Lucena prefirió el silencio, mientras que Rauzzino dijo que no existía la subversión
En la segunda jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, declaró un familiar de uno de los desaparecidos.
Rauzzino declaró por más de dos horas.
“Nunca torturé ni secuestré a nadie, luché por mi patria en las Malvinas y juro ante Dios y mis cuatro nietos que no soy un delincuente, y que es injusta la situación que estoy viviendo”, declaró en medio de sollozos el ex jefe de la policía de Catamarca, Juan Daniel Rauzzino, imputado por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976. Por su parte, el militar retirado Carlos Alberto Lucena (83), guardó silencio, aunque se incorporó por lectura, la declaración vertida durante la etapa instructoria, y tres testigos fueron citados. El debate se reanudará hoy, desde las 9.
Con una hora de retraso, ayer, a las 10 de la mañana, el presidente del Tribunal Oral Federal Juan Carlos Reynaga abrió nuevamente el debate después del cuarto intermedio dictado el lunes. En el segundo día, se incorporó al 4º Juez sustituto, Carlos Jiménez Montillo, oriundo de Jujuy.
El momento más esperado por los familiares y grupos de Derechos Humanos que siguen el juicio desde el primer día, fue cuando Reynaga concedió la palabra al defensor de los imputados, Lucio Montero, para dar lugar a la etapa indagatoria. En principio, el defensor dijo que Lucena, ex jefe del Regimiento de Infantería 17, se abstendría de prestar declaración, y posteriormente se introdujo por secretaría la lectura del testimonio brindado ante el Juez Federal Ricardo Antonio Moreno, en la etapa de instrucción de la causa, con fecha 28 de febrero de 2008.
Nunca hubo detenciones
Lucena está acusado de la “desaparición forzosa de personas” en concurso real con “asociación ilícita”, por los secuestros de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda.
Algunos de las citas textuales de la declaración indicaban que “nunca recibió una muestra de la actividad subversiva en Catamarca” y que en el Regimiento no existían unidades especiales de inteligencia para detectar movimientos subversivos. Negó que haya existido un plan de exterminio “contra ellos”.
El represor manifestó que la Unidad del Regimiento sólo se reducía a los registros domiciliarios que contaban con el propio permiso de los propietarios para llevarlos a cabo. Ningún procedimiento podría filtrarse sin órdenes del Jefe, ante lo que adujo: “Mi Regimiento nunca realizó una detención civil, ni hubo lugares de detención”.
En el final del relato afirmó “niego y desconozco el hecho por el que se me investiga - en relación al secuestro de Yolanda Borda- no conozco a la niña, ni a su familia”, sentenció.
“Voy a declarar”
El ex jefe de policía, Rauzzino, comenzó lacónicamente su indagatoria ante los jueces y las partes del debate, partiendo de que de los tres hechos que se denuncian en la causa, sólo es investigado por uno de ellos.
Rauzzino se hizo cargo de la jefatura de la Policía el 13 de mayo de 1976, hasta diciembre de ese mismo periodo, cuando se plasmaron las desapariciones de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurridas en diciembre de 1976. Durante ese lapso, en Catamarca “no había existido acción alguna contra la subversión, y tampoco acciones subversivas de ningún tipo”, dijo.
“La guerra contra la subversión era una política militar y no de la Policía”, indicó el imputado y añadió que recibió una “orden verbal” del General Lucena de no involucrarse en estas acciones durante una reunión informal.
En lo extenso de su declaración, que duró más de dos horas, el ex jefe de Policía recalcó que en Catamarca no existió subversión, y atribuyó a los movimientos sindicales que se realizaban en la vecina provincia de Tucumán, como los propulsores de actividades dirigidas a la provincia. “Eran secuestradores foráneos, que podrían haber ingresado a la provincia sin conocimiento de las autoridades”.
Apuntó a tres hechos que involucró a los comprovincianos: la masacre de Capilla del Rosario, cuando aún no era jefe, la detención de dos hermanos tucumanos que robaron automóviles de la policía cuando ya prestaba servicios en la Policía, y finalmente la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca en 1977, orquestada por el entonces general tucumano Antonio Domingo Bussi, cuando el militar era gobernador de esa provincia.
En la instancia final de su alocución, Rauzzino habló con satisfación de su periodo como jefe de la policía durante la dictadura militar “Me dediqué de lleno a mis funciones, a mi personal que fue orgullo de Catamarca. Compré armamentos, provisión y uniformes, construí la Escuela de Policía, el Círculo Policial. ¿Usted cree que hubiera tenido tiempo de dedicarme a otra cosa?”, interpeló al tribunal y seguidamente con el tono de voz entrecortado por el llanto, expresó: “Nunca torturé ni secuestré a nadie, luché por mi patria ante Las Malvinas, y juro ante Dios y mis cuatro nietos, que no soy un delincuente y que es injusta la situación que estoy viviendo”.
Seguidamente el Tribunal dio lugar a la apertura de preguntas. En esta etapa el represor respondió sobre las desapariciones que se le endilgan y dijo desconocer tales hechos. Puntualmente hizo hincapié en Genaro Burgos. Dijo que le hubiese llamado la atención la existencia de un detenido con ese apellido, con motivo de una larga amistad lograda con una persona del mismo apellido, y desconoció la existencia de denuncias realizadas por las detenciones de Yolanda Borda y Genaro Burgos. “La policía no actuaba en los registros domiciliarios que realizaba el Ejército”, sentenció.
Asociación Ilícita
Rauzzino, dijo desconocer la imputación de asociación ilícita, “jamás me indagaron sobre eso”, señaló.
Previamente, Bernardo Lobo Bugeau, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó al defensor Montero que realice cualquier crítica ante el Colegio de Abogados de la provincia. Hizo esta mención a raíz de una solicitada que publicó en los medios con respecto a la apelación del delito de “asociación ilícita” sobre la que había planteado nulidad en el primer día.
Los testigos
“Los levantaron de la cama, los pusieron en filas y se llevaron a Yoli”
En la segunda jornada se presentaron tres testigos, uno de ellos, bajo la modalidad de video conferencia que se realizó desde el concejo de la Magistratura de Buenos Aires. Fue el más conmovedor de los relatos, debido a que se trataba de un hermano de la joven secuestrada en Belén, Nely Yolanda Borda.
Su hermano recordó lo ocurrido el 27 de enero de 1977, cuando por sus padres tomó conocimiento del episodio. “Fue una desesperación total, jamás en la vida pensamos en eso. Vivíamos en un pueblo tranquilo”.
De acuerdo al relato que le brindaron sus otros hermanos, ya que él no se encontraba en la vivienda de sus padres esa noche, varias personas encapuchadas y armadas irrumpieron en la vivienda, los levantaron de la cama y los pusieron en filas. Después empezaron a preguntar el nombre de cada uno, y cuando “Yoli dijo su nombre, la sacaron de ahí”. dijo.
El hombre relató que después de la detención se dirigieron a la comisaría para empezar con las averiguaciones, pero allí nadie sabía nada, como tampoco en el municipio. Fue a través de un primo que cumplía funciones en el ejército que lograron averiguar que la detención fue llevaba a cabo por los militares. “Nos dijo que nos quedáramos tranquilos”.
“Había comentarios de lugareños que había despliegue de militares por la zona, pero yo no vi nada”, manifestó.
El siguiente testigo en prestar declaración, fue un hombre que trabajó en un taller de un ex policía -también citado a declarar- que le suministró el vehículo en el que Burgos se movilizaba antes de ser emboscado y secuestrado. El hombre manifestó que en el taller del policía, era común observar al Capitán Darío Otero Arán, una de las personas también cuestionadas por la desaparición de personas en la dictadura.
Finalmente, el último en comparecer al estrado, fue justamente el mencionado policía, un hombre de 67 años que en la actualidad cuenta con el mismo taller para arreglar. El testigo mencionó que fue él quien le prestó la camioneta Sian Argento a Francisco Ponce, quien le mencionó que la necesitaba de urgencia porque su madre estaba internada.
Luego se enteró de que en esa camioneta Ponce había sido secuestrado. El testigo mencionó que cuando fue a retirar el vehículo en la comisaría segunda, una persona le dijo que en ese rodado habían emboscado y detenido a alguien y poco después un oficial de la policía le confesó: “vos te salvaste por un pelito, yo estaba en el móvil policial”, que supuestamente había interceptado a Ponce, previo a su secuestro.
Por último, el sexagenario manifestó que durante el periodo del año 1961-1962, prestó servicios en la policía de la provincia. Y fue reincorporado en el ‘76.
Durante todo ese periodo, el jefe de su división le preguntaba sobre una “cartera negra”, motivo por el que empezó a ser perseguido y amenazado por este hombre que tenía especial curiosidad por ese maletín, del que nunca pudo saber de qué se trataba.
Fuente: http://www.elesquiu.com
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Ex represor lloró y se declaró inocente
Con una hora de retraso, se reanudó ayer el debate por delitos de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal de esta Capital, donde son juzgados los ex represores Alberto Carlos Lucena, de 83 años, y Juan Daniel Rauzzino, de 77, por las desapariciones y muertes de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genero Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda.
Con poco público en el recinto -principalmente familiares de algunas de las víctimas e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos-, y con la ausencia de las pancartas y carteles en las afueras del edificio judicial, se inició la segunda audiencia.
Tal como estaba previsto, en primer término el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, le preguntó a Lucena si iba a declarar, pero haciendo uso de su derecho, el ex represor prefirió guardar silencio.
Sin embargo, su versión de los hechos fue escuchada en el recinto a través de su lectura por la secretaría. En líneas generales, en su declaración efectuada el día 28 de febrero del 2007 ante el juez y fiscal federal, manifestó que estuvo al frente del Ejército desde 1975 hasta 1977, y que durante su periodo no se realizaron allanamientos, sino registros domiciliarios y controles de ruta.
Explicó que el registro domiciliario era autorizado por el propietario del inmueble en cuestión, tras lo cual se labraba un acta, en la que quedaba constancia del trato y del trabajo realizado.
Al ser consultado sobre la desaparición de Ponce y Burgos, respondió que no tenía conocimiento, porque seguramente la denuncia fue realizada en la Policía. Indicó que nunca hubo detenciones porque no era facultad del personal del Ejército.
El setiembre del 2009, Lucena amplió su declaración respecto del caso de la desaparición de Nelly Yolanda Borda, pero de igual manera el ex represor dijo desconocer la desaparición de esa niña, a quien no conocía ni vio en su vida. Agregó que solo una testigo se refirió a la presencia de efectivos el día de la desaparición de Borda, pero que curiosamente ella no se encontraba en la provincia.
Seguidamente y por más de dos horas, Juan Daniel Rauzzino, ex jefe de la Policía de Catamarca en la época del proceso, se sentó ante el tribunal y relató su versión
Fuente: La Uniion
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ACORDADA
Megacausa: el Tribunal limitará la transmisión en directo de las audiencias
Publicado el 25/04/2012 - A pocos días del inicio de la Megacausa de Derechos Humanos -el 8 de mayo- el Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, emitió una acordada para fijar pautas sobre la organización de las audiencias, entre ellas la cobertura periodística.
En primer lugar, informó que el TOF constituyó despacho en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en donde se desarrollarán los debates. En tanto, se autorizó la transmisión en vivo de los siguientes actos del debate: inicio del juicio, alegatos, y lectura de sentencia. Además, se habilitó un lapso al inicio de cada audiencia y otro acto procesal para la obtención de fotografías y filmaciones.
Además, se dispuso una oficina de prensa para acreditaciones de los periodistas y se estableció un orden de prioridad para el ingreso a la sala: familiares de las víctimas y de los imputados, organismos de derechos humanos, representantes de instituciones públicas y privadas, y por último, público en general, según el cupo asignado.
Las audiencias serán los días martes, miércoles y jueves a partir de las 9, continuando en horario vespertino, sin perjuicio de que el TOF disponga la habilitación de otros días de ser necesario.
Fuente: El Liberal
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