sábado, 18 de septiembre de 2010

Organismos de derechos humanos marchan hoy en la plata y en capital federal

Sin ninguna pista sobre Julio López, a cuatro años de su desaparición

Publicado el 18 de Septiembre de 2010
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, aseguró la abogada que representó al albañil, desaparecido en 2006, durante el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua de Miguel Etchecolatz.

Pasaron 1461 días desde la segunda desaparición de Jorge Julio López, y hoy, en el cuarto aniversario, amigos y compañeros del testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz vuelven a marchar para pedir justicia y su aparición con vida. Como todos los años, se realizarán dos actos centrales, uno en La Plata convocado para las 17 en la Plaza Moreno y una marcha en la Ciudad de Buenos Aires desde el Congreso hasta Plaza de Mayo a las 15:30. En ambas movilizaciones, los organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales y políticos van a reclamar por el avance de la causa judicial que, a cuatro años de la desaparición de López, no tiene una pista firme sobre su posible paradero y ni una sola persona detenida o procesada.
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, confesó resignada a Tiempo Argentino la abogada Guadalupe Godoy, quien representó a López en el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua contra Etchecolatz y ahora lleva la querella del colectivo Justicia Ya por su desaparición forzada junto a Myriam Bregman.
Desde ese 18 de septiembre de 2006, los organismos de Derechos Humanos denunciaron que la desaparición de López se debía a su rol como testigo de delitos de lesa humanidad y apuntaron contra el entorno de Etchecolatz. Sin embargo, la justicia mantuvo durante tres meses la carátula de la causa como “averiguación de paradero” y aún hoy las pistas sobre el represor se fueron diluyendo en las idas y vueltas del expediente (ver recuadro).
“Desde el primer momento tuvimos la negativa de que se investigue el secuestro, porque el discurso era buscar a López. Tres meses después, la Corte Suprema ordenó que se investigue la desaparición, y un año y medio después logramos que se aparte a la Policía Bonaerense, que puso mucho empeño para hacer todo mal”, recordó Godoy.
En un resumen de los hitos de la causa que realizó la querella de Justicia Ya, se desprenden serias irregularidades durante los meses en los que estuvo al frente la Bonaerense, en ese momento con más de 9000 efectivos en funciones que habían prestado servicio durante la dictadura. Un ejemplo de eso fue un operativo en una finca en Atalaya, en el partido de Magdalena, apenas cinco días después de la desaparición. Previo al allanamiento, un grupo de policías se acercó a merendar con el propietario, Rubén Durso. Por la noche, se realizó un operativo con helicópteros y perros, que reconocieron lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Los organismos denunciaron que la policía “plantó” una prueba o frustró la producción de la misma. Dos meses después, las llaves de López aparecieron en el jardín de su casa. Las pericias de Gendarmería y la Bonaerense resultaron contradictorias, una afirmó que hacía poco tiempo que estaban en el jardín y la otra que estuvieron más de tres meses. Los organismos denunciaron nuevamente que se “plantaron” las pruebas o no se había rastrillado la zona correctamente.
Ya apartada la Bonaerense, debieron pasar seis meses más para que Corazza le diera el expediente a la secretaría especializada en delitos de lesa humanidad, que apuntó la investigación hacia los represores interesados en que López no declarara, aunque el envión sólo duró unos meses y dejó algunas pistas inconclusas. “Lo que vimos en los pocos meses que la secretaría especial de Juan Martín Nogueira investigó en ese sentido, con los allanamientos en Marcos Paz (donde estaba preso Etchecolatz), es el entramado de coordinación entre los penitenciarios, la policía, la Marina y los imputados en los juicios”, contó la abogada.
A pesar de las pruebas que se generaron en esos meses, esas líneas de investigación se perdieron y el expediente se paralizó ante el cambio de juez. Durante los primeros dos años, la causa fue instruida por el juez Arnaldo Corazza, quien se apartó en febrero de 2009 con el argumento de la “violencia moral” que le provocó la denuncia que hizo la familia de López contra él por no haber impedido el secuestro. La posta la tomó el juez Manuel Blanco, quien continúa al frente de la investigación. La abogada explicó que actualmente, la causa tiene movimiento, pero es sólo formal. “No podemos decir que no se otorgan las medidas de prueba que pedimos, pero el problema es cómo se cumplen, porque hay una cuestión burocrática que lo que demuestra es que no hay voluntad para investigar”, señaló Godoy. <

Fuente: Teimpo Argentino
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EL PAIS › UN PEDIDO DE LOS ABOGADOS DE LOS NOBLE

Buscando nuevos jueces

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Los abogados de Marcela y Felipe Noble intentan apartar a la Sala II de la Cámara de San Martín, que viene impulsando la continuidad de la investigación para determinar si son hijos de desaparecidos. Lo dejaron en claro el jueves último, en una audiencia en la Cámara de Casación. Habían sido convocados porque ese tribunal debe resolver un pedido del abogado Jorge Anzorreguy para que se anule la resolución que lo separó de la causa, junto con Horacio Silva, por “incompatibilidad de intereses”, ya que ambos, decía, representaban en forma “coordinada e indistinta” a Ernestina Herrera de Noble y a los jóvenes que adoptó en 1976.

La Sala II de la Cámara de San Martín tuvo muchas intervenciones a lo largo de la investigación sobre la adopción de Marcela y Felipe, que se caracterizaron por ir despejando escollos para que el caso avance: apartó al juez Conrado Bergesio por demorar el expediente, que tuvo durante siete años y no llegó a nada; ordenó obtener muestras de ADN de los jóvenes; avaló su entrecruzamiento con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y rechazó la recusación de Arroyo Salgado. La Cámara de San Martín tiene dos salas, de modo que si fuera apartada la sala actual, sólo quedaría una opción, la Sala I, que suele fallar a favor de los represores y ha insistido con la validez de las leyes de punto final y obediencia debida.

La causa sobre la identidad de los hijos de las dueña de Clarín está llena de vericuetos, y este caso, el de los abogados Anzorreguy y Silva, es uno de ellos. La Cámara de Casación rechazó, por un lado, dos apelaciones que habían presentado sin la firma de Marcela y Felipe. Pero, además, señaló: “Habida cuenta de la incompatibilidad de intereses entre la imputada y quienes se alega serían víctimas (...) corresponde disponer que el juez federal tome las medidas ordenatorias del proceso necesarias para impedir la actuación de esos letrados como abogados, apoderados o patrocinantes simultánea o sucesivamente de los mencionados sujetos”.

Después de aquel fallo, la jueza Arroyo Salgado sostuvo que, como los abogados ya habían actuado “en forma sucesiva”, no le quedaba otra salida más que disponer su apartamiento. Además, los denunció penalmente por prevaricato (actuar o fallar en forma premeditada contra derecho) y ante el Colegio Público de Abogados. Luego, los integrantes de la Sala II de San Martín (Daniel Rudi, Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo) confirmaron la decisión de la magistrada. Anzorreguy se presentó ante la Cámara de Casación, donde pidió la nulidad.

A la audiencia que se hizo anteayer con los jueces de Casación fueron convocados, además de Anzorreguy y Silva, los abogados actuales de Marcela y Felipe (fueron Alejandro Carrió y Roxana Piña) y los de Herrera de Noble (estuvo Eduardo Padilla Fox). Por Abuelas de Plaza de Mayo fue Alan Iud. En ese contexto, informaron fuentes judiciales, Anzorreguy reclamó apartar a los camaristas de San Martín, con el argumento de que avalaron una decisión de Arroyo Salgado que se extralimitó al correrlo del expediente. Carrió, Piña y Padilla Fox adhirieron al planteo. Casación convocó para otra audiencia el jueves próximo donde anunciará su decisión.

Mientras tanto, la jueza Arroyo Salgado aún debe resolver si ordena alguna nueva medida teniendo en cuenta que con el ADN obtenido en el último allanamiento no se pudo establecer el perfil genético de Marcela y Felipe y fue imposible cotejarlo con el BNDG.

Fuente: Pagina 12

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Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 725
COMUNICADO DE PRENSA
Reiteramos el comunicado de prensa que enviamos ayer, 16 de septiembre a las 13 hs, e informamos que el acto frente al Pozo de Banfield se realizó a las 15 hs, sin la presencia de la Presidenta ni del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tampoco se realizaron los anuncios previstos sobre instalación de un Espacio para la Memoria ni del Centro para atención a embarazadas. El juez Corazza intimó al Gobierno Provincial a que le informe qué es lo que pretende hacer, recordándole que existe la orden de no innovar.
Redoblamos nuestro compromiso de seguir luchando para que la causa judicial avance y para que se constituya un espacio amplio de discusión sobre qué tipo de Espacio de memoria debería instalarse en ese lugar.

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA REDOBLA LA PROVOCACIÓN
PRETENDE INSTALAR UN CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS EN EL POZO DE BANFIELD

Desde el año 2006 pesa sobre el Pozo de Banfield una orden judicial del Dr. Arnaldo Corazza Juzgado Federal N° 3 de La Plata de no innovar que impide la realización de cualquier modificación en el lugar, incluida su fachada.
Desde esa época, la Multisectorial Chau Pozo y organizaciones querellantes en la causa hemos concurrido a diversas reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia donde se ha discutido la situación del Pozo, reuniones en la que una y otra vez hemos insistido en la constitución de un espacio amplio de discusión –similar al que funciona en otros CCD transformados en lugares de memoria- sobre qué memoria debería construirse en ese lugar, y siempre una memoria ligada a la justicia.


Esta semana nos enteramos por los medios de comunicación que, a 34 años de la noche de los lápices se realizaría un acto en el lugar para instalar allí un centro de Memoria, y simultáneamente, comprobamos el inicio de obras dentro del lugar, el retiro de los carteles de la Multisectorial Chau Pozo, y el reemplazo por unos nuevos, todos hechos que violentan manifiestamente la medida de no innovar dispuesta por el Juez.

Pero mucho más grave es que el proyecto plantea “la instalación de un Centro Materno Infantil destinado a la salud integral de las mujeres embarazadas que lo soliciten, durante el parto y también en el período de lactancia, en honor a las madres secuestradas"; según se publica en el diario La Unión de Lomas de Zamora en el día de la fecha. Esto será anunciado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en un acto que se realizará esta tarde frente al Pozo de Banfield.
Repudiamos enérgicamente este macabro proyecto, y consideramos que instalar allí un centro de atención materno-infantil es una resolución perversa, más aún cuando uno de los dos únicos represores condenados por delitos allí cometidos, el médico torturador Jorge Antonio Bergés, está gozando de prisión domiciliaria.
Denunciamos al Gobierno Provincial y a su Secretaría de Derechos Humanos, y exigimos la inmediata suspensión del anuncio y de las obras.
Justicia YA! ha denunciado en la causa Pozo de Banfield esta situación, solicitándole al Juez Corazza que intime a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia a suspender inmediatamente las obras, retirar los carteles instalados, y a abstenerse de realizar anuncios que violan la orden judicial.
Hoy 16 de septiembre de 2010, a 34 años de la noche de los lápices, decimos:
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
JUICIO, CASTIGO Y CÁRCEL COMÚN A TODOS LOS GENOCIDAS
NO A LA MANIPULACIÓN DE LA MEMORIA EN EL POZO DE BANFIELD NI EN NINGÚN OTRO CCD
Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADeP
CTA La Plata-Ensenada
Instituto de Relaciones Ecuménicas
EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial)
Insurrectos, conducción Centro de Estudiantes, Facultad de Trabajo Social, UNLP
La Ciega, Colectivo de Abogados Populares
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Multisectorial "Chau Pozo"
Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada
Unión por los DDHH La Plata
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Patricia Walsh, diputada nacional (MC), Carlos Zaidman

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LIDIA FRANK-GUSTAVO CARBONELL

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