"EL VESUBIO"

EL PAIS › COMENZO EL JUICIO POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO VESUBIO
Con el propósito de hacer justicia
Los acusados son los militares Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y cinco guardias penitenciarios del que fue uno de los mayores centros de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército. Por ese campo pasaron unos 2500 secuestrados.


Los represores Ricardo Martínez, Ramón Erlán, Diego Chemes y Pedro Durán Sáenz.


Por Diego Martínez
A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.
El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.
La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser desginado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.
La política del avestruz
La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.
“Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros”, advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.
Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:
–¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!
–¿Le parece bien que se escondan como avestruces?
–Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.

EL PAIS › EL REPRESOR DIJO QUE RODOLFO WALSH SE SUICIDO Y QUE “LA GUERRA NO TERMINO”
Un nuevo zarpazo del Tigre Acosta
En contra de lo dicho por sus camaradas, mencionó que en el cuerpo del escritor había “vestigios de la pastilla de cianuro”, pero no dijo qué hicieron con su cadáver. Calificó su Carta Abierta como “un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista”.
Preso con prisión preventiva en el penal de Ezeiza, sin computadora pero con papel y birome, abundante tiempo libre y los recuerdos que cada semana le dispara la lectura de la acusación por los crímenes en la ESMA, el capitán retirado Jorge Eduardo Acosta se refirió en una carta al Tribunal Oral Federal Nº 5 a la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh. El ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 no dijo qué hizo la Armada con el cadáver, no dijo quién se robó los originales de su obra secuestrados en la casa del Tigre donde pasó sus últimos días, pero contrariando las confesiones de sus camaradas a los secuestrados en la ESMA, según las cuales Walsh murió acribillado mientras se defendía con una pistola calibre 22, Acosta escribió que el escritor “se suicidó”. En tono amenazante advirtió que “la guerra no terminó”.
Acosta admitió haber encabezado el grupo de tareas de la ESMA, calificó al escritor como “un importantísimo miembro de la organización Montoneros”, y apuntó que “Walsh estaba dispuesto a morir, sí o sí, porque llevaba una pistola calibre 22”. Como sustento de su hipótesis mencionó también “vestigios de la pastilla de cianuro”, afirmación que cuanto menos certifica que la Armada realizó una autopsia sobre el cadáver de Walsh. Agregó que los elementos de análisis que él conoce pero oculta a la sociedad “no dejan duda alguna de la intención de no permitir su detención con vida”.
En el escrito, una decena de carillas manuscritas, el capitán de fragata retirado se quejó de la “persecución política” que a su criterio existe “contra algunos de los que derrotamos a los terroristas, para restablecer la paz”. También renegó de las fotografías “con primeros planos”, que el TOF Nº 5 autorizó a registrar luego de años de resistencia.
El procesado dijo que se sintió “intimidado” por el “aplauso cerrado” que provocó en la sala de audiencia la lectura de la Carta Abierta a la Junta Militar, que Walsh alcanzó a despachar el 24 de marzo de 1977, antes de ser emboscado y asesinado. La carta que el colombiano Gabriel García Márquez calificó como una obra maestra del periodismo universal “es un documento pero también un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista”, escribió el Tigre Acosta. Agregó que el aplauso que generó la lectura significa para él que “la guerra no terminó”.
En el escrito dirigido al TOF Nº5 Acosta lamentó, además, no poder recibir ayuda espiritual en las misas de los días jueves. “Está suficientemente probado que yo he sido el jefe de Inteligencia de la UT (léase unidad de tareas) 3.3.2 desde enero de 1977, y por ello he participado en la guerra fratricida que no inicié ni definí en su contenido”, consignó el procesado, quien manifestó sentir respeto por todas las víctimas, “entre ellas Rodolfo Walsh”, quien “de no haberse suicidado, estaría declarando como testigo en mi contra”.
El TOF Nº 5 prosiguió ayer con la lectura de la acusación contra los diecisiete procesados en el primer juicio significativo por los crímenes en la ESMA, que continuará el próximo miércoles a partir de las diez de la mañana. A pedido del abogado Alfredo Solari, se leerá también el auto de elevación a juicio del juez Sergio Torres, por lo que recién en dos semanas los defensores podrían plantear las cuestiones preliminares y comenzarían a declarar los testigos.
EL PAIS
Extraditan a un represor
El gobierno español aprobó ayer la extradición a la Argentina del represor Jorge Alberto Sosa, ex subcomisario de la Policía Federal en Neuquén, quien está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sosa, de 73 años y con doble nacionalidad argentina-española, fue detenido por orden del Juzgado Federal de Neuquén a través de Interpol el 8 de julio de 2009 en la localidad de Onteniente, Valencia, donde residía con su familia desde 1992. Tras su detención, la Audiencia Nacional de España dictó orden de prisión provisional, pero desde el 15 de octubre de 2009 el represor se encuentra en libertad al haber depositado una fianza. Sosa está imputado por asociación ilícita, 18 delitos de detención ilegal cometidos por funcionario público, agravada por su duración mayor de quince días, y 17 torturas y otros delitos contra la integridad moral.Fuente: Pagina 12-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS