miércoles, 25 de abril de 2012


Juicio: una testigo contó cómo perdió su embarazo en cautiverio
María Leyes había declarado antes en otros juicios, pero esta vez se animó a revelar su propia historia. Fue abusada por policías y perdió un embarazo. Otra mujer relató que también fueron torturados sus hijos de 2, 4, 6 y 8 años
Por primera vez en este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, una testigo narró la pérdida de su embarazo estando en manos de represores, en la última dictadura. María Leyes, quien al momento de ser detenida estaba embarazada, denunció, que tras ser violada por policías, padeció un aborto forzado en el Hospital. Además otro testimonio dio cuenta de una apropiación ilegal de una cabaña en Iguazú y denunciaron una indagatoria violenta a niños de entre 2 y 8 años.
En el anterior juicio no tuvo fuerzas para hacerlo. Ahora en cambio, en este nuevo debate, María Leyes soportó el mal que le provoca recordar la pérdida de su embarazo en pleno cautiverio, una crueldad que hasta el momento se conocía solamente en lo más profundo de la intimidad de esta mujer.
En octubre de 1976 una joven María, estudiante del colegio Santa María, tenía un embarazo cuyo tiempo de gestación no trascendió,  y fue secuestrada para ser trasladada posteriormente a la Jefatura de Policía.
Una vez reducida en el tenebroso edificio de las calles Buenos Aires y Tucumán, la chica de 19 años fue salvajemente abusada sexualmente por efectivos del grupo de tareas de la dictadura.
Ya quebrada casi por completo, la mujer recordó ante el tribunal que tras el vejamen comenzó a sufrir pérdidas y posteriormente fue derivada al Hospital Madariaga donde perdió su embarazo.

Tortura psicológica a niños
Antes de ser detenida y llevada a la comisaría de Jardín América, en pleno día de la madre, Lourdes Langer ya comenzó a padecer de la peor manera al ver cómo sus pequeños hijos eran indagados violentamente por los policías.
“A mis hijos que entonces tenían 2, 4, 6 y 8 años le preguntaban por las armas, adónde las ocultábamos supuestamente”, relató Langer.
A su turno, la testigo Ana María Macchi contó que fue privada de su libertad, en circunstancias en que trabajaba en el Parque Nacional Iguazú. Junto a una pareja, Ana María fue detenida y llevada de la cabaña que habitaba.
Estando con los ojos vendados, y tras varias sesiones de tortura en el departamento de información, la mujer fue obligada a firmar la sesión de la cabaña, ubicada a la vera del río Iguazú.
El tribunal solicitó a la fiscalía investigar, además de ambas denuncias, las detenciones de un sacerdote denominado “tercermundista” en la Jefatura como así también la de una mujer embarazada que aún permanece desaparecida.
“Era una abogada paraguaya, estaba con unos meses de embarazo y recuerdo que caminaba todas las noches por los pasillos de la Policía”, relató Macchi.
Además de Langer, Leyes y Macchi, declararon ante el tribunal federal Juana Hidalgo, José Leiva, José López y Luis Olmos. Son juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la Jefatura de policía, Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y el ex médico Roque Mendoza.

 
 
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QUIEREN QUE SE INVESTIGUE ORIGEN DE AMENAZAS 

Ahora insisten con protección a Jorge Carlos Ayala y a toda su familia



También se requirió que se investigue desde donde provienen las amenazas y quienes las efectúan para que sean debidamente procesados y castigados. 



El Defensor del Pueblo interpuso ante la Justicia Federal, en el expediente Nº 340 "año 2012- caratulado "Actuaciones relacionadas con el expediente Nº 200/06 Carrillo Fausto Augusto s/ desaparición forzada", que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Marco Bruno Quintero, Secretaria Penal de Turno, una petición de medida de protección de testigos para que se ordenen, con carácter urgente, las medidas de hecho y de derecho que tengan por objeto proteger la integridad psicofísica del ciudadano Jorge Juan Carlos Ayala, como asimismo para todo su grupo y entorno familiar.

FOTO: Formosa 24
Desde el -Área de Derechos Humanos- de la Defensoría del Pueblo se peticiono tal protección en atención a que el citado ciudadano fue testigo, en su momento, del fusilamiento de personas en la jurisdicción de la Provincia de Formosa, y en donde en la actualidad ha sido amenazado personalmente como así también toda su familia, teniéndose en cuenta que la semana pasada en horas de la mañana, su hija y su núcleo familiar fueran amenazados de muerte, a través de una nota escrita contenida en un sobre, formada con recortes de letras de diarios que encontraron en la puerta de su domicilio particular, sito en el Bº 1 de Mayo de la Ciudad de Clorinda.

Dicha petición ya había sido instada oportunamente, por el Ombudsman Provincial al Sr. Ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Nación, Dr. Julio Cesar Alak, peticionándosele "la mayor de las garantías para la persona y familiares del ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala quien al aseverar estar dispuesto a aportar datos relevantes sobre -formoseños desaparecidos- en la época del proceso militar fuera amenazado". Remarcando el Defensor, "es preciso que las señales de las instituciones sean claras; el Estado Nacional y la justicia deben poner todos los recursos con los que cuenten para que el testigo y su familia reciban la protección posible y debe investigarse ineludiblemente el origen de las amenazas, a fin de llevar a juicio también a sus responsables".

En la Argentina, desde hace 5 años, cuando se reanudaron los procesos por los crímenes cometidos por la dictadura, se sucedieron las amenazas e intimidaciones contra querellantes, funcionarios y especialmente testigos, como Jorge Julio López, de quien no se conoce su paradero desde que desapareció en el 2006, poco después de declarar contra un represor.

La Defensoría del Pueblo a través de su Area de Derechos Humanos reclamó una política pública y estrategia integral de los tres poderes del Estado Nacional y Provinciales de la Argentina contra la impunidad.

Esto se expresó no es únicamente un problema de protección a testigos, se deben acelerar los juicios, unificar causas e impedir maniobras o "chicanas jurídicas", implementadas para retrasar o empantanar estos procesos.

Como muestra de la fallas en el control se menciona el caso del Prefecto Héctor Febres, acusado y quien muriera envenenado en prisión en el 2008 y el del Tte. Crnel. Julián Corres que se fugó en el 2009 del lugar de su detención.

Por ello es que la necesidad demanda que se esclarezcan las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, frente a estos atropellos, hubo un solo caso de arresto por intimidaciones en el 2009 y se trató de Luis Gil, un ex policía y represor de la Provincia de Santa Fe que envió correo electrónicos con amenazas a testigos, querellantes y funcionarios, a los que advertía que serían ejecutados de persistir con los juicios.

En esta línea de razonamiento y atendiendo las graves amenazas que se viene produciendo es que se le requirió al Juez interviniente garantizar la integridad psicofísica del señor Jorge Juan Carlos Ayala y la de toda su familia, quienes residen, por ahora, en la ciudad de Clorinda.

Asimismo la Defensoría del Pueblo que tiene como uno de sus principales objetivos la defensa y protección integral de los derechos humanos, observando y acatando lo dispuesto expresamente en los Tratados Internacionales, nuestra Carta Magna Nacional y Provincial, Leyes de la Nación y demás normas, condena las amenazas dirigidas a la persona y a la familia del Sr. Ayala, repudiando estos cobardes actos.
 
 
 
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Detuvieron en Córdoba al comandante Domato



El comandante Horacio Rafael Domato fue detenido este martes, al abandonar un departamento en Córdoba, tras mantenerse prófugo de la Justicia argentina que lo buscaba por sus vinculaciones con delitos de lesa humanidad. 



El Ministerio de Justicia de la Nación lo había incluido entre aquellos represores por los cuales se ofrecía recompensa; en su caso de cien mil pesos
Fue quien actuó como jefe de los secuestradores y torturadores en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa y responsable de desapariciones, torturas y violaciones en ese período, entre ellos los secuestros de Pancho Bogarín, Cantalicio Mazacote, Mirta Insfran, Ricardo Borgne, Monchi Díaz y Fausto Carrillo.
El juez federal de Formosa, Marcos Quinteros, había emitido un pedido de captura sobre Domato, que está imputado en la causa caratulada ?Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas?. Lo acusan por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en 32 hechos, agravados por tormentos, y también entregaran recompensas por datos sobre su paradero.
De acuerdo con informaciones extraoficiales y completamente responsables, el represor se había radicado en el Paraguay, dedicándose a la compra-venta de cueros, e ingresaba a la Argentina por el paso de Clorinda, Formosa.
Domato deberá ser trasladado a Formosa para su elevación a juicio oral.
 
 
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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007



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