Juicio por Ragone

por Elena Corvalan

Testigos acusaron a Guil y ratificaron

la conexión entre Ejército y Policía

Tres de los seis testigos que declararon ayer en el juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone hicieron aportes que comprometen más al ex director de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

La primera testigo, Rosa Muruaga, contó que un policía que era su pareja, Pedro Bonifacio Vélez, desaparecido en 1977, le confesó haber participado del secuestro y que el ex primer mandatario había sido asesinado. La jueza de Corte Cristina Garros Martínez contó que fue detenida y llevada al Ejército, donde fue sometida a torturas; luego, ya en la cárcel de Villa Las Rosas, reconoció la voz de Guil que se regocijaba reconociéndola entre las detenidas alineadas, con los ojos vendados, con la cara hacia la pared: “Por fin caíste”, le dijo tocándole el hombro. Eduardo Sángari, que completó su testimonio en la víspera, ratificó que Guil le pidió permiso para infiltrar policías espías en la Universidad Nacional de Salta.

Muruaga fue pareja de Vélez durante dos años. “Sé que él estuvo en el secuestro y muerte de Ragone”, largó ayer ni bien comenzó a declarar, a instancias del abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia. “Un día llegó a casa y me contó que lo habían secuestrado al doctor Ragone. Solamente sé lo que me contó. Me dijo que lo habían secuestrado, matado y enterrado camino a San Lorenzo”, añadió.

Muruaga detalló que los dos que estuvieron juntos no tuvieron un hogar fijo, dijo que luego recién comprendió que se ocultaba. Recordó que Vélez “siempre” le decía que “si le pasaba algo era porque Joaquín Guil lo había mandado a matar. Y que me fuera de aquí. Y así hice, me fui a Buenos Aires”. Regresó recién en 1986, ya en democracia.

Muruaga sostuvo que el día que Vélez le contó lo de Ragone “parecía drogado”, que se fue a dormir y luego no recordaba nada.

El policía, que era radio operador en Pichanal, fue secuestrado en mayo de 1977 (o mayo de1976, según otros testimonios) del hotel Napoli, donde estaba junto a Muruaga. La mujer recordó que lo buscaron tres hombres. Por los dichos de la madre y de una hermana del policía se sabe que fueron tres policías: entre ellos Raúl “Gringo” Toledano. Vélez tenía otra pareja, Carmen Nieto, que residía en Pichanal y con la cual tenía un hijo. Ella fue secuestrada y desaparecida en mayo de 976.

“El golpe, doctora ”

La jueza de Corte Cristina Garros Martínez relató ayer la secuencia de persecución que sufrieron los militantes del ala más progresista del peronismo y que en su caso derivó en la detención el 24 de marzo de 1976. “El golpe, doctora”, le dijo el policía por toda explicación cuando ella abrió la puerta ante el llamado. .

Recordó que su amistad con Ragone se inició cuando como miembros de la Lista Verde, interna del PJ, recorrían localidades de la provincia, brindando asesoramiento legal sobre cuestiones laborales ella y él atendiendo los problemas de salud; “por eso lo llamaban el médico del pueblo”, explicó con la voz empequeñecida por la emoción.

Garros Martínez llegó a Salta recién recibida de abogada, y comenzó a asesorar a gremios, y enseguida comenzó a actuar en defensa de presos políticos. En julio de 1973 fue designada jueza laboral, cargo del que fue dejada cesante en 1975, un destino compartido por otros jueces como Roberto Castro, Edmundo Pieve, Blanca Herrera y Yolanda Bargardi. “Yo creo que a partir de ese decreto quedamos marcados. Porque todos éramos justicialistas”. Si bien hizo la salvedad de que Bargardi no era peronista, consideró que compartió su suerte por su amistad con ella misma y con Ragone.

Contó que en el 75 comenzaron también las “persecuciones y allanamientos” a su casa. Hasta que el 24 de marzo de 1976 fue detenida. Con pausas para controlar la emoción y pedidos de disculpas por su llanto, la jueza narró que aunque los que la buscaron estaban uniformados, fue subida a un automóvil particular, por hombres de civil. En el vehículo le cubrieron los ojos y le ataron las manos. “Pensé que iba a ser una desaparecida”, contó. Su sentido de la orientación la llevó a concluir que la trasladaron al Ejército, lo que confirmó posteriormente cuando, en una ocasión en que la llevaron al baño y se le corrió un poco la venda, pudo ver los eucaliptos “que todavía están ahí”.

En el Ejército estuvo varios días. La sacaron tres veces. Primero la tiraron en la parte trasera de una camioneta, junto a otros detenidos, los trasladaron hasta un punto en el que hicieron simulacros de fusilamiento. Estaban vendados y las ráfagas les hicieron creer que los fusilados eran los compañeros de tragedia.

La segunda vez le obligaron a escuchar las declaraciones de otros detenidos, entre ellos la del médico Mario Falco. “Yo escuché las declaraciones de él mientras al parecer le sumergían la cabeza en agua”. La tercera vez fue para que tomarle declaración a ella. Entonces la interrogaban sobre Ragone hasta que otro torturador ordenó: “De ese no le preguntes porque ese ya no nos interesa”.

Luego, ya trasladada a la cárcel, sufrió la presencia de Guil, cuya voz conocía debido a que como abogada de presos políticos solía entrevistarse con él. “Me tocaron de atrás y me dijeron: ‘Al fin caíste’ y ahí yo le reconocí la voz de Joaquín Guil”, sostuvo.

Garros Martínez fue liberada tiempo después y, tras soportar una bomba en su casa y dos detenciones de horas, sin ser registrada, terminó exiliándose en Bolivia, de donde regresó recién en la democracia.

Ayer también declararon el abogado Raúl Virgilio Bravo Herrera y Manuel Benjamín Leal, esposo de Margarita Martínez de Leal, la mujer que presenció el secuestro de Ragone y recibió un disparo en el brazo. Dijo que Guil fue a visitarla en su casa y que habló a solas con ella, aunque aseguró que no recibieron presiones.

Siete hombres están siendo juzgados acusados por la desaparición de Ragone: los militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil; los policías Guil, Andrés Soraire, Pedro Herrera y Javier Herrera y el civil Héctor Zanetto. Las audiencias se retomarán el 8 de agosto, con más testimonios.

(P/recuadro)

El recuerdo de Nazario

El último testigo de ayer fue el ex dirigente sindical y ex senador provincial Julio Aguirre. Habló sobre las detenciones sistemáticas que sufrían los sindicalistas y obreros, y las desapariciones y homicidios, como el caso de Guillermo Alzaga.

El mismo fue detenido reiteradamente entre 1976 y 1983. En una de esas detenciones, en 1978, fue derivado al Centro Clandestino de Detención (CCD) El Olimpo, en Buenos Aires. Allí fue torturado por un grupo de tareas que encabezaba el Comandante Estevez, como se lo conocía en esos ámbitos a Sergio Nazario, el que en la década del noventa devino en secretario de Seguridad de la segunda gestión de gobierno del actual senador nacional Juan Carlos Romero.

“Este señor, creo que su nombre completo es Sergio Raúl (Nazario), ostentaba el grado de encargado o responsable de las torturas”. “El ordenaba cómo se hacían, la duración”, recordó el testigo.

En 1997 Aguirre reconoció a Nazario viéndolo por televisión, en sus funciones de secretario de Seguridad romerista. El represor también fue denunciado por el gendarme Omar Torres. A pesar de la contundencia de las acusaciones, Romero se tomó su tiempo para relevarlo del cargo al que había accedido en 1995. Antes de llegar a la función pública, como parte de la empresa de seguridad privada Vanguardia, Nazario estuvo a cargo de la vigilancia en el diario El Tribuno, propiedad de la familia Romero.

El colaboracionismo del

Colegio de Abogados

En 1976, mientras muchos abogados eran perseguidos, detenidos y desaparecidos, el Colegio de Abogados de Salta (igual que otras organizaciones) prefirió encuadrarse entre los colaboracionistas del golpe de Estado.

“El Colegio de Abogados sacó un comunicado dándole la bienvenida al golpe, a pesar de que muchos abogados estábamos presos”, recordó ayer la jueza de Corte María Cristina Garros Martínez.

En el mismo sentido recordó que cuando fue liberada fue “mucha gente de los gremios” a ayudarla a recomponer su casa y su oficina, destruidas por los atentados, “pero nadie del Colegio de Abogados, nadie”. Añadió que más tarde la comisión directiva del Colegio quedó acéfala porque “fueron designados jueces todos esos de la comisión directiva del Colegio”.