Juicio por Ragone

Revelan más irregularidades

en el procedimiento policial

Dos policías retirados brindaron ayer más datos sobre las irregularidades cometidas por la conducción policial luego del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, cometido alrededor de las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976. Un testigo desconoció sus firmas en informes sobre supuestos operativos de búsqueda; otro dijo que a la Comisaría de Coronel Moldes la orden de buscar a la víctima y los secuestradores les llegó “a los días” del secuestro, que solo se destinaron dos policías, y la búsqueda fue únicamente “dos o tres días”.

Felipe Severino Oviedo (que se cambió el apellido Calpanchay por el de su verdadero padre), es comisario retirado. Ayer desconoció cuatro de cinco firmas suyas que aparecen en el sumario policial iniciado tras el secuestro.

Para la época del secuestro Oviedo (Calpanchay) era un oficial que se desempeñaba en la Dirección de Contralor General, en donde cumplía funciones de calle, que andaba de civil averiguando el paradero de personas buscadas. Y que cuando se cometió el secuestro solo recibió la orden de intensificar esta tarea y preguntar en hoteles, en lugares de llegada de pasajeros.

Sin embargo, en el sumario figuran dos informes suyos sobre procedimientos (rastrillajes, allanamientos, controles de ruta) supuestamente realizados en busca del ex mandatario. En el primer informe, realizado supuestamente por el propio Oviedo, se consigna que “fue comisionado con personal a sus órdenes para que se avoque a la investigación” del secuestro y que con ese cometido llevó a cabo distintos operativos, rastrillajes, allanamientos en 200 domicilios y controles de ruta.

Sin embargo, ayer Oviedo dijo que no son suyas las firmas estampadas en esos informes. “Yo no hice ningún procedimiento”, afirmó. Dijo que sí escuchó que hubo controles de ruta pero que él tampoco participó de estas actividades. De las cinco firmas que le exhibieron únicamente reconoció una, en la que aparece (junto al también policía Héctor Hugo Vargas) dando cuenta de una testimonial tomada en la investigación del secuestro, aunque dijo que tampoco recuerda haber llevado a cabo esta actividad.

En 1976 Fausto López trabajaba en la Comisaría de Coronel Moldes con el grado de oficial principal. Ayer, frente al Tribunal, recordó que a la Comisaría de Coronel Moldes la orden de búsqueda del ex gobernador llegó días después del hecho. Dijo que sus superiores (Luna o Puerta, no supo precisar) le ordenaron “hacer un rastrillaje en la zona”. Como punto de referencia para recordar el día en que recibió esta orden, contó que él se enteró del secuestro al día siguiente del hecho, es decir el 12 de marzo, y que la orden, que, según sabía, había sido enviada a su jefe por la Jefatura vía radiograma, les llegó “días” después de que se enterara.

López dijo que el rastrillaje se hizo en Coronel Moldes y Ampascachi también, pero “no en la zona del dique” Cabra Corral (donde una versión indica que se arrojó el cuerpo del médico) porque ahí estaban los Bomberos. Y que solo lo buscaron “dos o tres días”, de acuerdo a una orden que les llegó también de sus superiores. Y que buscaron “dos (policías) nomás” porque “había poco personal”.

En el secuestro de Ragone fue asesinado el comerciante Santiago Catalino Arredes y fue herida Margarita Martínez de Leal, una joven que también vio el secuestro.

Testimonio a domicilio

La presidenta del Tribunal Oral, Liliana Snopek, junto a la secretaria, Denise Blajean, irán hoy al domicilio de la ex jueza Martha Sofía Poma, para escuchar su testimonio. La medida se dispuso tras recibir un informe médico que asegura que la mujer está imposibilitada de concurrir a la sala de grandes juicios. Este testimonio ha sido propuesto por el fiscal Horacio Azzolín, quien insistió en que desea hacerle “una pregunta” a la ex magistrada.

Para la testimonial, la jueza dispuso que las partes le acerquen sus preguntas por escrito.

La sentencia se

dará en septiembre

La sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones de Margarita Martínez de Leal se conocerá en los primeros de septiembre próximo, de acuerdo al cronograma previsto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta.

Los alegatos comenzarán el martes 23 de agosto, siempre que los imputados no decidan declarar. El fiscal Horacio Azzolín, los querellantes, representados por los abogados Matías Duarte (por la familia Ragone), Martín Avila (por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia), y David Leiva (por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia), y la actoría civil, la abogada Verónica Molina (por Margarita Martínez de Leal), deberán exponer sus argumentos ese día.

Los defensores, los abogados Marcelo Arancibia y Roque López Homes, por Rubén y Javier Herrera; Federico Petrina y Pablo Lauthier, por Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil, Andrés Soraire y Héctor Zanetto, expondrán sus alegatos el 29 de agosto. El día 30 será la oportunidad para las réplicas y contrarréplicas, de haberlas.

Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 2 de septiembre, cuando se les ofrecerá a los siete acusados la oportunidad de hablar antes de que los jueces Marta Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla pasen a deliberar para decidir la sentencia. Los alegatos y el fallo podrán ser transmitidos en directo por los medios de comunicación que lo deseen.