Una sorpresa en el fallo por los crímenes de la dictadura

Una sorpresa en el fallo por los crímenes de la dictadura

14 DE MAYO 2013, 18:52. Por Sebastián Moro.

El 8 de mayo se hicieron públicos los fundamentos del fallo que dio cuenta de las responsabilidades que tuvieron diez personas acusadas durante el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Generó indignación la posición adoptada por Alejandro Noceti Achaval, juez de Buenos Aires nombrado para completar el Tribunal. Se apoyó en la “prescriptibilidad” de los crímenes comprobados para votar en disidencia la mayoría de las resoluciones. Controversias respecto a la pena aplicada al acusado Fernando Morellato. 

Como señaló el Blog de los Organismos de Derechos Humanos –juiciosmendoza. blogspot.com.ar-, las condenas se produjeron el 22 de marzo y significaron siete cadenas perpetuas más otras tres penas de 18, 14 y 5 años de prisión respectivamente, con cinco de los represores sentenciados por primera vez.

Hubo conformidad general respecto a las sentencias. Sin embargo la lectura de los fundamentos era esperada con expectativas por parte de víctimas, familiares, organismos de Derechos Humanos y los abogados y abogadas representantes del Ministerio Público y de las distintas querellas.La bajísima pena que se le aplicó a Fernando Morellato Donna, ex oficial del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, que recibió 5 años de prisión cuando las partes acusadoras habían solicitado prisión perpetua, y el conocimiento de que uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 habría votado en disidencia la mayoría de las consideraciones falladas, motivaron la espera.

El Tribunal conformado por el Presidente Juan Antonio González Macías y los jueces Roberto Burad, Alejandro Noceti Achaval y Jorge Picarenco (suplente) convocó a las partes el jueves 8 a las 13.30 en Tribunales Federales. La publicación oficial de los fundamentos de la sentencia no se desarrolló de acuerdo a las pautas administrativas. Fue una audiencia completamente informal, dado que la defensa de los acusados no se constituyó. Según comunicó por Secretaría, el Tribunal anunció que el proceso estaba concluido y que las resoluciones completas del Tribunal eran, a partir de ese momento, de estado público y se obvió la lectura del fallo.

Señalan los magistrados en la cuestión final del documento público “Fundamentos causa 077 y accesorios”: “Los Doctores González Macías, Burad y Noceti Achaval acuerdan los fundamentos de las penas y sus modalidades. Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Armando Osvaldo Fernández, Fernando Eugenio Morellato y Juan Antonio Garibotte permanecen alojados en el Complejo Penitenciario Provincial II, ´San Felipe´, hasta tanto se resuelva sobre el definitivo lugar de alojamiento. Respecto de Paulino Enrique Furió, Ramón Ángel Puebla, Juan Agustín Oyarzábal, Dardo Migno y Alcides París Francisca, por su estado de salud, permanecen detenidos en sus domicilios, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en el segundo párrafo del dispositivo 9 del fallo”.

La publicación de los fundamentos hizo explícita la “disidencia parcial” sostenida por el juez de Buenos Aires, Alejandro Noceti Achaval. Proveniente del Tribunal Oral Criminal 6, conocido desde julio del año pasado por absolver a Rafael Di Zeo y a otros 11 barrabravas de Boca Juniors por delitos en los que Fiscalía había pedido 11 años de prisión, Noceti fue incorporado cuando inició el proceso en agosto de 2012 dadas las dificultades que cuenta la Provincia para conformar tribunales naturales. 

El análisis y la interpretación de los hechos y del proceso judicial volcados por Noceti en el fallo repercutieron rápidamente entre los abogados actuantes en el juicio. Además de coincidir con sus compañeros respecto a la responsabilidad y baja pena de Morellato, Noceti disintió respecto a la asociación ilícita, la autoría mediata y la triple calificación agravada que comprobadamente se les atribuye a todos los acusados en la comisión de los gravísimos hechos juzgados. En ese sentido también votó contrario a las sentencias aplicadas respecto a casi todas las causas tratadas, sobre todo las conocidas como caídas grupales, es decir la persecución y aniquilamiento de un grupo de personas en determinado espacio de tiempo debido a sus comunes pertenencias políticas. 

En el juicio que acaba de finalizar fueron emblemáticas las de diciembre de 1977 y la de mayo de 1978, que significaron las desapariciones de ocho y once personas respectivamente. La posición del juez Noceti denota al menos desconocimiento acerca de la planificación y sistematicidad del terrorismo de Estado.

Un análisis de los fundamentos del fallo en disidencia de Noceti permite afirmar que no vaciló en descalificar testimonios claves como el de Ana María del Olio con sus aportes sobre las desapariciones de Gustavo y Mario Camín: “Si bien del Olio no dijo que el ingreso de Mario Camín al D2 en el Rastrojero fuera observado por alguna otra persona, lo cierto es que resulta improbable que ella guardara en secreto esa información y se la ocultase a toda la familia y amigos de su novio, ya que, cuanto menos debió presumir que, acompañada por ellos, se iba a encontrar en mejores condiciones para lograr reencontrarse con aquél”. Sin embargo: “Explicó del Olio, en apoyo de su silencio, que esta circunstancia no la dio a conocer judicialmente pues su primera declaración la había efectuado ante un juez militar y no consideraba que estuvieran resguardadas sus garantías constitucionales. Pero ese temor no puede dar fundamento a que tampoco haya relatado ese episodio a la madre de su novio y al resto de las personas que luchaban por encontrarlo” (pags.611 de los Fundamentos).

El juez también soslayó el grado de víctima de Martín Alcaráz, sobreviviente, secuestrado a los once meses de edad con su padre, José Alcaráz, y su madre, Antonia Campos, reintegrado a sus abuelos tras las desapariciones forzadas de sus padres: “La fiscalía sostuvo que el secuestro del niño junto a sus padres y su pronta devolución a los abuelos resultó constitutivo del delito de sustracción de menores, prevista en el artículo 146 del Código Penal. Contrariamente a ello, entiendo que esa conducta no es distinta a la de la privación ilegítima sufrida por sus padres pues, más allá de su breve duración (24 horas, aproximadamente) es claro que los captores no pretendieron separar al menor de la patria potestad que ejercían sus progenitores, sino que, al secuestrar a éstos en momentos en que se encontraban junto al niño, todo el grupo familiar fue llevado a un lugar desconocido contra su voluntad y luego se entregó al menor al cuidado de sus abuelos. De lo contrario ¿qué explicación se habría dado si los captores dejaban abandonado al niño al secuestrar a sus padres? ¿Sería ello también calificado como sustracción de menores? Entiendo que no, pues resulta evidente que los captores no tenían como objetivo el separar al niño del poder de cuidado de sus padres, sino que todo obedecía al propósito de privar de la libertad a estos últimos. La pronta devolución de la criatura es una clara muestra de ello” (pags. 613 de los Fundamentos).  

Es decir, por tratarse de un menor bajo “patria potestad” no hay delito. Tampoco dudó Noceti en revictimizar a las personas secuestradas y desaparecidas, como en el caso de Miguel Alfredo Poinsteau, o de justificar los que con ellas se hizo pues estaban en la “ilegalidad”, como en los casos de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. La larga cita a un planteo jurídico respecto a la aplicación de torturas en Estados Unidos denota el corpus teórico en el que se apoya Noceti para atrasar décadas respecto a la justicia y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el fundamentar del juez bonaerense no se agota en los argumentos señalados. 

Fernando Peñaloza, abogado de la SDHN, querellante en el juicio, señaló ante nuestra consulta: “Lo más preocupante es el voto en disidencia del juez Noceti. Plantea la prescripción, entiende que todos los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 están prescriptos, desatendiendo toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que a esta altura es aberrante. Entre sus penosas frases dice: ´Así, permitir hoy la violación al principio de legalidad y aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del imputado es dejar abierta la puerta para que mañana se violen otros principios constitucionales con la excusa de que se lo hace en beneficio de los intereses que gobiernan el momento´.

Continúa Peñaloza: “Se deschava, alude a los intereses  de ´quienes gobiernan en el momento´. Evidencia su disconformidad con lo que es una política de Estado y su voto entonces adquiere lógica. Otra de sus frases: ´En sus alegatos han expuesto cómo llegan a tener por cierto que se dan algunos de esos elementos, pero, a mi modo de ver, no alcanzaron a demostrar que, en los casos comprendidos en las causas 077-M, 085M, 053M y 075M los imputados Bruno, Furió, Francisca, Garibotte, Miranda, Oyarzábal y Morellato hayan sido quienes emitieron las órdenes delictivas para la detención de las víctimas y para su posterior traslado y desaparición o, cuanto menos, que hayan participado en la cadena de mando de su ejecución o en el desarrollo de las tareas de inteligencia y seguimiento de las víctimas´. 

Obvio que no ha leído sobre autoría mediata y que su modo de razonar es clásico del causalismo eficiente”.“Preocupan estas formas de razonar de algunos jueces y entonces el actual proceso de democratización adquiere mayor sentido”, reclamó el abogado, quien respecto al fallo relacionado con Morellato hizo una crítica a todo el Tribunal y adelantó: “No condenan a Morellato a perpetua y entienden que no participa en la entrega a Sánchez Camargo (entonces jefe de la Policía Provincial), por lo que no tiene injerencia. 

Es criticable ya que si reconocen que es él y su gente quien los tortura (a Ramos e Iturgay) y de esa forma obtienen sus verdaderos nombres, entonces sí tuvo una participación, aunque más no fuera secundaria, lo que desde la SDHN plantearemos en Casación”. La instancia mencionada, el recurrir el fallo vía Cámara Federal de Casación Penal, es la alternativa que ya habían adelantado los otros querellantes: Ministerio Público, Gobierno de Mendoza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la representación particular de la víctima Roberto Vélez. Parece ser la medida justa, ante la ejemplar histórica tercera condena que se dio, para rectificar lo controversial de la baja pena a Morellato y enmarcar en una lectura mayor, más atenta, el análisis anacrónico y peligroso del juez bonaerense. La profundización de los juicios y los avances sostenidos en Mendoza respecto al genocidio, y su memoria, así lo ameritan.  

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Remo Carlotto: “Los derechos humanos son parte de la mirada de los pueblos”

14 DE MAYO 2013, 12:24. Por Eva Guevara.

Diputado Remo Carlotto - Foto Axel Lloret

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió con el movimiento de derechos humanos de Mendoza y San Juan, y realizó una visita al Centro Clandestino de Detención (CCD) Las Lajas. Su presidente, Remo Carlotto, sentó las bases de una agenda federal de trabajo e instó a apuntalar las políticas de Estado para consolidar más derechos y avanzar en todo lo que falta.

11 de mayo, campo Las Lajas. La visita al último CCD descubierto en Mendoza comienza con el desplazamiento de los diputados nacionales Remo Carlotto, Manuel Garrido, Liliana Ríos y Aída Ruiz, todos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, más Pablo Vassel, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, y el diputado provincial Néstor Piedrafita. Están presentes desde temprano los representantes de la Brigada Aérea de Mendoza, cuyo pasado es investigado por su accionar clandestino e ilegal entre los años 1976 y 1977. Se les suma el custodio de este predio ya transformado en puesto para la crianza de caballos. Ruggeri es su apellido; es un hombre vinculado a la Brigada desde hace unos 15 años, aunque en los últimos años está bajo la jurisdicción de la Justicia Federal.  

También llegó a ese rincón de los cerros lasherinos Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, y la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad que encabeza Dante Vega, casi a la par de los diputados de la Comisión. La explicación de Ronda fue fundamental para entender el contexto y el sentido de todo ese desplazamiento.

Las Lajas es un lugar investigado por posibles enterramientos o fosas clandestinas, y hay distintas posturas al respecto. Para la Brigada Aérea, nunca se va a hallar nada, ni es posible que entre esas malezas hayan bajado los aviones, aparatos que solo sobrevolaban el lugar para practicar la puntería de los tiros. Ahora bien, en ese planteo, que está documentado, de prácticas aire-tierra, no se contempla la verosimilitud de los testimonios de sobrevivientes del CCD, cosa que no ocurre con quienes sostienen una mirada lógica, dado que ese predio de 1700 hectáreas estuvo asociado a un centro de torturas, fuera del alcance de toda persona y bajo el exclusivo mando de la Fuerza Aérea, principal responsable de la fuerza policial –recordemos que Julio César Santuccione, ex Jefe de la Policía, era un hombre de esa fuerza y tenía el grado de Brigadier- y prácticamente podía hacerse cualquier cosa allí, desde aterrizar un avión en la base hasta asegurarse el exterminio de decenas de cuerpos.  

Claro que es una mirada desvelada. Ahí está puesta tanto la atención como la acción del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), organismo reconocido en todo el país por su enorme contribución a la lucha por los derechos humanos. Desde 2004 en adelante, además de iniciar la causa y aportar testimonios muy confiables y precisos, el MEDH ha realizado consultas con geólogos y ha comprometido a especialistas de la Universidad de San Luis; de hecho, su rector estuvo el pasado 25 de marzo en el Encuentro Ecuménico realizado por primera vez en Lajas. En el corazón de ese desvelo está el nombre del desaparecido Mauricio López. El intelectual y líder ecuménico mundial se desempeñaba como rector de la Universidad de San Luis cuando fue secuestrado y traído a Las Lajas, último lugar donde se lo vio con vida. 

Por último, hay que decir que existe todavía otra mirada, violenta y corajuda desde el anonimato. Es la que días atrás se hizo patente en diversos muros de las calles lasherinas en obvia alusión a la marcha de la investigación sobre Lajas. Para acentuar la contundencia del mensaje, los aerosoles dibujaron esvásticas, además de ensuciar el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, hecho que se homologa con otros ataques del mismo estilo y que son varios, según el último comunicado de los organismos de derechos humanos. 

El diputado Remo Carlotto hizo llegar su solidaridad a los que han sido blancos de esos ataques y se abrió a un diálogo franco con los que tienen la mirada desvelada, los que están en acción desde hace más de 40 años y los que son un ejemplo a seguir, como es el caso de Angélica Palacios, incansable luchadora desde el año 1971 a raíz de la desaparición de su hermana Sara Palacios y su cuñado Marcelo Verd. 

Dijo Carlotto: “Somos absolutamente conscientes de lo que falta, pero es preciso indicar que es mucho lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos. Inclusive vivimos cambios de índole cultural en la mirada y en la interpretación, basta ver cómo las miradas de carácter xenófobas y homofóbicas están más reprimidas en un tiempo como este, donde se avanza en dar garantías de derechos”.

Carlotto consignó con claridad el mandato de la Presidenta Cristina Fernández, quien hizo un pedido específico a la justicia de que los juicios de lesa humanidad se terminen en el 2015. Al respecto, el diputado nacional dijo: “Nosotros lo ponemos como un objetivo político, sabemos que en muchos casos no va a ser así, pero sabemos que si nos lo proponemos como una meta que le trasladamos a la justicia federal, entraremos a generar un intercambio que servirá para aclarar qué es lo que está pasando en cada una de las causas”. 

Continuó el diputado: “Sabemos que en muchas hay lentitud, el tema es saber por qué no se avanza, por qué hay causas que están cinco años sin moverse, después hay un cambio de juez y se hace en seis meses lo que no se hizo en cinco años. Estas cuestiones, creemos que tienen que ver con la complejidad de la investigación, pero en ciertos casos en definitiva tienen que ver con la voluntad política de los miembros de la justicia”.

Por otra parte, Remo Carlotto aprovechó la oportunidad para trazar un horizonte de futuro hecho de experiencias aprendidas y por aprender: “La estrategia de los genocidas ha sido ganar tiempo, así es como están construyendo una suerte de punto final biológico para terminar de condenar. Frente a esto, lo que nosotros tenemos es una lucha que atraviesa espacios, tiempos y fronteras, y una conciencia que proviene de mirar qué pasó en la Argentina y qué significa revertir un proceso de impunidad tan largo. Tal vez, hace 10 o 15 años ni imaginábamos que los represores iban a ser juzgados por lo que hicieron. A su vez, también es importante tener en cuenta que la búsqueda de justicia es un fenómeno de los pueblos que ya tienen una mirada de lo que es la verdad, la justicia, el saber y el tener memoria, de lo que se infiere esta premisa básica de que el mismo Estado que violentó los derechos, es quien tiene que generar la reparación”.

Carlotto agregó: “Estamos en un momento donde cada uno tiene que hacer un esfuerzo para que se cumpla el ideal de los derechos humanos en cada una de las situaciones, en cada uno de los casos que se presentan, porque para nosotros esto ha sido una batalla aprendida: las consecuencias de la acción criminal del Estado se trasladan generacionalmente desde el aspecto de la perpetuación del acto criminal, pero también en la búsqueda de justicia que hacen los hijos y continuarán los nietos.”

En cuanto al sinnúmero de situaciones que también están en la agenda de derechos humanos de la Cámara de Diputados (violencia institucional, torturas, discriminación, medioambiente, derechos de los pueblos) el diputado explicó cuáles serían las bases de la tarea a seguir: “La estrategia pasa por consolidar las cuestiones de garantía de derechos en los Estados, revertir la posibilidad de que la impronta que ha impulsado el gobierno nacional en materia de derechos humanos desde hace diez años, se degrade y llegue como arenilla al ingresar a las provincias luego de salir despedida como un meteorito. Y en lo táctico, asimilar que revertir esto es una carrera de largo aliento donde existen diversas miradas y diversas voluntades en materia de derechos humanos. Aún así, de lo que se trata es de trabajar todos en una agenda constante; no importa de qué partido uno sea, sino apuntalar políticas que tienen que perdurar y permanecer en el tiempo, porque cada vez que retrocedimos en materia de derechos, tuvimos consecuencias trágicas, por eso esta es una etapa para avanzar”. 

Fuente: http://www.edicionuncuyo.com

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