martes, 6 de marzo de 2012

OPINION

Los cobardes y el pasado



Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.


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ARGENTINA PIDIO A INTERPOL LA CAPTURA DE CLAUDIO VALLEJOS

El represor que se ufanó de capturar a un pianista

Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Con los días contados. Argentina solicitó a Interpol la captura de Claudio Vallejos, un represor de la ESMA que, según su propio relato, participó en el secuestro del brasileño Francisco Tenorio Cerqueira, el pianista que acompañaba a Vinicius de Moraes durante su gira porteña en 1976, a seis días del golpe.

“Desde que nos llegó la noticia del paradero de Vallejos hasta que se pidió su captura internacional pasaron dos días hábiles, los trámites ante Interpol se hicieron rapidísimo, si uno analiza la actitud de nuestro gobierno ve que hay una fuerte decisión de extraditarlo, esto quedó muy claro”, evaluó un diplomático argentino en Brasilia. Vallejos, radicado en Brasil hace casi tres décadas, estuvo detenido por estafa en la cárcel de Xanxeré, interior de Santa Catarina, desde el 4 de enero hasta el lunes pasado, cuando las autoridades concluyeron que el argentino debía estar en una cárcel para delincuentes peligrosos.

“Después de tomar conocimiento de que Vallejos no era sólo un estafador, que contra él hay acusaciones de participar en el terrorismo de Estado decidimos enviarlo al presidio de Lages, hay mucha más seguridad que acá, lo llevamos en dos móviles policiales, custodiado por efectivos fuertemente armados” declaró Luiz Brandielli, director del presidio de Xanxeré. El traslado de cárcel fue entendido por la diplomacia argentina como una señal de que Brasil resolvió cerrar las vías de escape al represor-estafador.

“Nosotros temíamos que algún juez del interior pudiera darle la libertad condicional a Vallejos por el proceso por estafas, corríamos el serio riesgo de que se nos escapara de las manos, pero ahora mi impresión es que no sale más”, se tranquiliza el diplomático argentino que, como es de práctica, pide que su identidad no trascienda.

Vallejos ganó fama, y algunos miles de dólares, en 1986, cuando declaró a revistas brasileñas que mató a decenas de prisioneros y torturó a otros tantos, además de haber participado en el secuestro del pianista Cerqueira en marzo del ’76.

Al parecer, Vallejos reiteró, durante una conversación informal ocurrida en la cárcel del sur brasileño hace diez días, que participó en el rapto del pianista y fue testigo de su ejecución. Esa historia, la del tecladista de Vinicius, es un caso emblemático del Cóndor, en el eje Brasil-Argentina, y acaso abra camino para esclarecer otros secuestros “binacionales” como el del brasileño Sidney Fix dos Santos Marques, también raptado por elementos de la ESMA.

La orden de captura internacional contra Vallejos cae como un guante a los organismos de derechos humanos brasileños en vísperas de la creación de la Comisión de la Verdad, promulgada en noviembre pasado por la presidenta y ex presa política Dilma Rousseff, quien según su propio testimonio fue torturada durante 22 días consecutivos en 1970.

En una entrevista divulgada ampliamente por el canal de cable y el diario del grupo Globo, el general retirado Luiz Eduardo Rocha, que ocupó la Secretaría General del Ejército hasta 2007, desafió a la presidenta con términos que rayan en la insubordinación.

“(Usted) dice que ella (Dilma) fue sometida a torturas, pero existen certezas de eso?...no lo sé”, ironizó Rocha Paiva en el reportaje.

Seguidamente, el general retirado, que en varios pasajes de la entrevista enrojeció de rabia al ser cuestionado por violaciones de los derechos humanos, aseguró que los generales en actividad son, al igual que él, defensores de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979 y deploró la Comisión de la Verdad.

Entidades castrenses han lanzado un sinfín de zancadillas contra la Comisión que sólo entrará en funciones cuando Dilma designe a sus siete miembros, decisión que se ha demorado más de lo necesario, opina la mayoría de los organismos de derechos humanos.

Uno de los libelos firmado por cerca de 400 militares en retiro asegura ver por detrás de la Comisión un supuesto “revanchismo” del gobierno y glorifica a la Amnistía o “Autoamnistía” según la definió, en diálogo con este diario, Rose Nogueira, ex compañera de celda de Dilma y actual miembro de Tortura Nunca Más.

A estar por este cacareo de los militares jubilados y el gesto indignado de los jefes de las fuerzas armadas el día que Dilma anunció la Comisión en el Palacio del Planalto, hace cuatro meses, se deduce que en los cuarteles comprendieron que éste es el primer intento serio, en 27 años de democracia, por averiguar lo sucedido durante el régimen.


Fuente: Pagina 12, lunes


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