TUCUMANA CAUSA JEFATURA DE POLICÍA

Un testigo aportó en Tucumán una lista policial con datos de 300 detenido, la mayoría asesinados. Los documentos aportados por un testigo en el juicio que se realiza enTucumán por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de esa provincia en los años ’70 son la más importante prueba descubierta en tres décadas de investigaciones, denuncias y juicios. Como bien destacó la abogada tucumana Julia Vitar, “no solamente cometían los crímenes, sino que los ponían en papeles”.

Los documentos fueron entregados a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Se trata del primer juicio que se realiza por un centro clandestino de detención en esa provincia. Los archivos contienen datos sobre casi 300 detenidos, la mayoría de ellos asesinados, e información sobre interrogatorios, seguimientos, preparación de secuestros, identificación de cadáveres y nombres de los integrantes de las patotas.

La documentación permaneció escondida por un ex detenido desaparecido durante más de 30 años. No los dio a conocer antes por temor y porque una buena parte de los represores de entonces continuaron en actividad pese al restablecimiento de la democracia a fines de 1983. El protagonista de esta historia es Juan Carlos Clemente, apodado Perro, un ex militante de la Juventud Peronista detenido a mediados de 1976, cuya esposa está desaparecida.

Clemente estuvo prisionero en los centros clandestinos del ex ingenio Nueva Baviera, ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. Un día, el coordinador militar Arturo Félix González Naya, uno de los más feroces represores que actuaron en esos años en Tucumán, le entregó una credencial policial y le comunicó que a partir de entonces pertenecía a la repartición. Según Clemente, desempeñó tareas en la sección archivo del Servicio de Información Confidencial que regenteaba el campo de concentración que funcionaba en el ala sur del edificio de la Jefatura, en pleno barrio norte de la capital tucumana, sobre la avenida Sarmiento, frente a la sede del arzobispado. A fines de 1977, otro militar, Luis Ocaranza, que había sucedido a González Naya, implementó el desmantelamiento del SIC y ordenó quemar algunos documentos y guardar otros. En esas circunstancias Clemente fue robando de a poco los papeles que hoy están en poder de la Justicia y que él guardó enterrados bajo los mosaicos de una habitación de su casa durante 33 años.

Entre los documentos difundidos lo que más impactó fue el listado de 293 detenidos, con nombres, apellidos, apodos y la suerte que corrió cada uno de ellos. Allí están los datos de 195 personas asesinadas (al lado de cada nombre están las letras DF, que quiere decir disposición final, es decir, asesinados). En 88 casos los represores consignaron que fueron dejados en libertad y otros 10 puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Los amarillentos papeles también contienen la identificación de 133 cadáveres, todos asesinados en enfrentamientos fraguados, 28 operativos a ser ejecutados para secuestrar otras tantas personas, datos de 36 pedidos de captura y apuntes de declaraciones arrancadas con torturas a los prisioneros. En uno de esos últimos papeles hay una síntesis de la declaración tomada bajo tormentos a un prisionero que está desaparecido, que menciona, entre otras personas, a la doctora Mirta Graciela López, secuestrada y desaparecida en Buenos Aires poco tiempo después.

En la lista de 195 asesinados figura una hermana de esa abogada, Elsa López de Jait, que acababa de dar a luz un bebé y los militares secuestraron para presionar la entrega de Mirta. Elsa no tenía militancia ni conocía las actividades políticas de su hermana.

No sólo nombres en una lista. Para cualquier lector desprevenido, las listas que revelan estos documentos contienen sólo nombres de víctimas de la represión. Pero es necesario puntualizar que esos nombres sirven para mostrar lo que fue el terrorismo de Estado y lo que significó el aniquilamiento de un sector social de Tucumán.

El número 130 de la lista corresponde a Raúl Mauricio Lechessi. Dirigente obrero ferroviario y militante de la resistencia peronista, fue diputado provincial a partir de 1973. Como tal, presidió una comisión que investigó a la policía de la provincia. Desactivada por la presión del entonces comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Luciano Benjamín Menéndez, a la que gustoso accedió el gobierno provincial de Amado Juri, la comisión llegó a elaborar un informe lapidario sobre los delitos cometidos por los policías provinciales.

El 64 de la lista es Damián Márquez, ex secretario general de la CGT Regional, peronista ortodoxo, alejado de toda posición combativa o de izquierda. Lo mismo que el 278, Felipe Urueña, destacado dirigente ferroviario, secuestrado a media mañana frente a la Casa de Gobierno, a la vista de centenares de transeúntes que vieron como lo llevaron caminando más de dos cuadras hasta subirlo a un auto policial estacionada frente a la sede del Correo, todo en pleno centro tucumano.

El 276 corresponde a Manuel Asencio Taján. Tenía poco más de 20 años e integraba el Consejo Directivo de la Fotia, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Fue secuestrado en su casa en Luisiana, en las cercanías del ingenio Concepción. Era pelador de caña y su vivienda era un ranchito construido con sus manos con despuntes de cañas y malhoja, que es la cobertura de la caña de azúcar.

Familias completas. Juan Manuel Salinas tiene el número 243 en la lista. Le decían Chorva. Obrero del ingenio Los Ralos, cerrado por la dictadura de Onganía en 1966, encabezó las luchas de los trabajadores de Textil Escalada, una empresa beneficiaria del Operativo Tucumán que posibilitó, con el pretexto de reactividad la economía tucumana, defraudaciones y estafas al fisco y a los operarios.

Eduardo Nicanor Giménez, operario de Confecciones de Tucumán, empresa perteneciente a Grafa, del grupo Bunge y Born, fue secuestrado junto a su esposa. Ambos eran delegados gremiales y habían tenido destacada participación en una prolongada y exitosa huelga en 1974. Los dos están en la lista, donde también figuran familias completas (Rondoleto y Alarcón), los dirigentes de la Federación Universitaria del Norte y el Humanismo, Ángel Garmendia y Lucho Sosa, que poco antes habían posibilitado una política unitaria entre dos sectores estudiantiles en pugna y la delegada de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, María Cristina Bejas, que había diseñado y ejecutado una campaña alfabetizadora memorable entre los sectores más humildes de Tucumán.

En la lista está también Ana Cristina Corral. Tenía 16 años, le decían Pupé, estudiaba en el Liceo de Señoritas y fue asesinada en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. La hicieron arrodillar junto a un pozo y Bussi le pegó el primer tiro, en la nuca.

Por Marcos Taire

Periodista y autor del libro Operativo Independencia: la violación como forma sistémica de tortura.

Fuente: Miradas al Sur

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EL PAIS › LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LA JEFATURA DE POLICIA DE TUCUMAN

Persecución obrera y complicidad empresaria

En las carpetas de la represión ilegal en Tucumán que un testigo aportó a la Justicia figuran pruebas de que las empresas colaboraban con las patotas policiales y militares al señalar a los empleados “sospechosos”.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Los documentos secretos de la Jefatura de Policía de Tucumán entregados a la Justicia por el testigo Juan Carlos Clemente describen cómo los represores se dedicaron a perseguir militantes de partidos políticos, de organizaciones sociales, profesores universitarios y estudiantes. Pero también muestran que los integrantes de la patota policial y militar no trabajaron solos. Recibieron la ayuda de sectores empresarios. En Tucumán, algunas empresas azucareras se encargaron de entregar las listas de su personal “revoltoso”. Como la leyenda rural de “El Familiar”, ese perro con ojos rojos y pelo negro que se devoraba a un jornalero de la caña de azúcar para que el patrón tuviera una buena cosecha, durante la década del ’70 los perros fueron los miembros de las fuerzas de seguridad locales, y tenían un sistema aceitado de secuestro, tortura y posterior desaparición. En la foja 207 de los libros de la Jefatura de Policía se deja constancia de un informe “confidencial”, fechado el 23 de julio de 1976, de la empresa de consultores en seguridad Ecos. S.A. El texto fue enviado al departamento de inteligencia (más conocido como D2) “a sus efectos”, según se informa en el papel.

“Cúmpleme comunicar que telefónicamente, a las 9.30, me informó el vigilador afectado al servicio de vigilancia del portón principal del Ingenio Concepción, manifestándome que momentos antes se había hecho presente en su puesto un ciudadano que solicitó autorización para penetrar al interior de dicha fábrica y al no concederle, por cuanto no estaba autorizado y aprovechando que el portón estaba abierto, entró al ingenio... se le exigió que se identifique, éste le exhibió (cédula de identidad) a nombre de José Luis Suárez. A su retirada hizo algunas murmuraciones y al parecer ofuscado por el control... El vigilador que intervenía en esos casos, manifestándole que este vehículo había sido visto en la finca El Chical donde hace pocos días se han incendiado algunas máquinas integrales propiedad de la Compañía Azucarera Concepción S.A. Hago constar que este informe es confidencial”, dice parte del texto que lleva la firma de dos integrantes de la empresa que cuidaban el ingenio del sur tucumano.

En otro memo, se comunica a los represores de trabajadores que “mantenían reuniones en sus lugares de trabajo”. “Según datos recibidos, el día 13 de abril del corriente mes, siendo horas 19.45, aproximadamente, el químico práctico José Antonio Acuña que debía trabajar en el turno de las 21.00 a 4.00 entró a la fábrica en compañía de una persona no identificada y que no sabe si pertenece o no al establecimiento, habiendo realizado un reunión en la zona del decantador con los siguientes obreros” (y da una lista de ocho personas con sus cargos). Es de suponer que hay elementos de conexión extremistas, ya que se habló de tomar represalias contra ejecutivos de la empresa, haciendo contacto con una tal Páez de Lastenia”, dice el documento también confidencial que tiene una curiosa aclaración al final, escrito a máquina de escribir, “Roberto: esto me entregaron hoy en el ingenio Cruz Alta. Toda la situación la conoce el ingeniero Carbonell. Tiene el hombre (cuyo nombre está en reserva por si lo quieres conversar) que oyó toda la conversación. Este ingenio está bajo nuestra vigilancia, pero la portería no. Creo que desde el lunes queda bajo nuestro control la portería. Según me dijo el doctor Nougués esta mañana, esta situación la conoce ya el teniente coronel Cattáneo. Estimo que la sabrás vos también. Algo se cuece...”, dice el apartado en el que se menciona a uno de los represores que estaba imputado en la causa Jefatura de Policía, Alberto Luis Cattáneo, que murió sin condena mientras era juzgado y a la familia Nougués, dueños del ingenio y miembros de la alta sociedad tucumana.

En otro de los papeles se hace constar una averiguación de antecedentes y seguimiento de un militante de izquierda desde abril de 1968. Según el documento, Heraldo Milcíades Salvatierra vivía en Bella Vista y era trabajador azucarero y militaba en la combativa Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). Ya por esos años era seguido por los represores policiales que resumían su actividad en su casa: “en un domicilio de la ciudad de Bella Vista, realizaban en horas de la noche y al que el mismo concurrían personas de reconocida militancia dentro del Partido Comunista, pudiéndose notar entre los asistentes a Samuel Kauffman, esta reunión, según versiones, obedecía a que los trabajadores de la mencionada ciudad estaban en conflicto”. Salvatierra está desaparecido hasta el día de hoy.

Los trabajadores azucareros venían con una serie de conflictos sindicales desde el masivo cierre de los ingenios que llevó a cabo Juan Carlos Onganía en 1966. Uno de los dirigentes mencionados en dicho escrito es Atilio Santillán, uno de los sindicalistas con mayor apoyo popular en el interior tucumano, que fue asesinado a balazos en Capital Federal el 22 de marzo de 1976, 48 horas antes del golpe militar.

También los efectivos de las fuerzas de seguridad participaron como asistentes de una asamblea de la Fotia en 1969, donde informaron que se reivindicó como mártir a Ernesto “Che” Guevara. “Salvatierra usó la palabra en una asamblea de la Fotia. Habló en representación del Movimiento de Liberación Nacional, y en parte de su discurso dijo: ‘Este acto es un paso más de la lucha iniciada para recuperar nuestras conquistas sociales que el gobierno cipayo del monopolio yanqui que más que un gobierno son unos vende patria, para lograr que esto no suceda debemos imitar el ejemplo de las revoluciones de China, Francia, Alemania y Santo Domingo y al mártir de la revolución cubana el Che Guevara’”, detallaron los genocidas.

Entre los documentos entregados por Clemente a la Justicia tucumana figura la lista que documenta los nombres de 293 personas que estuvieron secuestradas y señala que 195 de ellas tuvieron “disposición final”, es decir, fueron asesinadas.

La empresa de seguridad ECOS,

que custodiaba en Ingenio Concepción,

entregó su informe al Departamento de

Inteligencia.

Fuente: Pagina 12, domingo

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SE VIENE LA HORA DEL VEREDICTO

El 8 de julio se conocerá la sentencia a Menéndez y “El Tuerto” Albornoz

Entre el 29 de junio y el 7 de julio se escucharán los alegatos de los abogados querellantes y de los tres defensores. El fiscal general Alfredo Miguel Terraf expondrá su alegato el 1 de julio por las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía. Menéndez podría ser condenado a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán.

Menéndez, "El Tuerto" Albornoz, y los De Cándido, en el banquillo de los acusados.

Los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el próximo 8 de julio próximo el fallo histórico que podría condenar a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán al represor Luciano Benjamín Menéndez, ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército. También serán juzgados, por primera vez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC), y los ex policías Luis “El Cordobés” De Cándido y Carlos De Cándido.

La próxima semana continuará la lectura de las pruebas documentales y el 29 de junio se lanzarán los alegatos de los abogados que representan las seis querellas, Laura Figueroa, Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC), Daniel Mendivil, y Bernardo Lobo Bugeau (por el caso Eduardo Ramos y por la Secretaría de Derechos Humanos) y de los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez).

Las exposiciones se extenderán hasta el 7 de julio y, en el medio, el 1 de julio será el turno para el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangriento que funcionó durante los años negros de la última dictadura militar.

El histórico juicio comenzó el 16 de febrero de este año y desde marzo tuvo varias suspensiones a raíz de los problemas de salud de Antonio Domingo Bussi, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo. Bussi zafó del juzgamiento y fue separado del debate, mientras que Zimmermann y Cattáneo llegaron al punto final biológico.

Se trata del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Tucumán. En el primero, el 28 de agosto de 2008 Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Fuente: Primera Fuente