Sosa se reivindicó amigo de Guil

 y se fastidió con la testimonial 

Alberto Raymundo Sosa.

 El abogado Alberto Raymundo Sosa fue el protagonista de la jornada de la víspera (17-09-12) en el juicio oral y público que se sigue en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. El ex asesor legal de la Policía de Salta y que figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), se reivindicó “amigo” del ex jefe de inteligencia Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos. El abogado también reconoció que hasta que fue dejado cesante de la fuerza portaba un arma reglamentaria calibre 38. 

Sosa fue convocado a dar su testimonio porque el también testigo Carlos Melián dijo que un compañero de militancia en el justicialismo, posiblemente Víctor Hugo Delgado, le comentó que el abogado podía saber del destino corrido por el ex policía federal, y agente de inteligencia, Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella, detenidos y desaparecidos de la Central de Policía en marzo de 1978.  

Sosa aseguró ayer que se enteró de la existencia de Parada de Mallo cuando fue convocado a testificar en el juzgado de instrucción. “Allí di todas las explicaciones de que a esta gente no la conocía”, sostuvo. 

Contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mes en que cayó el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado por haber ayudado a escapar al ex ministro de Gobierno ragonista, Enrique Pfister, “una historia larga y poco conocida”. El “día del golpe” de Estado, contó el testigo, recibió un llamado del entonces juez Héctor Reynaldo Yarade: “Me cuenta que dentro de la lista de las personas que iban a ser detenidas por el golpe estaba mi amigo Enrique Pfister”. El juez le preguntó si podía ayudarlo. Sosa fue en su propio automóvil, un Ford Falcon, a buscar a Pfister al barrio El Tribuno y lo llevó hasta la ciudad de Santa Clara, en Jujuy, donde unos parientes del abogado lo ayudaron a llegar a Buenos Aires, desde donde salió del país. 

De regreso en Salta, Guil lo puso sobre aviso: “Me dice: ‘Negro, parece que hay problemas con vos porque ha surgido un informe de inteligencia que dice que vos lo ayudaste a escapar a Enrique Pfister, por lo tanto están preparando el decreto para dejarte cesante’. Y así fue”, recordó. 

Ante la insistencia del fiscal Ricardo Toranzos para que diera precisiones: ¿de dónde había sacado Yarade la lista de futuros detenidos? ¿quiénes más figuraban ahí? ¿había otras listas? ¿se hacían informes de inteligencia? ¿quiénes los confeccionaban?, Sosa negó todo conocimiento y prefirió poner el acento en la ayuda a Pfister: “De alguna manera era jugarse el pellejo sacarlo de Salta. (…) No era una cuestión fácil”.  De la misma manera, negó saber sobre actos de represión y detenciones por razones políticas, a pesar de que reconoció que la Dirección Jurídica estaba cerca de los calabozos. “Asesoría Jurídica no tuvo, no podía tener jamás que ver con el tema de detenidos”, rechazó. “No recuerdo ni sé nada al respecto”, añadió sobre la relación entre el Ejército y la Policía. Sobre las vinculaciones con la Federal concedió que “todo el mundo sabía que se hacían operativos conjuntos con la Policía Federal”, pero aseguró desconocer cualquier hecho concreto. 

A esas alturas, el fastidio del testigo era evidente: dijo que, siendo penalista, le causa  “sorpresa tremebunda” declarar sobre dichos; “pareciera que se me está investigando a mí”, se quejó a continuación, y terminó, levantando la voz, con una reprimenda al fiscal: “Doctor, soy penalista y usted se está excediendo”. El fiscal, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio. 

Testigos que declararon en el Juicio por la Verdad vinculan a Sosa con los negocios llevados a cabo bajo el calor de la represión. La concejala Lucrecia Lambrisca denunció que el abogado le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, Lucrecia Barquet. El ex preso político Oroño sostuvo que el abogado visitaba el lugar donde era torturado. Y en 2007 Mario Zenzano aseguró que durante la dictadura pidió a Sosa que intercediera ante la Policía para que se llevara a cabo un allanamiento ordenado por la justicia y que el abogado le dijo que iba a hablar con Guil pero le adelantó que éste iba a pedir “a cambio, algo”, por lo que terminó transfiriéndole un terreno. 

------------------------

Comienza la causa

 de la UNSa

Testigo. Cristina Cobos, con una de las imágenes de su esposo y su hermano

 Cristina Cobos y Mariana Gamboa, dos militantes de organizaciones de derechos humanos, se cuentan entre los principales testimonios que se esperan para la jornada de hoy (18-09-12), cuando el Tribunal Oral comenzará a analizar las desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. 

El tratamiento de estos hechos tenía que haber comenzado el 10 de septiembre, pero fue pospuesto por enfermedad del militar Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, quien estaba acusado por la desaparición del soldado Víctor Brizzi. Vujovich Villa falleció el viernes último, en San Miguel de Tucumán, informó ayer su abogado, Orfeo Maggio, con lo cual quedó habilitada la continuidad del proceso, aunque se da otra vez el caso de que alguien sospechado por crímenes de lesa humanidad muere antes de que haya un pronunciamiento judicial. En esta causa ya pasó eso con el policía Abel Vicente Murúa. 

Cobos era esposa de Brizzi, y hermana de Martín Miguel Cobos, adolescente asesinado en septiembre de 1976. Gamboa es hija de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y del comerciante Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 1976. 

-- Por Elena Corvalan

@@@

EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DE LOS CURAS DE CHAMICAL, EL REPRESOR PODRA NO ESTAR PRESENTE

Menéndez seguirá juzgado a la distancia

A medida que avanza el juicio en La Rioja, Luciano Benjamín Menéndez acusó problemas de salud. Llamativamente, su malestar se acentuó cada vez que un cura o ex cura detalló su relación con la Iglesia. El tribunal decidió que siga el juicio desde Córdoba.

Luciano Benjamín Menéndez está cumpliendo prisión domiciliaria en Córdoba.

Por Alejandra Dandan

Uno tras otro, los testigos del juicio por los curas de Chamical van inscribiendo a Luciano Benjamín Menéndez en el corazón de lo que el obispo Enrique Angelelli alguna vez explicó como esa espiral que se cerraba porque quería su cabeza. En esas escenas, Menéndez aparece diciéndole a Angelelli que buscaba que la Iglesia lo nombre “cruzado” para “acabar con los marxistas y sus descendientes”. O negándose a rezar un Padrenuestro con el obispo porque “no gasto ni un Padrenuestro con subversivos”. El viernes, cuando uno de los ex curas declaró sobre ese episodio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército se descompuso. Luego de un examen médico, su defensa pidió, como otras veces, que lo aparten del juicio. Fiscales y querellantes se opusieron. Pidieron como alternativa que continúe la prisión domiciliaria en su casa de Córdoba. El TOF aceptó. Menéndez ahora seguirá el debate a través de un sistema de videoconferencia.

“Lo que Menéndez no logra soportar no es un juicio más –dice Viviana Reinoso, abogada por la querella de las hermanas del cura Carlos Murias–. Lo que no acepta es un juicio que por primera vez lo tiene en el banco de acusados por la persecución a los hombres de esa Iglesia de la que él manifiesta profunda devoción.” Esa línea, en la que el problema de Menéndez sería aparecer pegado a la responsabilidad por la muerte no sólo de los curas sino del obispo Angelelli, que es de lo que se habla en cada audiencia, es compartida por Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos. Convencido de que la estrategia de la defensa, además, es intentar una y otra vez apartarlo del juicio por esas razones de salud, Fresneda cree que el traslado a Córdoba por lo menos garantiza que el juicio deje de tambalearse o suspenderse para exámenes médicos y abra las chances de llegar a donde cree que hay que llegar: la sentencia.

En ese punto, sin embargo, las posiciones no son todas iguales. Los fiscales y los abogados querellantes optaron por ese camino, el del traslado del represor a Córdoba, sobre todo por dos motivos: para garantizar las condiciones de las que deben gozar los detenidos en cualquier tipo de proceso jurídico y para evitar así nuevas demoras. Para las hermanas de Carlos Murias, en cambio, la mirada es distinta. En ese universo, donde la presencia de los represores en las salas también tiene una dimensión de reparación para las víctimas, aparecen preguntas y sospechas sobre la validez de unos exámenes que se hicieron en una institución en la que no confían.

Esta vez, Menéndez se descompuso el viernes alrededor de las diez de la mañana, justo media hora después del comienzo del debate, mientras declaraba el ex sacerdote Juan Aurelio Ortiz, canciller del entonces obispo Angelelli, clave para la causa, convocado sólo hace una semana, luego de que Menéndez decidiera aclarar en el juicio que nunca vio personalmente al obispo Angelelli. Dicen que como nunca, el represor está pendiente de lo que se dice en la sala para salir a retrucarlo como si se le volviese imposible sostener la lógica de la guerra en un escenario donde las víctimas son integrantes de la Iglesia. Ese día, como sucedió una semana antes con el ex cura Julio Guzmán, el ex canciller del obispo confirmó que se conocieron. Habló de un encuentro entre los dos. Contó que durante una misa, el obispo le pidió a Menéndez rezar juntos un Padrenuestro, porque “pensamos diferente, pero somos cristianos”. Y recordó que Menéndez no aceptó: “No lo hago con subversivos”, dijo que le respondió.

Hasta entonces, el militar seguía el debate conectado a una pantalla desde otro piso del Tribunal. Se descompuso. El TOF ordenó que lo trasladen al Hospital Enrique Vera Barros con la indicación de que el centro de salud destine médicos especialistas en cardiología y neumonología. En el hospital lo evaluaron, los médicos advirtieron que no tenían profesionales para atenderlo, pero indicaron que el cuadro revestía alguna gravedad, tenía presión alta y una afección crónica en los pulmones, para lo cual prescribieron nebulizaciones cada cuatro horas.

La defensa de Menéndez aprovechó la movida para insistir con el apartamiento, el Tribunal lo rechazó por unanimidad, un gesto valorado por las querellas. El fiscal Edgar Darío Illanes; Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos, y Ana María Mercado Luna, de la querella de Murias, pidieron como alternativa que continúe con la domiciliaria, pero en su casa de la provincia de Córdoba, y asista a las audiencias del juzgado federal donde deberá seguir el juicio a través del sistema de cámaras que provee el área de derechos humanos del Consejo de la Magistratura. Fresneda consideró que ante el cuadro “grave” que describen los “médicos”, Menéndez debía ser trasladado para garantizar sus derechos.

En esa evaluación, las partes consideraron los análisis que oportunamente había hecho el Hospital de Clínicas de Córdoba. Le hicieron el examen antes del juicio, dijeron que sí estaba en condiciones de ser juzgado, pero prescribieron cierta cantidad de horas de permanencia en los debates y recomendaron cautela. Ese escenario de fondo marcó la posición de las querellas y fiscales, pero no alcanzó para descomprimir las sospechas y la angustia de los familiares de las víctimas.

El corazón de esas preguntas tiene que ver con el examen que se le hizo en el hospital público de La Rioja, donde fue examinado Menéndez el viernes pasado. El lugar es blanco de críticas desde el comienzo del juicio. La dirección está enlazada a una trama de relaciones de parentesco que habitualmente se convierte en llave para explicar demoras, dilaciones y la impunidad con la que vivieron y, en algunos casos, murieron los responsables de los crímenes.

Vale la pena echar una mirada a esas relaciones para entender de dónde viene tanta sensación de sospecha sobre el avance del juicio. Como se dijo alguna vez en estas páginas, la dirección depende del Ministerio de Salud de La Rioja, que está a cargo del hijo de un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; el juez a su vez es hijo de Víctor Luna, intendente de Chamical durante la dictadura. Víctor Luna está casado con la hermana de la mujer de Domingo Benito Vera, ex comisario de Chamical en la dictadura y acusado en el juicio de la ejecución de los curas. Vera a su vez tiene un hermano que es camarista de Chamical. Su abogado defensor es hermano de otro integrante del Superior Tribunal de Justicia. Vera estuvo libre hasta diez días antes del comienzo del juicio pese a las acusaciones que desde el primer momento pesaron sobre él. Lo examinaron en el hospital público de La Rioja antes del debate; los querellantes y acusadores están convencidos de que si no hubiese ido un médico perito de parte –que fue desde Catamarca a ver ese examen– no habrían conseguido juzgarlo.

En ese contexto, aparecen las quejas de las hermanas de Carlos Murias. “Lo que tiene no es grave, ya lo dijeron los médicos del Hospital de Clínicas de Córdoba –dice Cristina–. Es una enfermedad crónica de los pulmones, seguramente un enfisema leve ya que está obligado a moverse con oxígeno y la presión no le sube por eso sino a partir de que decidió responderme a la declaración y dijo: ‘Esa mujer miente, yo a Angelelli no lo conocí’. Yo hablé de una versión que había leído sobre la visita de Angelelli a Menéndez, una versión que después fueron confirmando todos los curas que declararon. Con eso le subió la presión. Yo misma la tuve más alta y ni siquiera fui al médico.”

Fuente: pagina 12

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia