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Militar se manifestó arrepentido
de ordenar destruir archivos
Por Elena Corvalan
El ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas expuso ayer su “profundo arrepentimiento” por haber ordenado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, que contienen registros de nacimientos comprendidos desde principios de 1975 y mediados de 1990, pasando por toda la etapa de la última dictadura. El ex militar dijo que esta decisión fue “un error” y “una imprudencia” de su parte.
Gestoso Presas hizo estas afirmaciones ante el Tribunal Oral Federal de Salta que lo juzga por tentativa de destrucción de elementos de prueba. También se está juzgando al ex coronel Carlos Fernando Tozzeto Arias, en su caso por incumplimiento de los deberes a su cargo.
El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, que era director del Hospital Militar, encontró dos libros de la guardia y los entregó al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Gestoso Presas, quien ordenó al entonces capitán Silvio Manino Leal que los destruyera. Los libros se salvaron porque este último incumplió la orden y los ocultó para luego entregarlos al Ministerio de Defensa de la Nación. Así se inició esta causa.
Asistido por los abogados particulares José Spuch y Nicolás Ortiz Saravia, Tozzeto Arias reiteró que los libros “no estaban en condiciones, tenían las tapas con moho. No estaban chorreando pero tenían algunas hojas pegadas” y por eso decidió llevarlos al jefe de Inteligencia, para que los revisara y determinara si debían conservarlos o los destruían. Añadió que Gestoso Presas le dijo que se los dejara y luego, “informalmente”, le informó que había ordenado incinerarlos porque consideró que su contenido era “intrascendente”.
Mientras el militar hablaba los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila hojeaban los grandes libros: se los veía en muy buenas condiciones, con las hojas legibles y sus tapas forradas con papel azul tipo araña. El juez Federico Díaz quiso saber cuál era el que tenía las hojas pegadas, pero el acusado no pudo señalarlo.
La declaración de Tozzeto Arias motivó a Gestoso Presas, asistido por el ex fiscal federal Oscar Tomás del Campo, a hacer aclaraciones: “Cada jefe es responsable de lo que ocurre en su unidad y del personal a su cargo”, recordó, dijo que el área de Inteligencia no tiene ninguna injerencia en la documentación de otras. Añadió que desconocía que había un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que el director del Hospital informara si se había producido algún nacimiento en determinada fecha de 1975. Sostuvo que respecto del tratamiento que debía dar a los libros le indicó al médico tres opciones: enviarlos al Comando de Sanidad, guardarlos en el archivo del Hospital o destruirlos, si consideraba que su contenido era irrelevante. Aseguró que Tozzeto Arias eligió incinerarlos y le pidió que lo hicieran en la Compañía de Inteligencia porque en su unidad no tenía “gente de confianza” para hacerlo. “Ahí fue cuando cometí el error de ordenar su destrucción”, sostuvo. Y remató: “No solo cometí una imprudencia (…), además fui sorprendido en mi buena fe respecto del contenido de esos libros”.
Ayer declararon cinco testigos, uno de ellos, Rodolfo Retamozo, que era encargado del sector donde se encontraron los libros, incurrió en tantas contradicciones que los fiscales terminaron pidiendo que su detención y que sea investigado por falso testimonio. El Tribunal decidió remitir copias para iniciar una investigación. La audiencia continuará el 18 de febrero.
Fuente: Agencia de Noticias DDHH
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11.02.2014 | otro caso de complicidad civil con la dictadura militar que avanza en la justicia
Piden elevar a juicio oral la causa contra el dueño de la Veloz del Norte
El empresario Marcos Levín está acusado de haber instigado en 1977 el secuestro de Víctor Cobos, delegado en su compañía de transporte. También están imputados tres ex policías.
Por:
Gerardo Aranguren
Acusado por el secuestro y torturas a un delegado de su empresa, Marcos Levín, dueño de la Veloz del Norte, está cada vez más cerca del juicio oral en Salta por delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, pidieron la semana pasada al juez Leonardo Bavio la elevación a juicio de la causa, en la que también están imputados tres agentes de la policía provincial.
El empresario Marcos Levín se encuentra acusado como instigador del secuestro del delegado Víctor Manuel Cobos, chofer de la Veloz del Norte, quien se desempeñaba en ese momento en la Junta Directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta. Además de Levín, el pedido de elevación incluye a los supuestos autores materiales del secuestro y las torturas, el subcomisario Víctor Hugo Bocos y el policía Enrique Víctor Cardozo, y Víctor Hugo Almirón, como jefe de la comisaría Cuarta y autor mediato de los delitos.
El 22 de enero de 1977, Cobos fue secuestrado junto a otros 21 trabajadores de la Veloz del Norte y llevados a la Comisaría 4ª de Salta, donde muchos de ellos fueron torturados y obligados a confesar falsos crímenes cometidos contra la empresa, como el robo de boletos.
Cobos fue liberado en abril del mismo año, aunque debió irse a Buenos Aires ya que en Salta no logró conseguir trabajo. En los tres meses de cautiverio "existió una asidua y llamativa presencia del imputado Levín en esa comisaría, quien concurría para reunirse con el personal policial, en particular con Bocos, al punto de llegar a estar presente en las sesiones de torturas infligidas a Cobos", señalaron los fiscales.
De manera similar a lo ocurrido en Jujuy con el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, Levín no sólo está acusado de instigar el secuestro de sus trabajadores sino que habría aportado vehículos de su empresa para cometer estos delitos.
Por ahora, el único caso con pedido de elevación es el de Cobos, ya que los casos de sus compañeros secuestrados y torturados fueron excluidos de la causa por el juez de primera instancia Bavio, decisión que está apelada en la Cámara de Casación.
En el requerimiento de elevación los fiscales destacaron que "uno de los objetivos del gobierno de facto fue la 'reorganización' de las estructuras económicas y sociales de la sociedad, lo que quedó evidenciado en las medidas adoptadas por las fuerzas armadas en el poder".
Como delegado gremial, Cobos había logrado movilizar a los empleados de la empresa, por lo que su actividad era "contraria a los intereses de la empresa, lo que motivó que fuera perseguido, tanto dentro de la empresa como por parte de las fuerzas de seguridad", explicaron los fiscales.
Villalba y Sivila señalaron que "la utilización de las estructuras ilegales de represión, como en otros casos, permitió cumplir los fines propuestos por el régimen, es decir, el disciplinamiento de la masa trabajadora a las necesidades productivas de las empresas". En ese sentido, concluyeron que "los trabajadores de la empresa La Veloz del Norte fueron víctimas del plan sistemático y generalizado de represión ilegal, que precisamente estaba dirigido contra esos sectores de la población civil, y en particular contra aquellas fracciones más combativas de la clase obrera o que se alinearon con ellas". «
Fuente: Tiempo Argentino
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