Marcha de familiares de desaparecidos de Jujuy.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, ante la inminente designación del doctor Fernando Pobiñas en el Juzgado Federal N° 2, abogaron por “el inicio de una nueva etapa en la administración de la justicia respecto de los crímenes cometidos en Jujuy durante el terrorismo de Estado”. En este sentido, la organización hizo votos para que “el nuevo magistrado satisfaga el histórico reclamo de verdad y justicia obturado por la actuación de su antecesor, el ex juez federal Carlos Olivera Pastor”.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron que “el nuevo juez, tiene ante si la posibilidad de reparar los errores cometidos por Olivera Pastor, el arquitecto de la impunidad en Jujuy junto al juez Renato Rabbi Badi Cabanillas, miembro de la Cámara Federal de Salta”. A propósito el organismo volvió a repudiar al camarista que atenuó las imputaciones, avaló la dispersión de las causas, confirmó las falta de mérito dictadas por el juez jujeño y ayudó a consolidar el estado de impunidad en Jujuy”.
Pero además, recalcaron, “Rabbi Baldi Cabanillas ha sostenido a Olivera Pastor ante la Comisión Interpoderes y acompañó la iniciativa de criminalizar a las organizaciones de derechos humanos de Jujuy. Es decir, que ha sido copartícipe del entramado de impunidad”.
La organización expresó su deseo de que el nuevo juez garantice una justicia que “evite el punto final biológico que produce la dilación sistemática de los procesos”. En este sentido explicaron que “el retraso en las causas ha significado que muchos responsables de delitos de lesa humanidad, mueran sin responder por los crímenes que han cometido. De hecho, de los 88 imputados en las causas de Jujuy, 22 de ellos ya han fallecido”.
En este contexto, la organización requirió que en los procesos se atiendan las 6 reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal para agilizar los juicios y procesos por delitos de lesa humanidad y las recomendaciones de la Procuración General de la Nación y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
En esa línea, la organización insistió con la acumulación de causas para que se analice la responsabilidad penal de un número importante de procesados. Esto, precisaron, “es necesario porque favorece la comprensión integral de los delitos. Pero además, de este modo, se preserva a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos. Y por otra parte, se evitan los entorpecimientos del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos de los hechos”.
“La atomización de las causas demandaría un tiempo tal que conduciría a la frustración de los procesos y sería el mecanismo institucional más perfecto de la impunidad. Esto es lo que no podemos volver a permitir”, agregó el documento que lleva la firma de Inés Peña.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy insistió en que el nuevo juez Pobiñas puede “reconducir la administración de justicia por los crímenes de lesa humanidad y construir un nuevo vínculo con las organizaciones de derechos humanos y en particular con los familiares de las víctimas, basado en una interlocución respetuosa y fructífera”.
“Es hora ya, 36 años después del horror, que los familiares de las víctimas -que nunca dejaron de creer en la justicia- escuchen condenas ejemplares y reparadoras que reconstituyan el orden alterado por la impunidad y devuelvan la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos”, concluyó.
El juez de ejecución penal Marcelo Peluzzi concedió hoy la libertad condicional a Karina Dana Germano, conocida como “La Gallega”, condenada a 30 años de prisión por extorsión mediante secuestro contra un empresario argentino en Brasil, en aplicación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 14 de febrero último. El máximo tribunal había hecho lugar a un recurso extraordinario presentado por la defensa de Germano y dejó sin efecto una sentencia, que rechazó la solicitud de incorporarla en la modalidad de salidas transitorias. Karina Dana Germano, hija de un desaparecido, había sido condenada a 30 años de prisión por el Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo, en Brasil, por los delitos de extorsión mediante secuestro en banda contra un empresario publicitario. Tras cumplir cinco años de su condena en el penal de Carandirú, en San Pablo, en el 2006 fue trasladada a la Argentina para terminar de cumplir la pena en la cárcel de Ezeiza, en aplicación del Tratado sobre el Traslado de Condenados, Ley 25.306, celebrado entre ambos países. Germano siempre proclamó su inocencia.
El juez Marcelo Peluzzi, a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1, concedió este viernes la libertad condicional a Karina Dana Germano.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia, el 14 de febrero último, había hecho lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa de Germano y dejó sin efecto la sentencia que rechazó la solicitud de incorporarla en la modalidad de salidas transitorias.
El Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo, República Federativa de Brasil, condenó a Karina Dana Germano a treinta años de prisión por los delitos de extorsión, mediante secuestro en concurso material con tortura y banda o banda de ladrones y que, firme, se planteó la posibilidad de cumplir la condena en el país –por la aplicación del Tratado sobre el Traslado de Condenados, Ley 25.306, celebrado entre ambos países.
A continuación, la parte dispositiva de la resolución del juez Peluzzi:
“I. CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL en el presente Legajo nro. 19.811 a Karina Dana GERMANO –cuyos datos personales obran en el exordio- respecto de la pena oportunamente impuesta en la causa nro. 9785 del Juzgado n° 19 de la Unidad Criminal de San Pablo, República Federativa de Brasil, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha (13 de abril de 2012) desde su actual lugar de alojamiento de no mediar orden privativa de libertad emanada de autoridad judicial competente, lo que deberá ser verificado en los registros del penal.-
II. HACER SABER a Karina Dana GERMANO que deberá cumplir las obligaciones previstas en el art. 13 del Código Penal hasta el vencimiento de la pena impuesta, y que no podrá modificar su domicilio sin la pertinente autorización de este Juzgado y previa conveniencia del órgano de contralor, como también que para el supuesto que desee abandonar el país deberá requerir la debida autorización judicial. Además, que deberá presentarse ante estos estrados el día LUNES 16 DE ABRIL DE 2012, A LOS EFECTOS DE NOTIFICARSE PERSONALMNETE DE LO AQUÍ DISPUESTO.
III. OFICIAR al Complejo Penitenciario Federal nro. IV del Servicio Penitenciario Federal, a efectos de remitir copia certificada de la resolución precedente a los fines de dar debido cumplimiento a la orden de libertad dispuesta, como también para que se le haga entrega de la totalidad de las pertenencias, documentación y dinero obtenido por su trabajo en el penal.”
Fuente: www.cij.gov.ar
En la calle te mataba, en la celda te fajaba…
Roberto José Martínez Dorr, Alias Morrongo
Miembro del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, de policía de Santa Fe. Durante la última dictadura el Comando Radioeléctrico, junto con fuerzas militares, participó de innumerables operativos dirigidos a secuestrar, matar y desaparecer militantes de nuestra ciudad.
El “Morrongo” era uno de los más activos miembros de las patotas que recorrían, armadas y uniformadas, las calles santafesinas.
Martínez Dorr: genocida, desaparecedor, asesino, secuestrador, juzgado en esta ocasión por privación ilegal de la libertad y tormentos, en perjuicio de Froilán Aguirre. Froilán era un joven militante de la UES, estudiante de la Escuela Industrial Superior, cuando fue secuestrado el 8 de septiembre de 1976 junto a Juan Alberto Osuna. Ambos fueron trasladados, por una patota armada, a un centro clandestino de detención y tortura ubicado en la zona de Rincón. Días después, los restos de Juan Alberto Osuna fueron hallados en la ciudad de Paraná en lo que luego se conoció como “la masacre de la tapera”. Froilán fue trasladado a la comisaría 1ª, donde será salvajemente golpeado por el Morrongo entre los muchos días que permanece maniatado y permanentemente agredido.
El oficial auxiliar Martínez o Morrongo fue uno de los verdugos que torturó a muchos detenidos/as, como al ex intendente Adán Noé Campagnolo, utilizando métodos tan salvajes y humillantes como el de empalar a la victima.
Pero Martínez no sólo representaba una amenaza para los secuestrados. Martínez en las calles era mortal. Su nombre se repite en los operativos más sangrientos de los que tenga memoria esta ciudad. Como los que terminaron con la vida de Miguel Ángel Fonseca, Luis Alberto Vuitaz, Evaristo Rolando Oviedo, Nora Gladis Meurzet, Antonio Martín Mendicute, Adriana María Bianchi, María Josefina Mujica, José Pablo Ventura, Jorge Luis Piotti, Ileana Esther Gómez, Carlos Mario Frigerio, Osvaldo Pascual Ziccardi, algunas de las tantas víctimas de las patotas asesinas de las que formaba parte Martínez.
Tanto la clandestinidad, como la impunidad con la que se manejaban las patotas genocidas, nos impide en muchas ocasiones tener el conocimiento de todos los delitos cometidos. Estos asesinos torturaban, ejecutaban, y desaparecían a sus victimas sin tener que dar cuentas de sus datos hasta hoy. Como es el caso de este genocida, quien aparece en los libros del Comando Radioeléctrico y en su legajo personal como Roberto Martínez por aquellos años de la dictadura y en la actualidad se camufló como Roberto José Martínez Dorr, intentando hacer creer a la justicia, abogados querellantes y a las propias víctimas que se trataba de otra persona. Pero sabemos que no, los compañeros y compañeras sobrevivientes son la memoria viva, son quienes saben quién es quién en este camino de verdad y justicia.
La dictadura militar argentina, no sólo nos dejó un doloroso saldo de 30.000 desaparecidos sino que también fundió económicamente al país, mandó a nuestros jóvenes a morir en Malvinas y nos legó un aparato represivo difícil de desmantelar.
Los juicios a los responsables del terrorismo de estado en nuestro país, tienen como principal objetivo la persecución penal de los mismos. Son una práctica de memoria real y dejan antecedentes jurídicos, políticos, históricos y sociales de qué tipo de fuerzas de seguridad queremos los argentinos, y qué tipo de fuerzas represivas repudiamos y condenamos.
El lunes 16 de abril de 2012, en horas del mediodía, escucharemos la sentencia que la justicia le dictará a Roberto José Martínez Dorr. Estaremos a partir de las 11hs en las puertas del tribunal oral federal de la ciudad de Santa Fe, luchando por memoria, verdad y justicia.
Los juzga un tribunal, los condenamos todos
Juicio y castigo a los genocidas
Cárcel común, perpetua y efectiva
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
H.I.J.O.S.
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