lunes, 9 de septiembre de 2013

El "Plan Cóndor Financiero": los casos de Brasil, Uruguay y Chile






09.09.2013 | la banca privada y un patrón común en el cono sur
El "Plan Cóndor Financiero": los casos de Brasil, Uruguay y Chile

  El caso argentino como ejemplo del desembarco de la banca privada internacional durante la dictadura no fue una excepción en la región, sino parte de un patrón común en el Cono Sur. Para los especialistas, la investigación de cómo evolucionaron los préstamos que sostuvieron a los regímenes con violaciones a los Derechos Humanos podría ser parte de un "Plan Cóndor Financiero", que apuntaló la política de cooperación y coordinación entre las cúpulas militares para el exterminio de opositores.


Por: 
G. M.

 El caso argentino como ejemplo del desembarco de la banca privada internacional durante la dictadura no fue una excepción en la región, sino parte de un patrón común en el Cono Sur. Para los especialistas, la investigación de cómo evolucionaron los préstamos que sostuvieron a los regímenes con violaciones a los Derechos Humanos podría ser parte de un "Plan Cóndor Financiero", que apuntaló la política de cooperación y coordinación entre las cúpulas militares para el exterminio de opositores.
Juan Pablo Bohoslavsky realizó el trabajo académico señero en la materia, junto a la investigadora de la Universidad de Nueva York Veerle Opgenhaffen. Ambos lograron en 2009 establecer el nexo entre los préstamos de bancos comerciales y el mantenimiento en la Argentina del aparato represivo interno que llevó adelante la dictadura. Pero Bohoslavsky realizó y presentó trabajos similares en Uruguay, Brasil y Chile. Las conclusiones fueron las mismas. Los protagonistas: bancos privados, la mayoría, de origen estadounidense. Idénticas metodologías: préstamos a altas tasas durante crisis económicas, en momentos en los que se había advertido sobre las violaciones a los Derechos Humanos en esos países. En todos los casos, sin esos aportes, no se hubiera incrementado el gasto destinado a Seguridad Interior ni hubiera sido factible que pudieran mantenerse las dictaduras en el poder por años con sistemas económicos jaqueados. El "conocimiento" que debieron tener de esa situación los convierte en jurídicamente responsables, afirma el estudio. No sólo es relevante que la evaluación de las entidades sea que a quien se le presta pueda devolver el dinero, sino el destino que tendrán esos fondos.
CHILE. Junto a Mariana Rulli y en base al informe confeccionado en 1978 por Antonio Cassese para la ONU, pionero en el estudio de estas variables macroeconómicas, Bohoslavsky afirmó que en el régimen de Augusto Pinochet existió relación directa entre la ayuda financiera y las violaciones a los Derechos Humanos. La diferencia la marcó el caso del Banco Riggs, señalado como la vía para lavar dinero por parte del dictador y su familia. La deuda externa privada pasó de 399 millones de dólares en 1973 a 6501 millones de la misma moneda en el tramo final de la dictadura. El gasto público se retrajo en lo social y reforzó Defensa y Policía. "A partir de 1976, los acreedores oficiales fueron remplazados por bancos privados multinacionales, que comenzaron a prestar grandes sumas sin tener en cuenta el potencial impacto de estos préstamos en materia de graves violaciones a los derechos civiles y políticos", afirma el escrito. Para los banqueros, sus préstamos eran "negocios normales, independientemente de la naturaleza de los gobiernos con los que se involucraban".

BRASIL. Es el único país que hasta ahora ha impulsado una Comisión de la Verdad para avanzar en este campo. Sufrió una dictadura que comenzó en 1964 y se extendió por 21 años. En 2010 se reconocieron 38.035 casos de resarcimiento a víctimas del proceso. Los bancos privados llegaron en 1968 para financiar obra pública y programas de desarrollo. "La asistencia financiera ayudó a los gobiernos militares a permanecer por medio de la compra de lealtades", asegura el trabajo de Bohoslavsky junto a Marcelo Torelly. El porcentaje del PBI para gastos militares y para la policía creció del 1,7% al 2,9%, a la vez que crecía la represión.
URUGUAY. Según el SERPAJ, se registraron 5925 prisioneros por motivos políticos, 3700 detenidos sin proceso legal y 67 bebés nacidos en cautiverio. La deuda pasó de 363 millones de dólares en 1971 a 3066 en 1983. Los préstamos bancarios ayudaron a financiar el déficit y los gastos militares treparon al 4% del PBI, lo que incluía el ítem "seguridad interna".
Fuente: Tiempo Argentino

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