Tres de los seis testigos que declararon ayer en el juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone hicieron aportes que comprometen más al ex director de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Emotivo testimonio de la jueza Garros Martínez
Sufrió detenciones y atentados; la funcionaria contó lo que sufrió antes y durante el proceso. El juicio continuará el 8 de agosto.
La jueza de la Corte de Justicia de Justicia de Salta, Cristina Garros Martínez, no pudo contener su emoción al declarar ayer como testigo en el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone (ocurrido el 11 de marzo de 1976), de quien era amiga y compañera de militancia de la lista Verde del peronismo. Para esta sobreviviente del terrorismo de Estado, fue demasiado fuerte recordar los aciagos días de la dictadura cuando fue víctima de detenciones extrajudiciales, persecuciones, amenazas y atentados con explosivos en su domicilio.
La vicepresidenta de la Corte fue detenida el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de ese año, y estalló en llanto al revivir aquel dramático momento. Estaba sola esa noche, con sus tres hijas pequeñas, cuando la policía allanó su vivienda de avenida Belgrano al 1.900 y se la llevaron con rumbo desconocido. “Los que entraron eran policías uniformados; me subieron a un auto ocupado por civiles y alguien ordenó que me vendaran los ojos y me ataran las manos”, contó. Por el recorrido que efectuó el vehículo, la magistrada cree que la condujeron a la Guarnición Ejército Salta, donde permaneció varios días sin ver la luz.
Garros Martínez recordó tres episodios en ese cautiverio. “Una noche me sacaron con otros detenidos por un camino de tierra y nos hicieron un simulacro de fusilamiento; después de escuchar los tiros pensé que era la única que me había salvado”, relató. Otro día la hicieron presenciar una sesión de tortura del psiquiatra Mario Falco, a quien le sumergían la cabeza en el agua. “Luego me trasladaron a la sala de interrogatorio, donde me preguntaban qué sabía de las actividades de Ragone”.
Informó que el día que la sacaron de ese centro clandestino para alojarla en el penal de Villa Las Rosas, una voz conocida le dijo al oído: “Por fin caíste”. Era el comisario Joaquín Guil: “No tengo duda de que era Guil. Había hablado muchas veces con él por los hábeas corpus que había presentado por la detención de varios compañeros, antes del golpe de Estado, entre ellos el doctor Farat Sire Salim”, señaló. En la unidad carcelaria compartió celdas con Ana María Giacosa, Elisa López, Silvia Troyano, entre otras.
La testigo apuntó que las persecuciones comenzaron luego de la intervención de Alejandro Mosquera, cuando fue cesanteada como juez Laboral, junto a Roberto Castro y Yolanda Bargardi. “La doctora Bargardi no tenía militancia, pero quedó marcada un día que fue con Ragone a la clínica donde tenía a mi hija y se ofrecieron a ser los padrinos”, subrayó. Cuestionó al Colegio de Abogados de entonces, al sostener que sus autoridades “le dieron la bienvenida al golpe” y que la entidad quedó vacía “porque todos sus miembros asumieron como jueces del proceso. Me exilié en Bolivia y volví con el retorno de la democracia”, afirmó.
El juicio por el crimen de Ragone continuará el 8 de agosto.
“Dijo que quemaron el cuerpo”
Ayer también declaró Rosa del Carmen Muruaga, ex pareja del policía Pedro Bonifacio Vélez, desaparecido en 1977. Comentó que en una oportunidad, en presencia de su hermana, Vélez confesó que participó del secuestro de Ragone y que quemaron el cadáver en el camino a San Lorenzo. “En ese tiempo yo no me daba cuenta de estas cosas”, afirmó ante una pregunta del querellante Martín Avila.. Y agregó que “que ese día mi hermana me advirtió que parecía que estaba drogado”. En otra ocasión -refirió- Vélez le dijo: “Si me pasa algo, es por culpa de Guil”. Contó que el policía viajaba siempre a Pichanal y luego se enteró que allí tenía a su esposa, Carmen Nieto, quien también desapareció. La mujer dejó entrever que Vélez se sentía perseguido porque no tenían un lugar fijo de residencia y que el día que desapareció estaban en el hotel Napoli, en la calle Mitre. “Esa noche lo fueron a buscar y me dijo que ya volvía; fue la última vez que lo ví”, subrayó. Muruaga describió a un “gordito, bajo, colorado y pecoso”, como la persona que siempre lo buscaba. ¿Sabe si lo llamaban el Gringo Toledano?, preguntó el abogado David Leiva. “Sí, era ese”, respondió.
El abogado Virgilio Bravo Herrera relató que en 2003 un vecino del paraje “La Ollada”, en Coronel Moldes, le llevó una bolsa con huesos humanos hallados en una finca y ante la sospecha de que podría tratarse de restos de Ragone dio intervención al juez Miguel Medina. “Lamentablemente esto no se investigó como debía”, se quejó. Identificó como dueño de esa finca a Juan Carlos Moreno, un militar que luego se suicidó.
Fuente: El Tribuno
La expulsión de los mendigos. Por Pablo Calvo y María Arce.
Pasaron 34 inviernos desde la redada. Policías de Tucumán cazaron mendigos durante tres días, los encerraron en la comisaría 11 y los metieron en un camión que los llevó hasta el límite con Catamarca, donde los tiraron.
Fue una historia mínima, pero emblemática de lo que fue la brutalidad de la dictadura.
El destierro de 25 vagabundos se produjo el 14 de julio de 1977 y fue otro crimen sin castigo de los militares. La novedad es que ahora comenzrá a ser investigado por la justicia federal.
La Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos inició la tarea de mandar oficios a testigos y medios de comunicación, con la idea de encarar una reconstrucción histórica del caso, producido cuando el general Antonio Domingo Bussi era el mandamás de la provincia.
El disparador de esta causa, indicaron fuentes judiciales, fue la aparición del libro “Los mendigos y el tirano” , que revela la foja secreta de Bussi y los pasajes inéditos del juicio que el militar le entabló al escritor tucumano Tomás Eloy Martínez, un verdadero custodio de la memoria de los linyeras.
A lo largo de su obra literaria y periodística, Martínez buscó que el caso no cayera en el olvido y lo vistió de metáforas en sus novelas La mano del amo , Santa Evita y Purgatorio .
También lo abordó en artículos que escribió para Página/12 y La Nación, en uno de los cuales señaló a Bussi por la barrida de los mendigos y lo llamó “feroz exterminador de disidentes”, “maniático de la limpieza” y “tiranuelo de Tucumán”.
Ofendido, Bussi reclamó 100 mil pesos por su “honor” afectado y exigió que no lo llamaran más “tirano”.
Además, por primera vez, el todopoderoso gobernador de facto y jefe del Operativo Independencia admitió que la expulsión de gente pobre fue “una aberración, aunque no un delito” .
Bussi perdió ese juicio por su “honor” contra el biógrafo de Perón. “Y nunca pagó las costas del juicio”, pese a que llegó a tener más de 120 mil dólares en Suiza, reveló el abogado Ricardo Monner Sans, quien defendió con éxito a Tomás Eloy Martínez.
El general fue condenado a perpetua por la desaparición de un senador tucumano y perdió su grado militar, entre otros juicios que afronta actualmente.
El jueves pasado se cumplieron 34 años de la partida del camión con los mendigos por la ruta 38. Se sabe ahora que 24 fueron rescatados por los catamarqueños, pero uno, quizás granadero de la Casa Rosada durante el primer peronismo, apareció rígido en un quebrachal.
Tomás Eloy Martínez ambientó su última novela en parajes inhóspitos de Catamarca. Los protagonistas, perseguidos por la dictadura, se toparon con un grupo de mendigos que escapaban de la muerte y el olvido.
Fuente: Clarin, miercoles
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