El juez Romano declaró ante Bento por su presunta complicidad con la dictadura

"El Poder Judicial estuvo alejado de toda la represión que organizó el gobierno militar", dijo el abogado Juan Aguinaga, quien representa al camarista que fue indagado por su accionar cuando era fiscal entre 1975 y 1983. Los querellantes calificaron como "un día histórico" para la Justicia.

El camarista Otilio Romano declaró ante el juez federal Walter Bento por su presunta complicidad con la dictadura, imputación que formuló el magistrado el viernes pasado en lo que se considera un hecho histórico. El acusado habló y aseguró que se atuvo al Código Penal Militar que se regía en la época.

Con la representación de su hija, Verónica Romano, y el abogado Juan Carlos Aguinaga, el ex fiscal aseguró que el Poder Judicial estaba aislado de la persecución y represión que realizó el gobierno militar a partir de 1976 y en los últimos tiempos del mandato de Isabel Perón. Sin embargo, el ahora juez está imputado por participación secundaria en 94 casos de privación ilegítima de la libertad agravada -por las desapariciones y las muertes- y tortura.

Según explicó Aguinaga -quien fuera el primer ministro de Seguridad que tuvo el gobernador Celso Jaque-, durante un cuarto intermedio, Romano accedió a declarar: “Hizo una exposición muy inteligente e interesante, refiriéndose a las normas jurídicas que regían en aquella época y, particularmente, ha hecho hincapié en los testimonios de destacados juristas sosteniendo que todo el proceso de persecución y represión clandestino que armó el gobierno militar era aislado a todo el Poder Judicial” dijo el abogado y agregó “que el sistema impedía la participación de los jueces, al punto tal que también estaba sometidos al sistema del Código Penal Militar”.

Romano está imputado por 94 casos, 55 de los cuales son por privación ilegítima de la libertad y 39 por tortura. Del grupo de los 55, 35 personas terminaron desaparecidas. Su situación es más complicada que la del juez Luis Miret, quien es también ahora camarista y está imputado por Bento, ya que se le atribuye al ex fiscal su responsabilidad de investigar las causas que le llegaban y no hacer “omisión”.

Justamente, como sospechoso de omisión “sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y la represión” está tildado Romano en la resolución de Bento cuando el viernes pasado se realizó la imputación de los magistrados. Durante la tarde, el ex fiscal será indagado por cada uno de los casos, siendo el primero un habeas corpus que hizo Aguinaga, su abogado defensor que en aquel momento estaba representado a una persona investigada por el acusado.

Romano ha sido el primer indagado por el juez Bento por su presunta participación en el aparato represivo que hubo en Mendoza durante el gobierno militar. En los próximos días, Luis Miret (este viernes), Guillermo Max Petra Racabarren (próximo martes) y Rolando Carrizo (el miércoles) serán citados a declarar. Los últimos dos hombres ya han dejado de ejercer y no tienen los fueros que sí protegen a los primeros.

Un ataque al “aparato de la impunidad”

Sin dudarlo para muchos integrantes de organizaciones que luchan por los derechos humanos, este jueves ha sido un día histórico no sólo para la provincia, sino también para el país. Los que padecieron la dictadura y que perdieron seres queridos o los que fueron presos por ella comenzaron a palpitar “justicia”.

Mientras varios familiares de los desaparecidos se iban concentrando para la habitual marcha de los jueves, la abogada de una de las querellantes habló con la prensa. La doctora Viviana Beigel, en calidad de representante de Luz Faingold (presa política), señaló que se está haciendo una investigación “por omisión a las denuncias que realizaban los propios presos políticos por apremios y torturas, muchas de ellas fueron archivadas por el fiscal Romano”.

En cuanto a la diferencia de la imputación ya que Miret sólo está acusado por omisión y a Romano se le carga el delito de “participación secundaria”, Beigel explicó: “Son distintas figuras, pero en Romero el caso sería más grave porque tiene una mayor intervención: por su omisión reiterada y prolongada en el tiempo. Él debía promover los hechos y él ordenaba el archivo de las causas.”

“Es un día histórico a nivel nacional”, señaló la abogada quien defiende a una joven que fue detenida cuando tenía 17 años y tuvo que vivir en el exilio durante ocho años en Francia, hasta que en 1983 volvió para denunciar la atrocidad que había vivido. Ella era menor y cuando declaró lo hizo ante Romano y el juez Miret. Gracias a un amparo que presentó Aguinaga, ella pudo salir del país, pasar por Uruguay para luego refugiarse lejos de su tierra.

Al consultarle qué sentía al saber que su defensor en aquel momento, ahora representa al integrante de la Justicia que la detuvo, Faingold se limitó a decir: “Contradicciones tenemos todos. Él (por Aguinaga) era amigo de mi familia y me defendió para ayudarme porque se dio cuenta de que era inocente”.

En tanto, Fernando Rule también se hizo presente en el 3º piso de los Tribunales Federales. ”Empieza a desarmarse el aparato de la impunidad”, dijo el ex preso político, quien también ha sido impulsor contra los ahora camaristas federales Romano y Miret. Sin dudarlo, el militante señaló que los magistrados son “delincuentes intelectuales” ya que “ellos no recibían órdenes de un general o un teniente”.

Sin escatimar palabras, Rule fue duro: “Hay diferencias entre un juez y un mero verdugo” y se mostró satisfecho con lo que la Justicia Federal está haciendo, más allá de que Romero no fue imputado con la misma acusación que formuló el fiscal Palermo: “Es un salto grande que ha hecho el juez Bento. Por fin, empieza a desarmarse el aparato de la impunidad”.

Fuente: : http://www.mdzol.com/mdz/nota/233250

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La historia oculta del juez, el abogado y su hermana desaparecida

En 1976, el actual camarista federal Luis Miret rechazó el "hábeas corpus" presentado por Luis Santamaría, luego de que su hermana fuera secuestrada por un grupo de tareas. A pesar de ese antecedente, 34 años más tarde Santamaría fue el conjuez que benefició a Miret, acusado de haber sido cómplice de la dictadura.

Una paradoja mezclada con cinismo: un abogado benefició con sus decisiones a la persona que se negó a buscar a su hermana secuestrada por los grupos de tareas que actuaron durante la última dictadura militar, hace 34 años.

El 17 de mayo de 1976, Luis Santamaría, quien además de trabajar como abogado se desempeñaba como asesor del gobierno militar que también desembarcaba en Mendoza, fue a los Tribunales Federales para presentar un recurso de “hábeas corpus”, una medida judicial que buscaba la liberación de su hermana, sacada por la fuerza de su casa dos días antes.

Blanca Graciela Santamaría tenía 23 años cuando desapareció. Era militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y fue uno de los tantos blancos que tuvieron las Fuerzas Armadas en diferentes puntos de la provincia durante la madruga del 15 de mayo del ’76.

Luis llegó hasta tribunales sólo con media carilla escrita. El “habeas corpus” que había redactado estaba lejos de ser una pieza jurídica modelo que por sí sola presionara a los magistrados de turno y a las autoridades de facto. Sólo reunía los requisitos básicos para ser tramitado.

El expediente iniciado fue instruido de manera fugaz por el juez Luis Francisco Miret, quien respondió exactamente del mismo modo en que lo hizo con decenas de casos similares: manifestó que ni la Policía ni el Ejército tenían noticias de Blanca y desestimó la medida. El caso quedó cerrado para Miret y para el procurador fiscal del momento, Otilio Romano.

La historia de Miret y Romano es conocida. Los dos se convirtieron en camaristas federales y este año terminaron imputados, no sólo por no haber investigado aquellos hechos, sino por haber permitido que se produjeran raptos, torturas y asesinatos.

El 3 de febrero de 1997, la justicia civil de la provincia declaró oficialmente que Blanca Graciela Santamaría había desparecido de manera forzada el 15 de mayo de 1976. Ocurrió luego de que su madre iniciara la demanda correspondiente. Y eso fue lo último que se anotó en su partida de nacimiento. Se dejó en claro que fueron quince los hombres armados que la secuestraron; que entraron a las patadas, que portaban radios portátiles, que eran integrantes de las fuerzas de seguridad y que sacaron a la joven en pijamas.

Luis Santamaría y Luis Miret volvieron a coincidir en una causa judicial 34 años más tarde. Esta vez, en teoría, la suerte del actual camarista estaba en manos del abogado, nombrado conjuez por la misma justicia federal. Debía resolver una medida cautelar presentada por el magistrado luego de ser expulsado de la UNCuyo por su presunta complicidad con los represores.

En condiciones normales, y con los antecedentes históricos, Santamaría no debería haber aceptado el cargo. Aún así, y con los fantasmas del pasado merodeando, en una resolución plagada de cuestionamientos e irregularidades, dio la derecha a Miret en su afán por volver a la docencia.

Santamaría fue denunciado penalmente por su fallo, criticado con dureza por sus familiares y señalado por allegados como el "entregador" de su hermana. Sin embargo, parece estar al margen de esta situación. Al ser consultado por este diario sobre las repercusiones que hubo luego de su decisión de devolver el cargo a Miret como profesor, fue parco y desairó con la respuesta: “No me enteré de nada”.

- ¿Y se acuerda del “hábeas corpus” que presentó en 1976 por la desaparición de su hermana?

- No

- ¿No se acuerda de algo tan imporante?

- Sí, ahora que lo menciona, sí.

- ¿Recuerda que fue Miret quien lo desestimó?

- No, tampoco me acordaba.

- Ahora que lo sabe, ¿qué sentimiento le genera?

- Es personal. No lo voy a compartir con un periodista.

Fuente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/233103

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EL PAIS › DECLARO EL CAMARISTA MENDOCINO OTILIO ROMANO, ACUSADO POR DELITOS EN LA DICTADURA

El juez que se atuvo al Código Penal Militar

El camarista mendocino Otilio Roque Romano, acusado como partícipe secundario en un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas durante la dictadura, declaró ayer ante el juez federal Walter Bento. El acusado, que hace tres décadas era fiscal federal, aseguró que se atuvo al Código Penal Militar que regía en la época y que la represión clandestina implementada por el gobierno de facto funcionaba “aislada” del Poder Judicial. Hoy deberá declarar Luis Miret, juez federal durante la dictadura y compañero de Romano en la Cámara Federal de Mendoza.

Con la representación de su hija, Verónica Romano, y del abogado Juan Carlos Aguinaga, Romano aseguró que el Poder Judicial estaba aislado de la persecución y represión encarada por las Fuerzas Armadas desde 1975. Según explicó Aguinaga a la prensa local, Romano “hizo una exposición muy inteligente e interesante, refiriéndose a las normas jurídicas que regían en aquella época y, particularmente, ha hecho hincapié en los testimonios de destacados juristas sosteniendo que todo el proceso de persecución y represión clandestino que armó el gobierno militar era aislado del Poder Judicial”. El ex ministro de seguridad del gobernador cuyano Celso Jaque agregó “que el sistema impedía la participación de los jueces, a tal punto que también estaba sometido al sistema del Código Penal Militar”.

Romano está imputado por encubrir los secuestros de 55 personas, de las cuales 35 continúan desaparecidas, más otros 39 casos de torturas. Su situación sería más complicada que la del juez Miret, porque se le atribuye haber omitido las denuncias que recibía como fiscal. Romano está acusado justamente por omisión “sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y la represión” de delitos de lesa humanidad. Romano fue el primer magistrado cuyano indagado por el juez Bento por su actuación durante el terrorismo de Estado. Mañana deberá declarar Miret; el próximo martes, Guillermo Max Petra Racabarren, y un día después Rolando Carrizo, que ya no forman parte de la corporación judicial.

“Es un día histórico”, consideró la abogada Viviana Beigel, defensora de la ex presa política Luz Faingold, quien padeció a las fuerzas represivas cuyanas cuando tenía 17 años y vivió durante ocho años exiliada en Francia, hasta que en 1983 pudo denunciar las atrocidades sufridas y el rol de los magistrados mendocinos. “Empieza a desarmarse el aparato de impunidad”, celebró el ex preso político Fernando Rule, uno de los impulsores de la denuncia, rodeado de familiares de víctimas de la dictadura que se acercaron hasta el tercer piso de los tribunales federales. Rule calificó a Miret y Romano como “delincuentes intelectuales”, ya que “ellos no recibían órdenes de un general o un teniente”.

Fuente: Pagina 12