Lunes 19 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial I
Organizaciones violentas amenazan a la Justicia
Agreden verbal y físicamente a magistrados para presionarlos, restándoles independencia a la hora de fallar, con el consecuente daño para la República
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra específicamente el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, así como el de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. Esos derechos están hoy gravemente amenazados en la Argentina, lo cual es serio puesto que los jueces son quienes adoptan decisiones definitivas respecto a la vida, la libertad, la honra y los bienes de los ciudadanos.
Por ello, los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por las Naciones Unidas en 1985, disponen que los Estados Miembros de esa organización tienen el deber de garantizar y promover la independencia de la Justicia, y determina que "los jueces resolverán en los asuntos que conozcan con imparcialidad basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo".
La independencia de la Justicia es no sólo un componente central de la democracia, sino también del Estado de Derecho. Cuando la Justicia pierde su independencia e imparcialidad, la democracia, que es mucho más que ejercer el derecho de voto en las urnas, queda malherida. Si la presunción de inocencia se deja de lado, se ofende a la dignidad humana. Si la Justicia está expuesta a presiones, su imparcialidad queda en riesgo. Pero, además, si las presiones son abiertas, reiteradas y evidentes, hasta la confianza pública en los jueces se desvanece.
En los últimos tiempos, algunas organizaciones sociales que cuentan con apoyo oficial han amenazado, a cara descubierta, la independencia judicial. Entre ellas, cabe recordar las amenazas por parte de militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora de las que fue víctima, en junio pasado, Juan Carlos Maqueda, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo que se suma la presencia violenta y reiterada de militantes de la agrupación Tupac Amaru que, sin vergüenza ni pudor, amenazan a magistrados que intervienen en algunos casos con impacto político.
Una columna de esa presunta "organización barrial" jujeña agredió, hace pocos días, al directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, cuando éste concurrió a la fracasada mediación en el caso vinculado con el cuestionado periodista Víctor Hugo Morales. Las agresiones fueron físicas y particularmente violentas, tanto contra Magnetto como contra sus abogados, Damián Cassino y Nicolás Novoa, quienes a duras penas pudieron sortear la incalificable agresión.
Esa acción de los airados militantes de Tupac Amaru se ha evidenciado y reiterado también con relación a la causa que tramita ante un tribunal federal de Jujuy conocida como "Caso Ledesma". La agrupación Tupac Amaru, en marzo de 2012, ingresó en forma amenazadora en el juzgado en el que se encontraba el despacho del doctor Carlos Olivera Pastor, titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Las presiones violentas de la organización contra ese magistrado se reiteraron, culminando con su renuncia, que fue celebrada públicamente por sus militantes como un triunfo. En su reemplazo asumió el juez Fernando Poviña, que imprimió a la referida causa un sello diferente, al permitir insólitamene que un ex abogado de una parte querellante se transformara en fiscal de los actuados dejando de lado los requerimientos de independencia e imparcialidad como si no existieran y no se hubiese generado la nulidad insanable y absoluta que provoca esa inaceptabe confusión de roles. La misma organización presionó al camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, quien también renunció a su puesto, alegando "violencia moral".
Como si lo antedicho fuera poco, los militantes de Tupac Amaru también agredieron al doctor Carlos Pedro Blaquier, el 10 de julio de 2012, cuyo vehículo fue destrozado a la vista de todos, con violencia inusitada, en un atentado que hasta pudo costarle la vida al empresario si el auto no hubiera estado blindado.
Queda claro que el accionar de la organización Tupac Amaru es intimidatorio y que está cuidadosamente planificado, financiado y organizado. Sus grupos de choque actúan disciplinadamente y parecen haber sido entrenados en el uso jacobino de la violencia.
Con su presencia procuran amedrentar y asustar. No sólo al público en general, sino muy especialmente a los propios magistrados intervinientes en las causas en las que presionan, afectando con abiertas amenazas la capacidad de los jueces de actuar con total independencia.
Ese repudiable accionar apunta particularmente a los magistrados, cuyo temple y coraje se ponen a prueba. Es realmente condenable que las autoridades permitan que esta forma indigna de presión sobre la Justicia se transforme en una inevitable constante.
La historia determinará quiénes han sucumbido a las presiones y quiénes -como corresponde- han defendido, pese a la violencia desplegada, la dignidad que el ejercicio de los altos cargos judiciales requiere. El país todo advierte, estupefacto, lo que sucede
Fuente: La Nacion, lunes
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