Mendoza: Otilio Romano, quien incentivo la "familia judicial", esta preso. Todos los nombres de los familiares designados en los tribunales federales.

Mendoza. Otilio Romano, quien incentivó la “familia judicial”, está preso

El león tras las rejas

Por Maria Eva Guevara

A los 70 años de edad, el ex camarista ingresó a prisión común, partícipe de delitos de lesa humanidad en más de un centenar de hechos. En 1985, la corporación judicial lo desligó del secuestro de Luis Moriña, estudiante de medicina desaparecido.

Desde su alto asiento de la Cámara Federal de Apelaciones, Otilio Roque Romano tomaba intervención en las movidas más pesadas que se recuerden en el Consejo de la Magistratura y en el fuero federal. Se había ocupado con esmero de nombrar familiares y amigos que le obedecían, un poco por esa reputación de audacia temible que tenía y otro poco por alguna deuda de un favor recibido. Los medios de prensa provinciales, grupos de poder en definitiva, estaban decididamente dentro de su área de influencia. 

Toda la década del ’90 vio crecer esa “gran familia judicial”, con honrosas excepciones, si otro magistrado jugaba desde la cúspide, era porque era socio y/o amigo de Otilio, caso Luis Francisco Miret, habitual fuente de consulta a la que acudían los periodistas para “reflexionar” sobre el vedettismo judicial en el caso Coppola o el estupor de la sociedad frente al pésimo resultado del juicio por el crimen de María Soledad Morales.

En ocasión de estallar el caso Monzer Al Kassar –el sirio que obtuvo en tiempo récord la ciudadanía argentina gracias a un trámite en la Justicia federal mendocina– ese entorno daría mucho que hablar. Mientras crecía el impacto en la opinión pública nacional por el caso, Romano “operaba”, viajaba a Buenos Aires convocado por las autoridades nacionales para ver qué se hacía con Gerardo Walter Rodríguez, el juez que había expedido la nacionalidad argentina a Al Kassar, y tenía llegada ante el Procurador de la Nación con quien arregló sacarse de encima al fiscal Despouy Gerez con la excusa de que se “copiaba” los dictámenes. 

Para entonces ya estaba claro que Romano coordinaba con otro juez de la casa: Luis Leiva. Romano era el apoyo sustancial que Leiva necesitaba para llevar adelante la causa contra el ex director del Banco de Mendoza Raúl Moneta y llamaba mucho la atención la atmósfera viciada de impunidad que ambos tejían. Al menos eso salió a denunciar con todas las letras el ex juez federal Héctor Acosta, seguido por Petra Recabarren, quien afirmó en el Consejo de la Magistratura que Romano era el “manipulador de una red de información” en el ámbito judicial federal.

Vale recordar que cuando Leiva fue removido en el Consejo de la Magistratura por comprobarse las escuchas ilegales, el vencedor resultó ser Moneta más su círculo de lobbistas. En realidad, de eso se trataba, de vencedores y vencidos, porque a la hora de las acusaciones y de las presentaciones de uno y otro lado había una galopante falta de profundidad jurídica. Eso sí, al menos el escándalo sirvió para sacar a la luz el tema del nepotismo. Según la lista que Eduardo Mestre entregó al Consejo de la Magistratura estaban empleadas en los Tribunales Federales: María Miret, hija de Luis Miret; María Petra, hija de Julio Petra; Enrique Fossaroli, cuñado de Otilio Romano, y María Tobelen, cuñada de Leiva. En tanto, en la Secretaría Electoral figuraban trabajando: Fernanda Daher, entonces pareja de Leiva; Carolina Martínez y Laura Martínez, sobrinas de Otilio Romano; Alejandra Puliti, cuñada de Petra, y Mariana Leiva, sobrina de Luis Leiva.

Hacia el 2010 era claro que en la pelea mediática y judicial, Romano era un león. Y rugió como tal en el mes de marzo de ese año cuando salió a denunciar desde las páginas del diario La Nación que el Gobierno usaba el tema de los derechos humanos para presionarlo en la causa de la Ley de Medios. Ahí empezó a ponerse él mismo entre las cuerdas. Y es que salió a la luz que fue él quien introdujo nuevos elementos al argumento de la medida cautelar que solicitó Enrique Thomas con el patrocinio legal de Luis Leiva. O sea, había apuntalado la movida política del diputado opositor que, o bien no se había animado, o no se le había ocurrido deslizar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había violado los reglamentos de la Cámara de Diputados al anunciar la modificación del proyecto del PEN retirando a las telefónicas como concesionarios de servicios audiovisuales, lo cual no era más que una “chicana” ya que dichos reglamentos no rigen para el Poder Ejecutivo sino única y expresamente para los miembros del Legislativo.

Además se hizo evidente su importantísima gravitación en los pactos y arreglos producidos en la Justicia Federal para silenciar todo lo que había pasado durante la dictadura y frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Toda la seguidilla de excarcelaciones de represores en una u otra sala de la Cámara Federal mendocina no hacían más que demostrar su capacidad para lograr un alineamiento de la corporación judicial, una suerte de gran precinto que pretendía ir a contracorriente ya que el ímpetu del principio irrenunciable de primacía de los derechos humanos día a día fue ganando más y más adhesiones.

Y si bien logró que la Federación Argentina de Colegios de Abogados –FACA– emitiera un comunicado de adhesión a todos los camaristas mendocinos cuestionados en la dilación de las causas y de repudio a los cuestionamientos formulados por el gobierno nacional más “organizaciones de izquierda y defensoras de los derechos humanos dedicadas a investigar crímenes del último régimen militar”, pronto dicha asociación se rectificó y su margen de acción se vio reducido notablemente, sobre todo a raíz de una acusación penal sólida y fundada en más de cien hechos incontrastables. Ahí Romano mostró el gen al decir que si su situación se complicaba, tomaría la decisión drástica de matar al juez federal Walter Bento, haría lo mismo con el fiscal Omar Palermo y luego se suicidaría. Tuvo varios desplantes para con el Consejo de la Magistratura, dicho órgano tenía la voluntad de suspenderlo pero no lo lograba y se daba la particularidad de que estaba procesado pero no podía ser detenido debido a sus fueros.

Cuando finalmente la Comisión de Disciplina y Acusación lo citó a la Audiencia previa a la suspensión, presentó un certificado médico aduciendo enfermedad. Al otro día es que se lo ve en un bar de la calle Arístides Villanueva cenando con el otro ex camarista Julio Demetrio Petra, encuentro de evidentes signos de celebración. Habían brindado con whisky y champán el éxito del apartamiento de Bento, sin importarles que fuesen vistos por otros comensales a los que les llamó la atención que si eran tan amigos ninguno de los dos se hubiese inhibido en la causa del otro. 

Horas antes de ser suspendido a fines del 2011, Romano llamó a Leiva para que lo acompañase en la fuga, viajaron juntos en un avión, y este le hizo de vocero confirmando ante los medios de comunicación que su amigo Otilio había pedido refugio en Chile como perseguido político de la Argentina. Tras un proceso de dos años de extradición, las autoridades chilenas entregaron al otrora todopoderoso y lo dejaron en manos del juez que juzga su conducta.

Ese miércoles 4 de septiembre quedará en los anales de la historia por la conmoción que produjo verlo ingresar esposado por las puertas de acceso a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal, el mismo lugar por donde pasaron cientos de personas por él acusadas, siempre de acuerdo a esa red selectiva que atrapa a los más débiles y deja escapar a los más grandes y poderosos.

Romano tenía 33 años cuando ató su suerte a la elite que asaltó el poder en 1976. Empezó como fiscal y luego fue juez subrogante. Varios de sus colegas en la función irán a juicio con él por ser garantes del terrorismo de Estado, por omitir investigar denuncias de torturas y desapariciones forzadas de personas y ayudar a que estas se concretasen. Es el caso de Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren, Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. Cuando todos ellos asumieron, aceptaron ser funcionales al brigadier Jorge Sixto Fernández, gobernador de Mendoza; al comodoro Teófilo Ramírez Dolan, ministro de Gobierno, y a Enrique Blas Gómez Saá, responsable de la VIII Brigada de Infantería, todos presentes el día de sus juramentos.

Es por demás particular el caso de Otilio Romano ya que a raíz del escándalo de la cena con Petra en el bar y la distribución por varios medios de esa fotografía en la que aparecen juntos, una de las víctimas lo reconoció. Se trata de Luz Faingold, detenida en el D2 cuando tenía la edad de 17 años. Según la sobreviviente y actual directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Capital, estando en la celda tras ser violada apareció un hombre vestido de traje y corbata, ella le dijo “¿me voy?” y él dijo “no” y cerró la puerta. Luego resultó que efectivamente era Otilio Roque Romano quien en el expediente aconsejó no restituir a Luz a su hogar, tal como habían solicitado sus padres.

Si bien Romano niega este hecho, es claro que tuvo desde el comienzo una actitud tolerante con el régimen de facto y se movió dentro de él con la firme pretensión de no dejar indicios. Porque si alguien sabía que en algún momento se investigaría precisamente la correlación entre los actos de los militares y la complacencia de los jueces, ese era Romano y también Miret. Ambos sostienen ahora que era propio de la época no andar dudando del accionar militar y policial y que entonces no sospechaban de la existencia de un plan sistemático de exterminio. Ahora bien, esos argumentos no se condicen con el ocultamiento de pruebas, el aval de declaraciones bajo tortura, la intimidación de testigos y la ulterior promoción de obstáculos de todo tipo para la búsqueda de la verdad.

En 1985, estos magistrados admitieron que efectivamente omitieron investigar el secuestro del estudiante de medicina Luis Rodolfo Moriña durante la madrugada del 22 de noviembre de 1975, pero se defendieron con el argumento de que se trataba de un incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito ya prescripto por el correr de los años. La corporación judicial avaló dicho planteo y de ahí en más se solidificó el poder de los que habían sido cómplices. Poca gente se enteró del desolador vía crucis del padre y del hermano de Moriña, así como tampoco de la madre de la joven puntana Graciela Fiochetti, que pasaron por todas las estaciones de la Justicia, desde el primer recurso de habeas corpus en los Tribunales Federales hasta llegar a la Suprema Corte. No sólo quedaron sin respuesta sus preguntas sobre el destino de los secuestrados sino que además fueron perseguidos por un funcionario judicial que pretendía cobrarles sumas actualizadas con intereses altísimos por haber perdido aquellos juicios.

Hoy, cuando todas esas maldades mezcladas con estupideces burocráticas no son más que un capítulo superado, se inicia otra etapa emblemática para la historia de la justicia en la Argentina. Y es que Otilio pasa sus días en el penal de San Felipe, dentro del pabellón destinado a presos de las fuerzas públicas con alrededor de 60 condenados y procesados. Se calcula que esta situación se mantendrá hasta que comience el juicio que deberá recaer sobre el Tribunal Oral Federal Nº 1.

Mucho se especula sobre el mensaje que quiso dar ante la prensa al elevar sus manos esposadas antes del encuentro con el juez Bento, si se trata de una misiva destinada a mostrarse como una víctima, ¿cuántos de sus amigos íntimos harán acuse de recibo? Para dar un ejemplo bien sensible: el titular del Juzgado Federal Nº 2, Leopoldo Rago Gallo, es decir, el mismo que encargó el traslado de los genocidas De Marchi y Olivera al Hospital Militar “Cosme Argerich”, en la ciudad de Buenos Aires, por una supuesta necesidad de recibir tratamiento médico. Es sabido que Rago Gallo no firmó el traslado pero sí dejó iniciado ese proceso jurídico que epilogaría con la fuga que actualmente investiga el juez federal Claudio Bonadío, un actor muy enfrentado a Romano en el pasado, a propósito del caso Moneta. Tanto es así que Romano pidió el juicio político de Bonadío, a quien acusó de ser parte activa de la campaña del banquero para desprestigiar a la Justicia federal mendocina.

El caso es que tanto Otilio Romano como Julio Petra afirmaron ser amigos íntimos de Rago Gallo. Según denunciaron en el 2010 los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas y Viviana Beigel, en autos Nº 71.128-R-3008 “Rago Gallo c/ Estado Nac. por Amparo” ambos camaristas se excusaron de intervenir por amistad íntima con el actor, es decir, con el juez Leopoldo Rago Gallo. No sólo eso; también fue Rago Gallo quien hizo lugar a una medida cautelar en un amparo presentado por el grupo Vila, suspendiendo seis artículos de la Ley de Medios, lo cual habla de una línea invisible de afinidades. Y por si faltaba algún dato más, en aquel famoso apartamiento de Bento en la causa Romano donde intervino el amigo Julio Petra (la que originó el festejo con whisky y champán) también tomaron intervención los jueces Miguel Gálvez, el que sí firmó la autorización de traslado de Olivera y De Marchi, y Leopoldo Rago Gallo, quien es además el encargado de la extradición del represor Carlos Luis Malatto.

Malatto vive actualmente en L’Aquila. Se fugó apenas unos días antes de que Romano se tomara aquel avión LAN rumbo a Chile, o sea, se van a cumplir exactamente dos años.

Fuente: Revista 23

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