TUCUMÁN

Los represores

"TUERTO" ALBORNOZ Y

BUZI

JUICIO MEGACAUSA CENTRO CLANDESTINO EX JEFATURA DE POLICIA


DERRIBÓ LOS ARGUMENTOS DE LOS REPRESORES
Una experta dijo que el Ejército armó un plan secreto que tenía como blanco al pueblo

La especialista en legislación militar, Mirtha Mantaras, echó por tierras los argumentos de los represores y aseguró que el Ejército tenía un plan que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Así, el plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ‘76, con el día D y la hora H”, señaló ante la mirada molesta del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados. También aclaró que el polémico decreto de Isabel de Perón no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. Mantaras, quien cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985), fue la primera testigo en declarar ayer en el juicio oral y público.
Como si hubiese dado cátedra a los jueces del Tribunal Oral y a los abogados tanto querellantes como defensores de los represores, la experta en legislación militar Mirtha Mantaras detalló ayer cómo se gestó el Operativo Independencia y de qué manera el Ejército, fuera de sus propios reglamentos, armó un plan secreto para cumplir con un objetivo, que no era -según la especialista- eliminar la guerrilla, sino adueñarse del poder. “El plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ’76, con el día D y la hora H”, lanzó entre sus afirmaciones más categóricas, ante la mirada atónita del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 víctimas en la ex Jefatura de Policía durante los años sangrientos de la última dictadura.
La abogada vino desde Capital Federal fue la primera testigo que declaró ayer frente al Tribunal Oral, propuesta por la querellante Laura Figueroa. En su extensa trayectoria, precisó que cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985) y declaró ante el juez español Baltasar Garzón en diversas causas de lesa humanidad. De esta manera, Mantaras aportó conceptos clave y especializados sobre la legislación y organización militar.
Sobre el polémico decreto 261/75, que fue firmado, –según la experta- en un clima de presión creado por los empresarios y la Triple A, por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, aclaró que no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. “En el Juicio a las Juntas (la llamada Causa 13/84), los jefes militares y ex ministros coincidieron en que no se había mandado a aniquilar en el sentido de eliminar sino en parar la actividad”, subrayó. Así, para la especialista en ese debate histórico quedó claro que no hubo una guerra.
En ese contexto, una vez creados los decretos reglamentarios, sostuvo que las Fuerzas Armadas empezaron a tomar directivas que no pasaban por el Consejo de Seguridad Interno, presidido por Martínez de Perón. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Con ver el reglamento militar uno toma noción de cuál era el objetivo”, insistió y luego agregó que por ello el temor más grande de los militares fue la resistencia civil.A esto agregó, que en ese entonces, Isabel de Perón ya había adelantado las elecciones para octubre de 1976, pero en vez de campañas electores, los militares se dedicaban a consumar el golpe de Estado.
La autora del libro “Genocidio en Argentina” (editado en 2005) también reprodujo dichos del general Acdel Vilas, el primer jefe del Operativo Independencia, en el marco de una declaración en una causa abierta en Bahía Blanca y de escritos en su diario (publicados en Internet, según la testigo) que destierran algunas creencias populares de lo que había sucedido en ese entonces. “Vilas nunca fue al monte, ese es un mito inexistente. Vilas se dedicó a hacer Inteligencia, le importaba actuar en la ciudad porque el objetivo era accionar sicológicamente sobre la población”, lanzó.
“En Bahía Blanca, Vilas quiso demostrar que había luchado con los reglamentos pero terminó develando un plan que sólo conocían 50 oficiales y que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. Y no fue solo un ataque para sembrar el terror sino también de humillación, volteaban al piso al hombre de la casa, manoseaban a las mujeres y se llevaban a las chicas jóvenes”, recordó. Hoy, Vilas tiene problemas de salud mental y vive recluido en una vivienda de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Desde su lugar de testigo, Mantaras dejó en claro que el eje militar era la labor de inteligencia, cargado de un accionar psicológico que tenía como blanco la población. “Para ello se adoptó la doctrina francesa, que tenía la tortura como método y la división del país en diversas zonas de operaciones. Este fue un accionar cívico-militar como si fuera una bicicleta conducida en forma conjunta”, explicó en las casi dos horas que expuso ante el Tribunal Oral Federal.
Bussi salió al cruce de la abogada
Después de escuchar a la experta en derecho militar Mirtha Mantaras, el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi no ocultó su malestar y quiso retrucarla preguntándole irónicamente si estuvo en Tucumán entre 1975 y 1976, cuando sucedieron los hechos que hoy son juzgados. Ante la insistencia del militar retirado, la abogada respondió que tomaba sus preguntas como una provocación y le pidió al Tribunal Oral que terminase su testimonio.
Antes, los abogados defensores Edgardo Berttini, Roberto Flores, Ezequiel Avila Gallo, Eduardo Brandán y Horacio Guerinau, también quisieron, cada uno por su lado, retrucar a la especialista, pero ninguno pudo lograr su objetivo.

EL MISMO LIBRETO
Menéndez: “Nunca atacamos a la población civil”

El represor Luciano Benjamín Menéndez se animó a decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y volvió a justificar el accionar militar en el contexto de una guerra contrarrevolucionaria. A través de una teleconferencia, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército leyó ayer el escrito que tiene cada vez que es sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad. Se adjudicó la responsabilidad de la actuación de sus “dignos subordinados” y desconoció al Tribunal que lo juzga. “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica… pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”, culminó.
Como lo hace cada vez que le toca hablar en cada juicio de delitos de lesa humanidad, el represor Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar y leyó un escrito en el que sostiene que el juicio que se le sigue por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía cuando cumplía el cargo de ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es “inconstitucional” y que en ese entonces se había desatado una guerra en la que, según el militar retirado, “nunca” se atacó a la población civil.
Condenado ya tres veces a prisión perpetua (una en Tucumán y el resto en Córdoba) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, Menéndez negó que las fuerzas militares hayan ese tipo de delitos reconocidos por el Derecho Internacional. “Se ha tergiversado el concepto internacional de delito de lesa humanidad, adjudicándonoslos, siendo que nunca atacamos a la población civil”, se animó a decir, acompañado de su abogado Horacio Guerineau.
“Como comandante, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos, privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, señaló y fuera de libreto, agregó: “algunos de los cuales están aquí, presos”. En el banquillo de los acusados lo escuchaban Antonio Domingo Bussi (ex jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército), Alberto Cattáneo (segundo comandante de la V Brigada), Mario Alberto Zimmermann (ex coronel a cargo de la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía) y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, ex agentes policiales de aquella época.
“Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra Patria, era la Nº 14.029-Código de Justicia Militar. Tan vigente estaba, que han tenido que derogarla ahora, por ley del Congreso, para que, en el futuro, cesen sus efectos. Esa ley designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga es incompetente”, dijo Menéndez a través de una teleconferencia que se realizó desde una sala del primer piso del Tribunal Oral Federal, para argumentar su negativa a declarar. Menéndez sigue el debate desde ese lugar debido a recomendaciones médicas tras haber permanecido internado por 11 días en el Hospital Militar de Córdoba por un cuadro de neumopatía aguda.
Por último, después de mencionar algunos artículos de los diarios La Voz del Interior y La Nación en los que se habla de la presión del gobierno kirchnerista para acelerar las causas a los represores, el militar retirado se adjudicó el papel de víctima: “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica con que se burla a la República, se perturba la vida de los ciudadanos, y se abre el camino a la tiranía. Pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.

SE LEYERON SUS DECLARACIONES

Para Cattáneo, no existieron los centros clandestinos de detención

El represor Alberto Cattáneo, ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería, se negó a declarar pero se conocieron declaraciones que realizó en 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades negó todas las acusaciones y desmintió que hayan existido centros clandestinos de detención durante la última dictadura. “Las denuncias de su existencia son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación, rayando la ficción”, dijo en mayo de 2007.

Alberto Cattáneo, ex segunda autoridad militar después de Antonio Domingo Bussi en la provincia durante la última dictadura militar, se abstuvo de declarar ayer ante el Tribunal Oral Federal pero se conocieron detalles de las declaraciones que realizó durante 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades, negó que hayan existido los centros clandestinos de detención y aseguró que las denuncias sobre su funcionamiento “son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación rayando la ficción”. A esto agregaba: “era ilógico que en un predio militar, sobre todo en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pudiese un elemento de esas características”.
En todas las indagatorias leídas desde la secretaria del Tribunal, negó las acusaciones en su contra y aseguró, al igual que sus ex jefes militares, que en ese entonces existió una guerra revolucionaria. “No entender esto es cambiar la realidad histórica porque en la provincia de Tucumán la subversión quería segregar su territorio operando en superficie y avanzar en los valles calchaquíes para hacer una tierra socialista hacia una conquista para el resto del país”, dijo en su declaración del 15 de mayo de 2007.
En esos dichos, Cattáneo también desconoció la competencia del Juzgado y aseguró que sólo puede ser juzgado por la Justicia Militar. Además, no aceptó los cargos por delitos de lesa humanidad ni por genocidios al sostener que no existen dentro del Código Militar ni en el derecho penal del país.
Se calificó como un soldado empleado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón para dar cumplimiento del Operativo Independencia, asumiendo como segundo comandante de la V Brigada de Infantería, cargo que cumplió entre el 16 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.
En sus declaraciones dijo desconocer los casos de desapariciones de Diana Oestherheld, Carlos Araldi y de Marta y Rolando Coronel, (víctimas de este juicio) debido a que en el momento de los hechos ya no ocupaba el cargo de segundo comandante sino que había sido trasladado a Buenos Aires para desempeñarse como general Jefe de Finanzas del Ejército. En todos los casos dijo que las acusaciones en su contra corresponden a un “compendio de falsedades”.
Fuente: http://www.primerafuente.com.ar/