Por Elena Corvalán
Arias se declaró inocente y dijo que
en 1970 hubo una “guerra caliente”
Nada novedoso. El coronel retirado Carlos Alberto Arias, negó hoy (29 de marzo) haber secuestrado al escribano Aldo Melitón Bustos, en febrero de 1978. Dijo que el proceso que se le sigue es “ilegítimo”, que se le está aplicando “un derecho penal del enemigo”, en el que se violaron sus derechos y fue condenado por anticipado; aseguró que en la década del 70 hubo una “guerra caliente” y calificó de mentiroso al hijo del escribano, que es querellante.
La audiencia de hoy se caracterizó por una espera más larga que la habitual y por la tensión que generaron las expresiones del coronel retirado Carlos Alberto Arias, al que la prolijidad de su atuendo y sus modales medidos no le alcanzaron para disimular la animadversión que le provocan los “subversivos”.
Sus palabras, sus insultos casi, provocaron la reacción de dos militantes de derechos humanos, Tito Ripodas y Cristina Cobos, que abandonaron la sala tras responder a viva voz. Dos mujeres que acompañan al militar también hablaron en voz alta, pero en este caso el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Roberto Frías, no se dio por enterado.
A primera hora de la mañana los abogados de la querella, Tania Kiriaco y David Leiva, pidieron que el juez Frías se apartara del Tribunal, por considerar que había perdido la imparcialidad para juzgar estos hechos. Basaron su solicitud en la malograda audiencia del 17 de marzo, día en que se convocó a las partes solo para decirles que iban a dar más tiempo a los acusados para que prepararan sus declaraciones y se extendió el cuarto intermedio hasta hoy. Además, enumeraron actitudes y expresiones que tuvo el presidente del Tribunal y que darían cuenta de su parcialidad manifiesta.
Frías pidió que se rechazara la recusación. Los otros dos miembros del Tribunal, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek, resolvieron en ese sentido, por considerar “extemporáneo” el planteo de la querella, aunque añadieron que el juez no incurrió en prácticas que hagan pensar que no es imparcial. Por las dudas, aclararon que la decisión del 17 fue del Tribunal en pleno.
Tras la lectura de esta resolución, comenzó a hablar Arias. Más que una declaración indagatoria, lo del coronel acusado se asemejó a un alegato, expresado con orden extremo.
Empezó por denunciar que le habían robado un borrador de su declaración. “Ratifico mi inocencia”, aseguró enseguida. “No tengo absolutamente ninguna responsabilidad sobre este hecho”, subrayó.
Destacó que ahora tiene “la oportunidad de decir la verdad. No es mi verdad. Es la verdad objetivo de los hechos”, subrayó antes de criticar el proceso que se lleva a cabo en su contra: “Asistí a un juicio inquisitorio” en el que fue condenado por anticipado, aseguró.
Añadió en este sentido que fue detenido ni bien se presentó la denuncia penal que abrió este proceso, hace cuatro años, y que durante este tiempo “no hubo diligencia” para tratar de desentrañar la verdad, que la mayoría de las veces los trámites procesales eran difundidos por la prensa antes de que fuera notificado y que “nadie verificó” la autenticidad de los documentos, las comunicaciones internas, que dan cuenta de que Bustos fue detenido por miembros del Regimiento de Infantería de Monte 28.
“El accionar que se ha tenido conmigo me remonta un poco a la antigüedad”, sostuvo. Reiteró que fue sometido a “un proceso arbitrario”, propio de “cuando el que juzga se comienza a alejar de la ley y cuando por razones de estado ese alejamiento se ve aparentemente justificado”.
La defensa por el ataque
En este punto Arias llegó a decir que el accionar de organizaciones “autollamadas de defensa de los derechos humanos” se asemeja a la acción de Hitler, quien –recordó Arias- modificó el Código Penal alemán para juzgar por analogía.
“Bustos me acusa de ser el responsable de la desaparición de su padre. Soy inocente de esa acusación. Se lo dije en la cara”, afirmó. Argumentó que el resto de testigos no hizo aportes a la acusación, incurren en contradicciones, “el propio querellante tiene contradicciones” y que comenzó a construir un discurso de acusación “ayudado quizás por organizaciones que tienen otros fines”, chicaneó.
Arias también apuntó contra los abogados de la querella y contra el fiscal federal Eduardo Villalba, del que llegó a decir que había incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público y plagio.
“Es lógico que la querella, o el patrocinante de la querella, trate de perjudicarme. Es parte de su trabajo. Lo entiendo pero no lo comparto” porque “no quiero que sobre mis espaldas se cargue un hecho del que no participé, y en el que no tengo nada que ver”, sostuvo. Más tarde iba a asegurar que la querella trata de mostrarlo “como un hombre malévolo”. “Los testigos que han pasado me han presentado como un monstruo”, añadió ya en relación al trato que le daba a los conscriptos bajo sus órdenes. Y otra vez volvió a darse el lugar del historiador objetivo, porque, dijo, “hay memorias particulares”, que solo recuerdan algunas cosas. “Yo quiero hablar de la verdad objetiva”, insistió.
La culpa es de Marx
Tras la introducción, Arias se remontó a 1848, dijo que por esa época Karl Marx publicó El capital, aunque en realidad el manifiesto, cuya autoría es compartida con Friedrich Engels, fue escrito entre 1863 y 1877.
El coronel retirado repasó la historia tomando como punto de partida a El capital. Pasó por la revolución rusa, la guerra fría hasta llegar a Cuba, donde comenzó “a gestarse la guerra caliente”, según dijo. Dijo que “en principio” esa revolución fue apoyada por Estados Unidos, hasta que quedó en claro que los verdaderos ideólogos de esa revolución eran el Che Guevara y Raúl Castro, que adherían al marxismo leninismo.
El acusado recordó que en 1966 una delegación argentina, encabezada por John William Cooke, visitó la isla.
Luego retrocedió: memoró que en 1959 surgió el primer grupo guerrillero en la Argentina, los Uturuncos, en Tucumán. Y en 1963 y 1964 el primer intento de instalar la guerrilla en el país: en Orán, con el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), comandado por el periodista Jorge Ricardo Masetti y por Oscar Altamira Guzmán, “felizmente aniquilados por la Gendarmería Nacional”, añadió Arias.
Tal vez los sentimientos del militar se mostraron con mayor vehemencia al hablar del Che Guevara: “Fusilador”, “siniestro personaje”, disparó; dijo que era conocido como “el fusilador de la cabaña”, que tiene las manos manchadas de sangre.
El repaso de Arias siguió con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), el Cordobazo, el Rosariazo, el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu; argumentó que la descomposición social había llegado a tal punto que en 1971 se creó un tribunal federal especial para jugar a los acusados por actos guerrilleros.
Duhalde, Righi, Perdía
El militar también tuvo menciones para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, del que dijo que encabezó una delegación de montoneros en la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Y para el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, del que dijo que como ministro de Héctor Cámpora, en 1973, dictó la ley de amnistía por la que “se liberó a guerrilleros, muchos de ellos con condena”, se desmanteló la Cámara Federal y comienza una persecución a los camaristas que habían juzgado a los “subversivos”:
“Eran jueces como ustedes”, les advirtió a los miembros del Tribunal.
A continuación mencionó la masacre de Ezeiza, y el Operativo Independencia, llevado a la práctica, recordó, por orden de un gobierno constitucional. Y acusó al dirigente montonero Roberto Perdía por “30 mil actos criminales” y “1.500 muertes”.
En ese punto Arias intentó reforzar el argumento de que la acción represiva estuvo dentro el marco legal previsto para estos casos. Dijo que había un Código Militar, que había estado de sitio “porque no era una situación de normalidad”. Y se habían dictado los decretos de aniquilamiento de la acción guerrillera.
Lesa humanidad
El militar también se detuvo en el ordenamiento jurídico que posibilitó que con la recuperación de la democracia, se realizara el histórico juicio a las Juntas, y las posteriores acciones que se llevaron a cabo para tratar de develar lo que ocurrió con las detenciones y desapariciones durante la última dictadura militar.
Argumentó que los subalternos como él no pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cuando los comandantes fueron juzgados por otras figuras penales. Sostuvo que “no hubo impunidad” porque se juzgó a los comandantes, y criticó que a tantos años de ocurridos los hechos, todavía se los esté juzgando. Pasó por alto en este punto el hecho de que los juicios se demoran por la resistencia puesta por los sospechados (que arrancaron leyes que los beneficiaron), y por la morosidad del Poder Judicial.
“Yo señor presidente rechazo el concepto de lesa humanidad, rechazo todo el proceso legal que he sufrido, porque es ilegítimo. (…) Denuncio que se me ha aplicado un derecho penal del enemigo”, afirmó.
E hizo una clara definición del concepto de derechos humanos: dijo que están para proteger a los ciudadanos de la acción punitiva de los estados.
Luego trató de descalificar cada uno de los testimonios de cargo. Su declaración continuará hoy, día en que pretende referirse a las declaraciones de los testigos Horacio Ballester (miembro del Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA) y Mirta Mántaras, abogada de derechos humanos.
Hurto de declaración
El coronel retirado Carlos Alberto Arias informó hoy que el jueves último presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal 1 de esta ciudad porque “hurtaron de mi correspondencia privada un borrador de la declaración que iba a prestar aquí”.
Dijo que esta declaración fue publicada en el diario El Tribuno “con un fin que yo aprecio que ha sido el de perjudicarme” sacando de contexto lo que tenía para decir, conjeturó.
Arias se preocupó en aclarar que no fue él quien facilitó el acceso a este material por parte del diario. “Me reservo el derecho de plantear una demanda contra el periódico y contra el periodista por haber publicado (la declaración) sin mi consentimiento y por haber afectado mi derecho de defensa”, insistió.
en 1970 hubo una “guerra caliente”
Nada novedoso. El coronel retirado Carlos Alberto Arias, negó hoy (29 de marzo) haber secuestrado al escribano Aldo Melitón Bustos, en febrero de 1978. Dijo que el proceso que se le sigue es “ilegítimo”, que se le está aplicando “un derecho penal del enemigo”, en el que se violaron sus derechos y fue condenado por anticipado; aseguró que en la década del 70 hubo una “guerra caliente” y calificó de mentiroso al hijo del escribano, que es querellante.
La audiencia de hoy se caracterizó por una espera más larga que la habitual y por la tensión que generaron las expresiones del coronel retirado Carlos Alberto Arias, al que la prolijidad de su atuendo y sus modales medidos no le alcanzaron para disimular la animadversión que le provocan los “subversivos”.
Sus palabras, sus insultos casi, provocaron la reacción de dos militantes de derechos humanos, Tito Ripodas y Cristina Cobos, que abandonaron la sala tras responder a viva voz. Dos mujeres que acompañan al militar también hablaron en voz alta, pero en este caso el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Roberto Frías, no se dio por enterado.
A primera hora de la mañana los abogados de la querella, Tania Kiriaco y David Leiva, pidieron que el juez Frías se apartara del Tribunal, por considerar que había perdido la imparcialidad para juzgar estos hechos. Basaron su solicitud en la malograda audiencia del 17 de marzo, día en que se convocó a las partes solo para decirles que iban a dar más tiempo a los acusados para que prepararan sus declaraciones y se extendió el cuarto intermedio hasta hoy. Además, enumeraron actitudes y expresiones que tuvo el presidente del Tribunal y que darían cuenta de su parcialidad manifiesta.
Frías pidió que se rechazara la recusación. Los otros dos miembros del Tribunal, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek, resolvieron en ese sentido, por considerar “extemporáneo” el planteo de la querella, aunque añadieron que el juez no incurrió en prácticas que hagan pensar que no es imparcial. Por las dudas, aclararon que la decisión del 17 fue del Tribunal en pleno.
Tras la lectura de esta resolución, comenzó a hablar Arias. Más que una declaración indagatoria, lo del coronel acusado se asemejó a un alegato, expresado con orden extremo.
Empezó por denunciar que le habían robado un borrador de su declaración. “Ratifico mi inocencia”, aseguró enseguida. “No tengo absolutamente ninguna responsabilidad sobre este hecho”, subrayó.
Destacó que ahora tiene “la oportunidad de decir la verdad. No es mi verdad. Es la verdad objetivo de los hechos”, subrayó antes de criticar el proceso que se lleva a cabo en su contra: “Asistí a un juicio inquisitorio” en el que fue condenado por anticipado, aseguró.
Añadió en este sentido que fue detenido ni bien se presentó la denuncia penal que abrió este proceso, hace cuatro años, y que durante este tiempo “no hubo diligencia” para tratar de desentrañar la verdad, que la mayoría de las veces los trámites procesales eran difundidos por la prensa antes de que fuera notificado y que “nadie verificó” la autenticidad de los documentos, las comunicaciones internas, que dan cuenta de que Bustos fue detenido por miembros del Regimiento de Infantería de Monte 28.
“El accionar que se ha tenido conmigo me remonta un poco a la antigüedad”, sostuvo. Reiteró que fue sometido a “un proceso arbitrario”, propio de “cuando el que juzga se comienza a alejar de la ley y cuando por razones de estado ese alejamiento se ve aparentemente justificado”.
La defensa por el ataque
En este punto Arias llegó a decir que el accionar de organizaciones “autollamadas de defensa de los derechos humanos” se asemeja a la acción de Hitler, quien –recordó Arias- modificó el Código Penal alemán para juzgar por analogía.
“Bustos me acusa de ser el responsable de la desaparición de su padre. Soy inocente de esa acusación. Se lo dije en la cara”, afirmó. Argumentó que el resto de testigos no hizo aportes a la acusación, incurren en contradicciones, “el propio querellante tiene contradicciones” y que comenzó a construir un discurso de acusación “ayudado quizás por organizaciones que tienen otros fines”, chicaneó.
Arias también apuntó contra los abogados de la querella y contra el fiscal federal Eduardo Villalba, del que llegó a decir que había incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público y plagio.
“Es lógico que la querella, o el patrocinante de la querella, trate de perjudicarme. Es parte de su trabajo. Lo entiendo pero no lo comparto” porque “no quiero que sobre mis espaldas se cargue un hecho del que no participé, y en el que no tengo nada que ver”, sostuvo. Más tarde iba a asegurar que la querella trata de mostrarlo “como un hombre malévolo”. “Los testigos que han pasado me han presentado como un monstruo”, añadió ya en relación al trato que le daba a los conscriptos bajo sus órdenes. Y otra vez volvió a darse el lugar del historiador objetivo, porque, dijo, “hay memorias particulares”, que solo recuerdan algunas cosas. “Yo quiero hablar de la verdad objetiva”, insistió.
La culpa es de Marx
Tras la introducción, Arias se remontó a 1848, dijo que por esa época Karl Marx publicó El capital, aunque en realidad el manifiesto, cuya autoría es compartida con Friedrich Engels, fue escrito entre 1863 y 1877.
El coronel retirado repasó la historia tomando como punto de partida a El capital. Pasó por la revolución rusa, la guerra fría hasta llegar a Cuba, donde comenzó “a gestarse la guerra caliente”, según dijo. Dijo que “en principio” esa revolución fue apoyada por Estados Unidos, hasta que quedó en claro que los verdaderos ideólogos de esa revolución eran el Che Guevara y Raúl Castro, que adherían al marxismo leninismo.
El acusado recordó que en 1966 una delegación argentina, encabezada por John William Cooke, visitó la isla.
Luego retrocedió: memoró que en 1959 surgió el primer grupo guerrillero en la Argentina, los Uturuncos, en Tucumán. Y en 1963 y 1964 el primer intento de instalar la guerrilla en el país: en Orán, con el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), comandado por el periodista Jorge Ricardo Masetti y por Oscar Altamira Guzmán, “felizmente aniquilados por la Gendarmería Nacional”, añadió Arias.
Tal vez los sentimientos del militar se mostraron con mayor vehemencia al hablar del Che Guevara: “Fusilador”, “siniestro personaje”, disparó; dijo que era conocido como “el fusilador de la cabaña”, que tiene las manos manchadas de sangre.
El repaso de Arias siguió con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), el Cordobazo, el Rosariazo, el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu; argumentó que la descomposición social había llegado a tal punto que en 1971 se creó un tribunal federal especial para jugar a los acusados por actos guerrilleros.
Duhalde, Righi, Perdía
El militar también tuvo menciones para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, del que dijo que encabezó una delegación de montoneros en la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Y para el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, del que dijo que como ministro de Héctor Cámpora, en 1973, dictó la ley de amnistía por la que “se liberó a guerrilleros, muchos de ellos con condena”, se desmanteló la Cámara Federal y comienza una persecución a los camaristas que habían juzgado a los “subversivos”:
“Eran jueces como ustedes”, les advirtió a los miembros del Tribunal.
A continuación mencionó la masacre de Ezeiza, y el Operativo Independencia, llevado a la práctica, recordó, por orden de un gobierno constitucional. Y acusó al dirigente montonero Roberto Perdía por “30 mil actos criminales” y “1.500 muertes”.
En ese punto Arias intentó reforzar el argumento de que la acción represiva estuvo dentro el marco legal previsto para estos casos. Dijo que había un Código Militar, que había estado de sitio “porque no era una situación de normalidad”. Y se habían dictado los decretos de aniquilamiento de la acción guerrillera.
Lesa humanidad
El militar también se detuvo en el ordenamiento jurídico que posibilitó que con la recuperación de la democracia, se realizara el histórico juicio a las Juntas, y las posteriores acciones que se llevaron a cabo para tratar de develar lo que ocurrió con las detenciones y desapariciones durante la última dictadura militar.
Argumentó que los subalternos como él no pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cuando los comandantes fueron juzgados por otras figuras penales. Sostuvo que “no hubo impunidad” porque se juzgó a los comandantes, y criticó que a tantos años de ocurridos los hechos, todavía se los esté juzgando. Pasó por alto en este punto el hecho de que los juicios se demoran por la resistencia puesta por los sospechados (que arrancaron leyes que los beneficiaron), y por la morosidad del Poder Judicial.
“Yo señor presidente rechazo el concepto de lesa humanidad, rechazo todo el proceso legal que he sufrido, porque es ilegítimo. (…) Denuncio que se me ha aplicado un derecho penal del enemigo”, afirmó.
E hizo una clara definición del concepto de derechos humanos: dijo que están para proteger a los ciudadanos de la acción punitiva de los estados.
Luego trató de descalificar cada uno de los testimonios de cargo. Su declaración continuará hoy, día en que pretende referirse a las declaraciones de los testigos Horacio Ballester (miembro del Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA) y Mirta Mántaras, abogada de derechos humanos.
Hurto de declaración
El coronel retirado Carlos Alberto Arias informó hoy que el jueves último presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal 1 de esta ciudad porque “hurtaron de mi correspondencia privada un borrador de la declaración que iba a prestar aquí”.
Dijo que esta declaración fue publicada en el diario El Tribuno “con un fin que yo aprecio que ha sido el de perjudicarme” sacando de contexto lo que tenía para decir, conjeturó.
Arias se preocupó en aclarar que no fue él quien facilitó el acceso a este material por parte del diario. “Me reservo el derecho de plantear una demanda contra el periódico y contra el periodista por haber publicado (la declaración) sin mi consentimiento y por haber afectado mi derecho de defensa”, insistió.
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