JUICIO MELITÓN BUSTOS

Arias dijo que es un chivo expiatorio
y Zírpolo acusó a otro jefe militar


El coronel retirado Carlos Alberto Arias dijo hoy (30 de marzo) es un “chivo expiatorio” armado por las organizaciones de derechos humanos. Insistió en su inocencia y siguió justificando la dictadura militar. El otro acusado por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, el coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, también se declaró inocente y acusó al jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Roberto Felipe Domínguez. Dijo que tenía información reservada de la dictadura militar; “seguramente debe saber” de Bustos, especuló.

En la jornada de hoy concluyó la declaración indagatoria de Arias. Con ayudas memoria en mano, y tono monocorde, el coronel siguió tratando de desacreditar los dichos de testigos propuestos por la querella, entre ellos el coronel retirado Horacio Ballester (del Centro de Militares por la Democracia, CEMIDA) y la abogada Mirta Mántaras. Y siguió hablando de cuestiones colaterales al hecho objeto de este debate: el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, cometido el 2 de febrero de 1978, en la norteña ciudad de Tartagal de la provincia de Salta.
De Ballester dijo que fue “desleal” con sus superiores, y no tuvo empacho en caer en la contradicción de reivindicar “la guerra contra el terrorismo” y, a la vez, reprochar al testigo que haya participado del derrocamiento del presidente Arturo Illia. Sostuvo que de esta manera Ballester demostró “su actitud golpista e inconstitucional”.
Hubo que esperar a que terminara su repaso por la historia, por los dichos de los testigos de este proceso, sus interpretaciones del derecho penal nacional e internacional, y que llegaran las preguntas de las partes para volver a hablar del secuestro de Bustos.
Antes hubo dos intentos de acortar su discurso, más un alegato que una declaración indagatoria. La primera fue por cuenta del abogado David Leiva, que pidió al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Roberto Frías, que parara “esta perorata”, cuando Arias analizaba el “proyecto universitario” de Montoneros. Más tarde el fiscal federal Eduardo Villalba llamó la atención sobre las “divagaciones” del acusado, que concluía su exposición con un relato cuya moraleja llevaba explícita una alabanza a los miembros del tribunal que lo juzga, y que terminó con la aseveración: “Menos mal que todavía hay jueces en la Argentina”.
Antes había afirmado que su juzgamiento está enmarcado en la presión que sufren los jueces de parte del poder político. Para reforzar esta afirmación, entregó al Tribunal un cuadernillo con unas cuarenta declaraciones de magistrados sobre esta supuesta presión.
También había insistido en la ilegitimidad del proceso en su contra, en el que, denunció, se violó la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que protegen los derechos humanos. Y se quejó de que se haya demorado “32 años” en imputarle el delito que se le atribuye hoy. “Eso se llama inseguridad jurídica”, afirmó.
Al final, sostuvo que los jueces y fiscales que participaron del juicio a las Juntas Militares, la causa 13, incurrieron en asociación ilícita, prevaricato, incumplimiento de sus deberes, por no haber juzgado a los comandantes por crímenes de lesa humanidad. La denuncia se hizo extensiva a los funcionarios del ex presidente Raúl Alfonsín, a los legisladores de esa época, a quienes entonces integraban la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una mezcla desordenada, pidió la absolución, la declaración de inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y que se declare nulo el juicio en su contra.

Jefe
Luego, ante las preguntas de la querella, Arias reconoció que el 2 de febrero de 1978, cuando se secuestró a Bustos, el otro acusado, Zírpolo, era “accidentalmente” el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal.
El fiscal le preguntó por qué había usado el término “operativo” al referirse al secuestro de Bustos durante la instrucción de la causa. Arias primero dijo no recordar haber usado esa palabra, pero cuando se le mostró su firma en el acta, dijo que no es un término que se utilice en la jerga militar. “Desconozco por qué lo he utilizado”, se excusó. El fiscal recordó que otro sospechado por este hecho, Arnaldo Luis Bruno, también usó este término.
El fiscal le pidió precisiones también sobre una afirmación realizada por Arias acerca de que en 1965 o 1966 se realizó en Cuba una reunión de personalidades del mundo, de la izquierda, en la Conferencia Tricontinental. Villalba recordó que una de las amenazas recibidas por Bustos lo acusaba de ser un jefe “continental”.
También le preguntó qué quiso decir exactamente cuando usó la frase “aniquilar es aniquilar”, refiriéndose a los decretos que ordenaban la aniquilación de la acción guerrillera, pero el presidente del Tribunal objetó el requerimiento.
El juez Jorge Luis Villada quiso conocer la opinión del acusado sobre el hecho de que el hijo del escribano, testigo del hecho, lo señale a él como uno de los tres hombres que secuestraron a su padre. “Nunca antes de este hecho lo conocí y lo ví”, reiteró Arias. Dijo que puede deberse a dos motivos: que el hecho de ser un oficial severo le haya granjeado algún tipo de resentimiento en el Regimiento; el otro motivo es que “las organizaciones de derechos humanos se dedican a armar una persona en un contexto y me agarraron a mí como un chivo expiatorio y se me ha pintado como una figura que llevó a cabo un hecho atroz”, afirmó.
Como Arias viene argumentando que no pudo haber participado del secuestro de Bustos el 2 de febrero porque tenía una pierna enyesada (en el proceso declararon testigos que contaron que tenía un yeso en diciembre de 1977), el presidente del Tribunal le preguntó cómo es que esta lesión no figuraba en su legajo. El coronel insistió en que sí fue incorporado su parte de enfermo y recomendó seguir buscándola.
Arias insistió también en que el 2 de febrero de 1978 no fue a trabajar porque comenzaba sus vacaciones el 3 de febrero y había conseguido permiso para ausentarse un día antes. ¿Quién le dio este permiso?, preguntó la querella: “Zírpolo”, respondió el acusado. ¿Quién podía gozar de este beneficio de irse antes del día fijado para el inicio de la licencia?, insistió Leiva: “No sé”, respondió el coronel.

La culpa es del otro
Con su voz ronca, apenas audible, Zírpolo comenzó hoy a exponer sobre la acusación que pesa en su contra, la de autor mediato del secuestro y homicidio de Bustos. “La querella dice que fui el ideológico, que impartí las órdenes y conseguí los medios para el secuestro de Melitón, pero yo rechazo todos estos elementos por considerarlos no verdaderos”, afirmó.
Dijo que no conoció a Bustos, “incluso ni sabía donde vivía”, y que recién escuchó hablar de él cuando lo llamaron a declarar en esta causa, el 18 de octubre de 2006.
Más concreto que Arias, el coronel se dedicó luego a tratar de descalificar la declaración del jefe del Regimiento de Monte 28, Roberto Felipe Domínguez.
La firma de Domínguez aparece en un radiograma, del 16 de febrero de 1978, por el que el Regimiento de Monte 28 informa a su superioridad, el Ejército en Tucumán, que Bustos había sido detenido por miembros del Regimiento de Monte el 20 de febrero y puesto a disposición del Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con sede en Salta capital.
Zírpolo recordó que durante la instrucción Domínguez fue convocado a prestar declaración indagatoria, que no concurrió y, en cambio, envió una extensa declaración en la que sostuvo que la información enviada al Ejército en Tucumán había sido elaborada con datos aportados por quien estaba a cargo del Regimiento el 2 de febrero, Zírpolo.
El coronel acusado aprovechó su declaración hoy para devolver atenciones: dijo que Domínguez era asesor del Ejército y que incluso brindó asesoramiento en Bolivia, en cuestiones de seguridad interna y externa, que él “sí manejaba información reservada de la dictadura militar” y “seguramente debe saber sobre Melitón Bustos”.
Como se hacía tarde, su declaración seguirá mañana, para cuando se ha previsto también incorporar prueba documental.

Por Elena Corvalan, directora de Radio Nacional Salta