DEBERÁ DECIDIR SI VAN A JUICIO 80 MILITARES POR COMETER VEJÁMENES CONTRA SU PROPIA TROPA

La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por Daniel Enzetti Para Tiempo Argentino

La imputación contra los oficiales y suboficiales que comandaron el conflicto es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, que al igual que al fiscal general ante la Cámara de Casación Penal de la Fiscalía 4, Javier De Luca, presentaron hace pocos días un recurso extraordinario para que el máximo tribunal se haga cargo de la cuestión.

Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.

“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”.

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.

“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”.

A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.”

Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia

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Entrevista exclusiva a Javier Augusto De Luca

“Nadie puede impedir que el máximo tribunal trate un tema federal”

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por D. E.

Es fiscal general ante la Cámara de Casación Penal y titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA.

–¿Cómo resumiría usted lo que fue ocurriendo?

–La síntesis figura en el recurso que elevé a la Corte en diciembre. Allí digo que, ante esta denuncia de vejámenes, que tiene varios años, los defensores de los acusados pidieron la prescripción de la causa por entender que esos no eran delitos de lesa humanidad. Que el juez federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia –donde estaban radicadas las denuncias– rechazaron ese pedido de prescripción y confirmaron los delitos como de lesa humanidad, y que a finales de 2009, cuando la defensa de los imputados solicitó recurso de casación, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió “hacer lugar al recurso” y “remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido”, como dice el texto. Con lo cual, aquellos tribunales cambiaron su postura inicial, y se manifestaron por la prescripción. Frente a eso, los que presentaron un recurso de Casación fueron entonces los ex combatientes, representados por Carlos Daniel Amato, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Pero esa vez la Sala I no les aceptó el recurso, y su única explicación fue que no había argumentos nuevos que cambiaran su decisión anterior. Una resolución o una sentencia se compone de varias partes, pero esencialmente de dos: la fundamentación y la parte dispositiva, es decir, donde se dispone o se ordena algo. Los jueces de Cámara tienen la posibilidad de decir “esto lo resuelvo yo de una manera definitiva”, o “solamente me limito a revocar lo que venía resuelto y ordeno al tribunal inferior, cuya sentencia yo estoy revisando, a que dicte una nueva resolución de conformidad con los argumentos que estoy dando ahora”. Esto es una forma de no resolver definitivamente el asunto. Cuando los ex combatientes recurrieron a Casación, la Sala I dijo que ese recurso era inadmisible porque el asunto ya lo había resuelto. Y lo que yo digo es: lo que está resuelto por Casación es la argumentación, pero no la parte final, la parte dispositiva, la que ordena, el sobreseimiento. La causa no está terminada, y a mi modo de ver, Casación se equivocó al denegar el recurso a los ex combatientes.

–La discusión central es si estos delitos que habrían cometido muchos efectivos de aquella época en Malvinas son o no de lesa humanidad, y por lo tanto, deben o no deben prescribir. Más allá de lo jurídico, ¿qué opina del tema en general?

–Estas son las formas, pero ahora hay que ir al fondo del tema. Acá estamos frente a una cuestión federal importante, que nadie puede impedir que sea tratada por la Corte. En otras palabras, nadie puede obstaculizar el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay una cuestión federal de por medio. Estamos hablando de supuestos delitos cometidos por militares en un escenario de guerra. La guerra es una cuestión federal que involucra a un gobierno nacional, que en este caso representó al Estado argentino en ese conflicto. Como los militares son empleados públicos, y han hecho actos de autoridad, esto es una cuestión federal básica. La Constitución Nacional es la que rige quién declara una guerra, quién actúa y cómo se hace. Con un presidente de la Nación como comandante en jefe. Y también es una cuestión federal decidir si determinadas conductas constituyen o no delitos de lesa humanidad, porque además, está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Incluso los ex combatientes tendrían posibilidad de continuar más allá con su accionar. Porque si sienten que sus demandas no son satisfechas por el Estado argentino, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional, una vez agotados los “recursos internos”, como se los llama. Pero dejando de lado lo jurídico, es imposible lograr una sociedad sólida sin dilucidar las responsabilidades que hay en estos hechos. Con la memoria vinculada a delitos cometidos por la dictadura militar pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si estas personas cometieron o no cometieron delitos, pero lo que sí sé es que los ex combatientes tienen derecho a que haya un juicio. Porque de otra manera, no se puede construir nada bueno para esa sociedad. Es lo que ocurre hoy con España: dejaron un viejo problema sin solucionar, y cuando pasa eso, en algún momento algo salta. Es como una infección mal curada. De Malvinas tenemos sólo la versión oficial de lo ocurrido, y eso es un punto oscuro. Porque además, son hechos que siguen marcando el presente. Y el presente es todavía hoy preguntarse cómo se comportaron nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto más importante de la Argentina en el siglo pasado, que le costó la vida a tanta gente. Esos chicos promedian hoy los 50 años, sus padres viven, sus hijos también, sus hermanos. Y frente a eso, los que supuestamente cometieron torturas siguieron ascendiendo, mandando y dirigiendo tropas. Entonces, la pregunta es: ¿yo puedo caminar por la calle con esa gente?

–Con respecto a la CIDH, hay un antecedente reciente vinculado a un fallo de la Corte argentina, que cambió su propia decisión ante la postura del organismo internacional.

–Sí, y yo lo menciono en mi presentación. Se trata de la causa “Derecho, René Jesús”, un caso de vejaciones, tormentos, torturas y apremios cometidos por personal de la Policía Federal, a detenidos en comisarías. En 2007 la Corte argentina resolvió extinguir la acción penal por prescripción, y sobreseer al imputado. El tema llegó a la CIDH y el organismo ordenó reabrir la causa, por entender que esos delitos no podían prescribir, con el argumento de que habían sido cometidos por efectivos en nombre y en representación del Estado. La Corte argentina, hace pocos días, en diciembre pasado, manifestó que lo dicho por la CIDH era mandatorio, y que por lo tanto la investigación se reabría y la prescripción ya no tenía efecto. En la Corte Interamericana, el caso se denomina “Bueno Alves vs. Argentina”. Entonces, volviendo a Malvinas, ¿cómo es posible que no haya derecho a saber lo que pasó, y a que se condene a los responsables, si los hay? El objetivo de mi presentación apunta a que nuestra Corte, de una vez y para siempre, tome cartas en el asunto, y decida qué hacer frente a esto tan importante.

Fuente; Tiempo Argentino

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