por Elena Corvalan

Caso Ragone

Piden que investiguen a un testigo

como partícipe del secuestro

El abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pidió ayer que el policía retirado Abel Guaymás sea investigado como partícipe del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, por haber “prestado la colaboración para que este crimen quede impune (…), para el encubrimiento”.

Guaymás declaró ayer como testigo. El 11 de marzo de 1976, cuando ocurrió el hecho que se investiga y por el que ya están siendo juzgados ocho represores, el testigo era comisario mayor, y como inspector de la primera zona tenía bajo su mando a las cinco seccionales que funcionaban en la ciudad de Salta y las comisarías de El Carril, La Viña, Coronel Moldes, Chicoana y Cafayate, justo por donde se supone que los secuestradores pudieron haber sacado a Ragone. Guaymás dijo que el propio jefe de Policía, el teniente coronel Miguel Gentil, le informó de este hecho y le ordenó que realizara una razzia por toda la jurisdicción; sin embargo, contó que estos operativos se llevaron a cabo solo en el barrio El Tribuno y no pudo o no quiso explicar por qué no se hicieron en otros barrios. También dijo que no tenían órdenes de allanamiento porque entraban a las casas con el permiso de los vecinos, algo que se contradice con el relato de habitantes de aquella zona, que recuerdan cómo sus casas fueron revueltas y se les secuestraron libros inclusive. Y tampoco dijo a quién reportaba las novedades de estas acciones. Su jefe directo por entonces era el director de Seguridad, Joaquín Guil, quien también está siendo juzgado en este proceso.

El policía retirado dijo que solo esa noche buscaron a Ragone en las casas y que luego la búsqueda se limitó a hacer operativos sorpresa en la calle, con el control vehicular, y que estos operativos duraron poco tiempo más. Guaymás fue tan remiso, evasivo y desmemoriado que el fiscal Horacio Azzolín tuvo que recordarle que estaba bajo juramento. Luego la presidenta del Tribunal Oral en lo Federal, Liliana Snopek, lo dejó esperando “a ver si se le refresca la memoria”, pero cuando volvió sus olvidos persistían.

En ese marco, la falta de respuestas del testigo a las preguntas del fiscal resultó reveladora sobre el desinterés de la cúpula policial para dar con el paradero del ex gobernador y detener a sus secuestradores. “¿Cuándo, por qué dejaron de buscar a Ragone?, ¿quién decidió dejar de buscar a Ragone”, inquirió Azzolín, quien le recordó a Guaymás que el ex gobernador sigue desaparecido. El policía retirado solo articulaba palabras inconexas, igual que balbuceó cuando el fiscal quiso saber por qué no habían seguido revisando domicilios y por qué solo hubo razzias en El Tribuno.

Ayer también declaró el sacerdote Ernesto Escobar Saravia, presidente del “club de criollos” en el que se hacían riñas de gallos y que frecuentaba Ragone.

El cura recordó que “con anticipación” al crimen contra el ex gobernador se enteró “en la calle de que lo iban a detener” y le sugirió a Damián Mendoza, otro aficionado a la riña de gallos, que Ragone se fuera a su finca hasta que la situación se calmara. Aseguró que pensó que lo de la detención era “algo transitorio”, que nunca creyó que iba a derivar en un hecho grave. Esta afirmación le valió que luego el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, le preguntara si no tenía presente que ya para entonces se habían producido hechos graves, como la detención en Mendoza de monseñor Esteban Inestal, que era de la diócesis de La Rioja, y está desparecido desde mayo de 1976.

Escobar Saravia es capellán del Ejército desde 1978, cuando se ofreció como voluntario para la guerra con Chile. Dijo que en esa oportunidad conoció a Luciano Benjamín Menéndez, quien está siendo juzgado en este proceso.

Ayer también declararon Jesús Pérez y Teresa López, que era empleada de la Clínica Cruz Azul, donde se desempeñaba Ragone.

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“Por unas horas

fui un desaparecido”

El ingeniero Jesús Pérez, que fuera secretario general de la Gobernación y ministro de Economía de la gestión de Miguel Ragone, aseguró ayer que el 1 de mayo de 1975 fue detenido por miembros de la Policía de la provincia, que fue alojado en la Central de esa fuerza y que por un tiempo se negaba su presencia en ese lugar. “Por unas horas fui un desaparecido”, sostuvo.

El testigo contó que los policías allanaron su vivienda y que el mismo día también estaban detenidos varios estudiantes secundarios, uno de ellos le dijo que lo habían llevado por ser guevarista. Estas afirmaciones confirman que por entonces la Policía realizaba inteligencia política sobre los habitantes de la ciudad, una actividad que se adjudica al Departamento de Informaciones Policiales, conocido en la jerga como D2.

Añadió que por aquel tiempo hubo atentados contra el ex ministro de Gobierno de Ragone, Enrique Pfister; los ex jueces de la Corte de Justicia Farat Sire Salim y Andrés Antonelli y contra él mismo, en cuyo domicilio pusieron una bomba que no estalló. Los explosivos tenían la leyenda “United States Army Forces”, por lo que está convencido que ese atentado fue perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad.

A raíz de este atentado, Pérez pidió al entonces senador nacional Florencio Elías que lo acompañara a hablar con el jefe de Policía, Miguel Gentil, quien le advirtió que se fijara con quien se juntaba y a continuación le mencionó a Ragone. Pérez pidió protección y lo mandaron a hablar con el director de Seguridad. Allí Joaquín Guil le cobró por una consigna que se iba a poner durante una semana. En 2006 Elías desmintió la existencia de esta reunión, lo que fue recordado ayer por Pérez, quien señaló que a pesar de que Elías y él tienen la misma edad y padecen de las mismas dolencias, el entonces el juez federal Nº 1, Miguel Medina, lo hizo venir a él desde La Plata a declarar y a Elías fue a tomarle el testimonio en su casa. Elías y Guil tenían una relación laboral.

Pérez es otro de los testigos que destacó al ex gobernador Roberto Romero (ya fallecido) entre los enemigos de Ragone, dijo que era “la eminencia gris” que “movía los hilos llevando información falsa” para desprestigiar al gobierno. Además, señaló a la lista Azul y Blanca, al grupo Reconquista y a sindicalistas.

Recordó que la lista Azul y Blanca estaba encabezada por el ex senador nacional Horacio Bravo Herrera (que debe declarar hoy); el grupo Reconquista era dirigido por Armando Caro Figueroa y entre los sindicalistas mencionó a Benito Moya y Mario Amelunge.

También dijo que el jefe de Policía, Miguel Gentil, odiaba al ex gobernador. Y añadió que los policías que en 1973 habían sido investigados por apremios ilegales también tenían inquina contra el gobernador, entre ellos estaba Guil.