Silvia Suppo

SANTA FE › Nota de tapa

Con apoyo de la Procuradora

Por Juan Carlos Tizziani

 |  | Las dos querellas en la investigación del asesinato de Silvia Suppo, en marzo de 2010, recusaron al juez federal Reinaldo Rodríguez por su reticencia a agotar la hipótesis del crimen por encargo. El planteo se conoció en una audiencia que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó que se comprometió a apoyar la tarea del fiscal federal.

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SANTA FE › RECUSARON AL JUEZ QUE INVESTIGA EL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.

La hipótesis del crimen por encargo

La recusación contra Rodríguez fue por su reticencia a agotar la investigación de la pista del asesinato por encargo. Pero el magistrado rechazó el planteo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los abogados Munné y Puyol.

El juez Reinaldo Rodríguez fue recusado en una audiencia con la Procuradora Gils Carbó.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Las dos querellas en la investigación del asesinato de Silvia Suppo, en marzo de 2010, recusaron al juez federal Reinaldo Rodríguez por su reticencia a agotar la hipótesis del crimen por encargo, pero el magistrado rechazó el planteo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol -que patrocinan a los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani-, por lo que ahora deberá resolver el incidente la Cámara Federal de Rosario. Rodríguez ya había quedado a tiro de recusación en abril, cuando la Cámara revocó -por segunda vez en menos de un año- el cierre de la causa sin concluir la investigación del móvil político y le ordenó una batería de pruebas en esa línea. Sin embargo, las medidas no se cumplieron. "Porque este juez sólo puede arruinar y perjudicar las pruebas, así que es imprescindible la designación de otro magistrado que esté en condiciones efectivas de conducir la causa y concretar las medidas", dijo Munné a Rosario/12.

La recusación de Rodríguez se conoció en una audiencia que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, concedió al Foro contra la Impunidad y por la Justicia que -entre otras cosas- le reclamó el esclarecimiento del asesinato de Suppo. En la entrevista participaron también los querellantes. "La doctora Gils Carbó se comprometió a apoyar la tarea del fiscal federal Walter Rodríguez en la causa", explicó Munné.

Los abogados de los hijos de Suppo y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recusaron al juez Rodríguez porque "hasta ahora sólo obstaculizó las pruebas que propusieron los querellantes y nuevamente volvió a ordenar la Cámara", en el mes de abril. Pero el magistrado no se apartó de la causa y obligó a Munné y Puyol a recurrir la decisión en segunda instancia. "A pesar de las manifestaciones personales del doctor Rodríguez que varias veces nos dijo que coincidía que era procedente una recusación, después no la aceptó y puso un nuevo obstáculo al trámite, así que ahora deberá resolver la Cámara Federal", apuntó Munné.

Las pruebas quedaron pendientes hasta tanto el tribunal "resuelva la recusación. El juez Rodríguez las quería implementar igual, pero nosotros nos negamos y adelantamos que podían resultar nulas", precisó el abogado. "El fundamento de la recusación es obvio: este juez sólo puede arruinar y perjudicar las pruebas, así que es imprescindible una pronta designación de un magistrado que esté en condiciones efectivas de conducir la causa y concretar las medidas"

-¿Qué respuesta les dio la procuradora Gils Carbó?

-Coincidió en la trascendencia del tema y en el reclamo de justicia por el asesinato de Silvia Suppo. Y se manifestó dispuesta a respaldar las acciones que viene haciendo el fiscal federal Walter Rodríguez para que los reclamos de los querellantes efectivamente se cumplan ?respondió Munné.

Entre otras cosas, la Cámara ordenó la búsqueda de dos testigos claves: un remisero de Rafaela que trasladó a los autores confesos del homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, cuando escapaban de la escena del crimen y una mujer que vio a un tercer hombre cerca del lugar, pero nunca fue llamada a declarar por el juez. Más, una pericia de un video que la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela entregó dos veces a los investigadores del caso: la primera copia desapareció y la segunda, ahora tampoco aparece. El juez Rodríguez ya descartó "la inexistencia de un plan para eliminar a Suppo", pero la Cámara plantó la duda. "La pesquisa no está agotada".

Durante la dictadura, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de nueve puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia. "Tanta violencia, tanta saña y tanto salvajismo no pueden quedar impunes", dicen sus hijos y sus compañeros.

Las contradicciones entre el juez y la Cámara se plantearon por la situación procesal de otros dos imputados en la causa: Emiliano Rodríguez y Miguel Angel Mendoza. El juez les dictó el sobreseimiento dos veces, lo que significaba desvincularlos de la investigación. "Tengo la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo y de la no participación de Mendoza y Rodríguez en el hecho", resolvió el juez. Pero la Cámara revocó ese fallo, también dos veces -en junio de 2012 y en abril de 2013- y dispuso la falta de mérito.

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CIUDAD › SOLICITUD POR PRESOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Un pedido para el ministro

Lo formularon organizaciones de derechos humanos y la comisión específica del Concejo Municipal, es para que los detenidos por causas de delitos de lesa humanidad no sigan alojados en la Alcaidía de Policía. "No es una cárcel constitucional", dijeron.

El ministro Lamberto recibió a miembros de Familiares y representantes del Concejo.

Desde la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y a través de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal; pidieron una audiencia con el ministro de Seguridad de Santa Fe Raúl Lamberto, "preocupados por la situación de algunos de los detenidos por la comisión de delitos de lesa humanidad que se encuentran alojados en Alcaidía de Jefatura, al cuidado de oficiales de policía", dijeron los dirigentes. El encuentro se produjo el viernes y allí le pidieron al ministerio de Seguridad "que dicte una resolución mediante la cual se instruya a la policía provincial para que no reciba detenidos por delitos de lesa humanidad y que los mismos sean derivados a cárceles comunes". Lamberto se comprometió a analizar el problema.

En la reunión con el ministro Lamberto y la funcionaria del área Lucrecia Aranda; participaron concejales como Fernanda Gigliani (PPS) y Norma López (FpV). Por Familiares de Detenidos por Razones Política concurrieron Héctor "Chinche" Medina, Jesica Pellegrini y Gabriela Durruty.

Le informaron al ministro que resulta "a todas luces ilegal e ilegítimo que los que cometieron los peores crímenes estén alojados en Alcaidía de Jefatura custodiados por la policía que tiene otras funciones que cumplir", dijeron los representantes de organismos de derechos humanos. Y agregaron que "represores procesados y convictos pasan sus días en alcaidía en un penal que viola la Constitución Nacional. Es más, los presos comunes tampoco deberían estar ahí, pero los que cometieron los delitos más graves que la humanidad pudo imaginar mucho menos".

Los representantes de organismos de derechos humanos le dijeron al ministro Lamberto que no desconocen que algunos jueces federales de Rosario y también los integrantes de los Tribunales Orales, "suelen dar orden de alojar a los detenidos en Alcaidía de Jefatura, pero también sabemos que nadie está obligado a cumplir una orden ilegal".

Concretamente le piden al ministerio de Seguridad de la provincia que dicte una resolución mediante la cual se instruya a la policía provincial para que no reciba detenidos por delitos de lesa humanidad y que los mismos sean derivados a cárceles comunes. "Por supuesto esta norma podría admitir excepciones, como el caso de encontrarse en trámite un juicio oral, o la necesidad de realizar alguna medida, pero el alojamiento permanente debe ser en cárceles comunes, la detención en dependencias policiales debe ser absolutamente excepcional", dijeron.

También pusierone en conocimiento al ministro Lamberto de que el Minsiterio de Defensa de Nación, cuando se encontraba comandado por Nilda Garré dictó la resolución Nº444 del 5 de mayo de 2006 para dar el tratamiento adecuado a los detenidos y para no burlar el derecho de las víctimas a la justicia.

En la mencionada resolución la ministra ordenaba a las fuerzas de seguridad nacionales no recibir detenidos de lesa humanidad, que sólo serían alojados en dependencias del servicio penitenciario federal.

"El ministro se mostró dispuesto a recibir nuestro pedido y nos dijo que están en tratativas para sumar al servicio penitenciario provincial como custodia de los detenidos en Alcaidía", dijeron los familiares.

Fuente: Rosario 12

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia