El fiscal dijo que hubo un plan del Estado para eliminar opositores al régimen Perseguidos por sus convicciones políticas, y por adherir a Ragone  El fiscal general subrogante Ricardo Toranzos sostuvo que en la provincia se aplicó el plan del Estado para eliminar a opositores al régimen instaurado el 24 de marzo de 1976. Afirmó que las víctimas fueron perseguidas por sus convicciones políticas y, en este marco, sufrieron persecución quienes adhirieron a la Lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone. En la requisitoria de elevación a juicio leída ayer (21/05/12) en el inicio del juicio el fiscal recordó que la represión paraestatal y estatal comenzó antes del golpe del 24 de marzo de 1976. A esto, que ocurrió en todo el país, se sumó en la provincia el hecho de que el gobierno constitucional de Miguel Ragone –también secuestrado y desaparecido, el 11 de marzo de 1976- fue intervenido el 24 de noviembre de 1974, momento desde el que se intensificó la actividad de los grupos represivos. El fiscal recordó que ya entonces el poder político delegó la seguridad en las fuerzas armadas. Toranzos recordó que en el gobierno de María Estela Martínez de Perón se dictaron los decretos 261 -que en febrero de 1975 autorizó el Operativo Independencia en Tucumán- y 2770, 2771 y 2772, todos de octubre de 1975. El decreto 2770 creó el Consejo de Seguridad Interna, el 2771 puso a las policías y servicios penitenciarios provinciales bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas, y el tercero autorizó a realizar “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias para el aniquilamiento del accionar subversivo”. El fiscal reseñó la metodología utilizada por los represores en Salta: “Los cadáveres aparecían atados de pies y manos. Algunos eran sometidos a explosiones” y algunos aparecían cubiertos con banderas de agrupaciones políticas “con el objetivo de generar confusión”. La requisitoria fiscal repasó cada uno de los 34 casos que son objeto de este juicio, detalló la militancia política de cada una de las víctimas, y los delitos por los que en cada caso acusa a los 20 imputados que comenzaron a ser juzgados. El ex jefe de inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, y el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, están acusados por 18 homicidios doblemente agravados. A Guil se le atribuye participación en los asesinatos de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, Pedro Bonifacio Vélez, Aldo Víctor Bellandi, Ramón “Chicho” Gallardo, Carlos Mosca Alsina, Oscar Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Juan Carlos Parada Mallo, Martha Beatriz Cascella, Silvia Aramayo, Héctor Gamboa, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Martín Miguel Cobos y Carlos Estanislao Figueroa Rojas. El fiscal también acusó a Guil por delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales en relación a estos hechos, y por la detención de Aldo Víctor Bellandi. El ex comisario general ya está condenado en las causas Ragone y Palomitas. A Mulhall –también convicto por Ragone y Palomitas- se lo responsabiliza por los asesinatos de Felipe Burgos, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Raúl Osores, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Nolberto Guerrero, Reynaldo Isola, Luis Risso Patrón, Jorge René Santillán, Víctor Mario Brizzi, Fernández Arcieri de Gamboa, Gamboa, Cobos, Figueroa Rojas, Mosca Alsina, Bianchini, Díaz. Y deberá responder también por las detenciones ilegales y las torturas a Bellandi, Juana Isabel López y Ernesto Luis Mamaní. El ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil –convicto por Ragone y Palomitas- debe responder por seis homicidios agravados, por Jaime, Mattioli, los hermanos Estopiñán, Tapia y “Chicho” Gallardo. Virtom Modesto Mendíaz, que ocupara la subjetura y jefatura de la Policía, debe responder por los homicidios de Cobos, Figueroa Rojas, Aramayo y del matrimonio de Fernández Arcieri y Gamboa. El comisario Abel Vicente Murúa está acusado por el asesinato de “Chicho” Gallardo, Aramayo, Parada Mallo y Cascella, y por amenazas a Brunilda Rojas, madre de Silvia Aramayo. El ex jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú, está acusado por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del gremialista Jorge René Santillán. Juan Carlos Alzugaray, ex policía federal y ex guardiacárcel, está acusado por el homicidio de Fronda. Al policía Raúl Toledano el fiscal le atribuyó ser el autor del secuestro y homicidio del también oficial de la policía Pedro Vélez, asesinado en mayo de 1977. Julio Oscar Correa, que fue comisario en Güemes, está acusado de privación ilegal de la libertad, por las hermanas Torres y Pizarro Gallardo. Una acusación similar pesa sobre el policía y ex futbolista Mario Pachao, en este caso en relación a Mamaní. El comisario Víctor Hugo Almirón, que estuvo al frente de la Comisaría IV (donde funcionó un centro clandestino de detención) está acusado en relación a los secuestros y homicidios de Bellandi, Díaz y “Chicho” Gallardo. Juan Manuel Ovalle, el primer civil que es juzgado en Salta por crímenes de lesa humanidad, está acusado de privación ilegal de la libertad agravada por el secuestro de Aramayo, de quien era alumno en la Universidad Nacional de Salta. Quien fuera segundo jefe del Ejército en Salta, Joaquín Cornejo Alemán, es responsabilizado también por la desaparición de Brizzi. Y los militares Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa son juzgados por privación ilegal de la libertad agravada de este soldado. La lectura de la acusación contra el policía Jacinto Ramón Vivas no se hizo debido a que debió ser hospitalizado por una baja brusca de la presión. También están siendo juzgados los polilcías Felipe Caucota y Roberto Puertas. La audiencia seguirá hoy, con las declaraciones indagatorias de los acusados, si es que deciden hablar. Males que llegan  con los juicios El primer día de debate en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Salta comenzó sin mayores novedades, salvo las –a estas alturas ya esperables- descomposturas de algunos de los acusados. La audiencia había sido convocada para las 9, pero comenzó recién a las 11.20, demorada –según se explicó- por el traslado de uno de los detenidos. El inicio fue esperado en una sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone” casi llena, con un público tenso, compuesto por familiares de acusados, parientes de víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios y periodistas. La primera interrupción se produjo 17 minutos después de iniciada la audiencia. Por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, desde donde siguen las audiencias Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Héctor Ríos Ereñú, informaron que “el señor Mulhall no se siente bien”. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, autorizó que fuera revisado pero la lectura de la acusación siguió hasta que 10 minutos después el defensor oficial Federico Petrina advirtió que Ramón Vivas se había descompuesto. Esta vez hubo que suspender la lectura para que el equipo médico de emergencia retirara al policía. Ninguno en cárcel común El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta informó ayer sobre la situación de las 20 personas que comenzaron a ser juzgadas por crímenes de lesa humanidad. Ninguno de ellos está preso en cárcel común, dado que del total, 12 están excarcelados y los restantes, con prisión preventiva o condenas, accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria. Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Cornejo Alemán, Virtom Mendíaz, Abel Murúa y Héctor Ríos Ereñú, con prisión preventiva, están en sus casas. Lo mismo ocurre con los ya condenados Miguel Gentil, Joaquín Guil y Carlos Mulhall.

Fuente: Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional

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AUDIENCIA

Con testimonios clave comienza la tercera semana del juicio por la Megacausa de DD.HH.

Publicado el 22/05/2012 - A partir de hoy a las 9, comenzará la tercera semana del juicio de la Megacausa de Derechos Humanos en la que se ventilan 44 casos de secuestros, torturas y asesinatos con desaparición de los cuerpos, delitos caratulados de lesa humanidad y que se cometieron en contra de presos políticos, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Para hoy se esperan los testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes, considerados clave por las querellas, para ayudar a esclarecer la responsabilidad de los 10 imputados que tiene el proceso.

Por estos crímenes se encuentran en el banquillo de los acusados el ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), Musa Azar Curi, sindicado como el responsable de los grupos de tareas de represión. También Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso que actuaron bajo las órdenes de Azar Curi en el DIP o más conocida como la Side santiagueña. Estos tres ex policías ya fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común por el asesinato de Cecilio Kamenetzky, hecho ocurrido en 1976, y que fue el  primer delito de lesa humanidad juzgado en Santiago.

También son juzgados los ex policías Juan Bustamante, Francisco Laitán, Eduardo Baudano, Carlos Capella, José Brao, Rolando Salvatierra y el ex militar, Jorge D’Amico, sindicado como el responsable del área de inteligencia en el desaparecido Batallón de Ingenieros de Combate 141. En las primeras audiencias se escucharon duros relatos de sobrevivientes, sobre los tormentos aplicados por policías y militares en los centros de detención clandestino que funcionaron en el DIP, en la Escuela de Policía y en el campo militar de Santo Domingo. También se expusieron delitos de índole sexual por el cual algunas querellas y el fiscal federal Gustavo Gimena pidieron reservas para ampliar imputaciones.

Esperan informe del Ford Falcon señalado por acusado

Publicado el 22/05/2012 - Fuentes del Tribunal Oral Federal (TOF) que lleva adelante el proceso judicial de la Megacausa, indicaron que aún no recibieron el informe sobre el dominio del Ford Falcon verde hallado en estado de abandono en una propiedad de calle Perú casi Pellegrini, y que según la denuncia de las querellas podría haber sido utilizado para secuestrar personas y trasladar presos políticos a Tucumán.

El TOF aguarda además, por el informe del titular del inmueble en que fue hallado el vehículo. Una medida tomada por los jueces en relación a esta denuncia, fue un acta de reconocimiento con el imputado Juan Felipe Bustamante, quien había reconocido que el DIP  utilizaba un Falcon verde.

Fuente: El Liberal

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