“Nadie puede impedir que el máximo tribunal trate un tema federal”

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por D. E.

Es fiscal general ante la Cámara de Casación Penal y titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA.

–¿Cómo resumiría usted lo que fue ocurriendo?

–La síntesis figura en el recurso que elevé a la Corte en diciembre. Allí digo que, ante esta denuncia de vejámenes, que tiene varios años, los defensores de los acusados pidieron la prescripción de la causa por entender que esos no eran delitos de lesa humanidad. Que el juez federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia –donde estaban radicadas las denuncias– rechazaron ese pedido de prescripción y confirmaron los delitos como de lesa humanidad, y que a finales de 2009, cuando la defensa de los imputados solicitó recurso de casación, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió “hacer lugar al recurso” y “remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido”, como dice el texto. Con lo cual, aquellos tribunales cambiaron su postura inicial, y se manifestaron por la prescripción. Frente a eso, los que presentaron un recurso de Casación fueron entonces los ex combatientes, representados por Carlos Daniel Amato, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Pero esa vez la Sala I no les aceptó el recurso, y su única explicación fue que no había argumentos nuevos que cambiaran su decisión anterior. Una resolución o una sentencia se compone de varias partes, pero esencialmente de dos: la fundamentación y la parte dispositiva, es decir, donde se dispone o se ordena algo. Los jueces de Cámara tienen la posibilidad de decir “esto lo resuelvo yo de una manera definitiva”, o “solamente me limito a revocar lo que venía resuelto y ordeno al tribunal inferior, cuya sentencia yo estoy revisando, a que dicte una nueva resolución de conformidad con los argumentos que estoy dando ahora”. Esto es una forma de no resolver definitivamente el asunto. Cuando los ex combatientes recurrieron a Casación, la Sala I dijo que ese recurso era inadmisible porque el asunto ya lo había resuelto. Y lo que yo digo es: lo que está resuelto por Casación es la argumentación, pero no la parte final, la parte dispositiva, la que ordena, el sobreseimiento. La causa no está terminada, y a mi modo de ver, Casación se equivocó al denegar el recurso a los ex combatientes.

–La discusión central es si estos delitos que habrían cometido muchos efectivos de aquella época en Malvinas son o no de lesa humanidad, y por lo tanto, deben o no deben prescribir. Más allá de lo jurídico, ¿qué opina del tema en general?

–Estas son las formas, pero ahora hay que ir al fondo del tema. Acá estamos frente a una cuestión federal importante, que nadie puede impedir que sea tratada por la Corte. En otras palabras, nadie puede obstaculizar el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay una cuestión federal de por medio. Estamos hablando de supuestos delitos cometidos por militares en un escenario de guerra. La guerra es una cuestión federal que involucra a un gobierno nacional, que en este caso representó al Estado argentino en ese conflicto. Como los militares son empleados públicos, y han hecho actos de autoridad, esto es una cuestión federal básica. La Constitución Nacional es la que rige quién declara una guerra, quién actúa y cómo se hace. Con un presidente de la Nación como comandante en jefe. Y también es una cuestión federal decidir si determinadas conductas constituyen o no delitos de lesa humanidad, porque además, está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Incluso los ex combatientes tendrían posibilidad de continuar más allá con su accionar. Porque si sienten que sus demandas no son satisfechas por el Estado argentino, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional, una vez agotados los “recursos internos”, como se los llama. Pero dejando de lado lo jurídico, es imposible lograr una sociedad sólida sin dilucidar las responsabilidades que hay en estos hechos. Con la memoria vinculada a delitos cometidos por la dictadura militar pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si estas personas cometieron o no cometieron delitos, pero lo que sí sé es que los ex combatientes tienen derecho a que haya un juicio. Porque de otra manera, no se puede construir nada bueno para esa sociedad. Es lo que ocurre hoy con España: dejaron un viejo problema sin solucionar, y cuando pasa eso, en algún momento algo salta. Es como una infección mal curada. De Malvinas tenemos sólo la versión oficial de lo ocurrido, y eso es un punto oscuro. Porque además, son hechos que siguen marcando el presente. Y el presente es todavía hoy preguntarse cómo se comportaron nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto más importante de la Argentina en el siglo pasado, que le costó la vida a tanta gente. Esos chicos promedian hoy los 50 años, sus padres viven, sus hijos también, sus hermanos. Y frente a eso, los que supuestamente cometieron torturas siguieron ascendiendo, mandando y dirigiendo tropas. Entonces, la pregunta es: ¿yo puedo caminar por la calle con esa gente?

–Con respecto a la CIDH, hay un antecedente reciente vinculado a un fallo de la Corte argentina, que cambió su propia decisión ante la postura del organismo internacional.

–Sí, y yo lo menciono en mi presentación. Se trata de la causa “Derecho, René Jesús”, un caso de vejaciones, tormentos, torturas y apremios cometidos por personal de la Policía Federal, a detenidos en comisarías. En 2007 la Corte argentina resolvió extinguir la acción penal por prescripción, y sobreseer al imputado. El tema llegó a la CIDH y el organismo ordenó reabrir la causa, por entender que esos delitos no podían prescribir, con el argumento de que habían sido cometidos por efectivos en nombre y en representación del Estado. La Corte argentina, hace pocos días, en diciembre pasado, manifestó que lo dicho por la CIDH era mandatorio, y que por lo tanto la investigación se reabría y la prescripción ya no tenía efecto. En la Corte Interamericana, el caso se denomina “Bueno Alves vs. Argentina”. Entonces, volviendo a Malvinas, ¿cómo es posible que no haya derecho a saber lo que pasó, y a que se condene a los responsables, si los hay? El objetivo de mi presentación apunta a que nuestra Corte, de una vez y para siempre, tome cartas en el asunto, y decida qué hacer frente a esto tan importante.

Fuente; Tiempo Argentino

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

MARCOS LEVIN

EL PAIS › Nota de tapa LA OTRA PATA Por Alejandra Dandan | | Por primera vez, un empresario está citado a indagatoria por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión dictatorial. Se trata de Marcos Levin, dueño de una de las principales compañías de transporte de Salta, acusado en un caso en el que se investiga el secuestro y tortura de sindicalistas de la UTA

EL EMPRESARIO MARCOS LEVIN FUE CITADO A INDAGATORIA EN SALTA POR EL SECUESTRO DE DOCE TRABAJADORES

El lado civil de una historia de represión

Varios de los trabajadores eran miembros de la conducción de la UTA en Salta. Fueron llevados a una comisaría, donde por medio de torturas los obligaron a firmar confesiones. Levin asistía al lugar donde fueron torturados.

Marcos Levin todavía es el dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte.

Por Alejandra Dandan

Enero 1977, Salta. Empresa de transportes La Veloz del Norte. Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus y a la par secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), vuelve de un viaje a Tucumán. A la altura de Portezuelo lo demora un Torino blanco desde donde emerge el subcomisario de la comisaría 4ª de la ciudad de Salta –denunciada en la Conadep como centro clandestino de detención– y Marcos Levin, el dueño de la empresa. Un día más tarde, Cobos vuelve a ver al subcomisario Víctor Hugo Bocos, pero esta vez adentro de la compañía. Sin ninguna explicación, el subcomisario lo sube a un Ford celeste, un coche de La Veloz del Norte que funcionaba al servicio de la policía. Lo traslada a la comisaría 4ª. Lo torturan, le preguntan por los afiliados de la UTA, por las reuniones y lo obligan a firmar una declaración en la que admite haber formado parte de una estafa que nunca existió.

Por lo menos doce trabajadores de La Veloz del Norte fueron secuestrados en ese enero en el mismo centro clandestino. La investigación que volvió a activarse en los últimos años acaba de dar el giro que reclamaron desde siempre los trabajadores y los organismos de derechos humanos locales: por primera vez en la historia de la causa y en la sucesión de juicios que se abrieron en todo el país, la Justicia citó a indagatoria a un empresario, en este caso Marcos Levin, todavía dueño de la compañía. También citó al subcomisario Bocos y a los policías de la 4ª. Para el abogado David Leiva –de Encuentro, Verdad y Justicia, querellante de la causa–, la intervención de Levin en el caso es clave: la alianza con las fuerzas de seguridad le permitió al empresario inventar una excusa como la estafa para despedir y sacarse de encima a la dirigencia de la UTA.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, dice Leiva. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías. Cobos es uno de los que lo vieron en la 4ª, y con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando.”

Levin será indagado el próximo 7 de febrero. El juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, tomó la decisión en un expediente complicado. La causa está radicada en Salta, pero es impulsada por un fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule. Todos los colegas fiscales de Salta se excusaron de intervenir porque otro de los denunciados es un antiguo juez federal llamado Jorge Alberto Trincavelli, una persona a la que las denuncias ubican una y otra vez dentro del centro clandestino y quien en los últimos años fue fiscal general de la provincia.

Fuera de eso, el pedido de indagatoria también tuvo un avance singular y puede ser una clave para leer las dificultades que tienen las causas en el resto del país para probar la responsabilidad civil –especialmente del sector empresario– con la dictadura. El fiscal Batule, en este caso, pidió las indagatorias para Bocos y los policías, pero no para Levin, el principal denunciado. A raíz de eso, David Leiva hizo una nueva presentación en la que se preguntó en voz alta una de las cosas que se pregunta buena parte de los querellantes en causas similares: ¿por qué si las pruebas sirven para imputar a Bocos y los policías, no sirven también para imputar a Levin cuando se trata de los mismos hechos? En el cúmulo de testimonios y relatos, Levin aparece atado a la construcción de la supuesta estafa; adentro del centro clandestino, en la sala de torturas y proveyendo información o autos a los policías. Para Batule, esos datos no alcanzaron para pedir la indagatoria, pero el juez finalmente consideró que sí eran suficientes.

Aunque cada causa es distinta y los poderes dentro de cada provincia se articularon durante la dictadura definiendo sus propias formas, el caso habla de cómo se mira el poder económico y de una lógica de pruebas que aún no está resuelta: en muchas ocasiones, “los jueces reclaman pruebas sobre la vinculación de los empresarios con el terrorismo de Estado con un rigor excesivo que sale de las pautas generales que aplican para los militares o policías”, dijo alguna vez el abogado Pablo Llonto. O como dice Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: “La realidad es que las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

La Veloz

Los testimonios sobre lo que sucedió con los trabajadores de La Veloz del Norte se acumulan desde el comienzo de la democracia. Las páginas de las denuncias reúnen personajes que son o fueron poderosos. El subcomisario Víctor Héctor Bocos, por ejemplo, se recicló en democracia como asesor del ex gobernador Juan Carlos Romero, con quien se ganó un pase abierto a la Casa de Gobierno. El juez Trincavelli, a cargo de legalizar los secuestros, ascendió a fiscal general. Y Levin, por su parte, sigue siendo uno de los poderosos de la provincia, dueño de la principal empresa de transportes.

En enero de 1977, Víctor Manuel Cobos era parte de una de las familias más golpeadas por la represión de Salta. Dos de sus hermanos militaban en la JP. A Martín Cobos lo asesinó la lluvia de balas de una ametralladora en medio de un operativo en la casa, mientras buscaban a otro de sus hermanos. Martín tenía 17 años. Enrique Cobos, el otro de los hermanos, terminó exiliándose. Víctor Manuel declaró en esta causa en 1984, 2008 y 2011. Entre otras cosas, explicó que había visto a Bocos “muchas veces en La Veloz del Norte hablando con Marcos Levin”. Que cuando llegó a la comisaría lo encapucharon, lo metieron en un cuarto mirando a la pared y lo esposaron. Más tarde, dos personas lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en una camilla elástica, lo ataron de pies y de manos, y le aplicaron picana con el ruido del motor de una moto en los fondos. Le preguntaron por la actividad de la empresa y lo obligaron a firmar una confesión.

Hasta el momento de la detención había habido muchas luchas de los trabajadores contra Marcos Levin, dijo Víctor Manuel. El mismo, al ser dirigente, sufría muchas persecuciones de parte de la policía enviada por Marcos Levin. En las denuncias, explicó cómo Levin aparecía en la comisaría para ver si él había firmado la confesión en la que tenía que reconocer la supuesta estafa. Y lo vio hablando adentro de la seccional con el subcomisario Bocos y lo situó en una de las sesiones de picana en la que lo reconoció por el olor del perfume.

Como sucedió con él, la policía usó los autos de la empresa para buena parte de los otros secuestros. Los coches más habituales eran tres: Bocos solía usar el Falcon color celeste que en los testimonios aparece en la mayor parte de los traslados. También usaba un Torino blanco y el Falcon gris en el que se llevaron a Víctor Manuel muy confiado porque, como dijo, “sabía que era uno de los coches de la compañía”.

A otro chofer llamado Rubén Héctor V. R. H. se lo llevaron desde la terminal de la empresa adentro del Torino blanco manejado por Bocos y el propio Levin. A otro llamado Miguel Angel Rodríguez se lo llevaron en el Falcon color celeste desde su casa el 14 de enero a las 22.40, un día y un horario que no se sacó más de la cabeza porque recién había nacido su hijo. A Sonia Rey, una de las azafatas, afiliadas a la UTA, la fueron a buscar a la casa de su madre: se la llevaron en el mismo Falcon celeste.

Las detenciones continuaron con procedimientos similares: la mayoría cayó en la empresa o en sus casas. Una vez en la comisaría, los interrogaron en la mayor parte de los casos bajo alguna forma específica de tortura. Les preguntaron por listas de afiliados de la UTA o por los cómplices de la supuesta estafa, como en el caso de Ciriaco Norberto Justiniani, otro de los choferes, a quien le pidieron que busque a sus cómplices dentro de una lista de trabajadores mientras los policías le iban marcando a quién debía señalar.

Levin

Una vez que atravesaron las torturas y los interrogatorios, la mayoría pasó frente al juez Trincavelli. Trincavelli los obligaba a firmar una indagatoria con la confesión de la estafa, mientras Bocos los persuadía con alguna amenaza: “Si no firmaban –les decía–, los reventarían a todos en el mirador de San Lorenzo”. O “se los llevarían atrás del templete de San Cayetano y los haría desaparecer”.

Levin aparecía de dos maneras distintas: adentro del centro clandestino o en la compañía, junto con los policías.

Aquel chofer al que secuestraron el día del nacimiento de su hijo estuvo 17 días secuestrado. En uno de los amaneceres de esos días vio a Levin avanzar por uno de los pasillos de la seccional. El empresario preguntaba si él había declarado: “Si me había hecho cargo –decía–, y si me hacía cargo, les decía (a los policías) que me manden el telegrama de despido”.

Carlos Lidoro Aponte estuvo secuestrado quince días. Alguna vez le preguntaron por los nombres de los afiliados a la UTA y por los que iban a las reuniones. En el centro clandestino vio dos veces a Levin. Una de las noches, lo vio entrar a la oficina de Bocos. Sonia Rey, la azafata, declaró que lo vio la primera de las tres noches que estuvo secuestrada. Levin hablaba con dos personas vestidas de civil. Cuando ella les preguntó a dos policías si podía decirle algo, los dos se negaron rotundamente. Cuando la liberaron, entonces, decidió ir a verlo. Lo encontró en la compañía. Frente a él le preguntó por qué había inventado toda la historia de la estafa, pero Levin no le respondió: le dijo que ella había traicionado a la empresa y que era una desgraciada.

Por último, otro de los choferes, Jorge Arturo Romero, declaró que “pudo ver a Levin en muchas ocasiones dentro de la comisaría”. Un día vio al empresario entrando a la oficina de Bocos y, momentos después, el subcomisario salía de la pieza donde estaban los detenidos como si entre uno y otro se pasaran información.

Fuente: pagina 12

Nuevamente destacamos que los juicios a los represores militares, policiales y civiles de las provincias de Jujuy y Catamarca no tienen fecha de elevación a juicio público y oral, es decir que la impunidad que gozan desde la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final sigue firme, pese al reclamo de los familiares y de los organismos de derechos humanos y en desafío a la decisión de juicio y castigo a los genocidas.

El fusilamiento de presos políticos, el secuestro y desaparición de militantes, el robo de bienes, la complicidad empresarial con la represión, etc, en Jujuy y Catamarca, de acuerdo al cronograma oficial todo sigue igual.

Nada a cambiado y no hay señales que se modifique la impunidad de los genocidas.

Agencia de Noticias DH.

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Lesa humanidad: la agenda de juicios orales previstos para este año

Se trata de debates que tienen fecha de inicio confirmada. Se realizarán en Mar del Plata, Capital, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe. Entre los acusados están Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez

Para 2012, son once los juicios orales por delitos de lesa humanidad que tienen fecha de inicio confirmada. Se trata de los debates que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja y Santa Fe. A continuación, los detalles:

9 de febrero, Mar del Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dará inicio al juicio oral contra los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. Se les imputa privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, de Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría y se desempeñaba como abogado laboralista.

14 de febrero, Córdoba

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces José Fabián Asis, José Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, encabezará el debate donde serán juzgados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1. La causa investiga la muerte de Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud Peronista.

27 de febrero, Rosario

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dará inicio al juicio oral donde serán juzgados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz. Se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Nicolás en perjuicio de cinco víctimas.

7 de marzo, Neuquén

Ese día, ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, comenzará el juicio oral contra Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, José Ricardo Luera, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Raúl Antonio Guglielminetti, Antonio Alberto Camarelli, Gustavo Viton, Miguel Angel Quiñones, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Jerónimo Enerio Huircain, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.

15 de marzo, Tucumán

El Tribunal Oral Federal de Tucumán dará inicio al debate que se realizará en el marco de la causa “De Benedetti”, en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. Se encuentran acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena.

15 de marzo, La Rioja

El Tribunal Oral Federal de La Rioja dará inicio a un juicio oral contra Luciano Benjamín Menéndez. El debate, encabezado por los jueces, José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, se realizará en el marco de la causa “Estrella, Luis Fernando y otro-homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos”. Además de Menéndez también serán juzgados Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.

21 de marzo, Paraná

Desde ese día, el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Lopez Arango, Lilia Carnero y Noemí Marta Berros encabezarán el debate donde serán juzgados Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y Santiago Carlos Kelly del Moral.

22 de marzo, Santa Fe

Comenzará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad un juicio oral contra el expolicía Juan José Luis Gil por amenazas y coacciones en perjuicio de funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en la etapa de instrucción de una causa por violación a los derechos humanos que tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista.

10 de abril, Comodoro Rivadavia

Ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia –integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella-, el 10 de abril, a las 10, comenzará el juicio oral por los hechos conocidos como “Masacre de Trelew”, ocurridos en el año 1972, donde se investigan homicidios agravados y torturas, en perjuicio de 19 víctimas. Los imputados son: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa, Horacio Alberto Mayorga y Rubén Norberto Paccagnini.

16 de abril, Capital

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, serán juzgados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de su actuación en los centros clandestinos de detención denominados “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” en perjuicio de un total de ciento ochenta y un víctimas.

10 de junio, Córdoba

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de encabezará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención denominado La Perla. Entre los imputados se encuentra el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez. Está previsto que durante el juicio comparezcan alrededor de 250 testigos, lo que la convierte en el juicio más importante llevado adelante en esta jurisdicción.

Fuente: www.cij.gov.ar

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LOS PROCESOS ORALES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE YA TIENEN FECHA DE INICIO

Los once juicios que empiezan en 2012

Está previsto el comienzo de juicios orales por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Chubut y Capital. Videla, Bessone y Menéndez, entre los acusados. Se destaca el proceso por la Masacre de Trelew.

Once juicios orales por delitos de lesa humanidad cuentan ya con fecha confirmada para comenzar durante la primera mitad de 2012. El ex dictador Jorge Rafael Videla y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy son algunos de los militares que serán juzgados. La primera audiencia se realizará en Mar del Plata, el 9 de febrero, y le seguirán debates en Córdoba, Rosario, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Capital Federal. El inicio del juicio por la Masacre de Trelew, a cuarenta años del crimen, un nuevo proceso por los delitos del Circuito ABO, nuevas investigaciones por delitos en el centro clandestino La Perla, auguran, en materia de derechos humanos, un año similar al 2011, que llegó a cifras record de imputados y condenados desde la restauración de la democracia.

• Mar del Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar el 9 de febrero a tres ex militares y dos civiles por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de la localidad de Olavarría. Durante el juicio serán juzgados los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez.

• Córdoba. La semana siguiente, con fecha confirmada para el 14 de febrero, comenzará en Córdoba un juicio contra tres ex policías miembros del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1 de la policía provincial. Se los juzgará por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista, ocurrido en 1976. Los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri están acusados de detener y fusilar a los estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva.

• Córdoba II. También en la capital cordobesa, pero ya a mitad de año, el 12 de junio, comenzará un nuevo juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de la causa denominada “Menéndez III”. En este nuevo proceso –el cuarto juicio por violaciones a los derechos humanos que se realizará en la provincia– se investigarán delitos cometidos en el centro clandestino de La Perla entre 1975 y 1978. El expediente acumula ocho causas, con posibilidad de agregar una novena que involucra a 32 víctimas de la represión.

• n Rosario. Dentro de poco más de un mes, el 27 de febrero, comenzará en Rosario un juicio por la Masacre de Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de la ciudad de San Nicolás, en donde murieron cinco personas. Se indagará y juzgará al coronel Manuel Fernando Saint Amant, al ex policía Antonio Federico Bossie y al ex comisario Jorge Muñoz, a quienes se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de la familia Amestoy, integrada por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, y por sus hijos Fernando, de tres años, y María Eugenia, de cinco. También fue asesinada en el lugar Ana María del Carmen Granada, madre de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y querellante en la causa.

• Neuquén. Para marzo se prevé el inicio de cinco juicios orales. El primero se iniciará el miércoles 7, en Neuquén, en lo que será la segunda parte del juicio por violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa “Luera, José Ricardo y otros s/Delitos contra la Libertad y otros”, conocido como la Escuelita II. Este proceso juzgará a 25 imputados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Neuquén, Río Negro y miembros de servicios de inteligencia, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 39 víctimas. En este segundo tramo del juicio se espera conocer, además de las responsabilidades de los jefes militares, la actuación de presuntos integrantes de grupos de tareas que actuaron en Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Junín de los Andes, Cutral-Có y Neuquén.

• Tucumán. Al debate neuquino le seguirá un juicio en Tucumán, donde a partir del 15 de marzo se dará inicio a las audiencias enmarcadas en la causa que investiga la muerte del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. En este crimen están involucrados el dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Alberto Carlos Lucena y Jorge González Navarro.

• La Rioja. También el 15 de marzo, pero en La Rioja, comenzará el juicio oral por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, conocidos como “los mártires de Chamical”. Murias y Longueville fueron ultimados con armas de fuego en las afueras de esa ciudad, tras habérseles vendado los ojos y atado las manos. El hecho ocurrió 17 días antes de la muerte del obispo Enrique Angelelli. Serán juzgados el entonces vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, también Luciano Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía de Chamical, Domingo Benito Vera.

• Paraná. En la ciudad entrerriana comenzará el 21 de marzo el proceso por los crímenes cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, juicio en el que se encuentra imputado el ex ministro del Interior general Albano Harguindeguy. Estas audiencias sentarán al banquillo a nueve militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Además de Harguindeguy, serán juzgados el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone; el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú Juan Miguel Valentino, el ex jefe de sección en esa misma guarnición militar Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral. Los otros represores involucrados son el ex jefe departamental de Policía de Gualeguaychú Marcelo Alfredo Pérez; el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía Juan Carlos Mondragón y los policías federales Francisco Crecenso y Julio César Rodríguez.

• Santa Fe. El 22 de marzo, en tanto, comenzará en Santa Fe el juicio contra el ex policía Juan José Luis Gil, imputado por amenazas y coacciones contra funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en una causa por crímenes contra los derechos humanos que se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista. Gil es un ex integrante de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina durante la represión.

• Trelew. En abril llegará el inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida en 1972, dejando un saldo de 16 muertes. Las audiencias comenzarán el martes 10 y se desarrollarán en Comodoro Rivadavia. Se juzgará a seis imputados por torturas y homicidios agravados contra 19 víctimas. Los acusados son: Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Serán juzgados por su actuación en la base Almirante Zar de Trelew, cuando el 22 de agosto de 1972 fueron fusilados los presos políticos Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

• Capital. El 16 de abril se comenzará a juzgar en la ciudad de Buenos Aires a los represores Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por delitos cometidos en perjuicio de 181 víctimas, en lo que será un nuevo juicio por crímenes dentro del circuito de centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, conocido como ABO. Se encargará de ello el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. En diciembre de 2010, 16 represores fueron condenados por 183 crímenes en el circuito ABO y uno fue absuelto. Godoy era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, encargado, según el testimonio de sobrevivientes, de la aplicación de torturas y del traslado de los detenidos dentro del circuito. Feito, alias Cacho o Speziale, es un sargento ayudante retirado, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

Fuente: Pagina 12

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El fiscal Villalba quiere que se haga pidió un estudio de factibilidad para determinar la presencia de restos óseos de desaparecidos

Suspenden la búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

on la decisión adoptada por la Fiscalía Federal se descarta que el rastrillaje lo realicen buzos de la Policía local. Por la magnitud de la investigación, lo que se busca es que la tarea tenga un alto nivel de efectividad.

viernes 20 de enero de 2012 Salta

HUGO AYLLON EL BUZO DE LA POLICIA QUE SE ACCIDENTO HACE MÁS DE 10 AÑOS FUE CONVOCADO COMO TESTIGO.

El fiscal federal Eduardo Villalba resolvió suspender momentáneamente la inspección subacuática en el dique Cabra Corral para determinar si en sus profundidades existen restos óseos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Villalba adoptó esta medida por considerar que antes de efectuar el rastrillaje es necesario realizar un estudio de factibilidad para conocer una serie de detalles, de manera tal que la tarea se realice con un alto nivel de efectividad.

El funcionario consideró valiosa la investigación iniciada por su reemplazante Ricardo Toranzos, a partir de las declaraciones de un comisario retirado de la Policía de la provincia, quien afirmó a El Tribuno que fue testigo de la aparición de personas asesinadas que habían sido fondeadas en ese extenso dique. Fue Toranzos el que decidió que se realizara una inspección en la zona del murallón, la más profunda del dique, y pidió la colaboración a la Secretaría de Seguridad para que buzos de la Policía salteña efectuaran ese trabajo. Al retomar su labor, Villalba consideró atinada la medida, pero a su juicio antes de la inspección es conveniente un estudio de factibilidad si se pretende lograr el efecto buscado.

“Considero que es necesario un estudio técnico que permita determinar el grado de turbiedad del agua, el nivel de sedimentación acumulado en los últimos treinta años y a cuánto alcanza la profundidad del agua en la zona determinada para el rastrillaje”, puntualizó Villalba. A su juicio, esos estudios preliminares van a ser determinantes para saber qué tipo de personal se requiere para llevar a cabo con éxito esta misión, la que de por sí implica un alto riesgo.

Por esta situación, el fiscal estimó conveniente esperar los resultados de esos estudios y al mismo tiempo efectuar las consultas a nivel nacional para determinar los equipos con los que se contarían para realizar una inspección de esta magnitud. El fiscal se hizo eco del planteo de las organizaciones de derechos humanos de Salta que se pronunciaron a favor de que la tarea sea realizada por un equipo especializado, sin relación con la Policía local, ya que exmiembros de la institución están involucrados con las causas de lesa humanidad.

Ayllón fue citado como testigo

Hugo Ayllón, el recordado buzo de la Policía local que sufrió un grave accidente hace más de una década cuando realizaba su tarea en el Cabra Corral, fue citado como testigo.

“Por su experiencia y todo lo que vivió durante su travesía, considero que esta persona nos puede aportar datos importantes”, dijo Villalba. También el fiscal anunció que pedirá copia de las declaraciones del exsubcomisario Hugo Vilte, quien se presentó como arrepentido en la causa Ragone y manifestó conocer en qué lugar del dique arrojaron el cuerpo del exgobernador de Salta, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.

Fuente: El Tribuno

Búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

Piden expertos para rastrillar el Cabra Corral

La búsqueda debe realizarse en el murallón, a 90 metros de profundidad. Los buzos de la Policía local no pueden hacerlo.

miércoles 18 de enero de 2012 Salta

PEDIDO: EL RASTRILLAJE SE REALIZARA EN LA PARTE MAS PROFUNDA DEL CABRA CORRAL.

Ya son dos los testigos que aseguraron que en el embalse se arrojaron cadáveres durante la última dictadura militar.

Organizaciones de derechos humanos de Salta pedirán a la Fiscalía Federal que un equipo de buceo especializado en aguas profundas realice la inspección subacuática en el dique Cabra Corral, para determinar la presencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Efectuarán ese planteo por considerar que la Policía de Salta no cuenta con el personal necesario para esta tarea, que requiere -opinan- de un alto nivel de capacitación para lograr el resultado que se busca.

Tania Kiriaco, abogada de la Asociación “Lucrecia Barquet”, planteó la necesidad de que el rastrillaje en el embalse esté a cargo de un equipo neutral sin vinculaciones con la Policía, debido a que exmiembros de la fuerza de seguridad local están sospechados, imputados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de personas en aquellos años aciagos de la dictadura militar que asoló en el país entre la década del 70 y parte del 80.

En este caso, la abogada puso como ejemplo las condenas a perpetua dictadas a Miguel Gentil y Joaquín Guil por el magnicidio del exgobernador Miguel Ragone. Debido a que ambos estaban al frente de la institución, en el juicio realizado el año pasado, la Justicia federal los consideró “autores mediatos” del crimen, junto al exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall.

“Habría que solicitar la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación para que envíe un equipo especializado en la materia”, dijo Kiriaco. Y agregó que “el Gobierno nacional es el principal interesado en que estos delitos se esclarezcan y desde ese punto de vista no habrá inconvenientes para que dé una respuesta concreta al requerimiento de la Justicia”.

A su juicio, “la inspección prevista tiene que realizarse con un alto nivel de efectividad ante la magnitud de la investigación que apunta a determinar si a ese dique fueron arrojadas muchas de las víctimas de la represión, como se sospecha”.

La letrada le atribuyó importancia a los testimonios brindados a la prensa por un comisario retirado de la Policía y por un pescador. El fiscal interino, Ricardo Toranzos, solicitó días pasados la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Provincia para efectuar la inspección subacuática en la zona del murallón, donde se sospecha fueron fondeadas muchas víctimas del terrorismo de Estado.

Se calcula que en ese lugar hay 90 metros de profundidad, por lo que se requiere de un equipo especializado para la tarea, que consistirá en verificar se existen resto óseos de personas. Las actuaciones quedaron a partir del lunes pasado en manos del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá resolver los pasos a seguir

Kiriaco anunció que las organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en esta nueva instancia de las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en la justicia salteña.

“Los familiares de los desaparecidos son los más interesados en que esta investigación se lleve adelante”, señaló la abogada. Por ese motivo insistió en que el rastrillaje en las profundidades del dique Cabra Corral, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, lo realice un equipo de expertos.

Fuente: El Tribuno

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Los buzos de la Lacustre sólo pueden sumergirse hasta 30 metros de profundidad

Fuente: www.informatesalta.com.ar |

De los ocho buzos que componen el plantel de la Policía Lacustre, la mitad puede bajar a esa profanidad, y el resto está capacitado para llegar hasta los 18 metros, según lo que pudo averiguar Informatesalta. De esta manera, la única posibilidad de rastrear el fondo del dique Cabra Corral, de hasta 90 metros, tal como lo solicitó un fiscal, es traer profesionales de la Armada Argentina u otra fuerza a nivel nacional.

El fiscal Ricardo Toranzos solicitó, mediante un escrito, que se rastree el fondo de dique Cabra Corral en búsqueda de alguna evidencia que permita determinar si es que su lecho conserva la presencia de datos que aporten a la causa que se investiga con relación a la denuncia formulada por un ex comisario: el Ejército tiró cuerpos de desaparecidos en ese gigantesco espejo de agua.

Ayer se sumó un nuevo elemento a esta historia: el testimonio que un pescador brindó a Informatesalta cuando afirmó haber visto a un helicóptero del Ejército arrojar cuerpos al agua.

Con relación al pedido del fiscal, Informatesalta llegó hasta la delegación que la Policía Lacustre tiene en el Dique Cabra Corral. La intención fue conocer en detalle el equipamiento técnico y la preparación que poseen los buzos que componen el plantel. Si bien los oficiales apostados allí no pueden brindar información a la prensa sin una orden superior, este medio pudo averiguar algunos datos, de manera extraoficial.

BUZOS.- El plantel de buzos está compuesto por ocho hombres, pero solamente la mitad de ellos está preparado, y autorizado mediante un certificado profesional, para descender a 30 metros de profundidad. La otra parte sólo puede hacerlo hasta los 18 metros.

EQUIPAMIENTO.- El equipamiento que tienen es para practicar buceo recreativo o deportivo. Cuentan con un solo tubo de oxígeno por persona, cuando el buceo profesional consta de dos tubos. El equipamiento profesional viene con censores que marcan desde la profundidad, temperatura del agua y la reserva de oxígeno con la que cuenta el buzo. Lamentablemente, la policía Lacustre de Salta tiene un equipamiento muy rudimentario para lograr el relevamiento que solicitó la fiscalía.

INFRAESTRUCTURA.- La policía Lacustre tiene en el dique tres botes de goma con motor fuera de borda, y en el puerto están anclados un catamarán, dos plataformas flotantes para el desembarco y un catamarán que al que lo usan para entrenamiento. La lancha que poseen para patrullar el espejo de agua tiene un desperfecto mecánico en el motor, y el repuesto está retenido en la Aduana al cerrarse las importaciones.

VISIBILIDAD.- La visión de los buzos es más o memos clara en las orillas y hasta los 7 u 8 metros de profundidad. Luego la visión se pierde por completo, ya que los sedimentos se convierten en una barrera infranqueable para que los buzos puedan ver a más de medio metro de distancia. “Se ven algunos peces, como bagres y carpas, sobre todo cuando se bucea cerca de la orilla. Luego es imposible ver algo”, le dijo a Informatesalta uno de los buzos que se encontraba realizando prácticas de salvataje junto a otros compañeros. Este dato indica que los buzos que rastreen el fondo van a tener que contar con potentes luces submarinas para aumentar la capacidad visual.

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Sociedad

“Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

Fuente: www.informatesalta.com.ar | Lunes, 16 de Enero de 2012.

Se llama Andrés Reyes, tiene 67 años y hace 40 que concurre a pescar al Cabra Corral junto su hermano, Mauro. El hombre le contó a Informatesalta lo que vio aquella noche mientras estaba pescando a la altura de la Casa de Piedra. “Cuando sentimos el ruido del motor del helicóptero apagamos las lámparas y nos quedamos quietos en medio los árboles donde estábamos pescando en la orilla”, dijo. En ese lugar, hace “unos 25 años más o menos”, vio aquella tétrica escena que le quedó grabada a fuego en su memoria. Un testimonio conmovedor.

• Imágenes

Los hermanos Reyes, Andrés y Mauro, hace 40 años que van todos los fines de semana al dique Cabra Corral. “No faltamos casi nunca”, se regodean, mientras miran fijamente la bolla que flota metros abajo, en el espejo de agua verdosa del embalse. Los dos están pescando desde el puente, cerca de la orilla norte, alejados del ruido de la gente que a cerca de las 11 del día sábado ya comenzaba a poblar la estructura de cemento para sacarse una foto, saltar desde la plataforma atados de los pies o simplemente para contemplar desde allí la majestuosidad del dique.

“Nosotros venimos aquí desde antes de que esto se transforme en dique. Por aquí pasaba el río Guachipas y nosotros veníamos a pescar bagres”, le cuenta a Informatesalta Mauro, quien con 65 años es el menor de los dos. “Siempre nos gustó la pesca, y casi siempre salimos juntos, desde hace años”, comentan.

- La pregunta obligada es si lo vieron alguna vez a “cabralito…”

- No, esas son mentiras. Nunca vimos nada raro en este dique, recién ahora la gente comenta algo con respecto a ese bicho, pero nosotros nunca vimos nada. (Mauro)

- ¿Y cuándo estaban los militares en el poder, se podía pasear en este lugar sin problemas o había algún tipo de restricciones?

- Se podía andar sin problemas, no pasaba nada.

- La pregunta viene porque, dicen, en este lugar hay cuerpos que tiraban en la época de la dictadura…

- De que hay cuerpos, hay cuerpos, eso es seguro.

- ¿Y usted cómo sabe eso?, ¿sospecha algo o sabe algo?

- No, lo que pasa es que yo vi cosas. Vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique.

- ¿Hace cuántos años pasó esto que usted cuenta?

- Unos 25 años más o menos.

- ¿Y estaban los dos juntos pescando?

- No, estaba yo con un grupo de amigos (dice Andrés) porque mi hermano esa noche no pudo venir.

- ¿Se acuerda más o menos la hora?

- Era un sábado, como a las tres de la mañana más o menos.

- ¿En qué lugar vio eso?

- Estábamos pescando a la altura de la “Casa de Piedra”, cuando de golpe sentimos el ruido del helicóptero. Apagamos las lámparas y nos quedamos quietitos, sin hacer ruido, porque teníamos miedo de que, si nos descubrían, nos podían hacer algo a nosotros.

- ¿Qué fue lo que vio exactamente?

- El helicóptero vino y se posó a unos metros del agua, entonces tiraron una cosa pesada, como un envoltorio grande.

- ¿Cuántos ruidos de cosas que cayeron escuchó?

- Uno solo escuchamos, y luego el helicóptero se fue.

- ¿Y qué hicieron ustedes luego?

- Nos quedamos calladitos, nadie habló, nadie dijo nada. No queríamos ni prender la linterna siquiera. Tampoco comentamos nada en ninguna parte, ni en el barrio, en ningún lado.

- ¿Y por qué cuenta esto ahora?

- Por que ya pasó mucho tiempo, para evitar problemas no hablé nunca este tema, pero ahora el tiempo pasó, por eso le conté lo que vi aquella noche.

Este fue el diálogo, textual, que Informatesalta llevó a cabo con Andrés Reyes, el primer civil que realiza una denuncia de este tipo en Salta. Al final de la charla, y al momento de la despedida, le advertimos: “Don Andrés, de ahora en más lo van a llamar de varios lados, incluso de la Justicia para que amplíe lo que dijo en esta nota”. Una sonrisa nerviosa obtuvimos como única respuesta.

Fuente: http://www.informatesalta.com.ar

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007