Palomitas II: Duhalde pidió perpetua para Menéndez, Guil y Alzugaray

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pidió ayer la condena a prisión perpetua del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; del director de Seguridad de la Policía Provincial, Joaquín Guil, y del ex encargado de seguridad externa del Penal de Villa las Rosas, Juan Carlos Alzugaray en la causa Palomitas II, que lleva el juez Carlos Olivera Pastor.

"Aquellas autoridades militares y policiales hoy procesadas, quisieron hacer valer la versión de un enfrentamiento, sin embargo dicha versión fue totalmente descartada, de hecho no existe en Salta oficiales del ejercito ni de la policía muertos ni mucho menos heridos durante ese periodo", señaló el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como querellante.

La acusación fue presentada mientras se espera la sentencia de Palomitas I, donde están procesados Carlos Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo Espeche.

El 6 de julio de 1976, fueron sacados del penal de Villa las Rosas, Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti; Pablo Elíseo Outes. Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Úsinger, María Amarú Luque de Úsinger y José Víctor Póvolo.

Pocos después fueron encontrados tres cuerpos en Palomitas, donde todos habían sido fusilados, otros tres en Yala, y tres en Ticucho, Tucumán. Pero los de Georgina Graciela Droz, Evangelina Botta de Linares aún no fueron hallados.

Duhalde y Avila alegaron que Menéndez fue quien ordenó el traslado y muerte de los detenidos. "Es así que Mulhall recibe la orden del traslado del III Cuerpo del Ejército el que estaba a cargo del General Menéndez. Mulhall dijo en su declaración, que la orden del traslado la impartió el entonces Jefe del III Cuerpo de Ejército y que cumplió con la orden impartida por su superior".

La Secretaría asegura que fue el "autor mediato", porque que si bien no ejecutó la acción en forma directa y personal, "la manejo provocando el desenlace".

Ejecución del plan

En tanto para probar la participación de Guil, la querella sostuvo que la policía de la Provincia intervino en la producción de los hechos, "no solo como apoyo del vehículo militar para el traslado de los detenidos, sino también en la ejecución del plan que finalizaría con el asesinato de los detenidos".

En esa línea citó el testimonio de testigos que sufrieron el secuestro de automóviles que luego fueron utilizados en el operativo para simular el enfrentamiento.

También citaron el testimonio de Hugo Espeche, -procesado en Palomitas I, quien manifestó que el personal de custodia de los detenidos a ser trasladados no eran del Ejercito, y que estaban vestidos con uniforme azul.

"De la prueba incorporada se desprende que Guil participó en estos hechos, que sabía del accionar de los miembros de la policía y que también conocía el plan que se debía ejecutar por lo que resultaría responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe primario", señalaron Duhalde y Avila.

En cuanto a Alzugaray , que se desempeñaba como jefe de Seguridad Externa de la cárcel de Villa las Rosas, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación citó testigos que vieron cómo, con anterioridad a la masacre, José Póvolo había sido sacado de la prisión por el oficial Alzugaray y llevado a dependencias de la policía federal donde era sometida a torturas.

"Varios testimonios más hacen entender que Alzugaray tenía conocimiento de lo que sucedería. La sospecha de su participación se completa con su extraña convocatoria al penal la noche del retiro de los detenidos. Así como con los dichos del testigo Pasayo quién aludió haber visto en la escena del crimen "uniformados grises" en referencia al personal penitenciario.", resaltó el escrito presentado ayer.

Duhalde y Avila argumentaron además que para los tres procesados caben los agravantes de alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Y pidieron "prisión efectiva".

Fuente: Nuevo Diario de Salta