miércoles, 6 de junio de 2012


Ledesma y la trama civil del terror

 
Año 5. Edición número 211. Domingo 3 de junio de 2012
Blaquier. “Está en condiciones de declarar”, dijo la querella. (TELAM).

 

Hay detenidos en la causa del Apagón. Además de Blaquier, serán indagados miembros del directorio de la empresa. La pata empresarial de la dictadura, por primera vez en el banquillo.
Hace veinte días, un joven juez tucumano dio la sorpresa: aceptó el pedido del fiscal Domingo Batule, y decidió tomarle declaración indagatoria por delitos de Lesa Humanidad a Carlos Pedro Blaquier, acaso el hombre más rico y poderoso de la Argentina. El juez federal Fernando Poviña, subrogante del juzgado federal 2 de Jujuy, instó al barón del azúcar a explicar el secuestro de 400 obreros, sindicalistas, estudiantes y profesionales durante el tristemente célebre Apagón de Ledesma.
Así conoce la historia a la larga noche jujeña que duró siete días: desde el 20 al 27 de julio de 1976, el Ingenio Ledesma desconectó en varias oportunidades la electricidad de sus generadores, dejando a los pueblos de la zona en tinieblas. No sólo eso: dispusieron camionetas y camiones del Ingenio –identificados por su logo en el chasis– para que Gendarmería y la policía provincial desataran la cacería, y varios de sus capataces y empleados se pusieron al volante de aquel safari de desaparecedores. Muchos fueron torturados en centros clandestinos improvisados en el propio Ingenio, y llevados al Destacamento que Gendarmería tenía también allí dentro. De medio centenar no se ha vuelto a saber. Entre ellos, Luis Aredez, ex intendente del pueblo, en cuya gestión había cometido la osadía de cobrarle impuestos al emporio.
Puesto sobreaviso por alguno de sus muchos confidentes dentro de la familia judicial de la provincia, Blaquier cruzó a Uruguay y voló a Europa, desatando la sospecha sobre una fuga definitiva. Su buffet de abogados aclaró que el viaje tenía fines médicos por sus afecciones cardíacas, y que el empresario volvería para someterse a la voluntad judicial. La querella pidió la captura internacional y Poviña, más cauteloso, prefirió esperar y ordenó las contrapruebas con los peritos de la Corte Suprema para que determinen si está en condiciones de testimoniar. Blaquier regresó al país y el miércoles pasado se sometió a los estudios, aún sin resultados oficiales. “Me llamó Claudio Capuano (perito de la querella, máster en Bioética y Derecho y docente universitario) que está elaborando un informe detallado sobre la salud de Blaquier, y me confirmó que está en condiciones de declarar”, adelantó a Miradas al Sur el querellante Ricardo Arédez, uno de los cuatro hijos del intendente Aredez y de su esposa Olga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Jujuy, peregrina solitaria e incansable del reclamo de Verdad y Justicia de los 120 desaparecidos de la provincia norteña. “Está haciendo una especie de trampa para declarar acá en Buenos Aires y no viajar a Jujuy”, advierte el menor de sus cuatro hijos. Este 26 de julio, tras el largo luto después de la muerte de su madre en 2005, a causa de un carcinoma pulmonar provocado por la bagazosis, volverá para marchar una vez más, esta vez con una nota diferente: estará en pleno debate el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, contra cuatro policías y militares.
Poviña no se quedó quieto: entre el lunes y el miércoles, detuvo al sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal, vinculado al secuestro de activistas en Tumbaya, además de a la Noche del Apagón.
La empresa Ledesma, en un comunicado, negó la vinculación del mandamás con los hechos. “Ellos quieren comprar la memoria de la gente, pero los hechos son uno sólo y no pueden negarlos ni con mil solicitadas”, dice Ricardo, y enfatiza “que se investigue al poder económico de la dictadura”. Empresarios, dirigentes políticos y eclesiásticos: un entramado todavía vigoroso en provincias como Jujuy.

Directorio cómplice. Además del presidente del Directorio, el juez pidió la declaración indagatoria de otro civil: el ingeniero Alberto Lemos, entonces administrador del Ingenio, que reconoció ante Olga Arédez que la empresa había puesto sus móviles a disposición de las Fuerzas Armadas “para limpiar al país de indeseables”. Sin embargo, para las querellas no alcanza. “Nosotros apuntamos a todo el Directorio, que pasó listas y colaboró con la represión”, afirma Ricardo Arédez. Quienes viven, siguen siendo personajes muy influyentes en el establishment local.
La vicepresidenta del Directorio era nada menos que Nelly Arrieta de Blaquier, ex esposa de Blaquier e hija de Herminio Arrieta, el dueño natural del Ingenio hasta su muerte en 1970. Amante del arte refinado; Nelly ostenta una de las colecciones más suntuosas y fue presidenta (hoy es Honoraria) de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el reservorio de obras de arte más grande del subcontinente. En diciembre de 2009, fue designada la primera embajadora cultural de la ciudad de Buenos Aires. “Nelly Arrieta de Blaquier representa, en el país y en el exterior, los más elevados valores de la cultura argentina”, destacó la resolución del gobierno de Macri.
Otro de los miembros del Directorio era Henry Oscar Peverelli, un ingeniero que llegó cuando Blaquier asumió la presidencia. “Era el que daba la cara con el sindicato y los trabajadores, el que los maltrataba y los engañaba”, explica Ricardo.
El jefe de “Relaciones públicas” que eligió Blaquier fue el brigadier fallecido Teodoro Álvarez, pasado a retiro por Onganía. Había particiado del golpe a Arturo Illia.
Otro de los miembros del Directorio es Federico Nicholson, aún en el directorio de la firma, presidente del Centro Azucarero de Salta y Jujuy y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Hace un tiempo, fue promovido por el “vasco” Ignacio De Mendiguren como secretario de Industria. Es uno de los empresarios que tenían buena llegada a Néstor Kirchner.
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial es una de las corporaciones más opulentas de Latinoamérica. Durante 2010 tuvieron una venta neta por 2.452 millones de pesos, 800 millones más que el año anterior. En ese período sólo reinvirtieron 122 millones y emplearon a 7.393 empleados –otros estiman que no superan los 4.000–, la mayoría de ellos lugareños que necesitan del pulpo para sobrevivir. Producen unas 400.000 toneladas de azúcar por año, un 20% de la producción nacional. Con los años, la corporación se diversificó: en sociedad con Carhill, instalaron una planta en Villa Mercedes, San Luis, que produce jarabes, gluten feed, gluten meal y germen de maíz y aporta el 25% de la producción de alcohol de melaza, exportando además a Estados Unidos y Japón. Fabrican el 40% de la producción total de papel y artículos de librería, entre 4.000 y 5.000 toneladas de jugo concentrado, y granos y carnes en 52.000 hectáreas de cuatro campos en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.
El ex gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, fue jefe de Gabinete del gobernador militar Fernando Urdapilleta. El propio gobernador Fellner, afirma Ricardo, fue abogado de Blaquier. “El empresariado argentino jamás hizo nada por la gente, ni el agrícola ni el industrial. Y fueron socios de todos los milicos golpistas”, sentencia.

Auat: “La impunidad tiene dos caras”
El fiscal general para causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, valoró el avance del primer juicio oral en Jujuy por crímenes del terrorismo de Estado, pero sostuvo que restan “enormes dificultades”, derivadas de “la estructura de poder que sostiene la impunidad”. “La impunidad siempre tiene dos caras: una es la impunidad misma y la otra es el poder, porque la impunidad necesita una estructura de poder”, dijo el titular de la Unidad Fiscal para causas por violaciones a los derechos humanos. Auat recordó que en Jujuy nunca habían sido juzgados los represores del terrorismo de Estado y prevalecía siempre la morosidad o el bloqueo en la investigación. “Hay estructuras ocultas que generan compromisos múltiples con gente que quizás ya no está, pero con los que siguen vinculados como empleados que en algún momento estuvieron o le deben el cargo con el que ingresaron.” Como ejemplo, Auat citó el juzgamiento del ex juez Ricardo Lona en la vecina provincia de Salta. “Costó mucho encontrar fiscales y jueces que se hicieran cargo del caso, porque uno de los imputados era Lona, con el que tenían una relación de tipo personal.” En Jujuy, “no había dificultades objetivas operatorias. Lo que sí había era una decisión jurisdiccional de no avanzar en los trámites procesales”, insistió.
Fuente: Miradas Al Sur
 
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Documento de la Comisión Provincial de la Memoria

Repudian pedido de prisión domiciliaria solicitado por el exfiscal Mazzoni

Organismos de DDHH manifestaron su repudio a la posibilidad de que Roberto Mazzoni continúe su detención en su casa. Mazzoni está acusado de encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Los organismos de DDHH integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco manifestaron su repudio a la solicitud del ex Fiscal, Roberto Mazzoni, para que se le otorgue prisión domiciliaria. Mazzoni está imputado por crímenes gravísimos durante la última dictadura cívico-militar. 

“Este encubridor judicial del genocidio en la región encabeza una profusa lista de denunciados en la que sobresalen integrantes del área de inteligencia militar y colaboradores civiles, como el médico torturador (Héctor) Grillo”, señala la Comisión en un documento remitido a esta redacción.

“Mazzoni tuvo un papel de suma importancia en el engranaje represivo del terrorismo de Estado. La supuesta dolencia esgrimida para solicitar una detención domiciliaria es un subterfugio para evadir el cumplimiento de la pena por los delitos cometidos. Cabe destacar que Mazzoni está siendo juzgado en un juicio democrático y respetuoso de las garantías procesales, no como el caso de sus víctimas”, afirma. 

“Si la posibilidad de terminar en prisión lo deprime debería haberlo pensado antes, cuando omitió investigar las denuncias por torturas y desapariciones en vez de cumplir con sus deberes de Fiscal General del Poder Judicial: velar por el cumplimiento de la ley, castigar el crimen, no encubrirlo. Esa “amargura” o “situación de estrés” no es otra cosa que la Justicia lisa y llana. Una justicia que se retrasó más de treinta años, pero está llegando”, indica.

“Es por ello que Mazzoni y todos los responsables del genocidio que masacró a una generación de argentinos deben ser juzgados con todo el rigor de la ley y condenados a una cárcel común y sin privilegios de ninguna clase”, remarca la Comisión.

Los integrantes de la institución exigieron mayor celeridad en el avance de las causas residuales (Causa Masacre de Margarita Belén y Causa Caballero) y que se incorpore la figura de “asociación ilícita” en las imputaciones. “Seguimos buscando a los compañeros desaparecidos y a todos los nietos apropiados. No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos. Cárcel perpetua, común, y efectiva a todos los genocidas. 30 mil compañeros desaparecidos, presentes”, finaliza el documento. 

Lo firman: H.I.J.O.S. Chaco, Asociación ex detenidos por razones políticas, Asociación familiares de desaparecidos por el terrorismo de estado, Red por la identidad Chaco y Cpdh (comisión permanente por los derechos humanos).

Fuente: Chaco Dia por Dia
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