Alfonso Delgado opina que juzgar a los represores ahora “no nos hace bien”
Monseñor Delgado, consultado sobre las fugas de Olivera y De Marchi, dijo que “Es un tema controvertido que tendría que haberse resuelto inmediatamente, en el ‘83,’84,’85”.
Por Miriam Walter.
Alfonso Delgado opina que juzgar a los represores ahora “no nos hace bien”
“En mi familia, desde un primer momento decidimos perdonar. Nos hizo mucho bien, lo cual no significó que no hiciéramos los trámites jurídicos y en la Justicia que corresponden, una cosa es el delito, otra cosa es la actitud. En este caso ni los conozco, ni sé quiénes son, casi diría que ni sé lo que han hecho, lo que por los diarios. Es un tema controvertido que tendría que haberse resuelto inmediatamente, en el ‘83,’84,’85, que estemos después dándole vuelta a la manija creo que no nos hace bien a todos”, opinó Monseñor Alfonso Delgado, consultado por Tiempo de San Juan acerca de las escandalosas fugas de los represores sentenciados por crímenes de lesa humanidad en la Provincia, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. El obispo habló también desde lo personal, porque tiene un hermano desaparecido en el marco de la lucha antisubversiva de la última dictadura militar.
En un escueto comentario sobre el escape de los represores, el religioso aseguró que “No tengo ninguna opinión porque me enteré por los títulos, además no está en la esfera de mi competencia, yo creo que… no sé. No me quiero expresar mal ni de los jueces ni de quienes tenían que custodiarlos, yo no tengo ningún odio o actitud negativa hacia ninguno de ellos. Tampoco hacia los represores, creo que ya bastante tendrán si han hecho algo y parece que han hecho bastante, ya sus conciencias les reprimirán o les dirá bastante lo que han hecho”.
La evasión de los dos ex militares ya sentenciados –Olivera a cadena perpetua y De Marchi a 25 años de prisión- no tiene precedentes y saltó a las noticias nacionales e internacionales por su gravedad. El Ministerio de Justicia de la Nación ofrece, por datos certeros sobre el paradero de cada uno de los evadidos, una recompensa de 2 millones de pesos. El caso despertó polémica sobre la actuación de la Justicia Federal en San Juan y la presunta red de complicidades dentro de las fuerzas de seguridad para permitir un escape sin violencia y a plena luz del día, que se produjo el 25 de julio en el Hospital Militar Central en Capital Federal, donde habían sido trasladados para hacerse un chequeo de salud.
El jueves, cuando se cumplió una semana de la fuga, los ministros nacionales de Defensa, Agustín Rossi, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunciaron que congelaron un fideicomiso de Olivera, denominado SJ2, que según el balance a diciembre de 2010, tenía 9,4 millones de pesos. Rossi dijo que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera -que es abogado- y su socio Jorge Appiani –también represor y preso en Entre Ríos-, tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban los honorarios percibidos por representación de militares en juicios por demandas salariales. La sospecha es que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo con esos fondos.
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Revuelo entre los uniformados
Los represores que quedan presos se quejan de malos tratos
El abogado de Del Torchio, Gómez y Cardozo dijo que en el Penal del Chimbas “se han puesto muy rigurosos” tras la fuga de Olivera y de Marchi. El director de la cárcel lo desmintió.
Por Miriam Walter
“La situación de mis defendidos es que se ha agravado un poco las condiciones de detención de ellos. Estuve con (Francisco) Del Torchio, (Horacio) Gómez y (Eduardo) Cardozo, y se les agravado un poco las condiciones de detención, se han puesto muy rigurosos en cuanto los han encerrado, no tienen lugar para caminar, para moverse, son todas personas mayores de 60 y pico de años. Incluso la postura es que la alimentación que ellos reciben es toda en base a hidratos de carbono, estamos hablando de hombres entre 60 y 70 años que están detenidos en ese lugar y no tienen ni siquiera la posibilidad de moverse de ese lugar, no pueden caminar. En eso, pendientes de la situación, nos hemos quedado a la expectativa de ver qué nuevas directivas se van a tomar”, disparó el abogado Marcelo Fernández, defensor de cinco de los militares sentenciados en el megajuicio por casos de lesa humanidad que tiene a Jorge Olivera y Gustavo De Marchi fugados en medio de un escándalo nacional. El director del Servicio Penitenciario local, Leonardo Barac, salió al cruce de la acusación de Fernández diciendo que “los detenidos están igual que antes, no tienen un régimen distinto. Tienen lo mismo que cualquier interno porque son internos como cualquier otro. Nunca han tenido privilegios”. Y agregó que “ellos tienen, como siempre, un patio para salir a caminar en los horarios de recreo dentro de un perímetro, no se mezclan con los demás.
En cuanto al resto de sus clientes, Fernández dijo que Alejandro Lazo y Horacio Nieto, también condenados el 4 de julio, que cumplen prisión domiciliaria, no han tenido cambios en su situación.
Además de Olivera y De Marchi, el fallo del Tribunal Oral Federal dispone el traslado de Martel, Gómez y Del Torchio “al Complejo Penitenciario Federal que el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal estime corresponder, debiendo permanecer provisoriamente detenidos hasta el momento del traslado, en el Instituto Penal de Chimbas”.
En este marco, Fernández adelantó que están analizando pedir el traslado de Nieto, que es oriundo de Buenos Aires “porque tiene toda su familia allá”. Y agregó que “va a depender de todo esto también, lo lógico sería que esto no afectara. El año y 8 meses que ha durado el juicio han estado en las mismas condiciones. De hecho, lo normal no es que estén custodiados por la Policía como Nieto y Lazo, el Juzgado Federal generalmente dispone cuidados a través del Patronato nada más. Sin embargo, ellos tienen custodia en la puerta por disposición del Tribunal Oral. Y el mismo Tribunal consideró en la sentencia que la conservarían porque es casi nulo el riesgo de fuga, estamos hablando de personas que prácticamente no se pueden mover”, analizó.
Por su parte, Barac confirmó que “no hay pedidos de nuevos traslados. Tampoco está en mi conocimiento que se vayan a congelar. Qué culpa tienen de la fuga como para que se corte su proceso judicial”.
Según fuentes calificadas, en el Penal de Chimbas hoy hay alojados 10 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Son Del Torchio, Gómez y Osvaldo Martel, los tres sentenciados recientemente y que siguen a disposición de la Justicia por nuevas causas. A ellos se suman los que esperan juicio, apresados en los últimos meses: Juan Carlos Alaníz, Elías Arancio Sosa, Cardozo, Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Méndez Casariego, Rubén Arturo Ortega y Juan Carlos Torres.
Del Torchio y Gómez fueron sentenciados a 25 años de prisión mientras que Lazo fue condenado a 10 años de prisión y Nieto y Martel, a prisión perpetua, por delitos como tormentos agravados y violación de domicilio hasta violación y asesinato en ciertos casos.
Fuente: Tiempo de San Juan, jueves
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EL PAIS
Gran Hermano
Por Horacio Verbitsky
Como ya es regla cada vez que se produce alguna novedad relativa a los juicios por crímenes de lesa humanidad, un obispo de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana se pronuncia en contra del castigo y a favor de la distracción. Ahora fue el turno del diocesano de San Juan, Alfonso Delgado, quien justificó la fuga de los represores Jorge Olivera, condenado a prisión perpetua, y Gustavo De Marchi, a 25 años de cárcel. Juzgarlos ahora “no nos hace bien”, dijo Delgado, quien nunca hizo gestiones para conocer qué sucedió con su hermano Peter, un ex militante montonero, detenido-desaparecido en Rosario durante la dictadura. Los Delgado eran ocho hermanos. Peter provenía de la militancia socialcristiana. Atendía una gestoría en el centro de Rosario, donde guardaba el archivo montonero de la zona. Todos los días hablaba con un linyera que mendigaba en la puerta. En el invierno de 1976 lo hizo entrar para que no durmiera en la calle. Era un policía infiltrado que lo estaba investigando. “En mi familia, desde un primer momento decidimos perdonar. Nos hizo mucho bien, lo cual no significó que no hiciéramos los trámites jurídicos y en la Justicia que corresponden, una cosa es el delito, otra cosa es la actitud.” Delgado se preocupó por aclarar que no conocía a Olivera ni a De Marchi, que sólo sabía lo que se había publicado en la prensa. “Es un tema controvertido que tendría que haberse resuelto inmediatamente, en el ’83,’84,’85, que estemos después dándole vuelta a la manija creo que no nos hace bien a todos”, le dijo al diario Tiempo, de San Juan. Miembro de la Prelatura del Opus Dei, y siempre ataviado como un elegante ejecutivo, Delgado se excusó de opinar sobre la fuga aduciendo que “no está en la esfera de mi competencia”. Pero luego agregó que no deseaba criticar a los jueces ni a los encargados de custodiar a Olivera y De Marchi. “Yo no tengo ningún odio o actitud negativa hacia ninguno de ellos. Tampoco hacia los represores, creo que ya bastante tendrán si han hecho algo y parece que han hecho bastante, ya sus conciencias les reprimirán o les dirá bastante lo que han hecho”. Rafael Olivera, hijo del capitán prófugo, es sacerdote y vive en San Rafael, Mendoza, donde tiene su seminario la congregación integrista del Verbo Encarnado, que reivindica la represión dictatorial.
Fuente: Pagina 12, domingo
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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia
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