EN FORMOSA, JORGE JUAN CARLOS AYALA REVELO EL CRIMEN DE UNA DECENA DE PERSONAS EN 1977

El ex soldado que denunció un fusilamiento

Ayala hizo pública la denuncia la semana pasada y hoy la repetirá ante la Justicia. Las víctimas serían unas diez o doce personas, entre las que identificó a un referente campesino y a un dirigente peronista. Su familia recibió amenazas.

Los desaparecidos Cantalicio Mazacotte y Francisco “Pancho” Bogarín.

Por Ailín Bullentini

El ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala le contará hoy al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, la historia que llevó atragantada más de 30 años y que la semana pasada hizo pública por primera vez: una mañana de mayo de 1977, mientras cumplía una tarea enmarcada en su servicio militar obligatorio, vio cómo un grupo de entre diez y doce personas con los ojos vendados y las manos atadas fue conducido por soldados del Ejército hacia lo profundo del monte, en las afueras de la ciudad formoseña de Clorinda, desde donde nunca más los vio regresar. Entre esas personas logró reconocer al dirigente peronista Francisco “Pancho” Bogarín y al referente campesino Cantalicio Mazacotte, ambos conocidos en el pueblo, desaparecidos hasta hoy. Su secuestro y desaparición, que a partir de este testimonio podrían convertirse en asesinatos, integran la Causa Carrillo, que abraza a más de 30 crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia norteña y que cuenta con un solo condenado, el ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, quien en enero pasado fue denunciado por violar la prisión domiciliaria.

“Es valioso su testimonio, teniendo en cuenta lo difícil que es en Formosa, y más en un pueblo chico como Clorinda, romper el silencio sobre estos crímenes –consideró la cantante Charo Bogarín, hija de Pancho–. Hay mucha gente involucrada que está cerca.” El miércoles pasado, Ayala recibió una amenaza.

La primera vez que rompió el silencio, Ayala, de alrededor de 60 años y en delicado estado de salud, fue el miércoles pasado, frente a las cámaras de televisión de una señal cooperativa de Clorinda, su ciudad natal y en donde vive junto a su esposa. Dos días después, ella encontró un papel que alguien había empujado por debajo de la puerta de entrada de su casa: “Se ve que vos no querés a tus hijos. Ayala, entregaste la cabeza de tu hijo, cuidate. Dejá de hablar, asesino”. Entonces, el ex conscripto decidió hacer una denuncia formal: se acercó al Escuadrón nº 16 de Gendarmería Nacional de Clorinda, el mismo día, acompañado por las hermanas de Bogarín y Mazaco-tte, y uno de los abogados querellantes en la causa Carrillo, Pedro Velásquez Ibarra.

“Al principio (los gendarmes) no le quisieron tomar la denuncia, pero luego accedieron. También se negaron a ofrecerle una copia de su declaración, pero finalmente se la dieron”, comentó Bogarín, la hija del dirigente peronista desaparecido.

Ante los gendarmes contó que un día de mediados de mayo de 1977, a las 9.30, mientras hacía el servicio militar obligatorio, fue ordenado por las autoridades del Regimiento de Infantería Monte Nº 29 a “trasladar a una misión al personal de Ejército argentino (...) con destino a la localidad de Clorinda”. Ayala recordó que detuvo el camión “al ingreso a la estancia Monte Agudo”, en donde después de 20 minutos “arriba al lugar un vehículo destinado al servicio de ambulancia (del que) fueron obligados a descender entre 10 y 12 personas de sexo masculino, vestidos de civil, con los ojos vendados, atados de manos y unidos todos por intermedio de una soga”. Luego mencionó que esos hombres, entre los que reconoció a Bogarín y Mazacotte, fueron “internados por la gente del ejército hacia la espesura de los montes”. Comentó que “transcurridos unos 45 minutos, escuchó varios disparos de arma de fuego en dirección donde fueron conducidas las personas maniatadas” y que los soldados “volvieron luego de una hora y media aproximadamente sin ninguna” de ellas. Ante la situación, Ayala apuntó que estuvo “a punto de caer en llanto”. Se le acercó “un subteniente (a quien no pudo reconocer), quien le dijo que las personas llevadas eran subversivos”.

El abogado Velásquez Ibarra solicitará al juez un reconocimiento del lugar indicado por el ex soldado, “para intentar localizar la posible existencia de fosas” en las que habrían sido depositados los cuerpos tras su fusilamiento. El abogado, que reemplaza a una de las tres querellas particulares, consideró fundamental la declaración de Ayala para “una causa en la que la Fiscalía cometió deficiencias monumentales”. Antes de apartarse de la investigación, el fiscal federal subrogante Luis Benítez –cuyo tío integra un estudio jurídico que defiende a represores–subdividió toda la causa, con lo cual, apuntó Velásquez Ibarra, “los acusados sólo son acusados por pocos delitos y las víctimas deben declarar una y otra vez sus tormentos”.

Fuente: Pagina 12

Masacre de Mojón de Fierro

Se conoció cómo y dónde asesinaron al padre de Charo Bogarín.

Un ex conscripto del RIM 29 relató el fusilamiento de Pancho Bogarin,, de Cantalicio Mazacote y otros diez presos políticos más durante la dictadura cívico militar en una estancia ubicada en Mojón de Fierro. Inmediatamente recibió un anónimo.

La amenaza al ex soldado expresaba textualmente “CEVE QUE VOS NO QUERES A TUS HIJOS AYALA ENTREGASTE LA CABESA DE TU HIJO CUIDATE. DEJA DE HABLAR ASECINO”. El motivo de este amedentramiento fue nada menos que sus declaraciones ante la prensa clorindense sobre el fusilamiento de detenidos políticos que inmediatamente se dio en llamar “la masacre de Mojón de Fierro”, ocurrida en Formosa durante el gobierno de Juan Carlos Colombo (ya condenado como jefe de una asociación ilícita responsable de este tipo de delitos de lesa humanidad).

El 13 de abril de 2012, el ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala, quien realizará su servicio militar obligatorio en el año 1976, se presentó ante el Escuadrón 16 de Gendarmería Nacional de esa ciudad, para radicar una denuncia por los horrorosos hechos que le tocó vivir en el año 1976. Lo hizo acompañado de los familiares de los detenidos desaparecidos Francisco “Pancho” Bogarin y Cantalicio Mazacote y el abogado querellante en la megacausa Carrillo Pedro Atilio Velázquez Ibarra.

Relató Ayala que en el mes de mayo de 1977, mientras cumplía con el servicio militar en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de la ciudad de Formosa, lugar donde funcionaron tres centros clandestinos de detención, se lo designó chofer de un colectivo, identificado como Interno 16.694 al que subieron doce militares que aparentemente provenían de otras unidades. El micro se dirigió hacia Clorinda, deteniéndose en el acceso a la Estancia Monteagudo, cercana a la localidad de Mojón de Fierro. Luego de 20 minutos llega al lugar un Unimog, destinado al servicio de ambulancia, con la cruz roja en sus costados. De ese vehículo hacen descender a 10 o 12 personas, vestidos de civil y con los ojos vendados y unidos todos por una soga, quienes son internados al monte ingresando al predio rural de la denominada Estrancia San Miguel. El ex conscripto pudo reconocer a dos de los “trasladados”: al dirigente peronista Francisco “Pancho” Bogarin, padre de Charo Bogarìn, (integrante del afamado duo Tonolec, e integrante de la agrupación H.I.J.O.S Formosa), y al dirigente campesino Cantalicio Mazacote, quienes permanecen en calidad de desaparecidos en la actualidad. Al internarse en la espesura, el declarante manifiesta que escuchó varios disparos de armas de fuego.

Posteriormente, el grupo militar vuelve al vehículo sin las personas detenidas y encapuchadas. Allí, el grupo militar distribuye un sandwich de milanesa, dos bananas y una naranja. Relató que ante esto comenzó a llorar, debido a que conocía a las victimas del terrorismo de estado Mazacote y Bogarin, tratando de calmarlo un subteniente quien le manifestó que los fusilados eran "subversivos". Según su testimonio, acompañó al grupo en la masacre, el capellán del Ejercito, que en ese momento era el “Padre Lima”, sindicado por varios testigos de la causa Carrillo por entregar listas de personas al grupo de tareas encargado de los secuestros y torturas.

Foto archivo

“Charo” Bogarìn, de H.I.J.O.S Formosa, tendrá más detalles sobre dónde descansan los restos de su padre “Pancho” Bogarìn, y sobrados motivos para continuar demandando justicia.

Pronunciamiento de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre

Frente a “la valentía de este ex conscripto”, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Filial Formosa, en su carácter de querellante en la megacausa Carrillo, manifestó su solidaridad al igual que a los familiares de las víctimas y al Dr. Pedro Atilio Velázquez Ibarra. Las amenazas recibidas, demuestran una vez mas que la libertad de la que gozan la totalidad de los represores formoseños resulta un peligro para la integridad física de testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad y conspira contra el avance de los procesos, resultando vergonzoso que asesinos, torturadores y violadores seriales continúen en libertad a pesar de contar con procesamiento firme por gravísimos delitos. También resaltó la LADH la falta de investigación en la justicia federal y en el Ministerio Público de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Departamento Pilcomayo de la Provincia de Formosa, crímenes todos impunes.

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Centro clandestino de detención de Mojón de Fierro

Querellantes, abogados y militantes de organismos de DDHH ya conocían el lugar. Durante el juicio oral al ya condenado Juan Carlos Colombo, a instancias del Dr Pedro Velázquez Ibarra se había realizado una inspección ocular del lugar, que señalara como centro clandestino de detención, torturas y muerte el ex detenido OsirisAyala, ante sede judicial y públicamente en el diario El Comercial del día siete de mayo de 1995 en un artìculo titulado “Desaparecidos formoseños durante el proceso militar; entre el silencio o el olvido irresponsable”. En la oportunidad afirmaba que “fue allí donde el 13 de septiembre de 1976, mientras lo trasladaban en camioneta hasta un lugar al que ubicó como situado en el paraje Monteagudo, pudo notar la presencia de (Fabiàn) Oviedo, (Ramón Luciano) Díaz, (Mirta) Insfrán, (Ricardo) Borgne y otros … Éramos unos 19 en total, todos desnudos y vendados, y uno de nosotros pidió que nos diéramos los nombres porque estábamos seguros que íbamos hacia la muerte, relató y añadió, que así fue para alguno de ellos que no regresaron de ese viaje…”

En la oportunidad se pudo comprobar que el edificio del destacamento policial había sido demolido hasta sus cimientos. Que la escuela ubicada en la cercanías también había sido destruida, y solo quedaban algunas paredes, que el cementerio, cubierto por el monte, tenía varias tumbas recientemente vaciadas´´.

Como datos sugestivos, señalan los querellantes, primero la fecha grabada en el cemento ( 7 de octubre de 1976) del viejo aljibe donde se denunció que se practicaban torturas tipo “submarino”, y existen versiones sobre la posibilidad que sea la tumba de los desaparecidos que se buscan. Y segundo, la fecha de la demolición tanto del destacamento policial y de la escuelita donde presumiblemente funcionara este centro clandestino de detención. Fue inmediatamente después de las declaraciones públicas de Osiris Ayala.

La estancia Monteagudo se encuentra a orillas del río Paraguay. En abril de 1973, el establecimiento fue escriturado a nombre de la familia Anchorena. En 1980, el establecimiento fue adquirido por la firma Goldman & Compañía SRL, con sede en Buenos Aires y cuya principal actividad es la ganadería, contando además con arroceras en distintos puntos del país. Según relataron los querellantes, estuvo de mayordomo o encargado un comandante de gendarmería que habría participado hace unos años atrás en un atentado que tomó estado público, a un empleado de la empresa Oca., y del cual se habrían recepcionado denuncias por intimidaciones, violencias y malos tratos a los vecinos, en la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Foto Agencia PSR (archivo)

Publicación en la que Osiris Ayala denuncia el centro clandestino de detención que poco tiempo después se demuele.

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JUICIO "LA ESCUELITA II"

"Tengo una mínima esperanza que confiesen"

Teresa Aigo espera que los militares y policías imputados en el juicio digan lo que hicieron con los cuerpos de los desaparecidos, entre ellos el de su hermano Celestino, secuestrado en agosto de 1976.

Neuquén > Teresa Aigo es la hermana de Celestino, secuestrado de su casa en la calle Lanín al 1.300 del barrio Villa Florencia la noche del 16 de agosto de 1976.

Luego de todos estos años de angustia e incertidumbre, la incorporación de la desaparición de su hermano en el juicio abre una nueva puerta para esta familia.

El Chino, así lo llamaban, había nacido en Aluminé en 1953, y participaba de la comisión vecinal del barrio Sapere. Aún resuena en los oídos de Teresa cuando uno de los tres sujetos que irrumpieron en la casa, y pusieron a sus padres, hermanos y cuñado contra la pared, identificó a Celestino al grito de "Ah, sos el famoso Chino".

Teresa está citada como testigo en el proceso judicial que comenzó el 28 de marzo pasado. Tenía 14 años cuando se llevaron a su hermano mayor que "muchas veces se comportaba como un padre".

Cuando Celestino fue metido a los golpes en el automóvil en el que se desplazaban, uno de ellos amenazó con dispararle a su madre, Matilde Cayún, porque había salido de la casa pidiendo por su hijo.

Teresa afirma que con el paso del tiempo entendió muchas de las cosas por las que luchó su hermano y por eso espera que "haya una verdadera justicia, pena máxima y cárcel común para estos militares y policías que fueron responsables partícipes del genocidio". "Si bien uno recibe órdenes de sus superiores también tienen la facultad para decir 'no'”, consideró.

Aún mantiene “una mínima esperanza” de que los imputados confiesen dónde dejaron los cuerpos de los desaparecidos.

Tras el secuestro de Celestino, sus padres recorrieron comisarías y hospitales e incluso fueron a preguntar al Comando del Ejército. La ausencia de su hijo deprimió al padre, quien falleció a los nueve meses de aquella fatídica noche de agosto.

Con 88 años, su madre sigue las alternativas de las audiencias del juicio a través de los medios y anhela justicia. “Igual es muy distinto lo que vive una madre que lo que vive una hermana", comentó Teresa.

Unos días antes de su desaparición, Javier Seminario, quien estaba detenido en la U9 antes de ser llevado al centro clandestino de detención La Escuelita, le dijo a la cuñada de su esposa que tanto Celestino Aigo como los hermanos José Francisco y Juan Raúl Pichulman corrían peligro y debían irse.

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|JUICIO "LA ESCUELITA II"

"Ya no podemos pedir que nuestros padres aparezcan"

Lo afirmó el hijo de Orlando Cancio, uno de los seis desaparecidos durante la dictadura.

Cancio fue torturado en el centro clandestino de detención de Neuquén y pasó por las cárceles de esta ciudad, de General Roca y Rawson.

Neuquén > De las 39 víctimas cuyos casos serán investigados en el segundo juicio, que comenzó el 28 de marzo en el Tribunal Oral Federal de esta ciudad, contra 23 represores acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, seis están desaparecidas.

Orlando Cancio, Javier Seminario, José Francisco Pichulman y Celestino Aigo fueron secuestrados de sus casas en operativos realizados por fuerzas policiales provinciales y federales y del Ejército. Antes del 24 de marzo de 1976, los cuatro participaban activamente de la comisión vecinal de ese popular barrio, ubicado a la vera del río Neuquén.

Cancio y Seminario fueron detenidos en agosto de 1975 y luego trasladados a cárceles y al centro clandestino de detención La Escuelita –ubicada en los fondos del Batallón de Ingenieros 181– donde en agosto de 1976 llegaron Pichulman y Aigo.

Cuando se llevaron a su papá Orlando, Raúl Ernesto Cancio tenía poco más de 1 año de edad. Sus padres ya se habían separado. Ruly -como se lo conoce- no guarda en su memoria ningún recuerdo de aquel militante de la comisión vecinal del barrio Sapere.

El único hijo de Orlando Cancio, que al momento de su detención el 20 de agosto de 1975 tenía 21 años, afirmó que espera que con este juicio en el que se investiga el caso de su padre se “alcance la justicia”.

Ruly contó que “en aquel tiempo era muy chico "y no me acuerdo ni de la cara de mi papá". Poco sabe de su desaparición, “sé que estuvo en algunos lugares donde lo torturaron, sé que lo llevaron de una cárcel a otra, pero no mucho más”, expresó.

Orlando trabajaba de zapatero en su casa, donde vivía con su madre y su pequeño hijo. Fue detenido cuando junto a otros vecinos organizaban un homenaje a los fusilados de Trelew, acto que iban a hacer en el tanque de agua del barrio.

Tres días después de producido el golpe de Estado, fue trasladado a la U9 y posteriormente, por orden escrita de Oscar Reinhold, en ese entonces jefe de Inteligencia del Comando de Infantería de Montaña, entregado al sargento Julio Francisco Oviedo, quien lo condujo al centro clandestino de detención La Escuelita. Ambos militares están imputados en este juicio y fueron condenados en el 2008 con 25 y 7 años de prisión, respectivamente.

En el centro de detención, Cancio estuvo vendado, encadenado a una cama y torturado durante más de veinte días. Posteriormente lo llevaron a la U5 de General Roca y a la U6 de Rawson. En noviembre de 1976, Cancio y Seminario, además de José Delineo Méndez y Miguel Ángel Pincheira (ambos secuestrados en Cutral Co), fueron alojados en la U6 hasta que son entregados a Luis Alberto Farías Barrera para ser trasladados al V Cuerpo de Ejército y desde entonces están desaparecidos.

Ruly trabaja de electricista y espera a partir del juicio saber más sobre lo que le sucedió a su padre. “Sería bueno que los que tuvieron que ver con la desaparición de mi papá digan la verdad, pero no creo que eso suceda”, sostuvo.

Su tía Amalia se encargó de cuidarlo y criarlo cuando su padre fue secuestrado. “Mi tía nunca me contó lo que vivió cuando estuvo secuestrada. Uno se imagina lo que llegó a pasar por lo que sabe que le hicieron a la gente. Ella nunca me contó mucho”, relató. Fue Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, quien se encargó “de contarme algunas cosas de mi viejo”. "Él militaba en la comisión vecinal de Sapere, era una juventud que peleaba para conseguir cosas para el barrio como viviendas y escuelas. Pero en ese tiempo parece que eso no era bueno”, relató.

Expresó que con el juicio tiene expectativas “de que se haga justicia". "Los militares y policías acusados hicieron tantas cosas impunemente y todavía están acá. Nosotros queremos justicia porque ya no podemos pedir que nuestros viejos aparezcan. Lo ideal para nosotros sería que los acusados digan ‘lo hicimos nosotros’”, agregó

Fuente: La Mañana

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