memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone

UN DOCENTE DE LA UNSA CONTO QUE ARMO LISTAS DE SUPUESTOS SUBVERSIVOS

El descargo del filósofo

Cesanteado en 1976, Mario Casalla pidió al Ejército que revirtiera esta decisión. Aseguró que él mismo dio de baja a otros docentes “subversivos”, y que compartió información con miembros de inteligencia policías y militares.

El 21 de mayo de 1976 la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), a cargo de los capitanes Eduardo Alberto Casal y Norberto Antonio Yommi, que había profundizado los efectos de la intervención civil iniciada en 1974 encabezada por Francisco Villada, dispuso nuevas cesantías de docentes. Entre ellos cayó el profesor de filosofía, Mario Casalla, quien hasta el 24 de marzo de 1976 había ocupado el cargo de secretario académico, como parte del gobierno de la anterior intervención.

Inexplicablemente los capitanes incluyeron a Casalla en la lista de indeseables, sobre él hicieron caer la sospecha de ser un “subversivo y/o disociador”. En desacuerdo con esta calificación el docente pidió al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con asiento en Salta, que corrigiera el error. A su favor, argumentó que él mismo había armado listas de docentes subversivos e incluso había dado de baja a algunos de ellos, tareas en las que había trabajado de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército. Su caso se hizo público el martes último en la sala de grandes juicios del Poder Judicial, cuando el abogado Matías Duarte, querellante por la familia de Miguel Ragone, lo usó para graficar cómo la Policía y el Ejército realizaban tareas de inteligencia y control sobre los habitantes.

Tras ser cesanteado en la Universidad, Casallal fue a trabajar a la cooperativa láctea Cosalta, y de ahí pasó, en 1977, al diario El Tribuno, donde fue gerente general y ejerció el periodismo con el seudónimo de Hernán Solifrano. Al Ejército le dijo que, entre otros, el subdirector de El Tribuno, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, podía dar referencias suyas.

“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el doctor en filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.

El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.

Casalla renunció “inmediatamente” a la secretaría académica y al cargo de docente, pero los interventores le permitieron continuar dando clases. Pero, a pesar de que colaboró “plenamente con las autoridades universitarias” militares y de que “no realizó tarea alguna sin consultar”, en mayo fue dejado cesante.

En su descargo Casalla sostuvo ante el Destacamento de Inteligencia que nunca supo los motivos para que lo rotularan de esta manera, recordó que no existía un proceso en su contra y que las autoridades universitarias y la autoridad militar había resaltado en “reiteradas oportunidades y diferentes círculos la firmeza con el que el gobierno universitario del que formé parte actuó contra la subversión”.

Entre sus antecedentes reseñó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ejerció la docencia antes de su paso por Salta (y la ejerce actualmente), al igual que en universidades privadas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, el Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.

Sostuvo que tenía una formación filosófica clásica, “totalmente ajena a la doctrina marxista”. Y que en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Salta “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa”, cuyo rector era entonces Martínez Borelli, pero que al cabo de tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó con mayúsculas.

Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:

Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”

A pesar de todos estos elementos, finalmente las autoridades militares llegaron a la conclusión de que no tenían “certeza absoluta de la verdadera ideología” del filósofo.

Por Elena Corvalan