por Elena Corvalán. foto Miguel Vrgas
La hermana del escribano Bustos
acusó al coronel Carlos Arias
La hermana del Aldo Melitón Bustos sostuvo hoy, 16 de diciembre, que el coronel retirado Carlos Alberto Arias fue uno de los secuestrados del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, en Tartagal.
Elsa Edith Bustos fue la primera en declarar en la octava jornada del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta se sigue contra los coroneles retirados Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio. También declararon el coronel retirado Horacio Ballester y la abogada Mirta Mántaras. El primero se refirió a la doctrina de seguridad nacional y la segunda, sostuvo que durante la última dictadura militar hubo una asociación ilícita que cometió violaciones a los derechos humanos.
Elsa Bustos contó que su hermano recibió amenazas de muerte. Incluso destacó que ella misma recibió una llamada dirigida a su hermano: “Estés donde estés, te vamos a encontrar.”, le mandaban decir.
La testigo afirmó que las amenazas provocaron temor en su familia, y que Aldo Bustos se exilió en Bolivia. Respecto del secuestro, cometido en la madrugada del 2 de febrero, recordó que se enteró de este hecho por su sobrino Raúl Federico, hijo del escribano, y que otro hermano suyo, Heraldo Bustos, viajó a Tartagal. Añadió que luego Heraldo le contó que el Ejército se había llevado a Aldo Bustos, y que le dio también el nombre de Arias como uno de los integrantes del grupo de tres hombres que lo secuestraron.
“Todavía estamos con esto, para pedir justicia”, respondió la mujer cuando el fiscal Eduardo Villalba le preguntó si su familia había podido superar lo sucedido con Aldo Melitón Bustos.
La jornada tuvo otros dos declaraciones destacadas, de testigos ofrecidos por su conocimiento de los reglamentos militares y de las normas que se usaron para poner en marcha el aparato represivo estatal que funcionó durante la última dictadura militar.
El coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), se refirió a la doctrina de seguridad nacional aplicada por el gobierno militar iniciado en 1976.
Recordó que esta doctrina fue puesta en vigencia, luego de la segunda guerra mundial, por Estados Unidos. En ese marco se realizaron distintas actividades y se crearon ámbitos de lucha contra el comunismo internacional. Esta doctrina establecía que había una hipótesis de guerra Oriente- Occidente y el enemigo era interno. En el marco de esta doctrina se creó la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá y ahora tiene su sede en Florida, en el estado de Georgia.
Más tarde, en la década del 60, las fuerzas armadas argentinas incorporaron la doctrina francesa de contrainsurgencia.
Ballester señaló que en el marco de esta doctrina se instrumentó también el Plan Cóndor, de colaboración entre las fuerzas armadas de la región para la lucha antisubversiva.
Asimismo, afirmó que el gobierno militar forzó la interpretación de los decretos presidenciales 270, 2771, 2772 y 2773, que ordenaban el aniquilamiento de la acción subversiva. Recordó que para la lucha antisubversiva el país fue dividido en zonas y áreas. Y sobre la Comunidad Informativa, dijo que efectivamente existían y que cumplían un rol “fundamental” en la lucha antisubversiva.
Como testigo de conocimiento, el coronel retirado fue consultado sobre el radiograma y la nota objeto en las que el propio Regimiento de Monte 28 confirma que detuvo a Bustos el 2 de febrero y lo puso a disposición del Destacamento 143 de Inteligencia con asiento en Salta. Dijo que no les encontraba objeciones y explicó que en realidad no siempre se guardaban todas las formas en las comunicaciones por escrito.
Mántaras se refirió a los decretos presidenciales a los que recurren los militares acusados de violaciones a los derechos humanos para decir que en realidad estaban cumpliendo órdenes del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
La abogada sostuvo que el objetivo de los decretos 2770, 71, 72 y 73 se había cumplido al desarticular a la guerrilla y que en realidad quienes detentaron el poder desde el golpe de Estado de 1976 conformaron una asociación ilícita para cometer delitos.
El Dodge andaba
La hermana del Aldo Melitón Bustos sostuvo hoy, 16 de diciembre, que el coronel retirado Carlos Alberto Arias fue uno de los secuestrados del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, en Tartagal.
Elsa Edith Bustos fue la primera en declarar en la octava jornada del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta se sigue contra los coroneles retirados Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio. También declararon el coronel retirado Horacio Ballester y la abogada Mirta Mántaras. El primero se refirió a la doctrina de seguridad nacional y la segunda, sostuvo que durante la última dictadura militar hubo una asociación ilícita que cometió violaciones a los derechos humanos.
Elsa Bustos contó que su hermano recibió amenazas de muerte. Incluso destacó que ella misma recibió una llamada dirigida a su hermano: “Estés donde estés, te vamos a encontrar.”, le mandaban decir.
La testigo afirmó que las amenazas provocaron temor en su familia, y que Aldo Bustos se exilió en Bolivia. Respecto del secuestro, cometido en la madrugada del 2 de febrero, recordó que se enteró de este hecho por su sobrino Raúl Federico, hijo del escribano, y que otro hermano suyo, Heraldo Bustos, viajó a Tartagal. Añadió que luego Heraldo le contó que el Ejército se había llevado a Aldo Bustos, y que le dio también el nombre de Arias como uno de los integrantes del grupo de tres hombres que lo secuestraron.
“Todavía estamos con esto, para pedir justicia”, respondió la mujer cuando el fiscal Eduardo Villalba le preguntó si su familia había podido superar lo sucedido con Aldo Melitón Bustos.
La jornada tuvo otros dos declaraciones destacadas, de testigos ofrecidos por su conocimiento de los reglamentos militares y de las normas que se usaron para poner en marcha el aparato represivo estatal que funcionó durante la última dictadura militar.
El coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), se refirió a la doctrina de seguridad nacional aplicada por el gobierno militar iniciado en 1976.
Recordó que esta doctrina fue puesta en vigencia, luego de la segunda guerra mundial, por Estados Unidos. En ese marco se realizaron distintas actividades y se crearon ámbitos de lucha contra el comunismo internacional. Esta doctrina establecía que había una hipótesis de guerra Oriente- Occidente y el enemigo era interno. En el marco de esta doctrina se creó la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá y ahora tiene su sede en Florida, en el estado de Georgia.
Más tarde, en la década del 60, las fuerzas armadas argentinas incorporaron la doctrina francesa de contrainsurgencia.
Ballester señaló que en el marco de esta doctrina se instrumentó también el Plan Cóndor, de colaboración entre las fuerzas armadas de la región para la lucha antisubversiva.
Asimismo, afirmó que el gobierno militar forzó la interpretación de los decretos presidenciales 270, 2771, 2772 y 2773, que ordenaban el aniquilamiento de la acción subversiva. Recordó que para la lucha antisubversiva el país fue dividido en zonas y áreas. Y sobre la Comunidad Informativa, dijo que efectivamente existían y que cumplían un rol “fundamental” en la lucha antisubversiva.
Como testigo de conocimiento, el coronel retirado fue consultado sobre el radiograma y la nota objeto en las que el propio Regimiento de Monte 28 confirma que detuvo a Bustos el 2 de febrero y lo puso a disposición del Destacamento 143 de Inteligencia con asiento en Salta. Dijo que no les encontraba objeciones y explicó que en realidad no siempre se guardaban todas las formas en las comunicaciones por escrito.
Mántaras se refirió a los decretos presidenciales a los que recurren los militares acusados de violaciones a los derechos humanos para decir que en realidad estaban cumpliendo órdenes del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
La abogada sostuvo que el objetivo de los decretos 2770, 71, 72 y 73 se había cumplido al desarticular a la guerrilla y que en realidad quienes detentaron el poder desde el golpe de Estado de 1976 conformaron una asociación ilícita para cometer delitos.
El Dodge andaba
El coronel Sergio Ricardo Ríos Ereñú, hijo de quien fuera jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, Héctor Ríos Ereñú, confirmó que el Ejército le había entregado a su padre un automóvil Dodge 1500 amarillo. Contó que los hijos del jefe andaban en este vehículo y que cuando su padre lo entregó, en diciembre de 1977, estaba funcionando.
Sergio Ríos Ereñú confirmó de esta manera parte del relato del principal testigo de este proceso, Raúl Bustos, que fue testigo del secuestro de su padre y afirma que el escribano fue llevado en un Dodge 1500 amarillo que pertenecía al Regimiento de Monte 28. Bustos hijo dijo que conocía este auto porque Sergio Ríos Ereñú, con el cual eran compañeros en el 4º año en el Colegio San Francisco, lo usaba habitualmente.
Asimismo, el coronel desmintió parte del testimonio del quien en 1977 y 1978 era jefe de Logística del Regimiento 28, Eduardo Gentiluomo, que aseguró que en diciembre de 1977 el Dodge no estaba en condiciones de ser utilizado.
Cruces entre el fiscal y el
presidente del Tribunal
La tendencia del presidente del Tribunal, Roberto Frías, a descalificar ciertas preguntas y presionar a los testigos de la acusación motivó ayer un cruce verbal con el fiscal Eduardo Villalba, quien le endilgó estar alterando el equilibrio de las partes.
El fiscal estaba interrogando a la testigo Elsa Bustos, hermana del escribano Aldo Melitón Bustos. Le preguntó si las amenazas de muerte generaron temor en su familia. Frías lo interrumpió diciéndole que la pregunta no era pertinente.
“Yo considero que sí es pertinente”, retrucó rápidamente el fiscal. “Usted está alterando el equilibrio de las partes”, le reprochó al juez, y siguió con su interrogatorio.
Frías optó por permitir las preguntas y ya no interrumpió al fiscal.
La Facultad de Humanidades reclama
que el juicio siga sin interrupciones
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) aprobó el martes último, 15 de diciembre, una declaración por la que se exige a la Justicia Federal que el juicio oral y público contra los coroneles retirados acusados por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos “prosiga sin interrupción”.
El Consejo también repudió las declaraciones del ex gobernador de facto de Salta, Roberto Augusto Ulloa, y de quien fuera su secretario de Gobierno, el ex legislador nacional por el Partido Renovador de Salta (PRS) Jorge Folloni. Ambos ex funcionarios negaron haber tenido conocimiento del secuestro de Bustos.
Asimismo, el Consejo de Humanidades pidió al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta que emita una declaración en relación a este juicio. La declaración del Consejo Directivo se originó en un proyecto presentado por consejeros directivos estudiantiles, docentes y egresados.
Para tomar esta decisión el Consejo Directivo de Humanidades tuvo en cuenta que este es el primer “juicio oral y público por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato represivo del terrorismo de Estado” que se sustancia en Salta. También consideró que las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos “han desarrollado una incansable tarea por esclarecer e identificar a quienes fueron responsables directos e indirectos” de estos crímenes, y la actitud de quienes fueron funcionarios de la dictadura, como Ulloa y Folloni, que pretenden difundir un “manto de impunidad, de olvido y desmemoria” para “obstruir el accionar de la justicia”.
Por otra parte, el Ateneo Doctor Arturo Illia de la UCR salteña exigió la ruptura del acuerdo que este partido mantiene con Propuesta Salteña, una escisión del PRS.
“El Partido Radical no puede compartir un espacio político con el partido del vicegobernador Andrés Zottos y presidente del Partido Militar Renovador de Salta, tampoco, sostener acuerdo alguno con su reciente desmembramiento el Partido Propuesta Salteña”, afirmó el Ateneo en un comunicado difundido el martes 15, que lleva, entre otras firmas, la de su presidente, Rubén Correa.
El Ateneo aseguró que el juicio por el secuestro y desaparición de Aldo Bustos ya “dejó en descubierto una verdad a gritos, que ambos partidos tienen el mismo origen y ambos están embarcados en la misma operación de mantener la impunidad y el ‘olvido’ sobre los hechos aberrantes”, por lo que el radicalismo “debe abandonar cualquier ‘acuerdo’ con estas fracciones del terrorismo de estado y debe volcarse a la construcción de un partido que reivindique su historia en la lucha por la libertad y la dignidad humana”.
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