jueves, 26 de abril de 2012


Declararon exsindicalistas, pero no identificaron a los represores imputados

Continuó el juicio por la causa Harguindeguy. Los tres testigos, integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza fueron detenidos por Gendarmería en 1976. Sólo uno de ellos recordó que el sindicato fue intervenido dos meses después de su detención.

Se cumplió la cuarta jornada de la etapa de testimoniales.
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Se cumplió la cuarta jornada de la etapa de testimoniales.

Fuente: UNO/Juan Ignacio Pereira
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

Se desarrolló la cuarta jornada de la etapa de testimoniales del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

Este miércoles prestaron declaración Carlos Julián Cáceres, Carlos María Urquiza, y Héctor Raúl Respaud, exintegrantes de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay. Los tres fueron detenidos el 26 de mayo de 1976 en sus lugares de trabajo, por personal de la Gendarmería Nacional.

Antes de dar lugar a las declaraciones, el Tribunal -compuesto por Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros, y Roberto López Arango- hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que solicitó que en el transcurso del proceso penal se prescinda de las declaraciones de los testigos Alberto Churruarín, Aldo Bachetti, Jorge Obeid, Luis D' Elías, Alicia Ballesteros de D'Elías, Juan Carlos Dezan, Cristela Godoy, Alicia Beatriz Dasso, Alfredo Ghiglioni, Alicia Ángela Ferrer, Fernando Caviglia, Jorge Taleb, Luis María Sotera, Manuel Ramat y María del Rosario Badano, todos ellos convocados en el marco de la Causa Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú). El pedido no tuvo objeciones por parte de la querella ni la defensa.

Luego, el Tribunal llamó a los testigos a prestar declaración. Cabe destacar que todos ellos lo hicieron a través del sistema de videoconferencia, desde Concepción del Uruguay. El inicio de las declaraciones se vio retrasado durante varios minutos por inconvenientes técnicos en la transmisión.

Luego de que los problemas fuesen parcialmente solucionados, fue el turno del testimonio de Carlos Julián Cáceres, quien señaló que no conoce a ninguno de los imputados; a saber, Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, Albano Harguindeguy, y Juan Miguel Valentino.

Cáceres detalló que fue detenido el mediodía del 26 de mayo de 1976, mientras estaba en su puesto de trabajo en las oficinas de EPEER: “Vino Gendarmería y me subió a un camión, en total éramos ocho los detenidos, y nos llevaron a su delegación. Allí nos hicieron un prontuario, y al día siguiente, vino el Ejército, y nos trasladó en un colectivo hasta la Unidad Penal Nº4, donde estuvimos detenidos unos 17 días, aproximadamente”.

Por otra parte, manifestó que no fue víctima de maltratos físicos. “Solamente, mientras nos tuvieron en Gendarmería nos acusaron de comunistas. Yo les aclaré que, por mi parte, fui peronista toda la vida”, señaló.

Por otra parte, dijo que jamás les explicaron las causas de su detención. Según su testimonio, mientras estuvieron en prisión, él recibió “una o dos” visitas de su familia, y que “el trato en la cárcel fue bueno”.

Consultado sobre las otras personas que estuvieron detenidas con él, Cáceres mencionó a Roberto Giles (fallecido), Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Jorge Guillermo Aldaz, César Rubén Árrigo (fallecido) y otro de apellido Urquijo, todos ellos, integrantes de la comisión directiva del sindicato.

Por último, aclaró que el día previo a su liberación, el teniente coronel Raúl Schirmer los convocó a una reunión, donde les aclaró que su la detención no afectaría el buen nombre de ninguno de los ocho, y les entregó un certificado en el que se los declaraba libres de culpa y cargo.

Al final de su testimonio, la doctora Carnero le preguntó acerca de unos panfletos sobre la obra social de Luz y Fuerza, que los detenidos habrían repartido días antes a ser privados de la libertad, y que Cáceres habría mencionado durante la etapa de Instrucción. Pero el testigo señaló que no recordaba nada al respecto.

Más tarde, fue el turno de Carlos María Urquiza. Este testigo señaló que no conoce a los imputados, y que fue detenido por Gendarmería el mismo día que Cáceres, mientras estaba en la Central Eléctrica de Caseros. De allí fue llevado a la Jefatura y, de allí, lo llevaron en camión hasta las oficinas centrales de EPEER, donde detuvieron a otros compañeros de trabajo.

En coincidencia con el anterior testigo, Urquiza manifestó que los ocho fueron trasladados a la delegación de Gendarmería en Concepción del Uruguay, y que los dejaron parados en el patio durante varias horas. Luego los interrogaron, “más que interrogarnos, nos acusaban de subversivos”, aclaró. “Después nos llevaron a una sala y nos quisieron hacer firmar una declaración, pero nos negamos. Entonces nos dieron algo de comer, unas colchonetas, para que nos tiremos. Esa noche, ninguno pudo dormir, porque los guardias caminaban todo el tiempo, pasaban sobre nosotros, y hacían ruidos con las armas”.

Continuando con su relato, el testigo explicó que a la noche siguiente personal del Ejército los trasladó a la UP 4, donde estuvieron alojados -según su versión- unos 13 o 14 días, en una celda para mujeres, que estaba vacía. Al igual que Cáceres, señaló que allí no recibieron castigos ni torturas.

Además, confirmó que previo a su liberación se reunieron con Schirmer, quien los arengó; “nos dijo que sigamos así en nuestra conducta como gremialista”, recordó.

Consultado por la querella acerca de si vio a algún otro preso político, el testigo respondió que no vio a nadie, ya que estaban aislados del resto.

Tras un breve cuarto intermedio, Héctor Raúl Respaud brindó su testimonio vía videoconferencia. El testigo -en concordancia con los otros- expresó que no conoce a los imputados y que fue detenido el 26 de mayo de 1976, aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras trabajaba en un taller de EPEER.

Señaló que, luego de ser detenido por gendarmes, fue trasladado en un camión hasta la oficina central de EPEER -sita en calle 25 de Mayo, de Concepción del Uruguay-, donde detuvieron a otros compañeros. También coincidió con los datos aportados por los dos testigos anteriores, al enumerar a los otros siete detenidos.

Señaló que, luego de su paso por la Gendarmería, quedaron incomunicados y alojados en la UP 4, y que nunca les comunicaron los motivos de su detención. Por otra parte, acotó que el dia anterior “habíamos tenido reunión común y silvestre con el resto de la comisión directiva del gremio”, y añadió que tenían problemas con la obra social, que había cortado sus prestaciones, por lo cual emitieron un comunicado en que informaban sobre la situación al resto de los afiliados.

Asimismo, señaló que supone que hubo una denuncia por parte del Jefe de Distrito de EPEER, lo cual podría haber sido el causal de su detención.

Finalmente, dijo que durante las dos semanas que estuvo en la UP 4, recibió visitas en dos oportunidades. Y que dos o tres días antes de ser liberados, Schirmer les dió a todos un certificado en el que se los declaraba libres de culpa y cargo. También reforzó el testimonio de Urquiza, quien había mencionado que Gendarmeria les intentó hacer firmar una declaración.
 
Por último, señaló que dos meses después de su lieración, el Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay fue intervenido por un teniente coronel del Ejército, cuyo nombre no pudo recordar.
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Brindaron escasos datos sobre su cautiverio y el funcionamiento de la entidad gremial durante la dictadura Causa Harguindeguy:
 
declararon ex integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza que estuvieron detenidos en la UP Nº4
 
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Uno de los testigos vinculó la detención con la distribución de un boletín sobre la mutual.
Ex integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay prestaron testimonio -mediante videoconferencia- en el juicio oral y público por la Causa Harguindeguy. Carlos Julián Cáceres, Carlos Urquiza y Héctor Raspaud refirieron a su detención el 26 de mayo de 1976 por parte de personal de Gendarmería Nacional. Sin brindar precisiones, señalaron que estuvieron unos 17 días en la Unidad Penal Nº 4, tras lo cual fueron liberados bajo los “consejos” del teniente coronel Raúl Schirmer. Remarcaron que no fueron informados sobre el motivo de su detención ni recibieron asesoramiento legal. “Nos querían hacer una declaración, pero ya estaba escrita. Nos dijeron que la firmáramos y nosotros nos negamos”, relató Urquiza. Por su parte, Raspaud estimó que podrían haber sido denunciados “por la distribución de un boletín informando asuntos de la mutual”. Meses después de la detención el Sindicato fue intervenido por el Ejército. El debate se reanudará este jueves desde las 10, en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Por Betiana Spadillero Gaioli, de ANALISIS DIGITAL

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná -integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango y Noemí Berros- prestaron testimonio tres ex detenidos políticos, que formaban parte de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay.

En este expediente -que se acumula a los de Concordia y Gualeguaychú- están imputados Albano Harguindeguy, Francisco Crescenso, Julio César Rodríguez -alias Moscardón Verde- y Juan Miguel Valentino. Además estaba procesado Darío Mazzaferri, agente de la Policía Federal que desde 2007 está prófugo y tiene pedido de captura internacional.

“Nos acusaban de ser comunistas”

El 26 de mayo de 1976 Carlos Julián Cáceres fue detenido, junto a otros siete compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza, por Gendarmería Nacional. Eran aproximadamente las 11 cuando los trasladaron en un camión hasta el Escuadrón Nº 6. “Allí nos llenaron el prontuario, con nuestras actividades y lo que hacíamos en el sindicato”, señaló.

Al día siguiente, fueron trasladados por personal del Ejército a la Unidad Penal Nº 4, donde estuvieron 17 días en el pabellón de las mujeres, “que estaba desocupado”. Según indicó, durante su detención no sufrió torturas, sólo apuntó que los “acusaban de ser comunistas” y él les aclaró a los uniformados “que era peronista de toda la vida”.

Si bien escuchó que había otros detenidos de diferentes ciudades entrerrianas, aclaró que no los vio y que sólo compartió celda con otros trabajadores del gremio.

Cáceres relató que al momento de dejarlos en libertad, primero los llevaron al Ejército donde hablaron con Schirmer. Durante esa reunión, les explicó que “cumplía un mandato” y les indicó que se presentaran a trabajar al otro día

El testigo no aportó datos certeros, sino que redundó en sus respuestas. Manifestó que al momento de la detención Gendarmería no tenía una orden y que nunca pudo saber la razón de ese procedimiento. Tampoco recordó si se le ofreció atención médica o el asesoramiento de un abogado.

Interpelado por el abogado querellante Marcelo Boeykens, negó tener conocimiento sobre la difusión de panfletos en contra de la dictadura ni sobre la posterior intervención de la entidad gremial. De hecho, contó que luego decidió renunciar. “Amenazas no recibí nunca”, afirmó, ante la pregunta del Tribunal.

“Schirmer nos hizo una arenga”

Urquiza estaba realizando tareas de mantenimiento cuando lo llamaron por el teléfono interno para que se presente en la oficina del jefe. Cuando ingresó, se encontró con personal de Gendarmería Nacional, que lo trasladó al regimiento en un camión de la fuerza. Primero pasaron por las oficinas de la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER) donde aprehendieron a otros compañeros de trabajo.

Al llegar permanecieron durante varias horas en un patio -de pie mirando la pared. “A la tarde nos pusieron en una sala y nos hicieron preguntas. Nos querían hacer una declaración, pero ya estaba escrita. Nos dijeron que la firmáramos y nosotros nos negamos. Entonces nos llevaron a otra sala, donde pasamos la noche”, relató. Asimismo, mencionó que esa noche “prácticamente” no pudieron dormir: “La guardia caminaba sobre nosotros y hacía ruido con las armas”, describió.

Posteriormente, los trasladaron a la UP Nº 4, donde estuvieron “unos 13-14 días”. El testigo refirió también al encuentro con Schirmer. “Cuando estuvimos ahí nos hizo una arenga sobre la conducta que teníamos que tener en el trabajo y en la actividad gremial. Y después de eso nos aconsejó y nos dijo que nos dejaba en libertad”, manifestó.

Consultado sobre si le explicaron los motivos de la detención, sostuvo que nunca recibieron esa información. “Nunca estuve en política, siempre en la parte gremial”, aclaró. En esa línea, no supo decir si había otros detenidos en el penal, sobre todo, por razones políticas.

Urquiza se reintegró al sindicato al día siguiente. Durante su declaración desestimó que la entidad haya sido intervenida por las fuerzas de seguridad.

Raspaud vinculó la detención con la distribución de un boletín

El último testigo de la jornada relató el momento de la detención por parte de Gendarmería Nacional, el 26 de mayo de 1976. “Nos tomaron los datos personales y estuvimos en la delegación como un día y medio. Después nos trasladaron a la cárcel”, narró.

Días más tarde, Schirmer “les hizo una arenga” y luego fueron liberados. “Nos dieron un certificado de libres de culpa y cargo”, agregó, remarcando que ellos se negaron a rubricar algún documento. “No quisimos firmar la declaración. No sé lo que decía”, indicó en relación a la noche en que ingresaron al Escuadrón Nº 6 de Gendarmería.

Interpelado sobre el motivo de la detención, Raspaud sostuvo que no recibió explicaciones aunque estimó que se debió a una denuncia del “jefe de distrito por la distribución de un boletín informando asuntos de la mutual”. En esa línea, señaló que la entidad sindical fue intervenida a los 2dos o tres meses, por orden del Ejército”.
 
 
 
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Dictaron falta de mérito para una expolicía rosarina imputada por robo de bebés

El juez Zonis desvinculó a Norma Ramos de la apropiación del hijo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro. Había sido indagada como partícipe necesaria.
UNA FOTO DE RAQUEL NEGRO EN LA PUERTA DEL JUZGADO FEDERAL. (FOTO: UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA) UNA FOTO DE RAQUEL NEGRO EN LA PUERTA DEL JUZGADO FEDERAL. (FOTO: UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA)
El juez federal Gustavo Zonis dictó la falta de mérito para Norma Pilar Ramos, quien se encontraba imputada por su presunta participación en el robo del hijo mellizo varón de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Se trata de una expolicía rosarina que durante la dictadura se desempeñaba como celadora de Minoridad.

El juez emitió su resolución el 17 de abril respeto de los hechos por los cuales la mujer fue indagada, es decir la sustracción y sustitución de identidad del recién nacido varón, mellizo de la nieta recuperada Sabrina Gullino Valenzuela Negro, en calidad de partícipe necesario, pudo determinar UNO.

Ramos, quien estuvo todo el tiempo que duró su imputación en libertad, se desempeñaba en la Alcaidía de Minoridad de Rosario en la época de los hechos. Se sospechó que su intervención habría consistido en recibir al niño en su casa, hacia donde habría sido trasladado desde el Instituto Privado de Pediatría de Paraná, y entregarlo al apropiador.

Quien mencionó a Ramos en el expediente “NN Facundo” fue el testigo Oscar Natalio Kopaitich, quien afirmó que ella entregó el bebé a Paul Navone, quien se desempeñaba como integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, en su sección Paraná, y actuaba en el Hospital Militar. Navone se suicidó en febrero de 2008.

ADN negativo
El juez recibió días pasados un informe del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que confirmó que el hijo de Ramos es su realmente hijo biológico. La mujer, durante su primera declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, había propuesto a Zonis someterse a una prueba de ADN para demostrar su maternidad; el juez había aceptado realizar el examen, aunque no estaba investigando puntualmente si ella se había quedado con el bebé varón nacido en el Hospital Militar de la capital entrerriana en marzo de 1978.

El informe del BNDG indica que, de acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra hemática de Ramos, la expolicía tiene una probabilidad de maternidad del “99,9998%” respecto de la muestra de su hijo.

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007



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