miércoles, 16 de mayo de 2012


"El ataque a la casa duró varias horas y no dejó nada en pie"

Sociedad /  En otra audiencia de juicio por el Circuito Camps, un testigo recordó el operativo y los secuestros que diezmaron su familia: tiene una hermana y un hermano secuestrados y a su madre y una hermana asesinadas. Inspeccionan Arana y la Quinta.
 
El testigo Martín Cañas recordó a su familia en el juicio por el Circuito Camps (Foto: Esteban Martirena)
 
Por Pablo Roesler 

Martín Horacio Cañas era el menor de cinco hermanos. De todos ellos la dictadura sólo le dejó uno. Los otros ya no están: Amelia, de 29 años, y Santiago, de 26, fueron secuestrados en 1977 y permanecen desaparecidos; su madre, María Angélica Blancá, y su hermana Carmen, de 24 años, fueron asesinadas en un ataque a la casa del barrio San Carlos, en La Plata, que habían alquilado intentando esconderse de la represión. El hombre, que explicó que logró huir del país junto con la hija y la nuera de la Madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye contó que su hermano fue secuestrado al día siguiente del asesinato del hijo de Chicha Mariani, cuando acudía a reunirse con él. En el juicio por el denominado Circuito Camps también declararon otros tres testigos, entre ellos una sobreviviente y hermana de una desaparecida y el hijo mayor de Adriana Calvo. 

En total, cuatro testigos hablaron en una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps realizada desde las 12 en la ex Amia de 4 entre 51 y 53, en el que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 investiga las responsabilidades de 21 policías, tres militares y un civil por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 280 víctimas en seis centros clandestinos de detención que comandó la Bonaerense durante la dictadura. 

En la jornada, Cañas recordó que “en el momento de la desaparición, Angélica y Santiago estaban militando en la Unión de Estudiantes Secundarios y yo y Carmen en la JUP (Juventud Universitaria Peronista), porque como nosotros éramos una familia de bajos recursos económicos los menores pudimos estudiar en tiempo y formas y estábamos en la universidad, pero mis otros hermanos terminaron en el secundario de adultos y por eso estaban en la UES”.

Cañas explicó que su padre era un militar retirado y que su madre era docente y una antigua militante del peronismo auténtico. Recordó que el periplo que concluyó con el exterminio de su familia comenzó a mediados de 1976 cuando secuestran a su amigo Roberto Castagnet y su esposa y a militantes de la UES. Fue entonces que la familia comenzó a huir. 

“Dejamos nuestra casa y nos mudamos a Ensenada, al barrio de Cambaceres”, contó. A finales de ese año, al saberse perseguidos, la familia volvió a mudarse, pero esta vez se dividió para preservarse. 

Contó que el 15 de abril de 1977 su hermana María Angélica fue secuestrada en La Plata, en cercanías de las calles 19 y 35 cuando caminaba hacia lo de la dirigente de la UES, Cecilia Salomone. 

El siguiente fue su hermano Santiago, quien entonces militaba con Daniel Mariani, el hijo de Chicha. El 30 de julio de ese año los dos militantes “hicieron una interferencia en la transmisión de los canales de televisión 2 y 13 durante la segunda pelea entre (Carlos) Monzón y (el colombiano Rodrigo) Valdez, en la que pasan una proclama de Montoneros”. 

Dos días después Mariani fue asesinado a tiros cuando intentó escapar del operativo realizado en la casa de 1132 y 35 en la que vivía con el matrimonio Médicci-Aued, quienes permanecen desaparecidos, y donde también fue secuestrado Guido Carlotto, esposo de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela Barnes. 

El siguiente día, el 2 de agosto, Santiago fue capturado a pocas cuadras de esa casa. “Mi hermano va a esa casa y cuando está llegando lo detienen”, contó el testigo. 

Cañas recordó que al día siguiente su madre viajó a Varela para pedirle a su ex esposo que inicie un habeas corpus pidiendo por su hermano Santiago. Y que el 4 de agosto, cuando él fue a verla, encontró la casa de 134 y 39 donde vivía con su hermana Carmen arrasada por las balas. 

En ese ataque murió su madre y su hermana. Sólo se salvaron dos bebés: su sobrino, Ernesto Valiente y Cecilia Porfidio, hija de Roberto uno de los asesinados el año anterior en el ataque a la casa Mariani Teruggi. Fue su padre quien, por su indicación, logró recuperar a los dos niños que habían sido llevados a una casa cuna. 

“El ataque duró varias horas. La casa quedó demolida. No quedó nada en pié”, contó el testigo. Y abundó: “En la casa solamente había un revólver que era de mi abuelo. Un arma calibre 32 de principio de siglo. Yo no creo que lo haya usado… Pero ojalá que Carmen les haya tirado”. En el operativo los únicos que salieron ilesos fueron los bebés y los atacantes. 

Treinta mil. “Después del ataque a la casa de mi madre logramos juntarnos con María Alaye, que era mi compañera, con Inés Ramos, que era la nuera de Adelina de Alaye y con otro compañero. Y nos vamos los cuatro a vivir al interior, a Paraná”, recordó Cañas. 

Gracias a Adelina los cuatro pudieron escapar a Brasil y luego como refugiados a Francia, donde junto con los otros exiliados organizaron la primera conferencia de prensa internacional con testigos. 

“Cuando estábamos organizando eso surgió una pregunta que seguramente iban a hacer los periodistas ¿cuántos desaparecidos hay en Argentina? Entonces Adriana Lesgart toma la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, en donde menciona que al momento de su desaparición, que había ocurrido un año antes, había 15.000 desapariciones. Entonces a Adriana lo que se le ocurre es duplicar el dato. Que yo sepa esa es la primera vez que se habla de los 30 mil desaparecidos”, recordó. 

Testigos. En la audiencia también declararon los ex prisioneros políticos de la dictadura Carlos Gensón y Lidia Araceli Gutiérrez de Elizardi y el hijo de la sobreviviente Adriana Calvo, Santiago Laborde, quien fue entregado a sus vecinos cuando su madre fue secuestrada en Tolosa, La Plata. 

El juicio continuará con dos inspecciones oculares en el destacamento policial de Arana y la comisaría Quinta, donde en dictadura funcionaron centros clandestinos de detención y tortura. 
 

Circuito Camps: realizarán una inspección ocular en el destacamento de Arana y la comisaría Quinta

Sociedad /  En las audiencias de esta semana el tribunal realizará un recorrido por las dos dependencias policiales donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio. También realizarán una video conferencia con una testigo que reside en México.
 
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 realizará el martes un recorrido por el destacamento policial de Arana y por la comisaría Quinta de La Plata, donde funcionaron dos centros clandestinos de detención, en el marco de una nueva audiencia por el juicio por el Circuito Camps. El lunes hablarán cuatro testigos. Implementarán una videoconferencia con México para escuchar el testimonio de una sobreviviente.

La primera de las inspecciones oculares se realizará el martes a las 9.30 en el destacamento policial de la localidad de Arana, ubicado en 137 esquina 640, donde durante la dictadura funcionaba la Delegación de Cuatrerismo y que fue utilizado por la policía de Camps como centro clandestino de detención y tortura de detenidos.

Esa misma tarde, a las 15.30, el tribunal junto a las defensas y las querellas recorrerán la comisaría Quinta de La Plata, ubicada en diagonal 74 entre 23 y 24. Esta será la tercera inspección en el marco de un juicio oral por crímenes de lesa humanidad que se realiza esa seccional que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura.

Aunque habían previsto comenzar esta semana con los testimonios de la familia Graiver por su secuestro en el campo conocido como Puesto Vasco que funcionó en el destacamento de Don Bosco, en Quilmes, y del canciller Héctor Timerman por el secuestro y torturas a su padre, Jacobo Timerman, el tribunal aceptó el planteo de las partes de culminar primero el tratamiento de los hechos ocurridos en Comisaría Quinta, Arana y la Brigada de Investigaciones.

Por ello, el lunes declararán cuatro testigos vinculados a hechos ocurridos en esos tres centros, y el martes hablará una víctima desde México, a través de una videoconferencia.
 
Fuente: Diagonales
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denuncia de organismos de derechos humanos

Lesa humanidad: piden más control a la prisión domiciliaria

La fuga del represor Miguel Wolk, investigado por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, abrió la polémica. Abuelas, Justicia Ya y familiares de víctimas reclamaron cárcel común.


Por: 
Las Abuelas de Plaza de Mayo, Justicia Ya y otros organismos de Derechos Humanos y querellantes particulares en la causa por el Centro Clandestino de Detención (CCD) Pozo de Banfield, denunciaron en conferencia de prensa la falta de controles de las prisiones domiciliarias a los acusados por crímenes de lesa humanidad luego de la fuga del jefe de ese CCD, el ex comisario Miguel Wolk. También presentaron un pedido a la justicia federal platense para que informe a los querellantes las condiciones en que se encuentran los imputados en causas de delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidos con ese beneficio.
“Las prisiones domiciliarias son en realidad excarcelaciones, porque no hay condiciones estrictas de cumplimiento efectivo: hacía un año que no había constancia sobre esta persona que tiene una domiciliaria que no es otra cosa que una detención en la que cambia el lugar de detención”, consideró el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli.
En ese sentido, el abogado explicó que sospechan que “todas las domiciliarias son iguales”. Por eso, la abogada de Justicia Ya, Guadalupe Godoy, detalló que en conjunto los organismos querellantes “pedimos que en las causas que están en instrucción, como la causa por el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo, que se nos informe cuáles son las condiciones de detención de los imputados que tienen prisión domiciliaria, que son muchos”.
La fuga del comisario inspector Miguel Wolk se conoció el jueves pasado, tres días después que se ejecutara la orden del juez federal Nº 3 Arnaldo Corazza, emitida el 4 de mayo, tras la revocatoria del beneficio realizada por la Corte Suprema.
Sin embargo, Godoy detalló que “el último informe (que consta en la causa sobre la detención del comisario) consta de febrero de este año, pero fue el propio Wolk quien llamó al Patronato de Liberados, con lo cual es imposible de saber si realmente llamó de su casa”. Y remarcó que el último informe que consta en el expediente es de agosto de 2011, cuando se le realizó una pericia al reo en su lugar de detención.
“Lo fueron a buscar pero Wolk se había escapado 15 días antes”, remarcó en la conferencia de prensa Marta Ungaro, hermana del chico desaparecido en la Noche de los Lápices Horacio Ungaro y querellante en la causa. Y agregó: “En el momento en que le llega el comunicado del juzgado en el que se le revoca la prisión domiciliaria, había una exposición de su hija, que más tarde nos enteramos que es policía bonaerense y teniente de la comisaría donde hace la denuncia, de que su padre había salido y no había regresado. Y ella era la encargada de preservar su integridad y su detención.”
Ungaro consideró que “tiene que haber responsables en la cadena de la justicia de no verificar la prisión domiciliaria” y “que tiene que haber un antes y un después de la fuga de Wolk y cambiar las domiciliarias y por cárcel común”.<

Fuente: Tiempo Argentino
 
 

 







Delitos de lesa humanidad
 
Corrientes prepara el cuarto juicio por desaparecidos
 
El 18 de septiembre arrancará el debate por la causa Acosta, el libreño secuestrado en 1976. Juzgarán a Ángel Portillo y Ramón Díaz Bessone. Diario LA REPUBLICA.
 
En Corrientes comenzará el cuarto juicio por desaparición de personas durante la última dictadura militar. El 18 de septiembre, el Tribunal Oral Federal Nº 5 llevará al banquillo a Ángel Portillo y Ramón Díaz Bessone, imputados por el secuestro y desaparición del estudiante libreño Héctor Eduardo Pata Acosta, ocurrido el 22 de marzo de 1976, en Paso de los Libres. En las próximas horas se definirá si Díaz Bessone podrá participar del proceso ya que alega problemas de salud.

Este será el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, todos ellos con fuertes condenas. El primero fue la causa Regimiento Nº 9, en 2008. En el juicio Julio Barreiro fue condenado a prisión perpetua,Juan Carlos De Marchi y Horacio Losito, sentenciados a 25 años, y Raúl Reynoso a 18 años, mientras que Carlos Píriz resultó absuelto.
En 2009, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al expolicía Diego Ulibarrie a 25 años en el marco de la causa Ayala.

En 2001, los expolicías Juan Antonio Obregón y Romualdo del Rosario Baigorria; tres exmilitares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Leopoldo Cao, y el exefectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos, fueron condenados a 25 años cada uno por la desaparición de personas en la causa Panetta, en Goya.

La desaparición de Pata

Héctor Acosta era estudiante secundario de la Escuela Normal y presidente del Centro de Estudiantes, en Paso de los Libres. El 22 de marzo de 1976, una comisión con personal civil que revistaba en el Servicio de Inteligencia 123, con asiento en esa ciudad, ingresó en su domicilio en horas de la noche y lo llevaron a instalaciones del actual Escuadrón 7 de Gendarmería, donde sufrió torturas y lo mataron de un disparo, según versiones.
Hasta el momento se desconoce el paradero de su cuerpo, engrosando la nómina de las 30.000 víctimas de la dictadura.



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