La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este jueves dar traslado, por el artículo 11 del reglamento, de las denuncias a los jueces federales Norberto Oyarbide y Sandra Arroyo Salgado cuestionados por Héctor Magnetto y los abogados de Marcela y Felipe Herrera de Noble respectivamente.
El artículo 11 de la comisión estipula que “admitida la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado, oportunidad en la que se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de 20 días”.
Quien solicitó la notificación por el artículo 11 del reglamento a los magistrados fue el consejero-senador Ernesto Sanz (UCR) que dijo que no estaba “en condiciones” de votar la desestimación de ambas denuncias, tal como lo había propuesto el consejero instructor, el senador Nicolás Fernández (FPV).
El juez Oyarbide había sido denunciado por Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro por el tratamiento que otorgó a una denuncia que investigaba la posible comisión de incumplimiento de deberes de funcionario público e incitación a la violencia colectiva por parte de funcionarios del Gobierno nacional. En el mes de enero se realizó otra presentación que cuestionaba el uso de la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte del Ejecutivo.
El magistrado desestimó esa denuncia, siguiendo el dictamen del fiscal Patricio Evers, el 11 de febrero último. Magnetto, Aranda y Pagliaro, defendidos por el abogado José María Sáenz Valiente, señalaron que, al tomar esa decisión, Oyarbide actuó “con parcialidad, alejándose de la buena conducta, condición de su inmovilidad, comprometiendo la dignidad de su cargo”.
En el dictamen desestimatorio, al que accedió DiarioJudicial.com el senador Fernández señaló que el reclamo de los denunciantes trataba sobre “aspectos netamente jurisdicciones” que el Consejo “no está facultado para corregir”. Y añadió que no se verificaron “conductas que pudieran constituir faltas de carácter disciplinario” y tampoco se comprobaron “indicios de hechos que alcanzaran a configurar supuesto alguno de mal desempeño”.
En el caso de la denuncia impulsada por los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por el “incómodo seguimiento” que habrían sufrido Marcela y Felipe Noble Herrera luego de una audiencia con la magistrada el 28 de mayo pasado, el consejero Fernández dijo que las ordenes libradas por la jueza “han sido fundadas en claros preceptos legales” y se refirió al artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
“Respecto de los hechos denunciados y la persecución supuestamente realizada por la Policía Federal Argentina, no cabe formularle a Arroyo Salgado imputación alguna, ya que no es responsable la magistrada por cualquier eventual extralimitación de la fuerza policial, lo que por otra parte no estaría prima facie acreditado en autos”, agregó el dictamen suscripto por Fernández.
Asimismo, este jueves se desestimaron denuncias contra la jueza Civil Gabriela Paradiso Fabbri y contra la jueza federal de Mendoza Olga Pura Arrabal, formulada por Hugo Scarzi.
En tanto, el consejero Fernández pidió que se postergara el tratamiento de una denuncia contra el juez Mauricio Zamudio cuestionado por el apoderado del Banco Macro, Ernesto López. Y fue retirado de la orden del día el tratamiento una denuncia contra los camaristas en lo Contencioso Administrativo Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Morán y contra la jueza de primera instancia del mismo fuero Liliana Heiland.
El consejero-abogado Santiago Montaña, que instruye una denuncia contra el juez federal de Salta Raúl Reynoso, cuestionado por la Defensoría General por mantener en prisión durante 10 meses a un hombre de nacionalidad búlgara por falta de traductor, propuso al resto de los consejeros visitar el juzgado de Orán pero los presentes pidieron esperar la auditoría ya ordenada.
EL PAIS › LA JUEZA RECHAZO UN PRONTO DESPACHO EN EL CASO NOBLE HERRERA
Arroyo Salgado analiza los pasos a seguir
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó ayer un planteo de pronto despacho presentado por la fiscal Rita Molina, quien reclamó que la magistrada resuelva que se usen muestras de sangre entregadas en diciembre pasado por Felipe y Marcela Noble Herrera. Aquellas muestras de sangre fueron aportadas por los hijos de la dueña de Clarín para que se cotejaran únicamente con dos familias que buscan sus nietos. La fiscal insiste en que ahora se usen para comparar el ADN con todas las familias que buscan niños desaparecidos o nacidos en cautiverio. La jueza dice que el expediente no está demorado, sino que se está analizando en forma cuidadosa los pasos a seguir.
Los abogados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que reiteran su negativa a que se use su sangre. Es más, hasta entregaron un estudio, firmado por el semiólogo Eliseo Verón, en el que se concluye que hay un acoso mediático del oficialismo que –supuestamente– no garantiza que la Justicia actúe con ecuanimidad. Además, sostiene que la situación afectó particularmente a Felipe y le produjo consecuencias psicológicas.
La fiscal presentó el pronto despacho el último día hábil antes de la feria judicial. En su escrito, sostiene que “existe una estrategia común entre las presuntas víctimas del delito investigado y la principal imputada”. Sobre la base de ese argumento –el presunto acuerdo entre Marcela, Felipe y Ernestina para impedir el estudio de ADN–, la fiscal le pidió a la jueza que ordene la utilización de la sangre que los hijos adoptivos de la dueña de Clarín aceptaron entregar al anterior juez, Conrado Bergessio.
Arroyo Salgado sostuvo ayer que ella no puede resolver sin estudiar previamente qué ocurrió con las muestras obtenidas a partir de la ropa de Marcela y Felipe secuestrada en los allanamientos que la magistrada ordenó el 28 de mayo pasado. Como se sabe, en esas prendas apareció ADN de varias personas. La jueza estuvo tomando declaración a todos los genetistas, peritos y hasta al personal policial que intervino en los procedimientos. Una vez analizado lo que ocurrió, tomará una decisión porque, entre otras alternativas, está la posibilidad de que vuelva a ordenar un allanamiento y la búsqueda de muestras que permitan determinar el ADN de Felipe y Marcela.
Enterados del planteo de la fiscal, los abogados de los hijos adoptivos de Herrera de Noble, Alejandro Carrió y Roxana Piña, presentaron un escrito rechazando el uso de la sangre que los jóvenes entregaron en diciembre. Junto con el escrito, los letrados agregaron un estudio sobre lo que transmiten los medios y los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo la Presidenta, respecto del caso. La conclusión es que existe un acoso y que por lo tanto la Justicia está presionada. Esa es la razón por la que no acceden a entregar la sangre. El argumento se contradice en un todo con lo declarado por sus dos genetistas, Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán, quienes se deshicieron en elogios sobre la actuación seria y profesional del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La jueza Arroyo Salgado les dio vista ayer a las partes querellantes, Estela Gualdero, Carlos Miranda y David Lanuscou, representados por Alcira Ríos y Pablo Llanto y Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos abogados son Alan Iud y Mariano Gaitán. Luego, la magistrada debe resolver si utiliza las muestras de diciembre, ordena nuevos allanamientos o se decide por una extracción de sangre o cabello.
Fuente: Pagina 12
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