miércoles, 18 de abril de 2012

La presidenta apoya la acusación contra el ex juez durante la dictadura Ricardo Lona

El nieto del ex mandatario secuestrado contó que la jefa de estado conoce la impunidad creada para proteger al magistrado durante los últimos 36 años. Aseguró que su familia sabe los nombres de los civiles cómplices del secuestro de Miguel Ragone y el terror.
LA VIUDA Y EL NIETO. Clotilde Suárez, ex esposa de Miguel Ragone, y Fernando Pequeño.

LA VIUDA Y EL NIETO. Clotilde Suárez, ex esposa de Miguel Ragone, y Fernando Pequeño.

Por Dario Alberto Illanes

“Mi abuela (Clotilde Suárez, viuda del ex gobernador salteño secuestrado Miguel Ragone) y Cristina (Kirchner), estuvieron tomadas de la mano”, relató, emocionado, Fernando Pequeño, nieto de la víctima del terror estatal.

El encuentro de casi 45 minutos fue ameno y emotivo. Estuvieron con la presidenta la esposa de Ragone; sus hijos Clotilde, Alfonso y José; nietos como el salteño Fernando Pequeño, y una sobrina nieta, Elia Fernández, hija de María del Carmen Alonso, asesinada en la Masacre de Palomitas. Con ellos se encontraba el gobernador Juan Manuel Urtubey, gestor de la reunión mantenida la noche del martes 27 de marzo de este año.

Pero más allá de las emociones, Fernando Pequeño relató que encontraron en la presidenta la voluntad política para llevar a juicio al ex juez federal salteño Ricardo Lona (magistrado durante la época de la desaparición de Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, la dictadura militar y parte de la democracia). Según el joven, la jefa de estado sostuvo que se prometió la conclusión de todos los juicios contra represores y cómplices antes del término de su mandato (en octubre de 2015)

Complicidades

En diálogo con Norte Social, Fernando Pequeño demostró que el dolor no le impide la lucidez para señalar con claridad los objetivos familiares, políticos, sociales y culturales que animan la lucha que tienen para llegar a la verdad y la justicia. Denunciando sin medias tintas a quien consideran el garante de la impunidad del terrorismo estatal y a sus protegidos y cómplices.

- Usted, la familia de Miguel Ragone, aseguran que el ex juez Ricardo Lona garantizó la impunidad en Salta, y que además de los condenados en el juicio concluido el año pasado hay también responsabilidad criminal de civiles. ¿Obtuvieron una respuesta favorable de la presidenta?

- Escuchamos su voluntad de apoyo. Ella entiende la importancia del tema, conoce muy bien la problemática judicial en Salta y Jujuy; conoce todas las distorsiones, injusticias y favores que se le hicieron y hacen a Lona. Por ejemplo, las dilaciones del juez Miguel Medina, quien dilató todo para evitar las acusaciones contra Lona. Pero nos dijo que ella quiere que todos los juicios contra represores terminen durante su mandato.

- Si tienen pruebas, ¿por qué este ex funcionario judicial no va a juicio?

- Por la falta de un fiscal que acusé a Lona. La acusación tiene que ver con el Ministerio Público Federal, con la responsabilidad de los fiscales locales, (Ricardo) Toranzos y (Eduardo José) Villalba. Ellos no pueden acusarlo a Lona porque le deben muchos favores, entonces se excusaron; por eso no hay acusación. Le contamos a la presidenta todo esto y ella se comprometió a solucionar este tema.

- ¿Qué tiempo llevará esto?

- El tiempo es la vida del Lona. Nuestro interés es que se lo investigue pues él conoce toda la impunidad creada cuando fue magistrado, la red de civiles, la complicidad. Hasta el momento, el logró, con toda la protección que construyó durante estos años, evitar el juicio…

- ¿Tienen los nombres de esos civiles que tuvieron que ver con la desaparición de Miguel Ragone y el terror de esos años?

- Tenemos las pruebas y los nombres de aquellos civiles, que no podemos divulgar hasta que no sean acusados judicialmente. Sabemos quienes son.

- ¿Quedaron satisfechos con la respuesta de la presidenta?

- Quedamos a la expectativa. Satisfechos quedaremos cuando se avance en la acusación contra Lona.

El cuerpo de Ragone

En octubre del año pasado, por el secuestro y desaparición de Ragone, fueron condenados a prisión perpetua Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta, y Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía.
Sin embargo quedan otros responsables por ser juzgados: este proceso judicial se denominó el juicio Ragone II.

- ¿Hay fecha para el juicio por la segunda parte del juicio por el secuestro de Ragone?

- No la hay; si existen las acusaciones, contra ex policías y civiles. A nosotros, como familia, como a muchos salteños, nos interesa conocer el lugar donde se encuentran los restos de mi abuelo…

- ¿Qué piensan con la orden judicial de mandar buzos al dique Cabra Corral?

- Creemos que a mi abuelo lo tiraron en el dique, y que es muy difícil encontrar restos humanos, pero si se puede investigar, con otras técnicas. ¡Lo que si es ridículo es querer investigar buceando…!

“Esa impunidad se mantiene”

El nieto del ex gobernador sostuvo que el secuestro del ex gobernador salteño Miguel Ragone aún es un debate abierto que excede un caso judicial, “por eso hay que discutirlo en todas partes, en los partidos políticos, en las asociaciones, en las escuelas y universidades, porque esa impunidad se mantiene en ciertos niveles, hay una líneas de pensamiento genocida que mantienen algunos políticos locales…”

- ¿Recibieron apoyo de Cristina Kirchner para avanzar en la construcción del museo de la memoria en la casa donde vivía Miguel Ragone, tal como se comprometió el ex presidente Néstor Kirchner? (en su visita a Salta el 8 de junio de 2010)

- Esto se lo comentamos a la presidenta y nos aseguró: `pueden contar conmigo´. Luego lo miró al gobernador (Juan Manuel Urtubey) y le dijo `yo te encomiendo Juan que te hagás cargo de todo lo que haga falta gestionar para sacar esto adelante´, y el gobernador asintió. Quedó un acuerdo para tener el museo para el año próximo. Creemos que el gobernador quedó muy comprometido, incluso el anteproyecto tuvo el apoyo de él.


Edicion del 29/03/12
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Falleció Cati Leonard de Alarcón, una

luchadora por los derechos humanos


La docente, militante de derechos humanos y gremialista Carmen Magdalena Leonard de Alarcón falleció ayer por la mañana en España, donde residía desde 2000.

“Cati” Alarcón, como la conocían en el ámbito de la docencia, se vió forzada a actuar en la actividad pública en la década del 70. Primero luchando por la liberación de sus hermanas, Nora y Celia, luego –junto a Nora- en el reclamo por el esclarecimiento de la Masacre en Palomitas, donde fue asesinada Celia y finalmente como docente se enfrentó a los descuentos de haberes dispuestos por el gobierno de Roberto Romero, ya sobre el final de su mandato, en 1987.

Ese año inició la primera huelga de hambre docente en Salta en rechazo al descuento en los haberes decidido por Roberto Romero. “Siempre luchó por los derechos gremiales”, la recordó ayer su hermana, Nora Leonard, también docente.

Nora, que estuvo tres años detenida por razones políticas, destaca la acción de “Cati” durante esos años: “Fue mi abogada defensora sin título”, grafica. “Ella era la persona fuerte que hablaba con los militares, una vez lo entrevistó a (Albano) Harguindeguy. Fue con un papel a las 8 de la mañana para pedir mi libertad. Le reciben el papel en la mano y por ese hecho echaron a la custodia de (Roberto) Ulloa”, recordó.

“Cati” Alarcón se hizo cargo también de la crianza de Marcelita, la beba de cuatro meses y medio que dejó Celia Leonard el 6 de julio de 1976, cuando fue asesinada junto a su marido, Benjamín Avila, por un grupo de tareas integrado por militares y policías. La noche en que Celia fue sacada del penal de Villa Las Rosas alcanzó a dejarla con su hermana también detenida, Nora. “Cati” la retiró luego y ya nunca se separó de ella. Marcela la acompañó hasta el fin de sus días en España, a la edad de 65 años.

Su residencia en España no le impidió a “Cati” seguir insistiendo en el esclarecimiento del crimen de su hermana. Testificó en la causa Palomitas: allí contó que se enteró de la muerte de su hermana y su cuñado por militares que fueron a la escuela en la que trabajaba a informarle y decirle que debía buscar a su sobrina. Relató también las penosas gestiones que debieron realizar ante los funcionarios de facto para que, luego de varios días, les entregaran los cuerpos de sus familiares en el Cementerio San Antonio de Padua, a cajón cerrado. El entonces teniente Isidro de la Vega les prohibió expresamente que hicieran manifestaciones de dolor y durante la inhumación estuvieron rodeados de militares que les apuntaban con sus armas.

“Cati” estuvo en Salta también cuando fue llamado a indagatoria quien fuera jefe del Ejército en la provincia, Carlos Alberto Mulhall. Tuvo oportunidad de confrontarlo: “Hasta el último día de mi vida voy a insistir para que pagués todo el daño que nos hiciste, asesino, cobarde”, le recriminó.

Nora Leonard informó que los restos de “Cati” serán cremados en España y que sus hijos traerán sus cenizas a Salta.

Por Elena Corvalan, directora de Radio Nacional Salta


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