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Para la fiscalía, el medio integró el aparato de inteligencia militar
Declarará Vicente Massot, imputado por crímenes del terrorismo de Estado
El director del diario La Nueva Provincia deberá comparecer este martes a las 10.30 en los tribunales federales de Bahía Blanca. El juez Coleffi le recibirá su descargo por la imputación de haber integrado desde la empresa una asociación ilícita con la Armada y el Ejército para "eliminar un grupo nacional".
El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, deberá presentarse mañana martes a las 10.30 en la sede de los tribunales federales de Bahía Blanca para realizar su descargo en la causa que lo tiene imputado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El juez Federal subrogante de la ciudad Bonaerense, Álvaro Sebastián Coleffi, le fijó audiencia en cumplimiento de una orden de la Cámara Federal local, ante un recurso de los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los casos de terrorismo de Estado en la zona.
El empresario periodístico fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”, y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Massot se encuentra acusado de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”. Según los fiscales, La Nueva Provincia y otros medios del grupo habrían operado “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses”.
Massot prestará declaración "espontánea", en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que cualquier persona "contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar". El mismo artículo prescribe que "la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".
Massot se había presentado espontáneamente en el juzgado cuando se hizo pública la imputación que le formularon los fiscales pero en su momento el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez se negó a recibirle declaración.
Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y revocada por la Cámara, de forma que ahora es el juez Coleffi quien finalmente llevará a cabo el acto. Martínez fue recusado por la fiscalía y decidió, por su parte, excusarse de intervenir en este proceso, dado que ya había emitido su opinión.
Fuente: http://fiscales.gob.ar
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Es juzgado desde hoy
Empezó el jury contra Hooft por su rol durante la última dictadura
Terminó hoy la primera audiencia en la que un jury de enjuiciamiento podría destituirlo del cargo. La primera denuncia se presentó hace siete años. Hooft está acusado de archivar habeas corpus, no informar sobre la muerte de detenidos-desaparecidos y cerrar causas penales por secuestro, sin citar a los testigos.
Por: Pablo Waisberg
Por primera vez Pedro Federico Hooft se sentó del otro lado: el juez provincial de Mar del Plata es juzgado desde hoy por su actuación como magistrado durante la última dictadura. Siete años después de la presentación de la denuncia, un jury de enjuiciamiento podría destituirlo del cargo. Esto habilitaría a la Justicia Federal a avanzar en la causa penal donde se investiga si archivó las denuncias penales y los habeas corpus presentados por familiares de los trece secuestrados durante la “Noche de las corbatas” y otros cinco hechos ocurridos en 1977. En ese expediente, el juez ahora suspendido se negó sistemáticamente a declarar y, por sus fueros, sus colegas federales no han podido obligarlo a hacerlo. El jury se realiza mientras en todo el país avanzan diferentes causas que tienen en el banquillo a ex funcionarios del Poder Judicial.
La audiencia empezó fuera del horario estipulado. El motivo: uno de los jueces se demoró en un embotellamiento. Hooft estuvo hoy acompañado junto a sus abogados: su hijo Federico y Héctor Granillo Fernández. Enfrente, en la mesa de acusación, estuvieron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, y los abogados Cesar Sivo, Natalia Messineo y Eduardo Salerno.
La estrategia de la querella, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos y sociales, buscará demostrar que Hooft incumplió sus tareas como juez: archivó hábeas corpus, no informó sobre la muerte de los detenidos-desaparecidos (como en el caso del abogado Jorge Candeloro) y cerró las causas penales por secuestro sin citar a los testigos. Además de la prueba documental –que incluye una copia certificada del habeas corpus por Candeloro y el informe del Ejército diciendo que estaba muerto-, los querellantes presentarán una serie de testigos que aportarán elementos sobre la relación del magistrado con la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, donde el Ejército tenía alojados a varios detenidos-desaparecidos en proceso de legalización, y con la conducción de la Subzona 15.
La copia del hábeas corpus por Candeloro, que Hooft archivó antes de recibir la respuesta de la policía y el Ejército, fue hallada por su viuda, Marta García, en 1980. La encontró mientras tramitaba su pensión. Junto a ese papel presentado en julio de 1977, estaba la respuesta del jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, fechada en octubre de ese año. Allí informó que Candeloro había sido “abatido” el 28 de junio, el mismo día en que Marta García lo escuchó morir en medio de la tortura, en el radar donde funcionó el centro clandestino conocido como La Cueva. Así Marta García se enteró, esta vez por una fuente oficial, que su marido estaba muerto. Ambos papeles habían sido archivados juntos y la investigación no se había reabierto.
“Es paradigmático el caso del matrimonio Candeloro-García, ya que el primero aparecía con frecuencia en los informes de inteligencia (ella también pero en menor medida) y había sido perseguido con cierta insistencia por los miembros del CNU (Concentración Nacional Universitaria), grupo con el que al menos congeniaba Hooft y con el que había compartido la Administración de la Universidad en el tiempo en que ellos eran parte de su gobierno”, indicó la querella en su pedido de enjuiciamiento.
El señalamiento de la relación del magistrado suspendido con la CNU no es casual: en el secuestro y desaparición de los abogados y varias de sus mujeres, que concretó la dictadura entre junio y julio de 1977, está involucrado ese grupo parapolicial. La denominada “Noche de las corbatas” fue el secuestro de once personas en 48 horas: los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, y José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci y Bozzi. Pero ese megaoperativo había comenzado un mes antes con el secuestro en Neuquén de Candeloro y Marta García, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata unos días antes del secuestro del otro grupo.
Por su parte, la defensa de Hooft, que encabezan sus abogados y familiares, ancló su estrategia en que el magistrado suspendido es víctima de una suerte de complot en su contra. Incluso, Hooft sostuvo que es parte de una “venganza” personal. Sobre esa hipótesis, recién el 15 de abril del año pasado –siete años después de la presentación de la querella penal- denunció una “asociación ilícita” ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Allí estarían actuando “miembros de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal y un abogado para el armado de la causa penal”, indicaron en una gacetilla de prensa. Si bien los defensores no explicaron el objetivo ni el sentido de ese armado, basaron la denuncia en una grabación de una conversación mantenida por el abogado Federico Hooft (hijo mayor y uno de los defensores del juez acusado) con el fiscal Claudio Kishimoto. Allí se lo escucha a Kishimoto decir que la causa era “un gran verso”. Y el fiscal relató, en una entrevista en Página 12, la amenaza que le soltó Hooft hijo en ese encuentro sorpresivo: “No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto”. Además, Kishimoto explicó que desde la Procuración se había definido una especie de protocolo ante una situación de presión y dijo que sus dichos eran parte de esa estrategia: “En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, (Jorge) Auat (el titular de la Unidad de Coordinación de los juicios sobre el terrorismo de Estado) siempre dice ‘háganme responsable a mí’. Es para descomprimir nuestra situación”.
Todos esos elementos, son algunas de las pruebas y testimonios que tendrá que analizar el jurado, que preside el ministro de la Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que se integró con los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina. También lo componen los diputados Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.
El juicio político a Hooft se lleva adelante al mismo tiempo que otras investigaciones sobre miembros de Poder Judicial. Eso es lo que está ocurriendo en la mega causa Mendoza, donde hay 5 ex jueces entre los 37 imputados de participar en delitos de lesa humanidad. Se trata del segundo juicio tras la condena al ex magistrado santafesino Víctor Brusa, que marcó el inicio de un proceso en el cual la Justicia se investiga a sí misma.
Ahora, los integrantes del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense que evaluará la situación de Hooft tendrán casi dos meses –según el cronograma de audiencias- para escuchar a los testigos y analizar las pruebas presentadas. Todos esos documentos fueron producidos hace más de treinta años. Allí está la clave de la conducta de Hooft en los casos que se investigan en este juicio político.
Fuente: http://www.infojusnoticias.gov.ar
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Hoy debía declarar, pero no lo hizo
Intimidaron a la principal testigo del jury contra el juez Hooft
Se trata de Marta García de Candeloro. El domingo a la madrugada intentaron romper con un taladro la cerradura de la puerta de su casa, en Mar del Plata. No sólo es una de las principales testigos en su contra, sino que aportó pruebas sobre su incumplimiento de tareas como magistrado. Se alertó al programa de protección de testigos.
18.03.2014 | está acusado por complicidad con la dictadura militar
El suspendido juez Hooft comenzó a ser juzgado
En su primera audiencia, el jury de enjuiciamiento escuchó en La Plata a varios testigos. Todos ellos responsabilizaron al magistrado.
Fuente: http://tiempo.infonews.com/2014/03/18/argentina-120704-el-suspendido-juez-hooft-comenzo-a-ser-juzgado.php
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18.03.2014 | el ex juez está involucrado en un secuestro en 1977
Revocaron falta de mérito a Sarmiento y lo procesaron
La Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito del ex juez federal de la Capital Federal durante la dictadura cívico-militar, Rafael Sarmiento, y ordenó su procesamiento por considerarlo partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad del ex ministro de Economía de la provincia, Ramón Miralles, quien fue secuestrado en su juzgado en 1977 cuando fue a consultarlo por el trámite de un habeas corpus preventivo con el que le había solicitado protección.
Fuente: http://tiempo.infonews.com/2014/03/18/argentina-120703-revocaron-falta-de-merito-a-sarmiento-y-lo-procesaron.php
EL PAIS › EL JUEZ DE MAR DEL PLATA PEDRO HOOFT ESTA ACUSADO DEL MAL DESEMPEñO
Comenzó el jury contra Hooft
El magistrado suspendido está denunciado por su actuación durante el terrorismo de Estado. Ayer se escucharon testimonios sobre el manejo de los hábeas corpus y sobre su reacción contra los Juicios por la Verdad.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242043-2014-03-18.html
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PAIS › SARMIENTO ESTA ACUSADO COMO PARTICIPE DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ex juez terminó procesado
La Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito del ex magistrado de la dictadura Rafael Sarmiento y dictó su procesamiento como “partícipe necesario” del secuestro del ex ministro de Economía bonaerense Ramón Miralles en 1977.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242044-2014-03-18.html
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