martes, 24 de abril de 2012


Luego de casi 10 años de instrucción de la causa por la desaparición de cinco personas, finalmente ayer Catamarca vivió un hecho histórico al dar inicio al primer juicio oral por delitos de lesa humanidad ocurridos durante los primeros años de la dictadura militar en la provincia. El ex jefe de Policía, Juan Danie

Primer revés para los represores: rechazaron un planteo de nulidad

El tribunal Oral Federal consideró extemporánea la pretensión del abogado Lucio Montero, quien atacó la calificación de los hechos
 
Primer revés para los represores: rechazaron un planteo de nulidadl Rauzzino, y el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena, fueron sentados en el banquillo de los acusados bajo la imputación de los delitos de “desaparición forzosa de personas” en concurso real con “asociación ilícita”; y en la primera audiencia recibieron un primer traspié en su estrategia de defensa, cuando el tribunal rechazó por extemporáneo un planteo de nulidad de la acusación.
Con algún retraso, aunque con una prolija organización para garantizar la presencia de público, medios de prensa y la correcta publicidad del debate -ante la expectativa que despertó-, alrededor de las 9.40, el presidente del tribunal, Luis Reynaga, abrió el debate oral y por Secretaría se realizó la lectura de la requisitoria de elevación a juicio oral confeccionada por el fiscal Federal, Santos Reynoso. Allí se responsabilizó a Rauzzino y a Lucena como autores mediatos de la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda, ocurridas entre 1976 y 1977 en la Capital y en la ciudad de Belén.
La Fiscalía considero que los imputados formaban parte de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas en la Provincia, y que por lo tanto, los hechos no podrían haber ocurrido sin su conocimiento y consentimiento, ya que “detentaban la suma del Poder Público”. Por ello, también en la causa está imputado el general Luciano Benjamín Menéndez, quien al momento de los hechos era el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en la provincia de Córdoba y cuya jurisdicción abarcaba Catamarca. No obstante, por problemas de salud, fue apartado de la causa para ser juzgado en otra oportunidad.
Luego de la lectura de las imputaciones, en la que se describieron los detalles de cómo ocurrieron los secuestros de cada una de las víctimas, y tras de un breve cuarto intermedio, el abogado defensor, Lucio Montero, solicitó la palabra al tribunal y en un extenso alegato planteó la nulidad de la acusación en cuanto a la calificación de “asociación ilícita” que pesa sobre los imputados.
En primer lugar, el abogado planteó que la imputación era “nula de nulidad absoluta”, por cuanto sus defendidos no habían sido indagados bajo esa figura, por lo que afirmó que tal circunstancia era violatoria del “derecho de defensa” y del “principio de congruencia”. Asimismo, consideró que la calificación otorgada por la fiscalía era sólo un “intento de forzar una condena más grave” a la que podría caberles por el delito de “desaparición forzada de personas”. Además, afirmó que el delito de asociación ilícita no constituía un delito de lesa humanidad y que se aplicaba en forma “arbitraria” el derecho internacional, “eligiendo normas que perjudiquen” a sus defendidos y que hubo fallos contradictorios a lo largo del proceso en las distintas instancias.
En su alocución, Montero lanzó duras críticas sobre el desarrollo de los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura y afirmó que se trataba de una “teatralización” que estaba lejos de buscar la verdad. Cuestionó también el hecho de que se desarrollen debates en cada una de las provincias.

Rechazo

Los representantes de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la familia Borda, Lobo y Guillermo Díaz Martínez, rechazaron de plano el planteo de Montero. El primero consideró que su pretensión era extemporánea y que el momento para eso ya se había vencido. Además afirmó que los cuestionamiento sobre la realización de los juicios eran “una falta de respeto” por parte de Montero y evidenciaban “un desconocimiento del sistema acusatorio de la Nación”.
Díaz Martínez, en tanto, afirmó que no se podía considerar agraviado el derecho de defensa de los acusados, toda vez que a lo largo del proceso tuvieron cabal conocimiento de los hechos que se les imputaban, los cuales no fueron modificados, más allá de la calificación legal de la acusación. En el mismo sentido, alegó el fiscal general, Víctor Manuel Monti, quien también rechazó el planteo de la defensa.
Tras escuchar las exposiciones de todas las partes, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. A las 15, se constituyó nuevamente y el presidente del tribunal leyó la resolución que rechazó el planteo de la defensa al considerarlo extemporáneo. En la resolución, el tribunal se explayó sobre los cuestionamientos de Montero y los descalificó al sostener, entre otros detalles, que respecto de la acusación de “asociación ilícita”, “en el transcurso de la instrucción estuvo siempre presente la figura de asociación ilícita, consistente en formar parte de un acuerdo delictivo; los imputados siempre conocieron que se los acusaba por este hecho”.
Asimismo, citó un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que reafirma que los delitos de lesa humanidad no podrían haber operado sin que los autores no formaran parte de una asociación ilícita.
Al finalizar el debate, Díaz Martínez en diálogo con la prensa destacó que “el tribunal se hizo eco de los argumentos de la querella y la fiscalía al rechazar el planteo de la defensa”. n en el predio llamado por los vecinos de Villa Muñecas como Finca de Vargas. Dos semanas después se localiza el “Pozo de Vargas”,denominado así desde ese momento. Durante estos 10 años los Organismos de Derechos Humanos, y otros actores institucionales y de la sociedad civil, participaron activamente en la promoción de este espacio como un territorio de memoria, que remite tanto a las prácticas sociales genocidas de la década de 1970 como a la militancia social y política de los detenidos-desaparecidos. Hoy algunos compañeros y compañeras comienzan a ser recuperados e identificados, Guillermo Vargas Aignasse y Nilda Zelarayan, como resultado de la lucha histórica de los organismos, por lo que consideramos que este aniversario del inicio de la investigación es motivo para reunirnos y conmemorar la recuperación de este espacio para la memoria colectiva.

Participarán
Orquesta infantil Juan XXIII
Nanci Jaime
Topo Encinar
Noralia Villafañe
Pa“No hubo ninguna violación a ninguna garantía y la calificación legal la impondrá el tribunal”, destacó el abogado.
Respecto de las críticas de Montero a los juicios, expresó que “el colega ya nos tiene acostumbrados a estas críticas, que creemos que son por falta de argumentos jurídicos, por los que las rechazamos”. El debate tendrá su continuidad en la jornada de mañana. A partir de las 9, está previsto que se constituyan las partes y se pase a la etapa de la indagatoria de los dos imputados. Ambos prestaron declaración en la etapa instructoria de la causa y rechazaron de plano las acusaciones declarándose inocentes.

Expectativa

El debate, largamente esperado, tuvo una amplia convocatoria de público y se desarrolló en medio de un inusual dispositivo de seguridad desplegado por la Gendarmería Nacional en forma conjunta con la Policía de la Provincia, que vallaron el edificio del Tribunal Oral Federal de calle Sarmiento y San Martín, y limitaron el tránsito vehicular en las arterias adyacentes. Entre los presentes en la apertura de la audiencia, estuvo la gobernadora, Lucía Corpacci, y prácticamente la totalidad de su gabinete, quienes acompañaron los primeros momentos del desarrollo del debate oral. También estuvieron entre el público familiares de las víctimas, representantes de Madres de Plaza de Mayo y de otros organismos de Derechos Humanos tanto de Catamarca como de otras provincias. Asimismo, estuvo presente el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, quien es uno de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y militante por las causas de Derechos Humanos. Afuera del edificio, militantes se habían congregado para expresar su apoyo al desarrollo del histórico debate.
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Comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca
 
El histórico proceso inició con la ausencia del ex represor Luciano Benjamín Menéndez. En el banquillo estuvieron sentados, el ex jefe de Policía de la provincia y del ex regimiento, Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, por las supuestas desapariciones y muertes de Francisco Ponce, Julio Burgos, Griselda del H. Ponce y Nelly Borda.
 
Con la presencia de familiares y asociaciones de Derechos Humanos en el nivel nacional y del NOA, dio inicio ayer, el primer juicio en nuestra provincia por delitos de lesa humanidad, en la cámara oral Federal, por cuatro hechos cometidos durante la dictadura militar. 

Ante una fuerte custodia policial, tanto en el interior como en el exterior del edificio judicial, pasadas las 9.30 , el debate comenzó con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio. Dicha lectura fue escuchada atentamente en la sala por la gobernadora, Dra. Lucía Corpacci, el vicegobernador y demás funcionarios provinciales, quienes estuvieron presentes en el recinto junto con los familiares de los desaparecidos. Mientras que en la planta baja y, a través de una pantalla gigante, estudiantes de abogacía, prensa local, nacional y público en general siguieron el debate. De fondo, apostados en la vía pública, se escuchaba el sonido del redoblante que marcaba la presencia de integrantes de asociaciones de derechos humanos, quienes con pancartas y fotos de los desaparecidos dijeron “presente” en la primera audiencia del debate.
Tras un cuarto intermedio, el presidente del tribunal abrió formalmente el debate, solicitando la palabra el abogado defensor de los imputados, doctor Lucio Montero, quien en una extensa exposición, que se extendió por más de una hora, planteó la “nulidad” total del proceso. A su entender, según explicó en el recinto, sus asistidos Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, no podían ser juzgados por el delito de “asociación ilícita” cada vez que dicha imputación no le había sido notificada en la etapa de instrucción de la causa, violándose de esta manera, el derecho de defensa de sus asistidos. Asimismo, explicó en líneas generales, el doctor Montero, que sus defendidos están privados de su libertad por un delito que, a su entender, no le fue informado en tiempo y forma debida.
Seguidamente,, el presidente del tribunal le otorgó la palabra a la querella particular, doctor Guillermo Andrés Díaz Martínez, doctor Lobo Bugeau y Bernardo José, quienes se opusieron al pedido de “nulidad” planteado por la defensa de los ex represores, argumentado en líneas generales que tal presentación era extemporánea, y consideró “una falta de respeto” la expresión del doctor Montero, al referirse -palabras más, palabras menos- a que “el proceso era una farsa y lo único que se busca es publicidad”. Lo propio hizo también el ministerio público fiscal a cargo del doctor Víctor Monti, quien coincidió con lo pedido por las partes que lo antecedieron en la exposición, remarcando que no se haga lugar al planteo de la defensa y que se continúe con el debate tal como estaba previsto.
Como la exposición de las conclusiones de las partes se extendió hasta pasado el mediodía, el presidente del tribunal resolvió habilitar el horario de la tarde, pasándose a un cuarto intermedio hasta las 15.00 para resolver el planteo. De esta manera, minutos después de la hora indicada, la audiencia se reanudó. Esta vez con menos cantidad de público en el recinto, pero con la presencia de tres integrantes de la “línea fundadora de las madres de mayo de Tucumán”, el juez Reynaga rechazó el planteo de la defensa de los ex represores, por considerárselo extemporáneo. Explicándose además, que la acusación de Asociación ilícita, le fue informada en la instrucción a los acusados, estando éstos en pleno conocimiento de tal acusación.
Con ello se cerró la primera audiencia del juicio, el que continuará el próximo miércoles a las 8.30, donde seguramente se le otorgará la palabra a los ex represores Carlos Albeto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, para que  narren o no su versión sobre los hechos por lo que se los acusa.
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“Castillo recibió varias veces al represor Videla con todos los honores”
 
El ministro de Desarrollo, Oscar Pfeiffer, estuvo en la apertura del juicio por lesa humanidad y recordó que “el gobierno que paso (FCyS) también tuvo personajes que acompañaron a esa administración en la figura de Arnoldo Castillo que fue gobernador de facto en aquel tiempo”. Agregó que Castillo “recibió varias veces al represor Videla con todos los honores”.
 
Pfeiffer incluso sostuvo que el Frente Cívico impidió que el juicio por lesa humanidad se llevara a cabo mucho antes.
Fuente:
 
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por el secuestro y desaparición de cinco personas

Primer juicio por delitos de la represión en Catamarca

 Entre los imputados está Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, no estará presente por problemas de salud. Declararán 50 testigos.




 Con la ausencia de Luciano Benjamín Menéndez, apartado por problemas de salud, comienza hoy el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Catamarca. A partir de las 9, el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, deberán responder por el secuestro y la desaparición de cinco personas.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Catamarca, presidido por Juan Carlos Reynaga, quien la semana pasada anunció la separación de Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, luego de que su defensa presentara un informe médico en el que se determinó que no se encontraba en condiciones físicas de participar del proceso. El juez también adelantó que el represor, seis veces condenado a cadena perpetua por delitos contra la humanidad, seguirá imputado y volverá a ser revisado en mayo para decidir si fijan otra fecha para su juicio.
Menéndez, Lucena y Ruazzino se encuentran procesados por el secuestro y desaparición de cinco personas en Catamarca entre abril de 1976 y enero de 1977. El primer hecho ocurrió el 6 de abril de 1976, cuando en plena tarde de la capital provincial un vehículo interceptó la camioneta en la que viajaba el dirigente de SMATA Francisco Gregorio Ponce y fue secuestrado. En agosto de ese año fue visto por última vez en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. 
En diciembre de 1976, la hermana del gremialista, Griselda del Huerto Ponce, fue secuestrada en su casa junto al sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, de 18 años, por un grupo de personas de civil con sus rostros cubiertos. La mujer y el joven también fueron vistos por el sobreviviente Pedro Cerviño en la Jefatura de Policía de Tucumán.
Además de los delitos contra la familia Ponce, también se investigará el secuestro de Nelly Yolanda Borda, llevada de su casa ubicada en la localidad de Belén en enero de 1977 por un grupo de tareas vestido de civil y con el rostro cubierto. Delante de su familia, la joven estudiante de química fue introducida por la fuerza en un vehículo estacionado frente a su casa. También fue vista por última vez en el centro clandestino de detención que funcionó en Tucumán. 
Durante el juicio, se espera que declaren unos 50 testigos pedidos por la fiscalía, representada por Victor Manuel Monti y Santos Reynoso, la querella de Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau, y la defensa de ambos acusados, representados por el abogado Lucio Montero. 
Reynaga, titular del TOF, explicó que se juzgará “la autoría mediata” de los cinco hechos investigados, es decir que se buscará determinar la responsabilidad de “los autores ideológicos, no los autores concretos de los hechos”. “La causa tendrá dos tramos y este será el primero, pues hay otras personas que están siendo investigadas y podrían ser citadas como autores concretos”, señaló Reynaga

Fuente: Tiempo Argentino, lunes



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“Siempre pensé que podían volver, pero qué ingenuidad la mía...”

Pariente de tres de las cuatro personas que fueron secuestradas, Noemí Toledo relata el tormento por el que pasó su familia.



“Siempre pensé que podían volver, pero qué ingenuidad la mía...”
Por la memoria de sus seres queridos.
Bajo un amplio marco de expectativa, hoy dará inicio el trascendental juicio contra dos represores por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la época de la dictadura en nuestra provincia.
Ante los jueces del Tribunal Oral Federal estarán el ex jefe de la Policía, Juan Daniel Rauzzino y el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena, quienes deberán responder por la autoría ideológica de las desapariciones y muertes de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda. Además, se espera que de lo que está por acontecer puedan surgir nuevas pruebas o indicios para imputar a otros responsables.
Luciano Benjamín Menéndez, quien iba a enfrentar los mismos cargos, fue separado de la causa por padecimientos en su salud, pero continúa imputado..
Noemí Toledo, sobrina de Francisco Gregorio y Griselda del Huerto Ponce, y prima hermana de Julio Genaro Burgos Ponce, es una de las más de 50 personas que aportarán su testimonio para el esclarecimiento de estos hechos a los fines de poder cerrar una etapa negra de la historia de la dictadura en la provincia. Su testimonio está programado para el próximo martes.
En diálogo con El Esquiú.com, expresó su agradecimiento por todas las adhesiones y el acompañamiento que está recibiendo en estos días clave.
Con algunas grandes verdades por contar, Toledo indica que el proceso le servirá para aclarar cosas en su mente: “Quiero que llegue el día en que atestigüe y poder hablar, sacar todo lo que tuve guardado por tantos años , tengo muchos interrogantes, quiero saber dónde estuvieron, escuchar lo que cuenten los demás, sé que están muertos, ahora lo sé, pero siempre yo pensé que podían volver, que tal vez estarían exiliados, pero qué ingenuidad la mía...”.
Su familia se derrumbó luego de que sus parientes les fueron arrebatados y por mucho tiempo sintió la exclusión y la indiferencia por parte de la sociedad. La realización de este debate, según expresa, le va a servir para poder realizar el debido duelo a sus familiares y a sus 49 años, comenzar a recordarlos desde otra óptica distinta.
En cuanto al apartamiento de Menéndez del debate, sencillamente indicó que “a mi familia no la juzgaron, no les importó si estaban enfermos o no, ¿por qué tendríamos que ser tan condescendientes?”.

Nunca más

Cuando se produjo la desaparición de su tío Gregorio, Noemí tenía 13 años y cursaba sus estudios en el Colegio del Carmen. Ponce era dirigente gremial e integrante de la Juventud Obrera Católica (JOC) y en el Sindicato de Mecánicos y Afines a la Industria Automotor (SMATA). Vivía en Buenos Aires, pero en el 76 llegó a la provincia temporalmente debido a la internación de su madre.
En este contexto, en la siesta del 6 de abril circulaba en la camioneta de un amigo por calle Rivadavia. El destino del hombre era la farmacia, donde iba a comprar remedios para su mamá. Sin embargo, al llegar a Güemes, una persona lo interceptó a bordo de un automóvil y a punta de pistola, se lo llevó con él para siempre.
Fue buscado por su hermana Griselda y familiares en hospitales, dependencias policiales y en la federal, sin que exista respuesta positiva.
Aún con el dolor latente por lo sucedido, apenas unos meses después, en diciembre, la tragedia de esta familia se incrementó.
Griselda, con 34 años, abrió la puerta de la vivienda atendiendo al insistente llamado que provenía desde afuera. Eran las 3 de la mañana del 15 de diciembre y un grupo integrado por cinco o seis personas irrumpieron en el lugar, ubicado sobre calle 9 de Julio.
A algunos de los familiares los pusieron contra la pared, a otros les taparon la cabeza, y la peor de las suertes la corrieron Griselda y “Julito”, quien con sus 19 años se encontraba en Catamarca de vacaciones.
Como se encontraban durmiendo en catres en el patio de la vivienda, se llevaron al joven apenas vestido por un pantalón corto.
Proveniente de una familia muy comprometida con la religión, Griselda también militaba en movimientos católicos, pero además se desempeñaba como cajera en la Ford.
Julito, por otra parte, era ayudante de conserjería en hoteles donde su padre trabajaba. Le gustaba mucho la pesca y la fotografía.
Luego de las denuncias radicadas por estas desapariciones, se realizaron allanamientos en sus domicilios, donde les incautaron pertenencias y documentos personales de las tres víctimas.

Fuente: http://www.elesquiu.com, lunes





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De: Raquel Zurita <raquelz75@yahoo.com.ar>
Fecha: 20 de abril de 2012 11:32
Asunto: ACTO POR LOS 10 AÑOS DE LA INVESTIGACION DEL POZO DE VARGAS-TUCUMAN


ACTO POR LOS 10 AÑOS DE LA INVESTIGACION DEL POZO DE VARGAS-TUCUMAN
24 de Abril – 19 hs-
Frente al Predio del Pozo de Vargas ( Avda. Francisco de Aguirre al 4.200)

El 24 de abril de 2002 se inicia la investigacióto Molina
Lucho Hoyos
Dúo Coplanacu
KarmaSudaca
 
-SE  SUSPENDE POR LLUVIA-
 
Organizan: FA.DE.TUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), Josefina Molina (querellante Invest.Pozo de Vargas)
Adhieren: Marta Rondoletto, Raquel Zurita y Marta Gómez (querellantes Invest.Pozo de Vargas)
Comisión DDHH del Colegio de Psicólogos de Tucumán
Asociación ex Presos Políticos Tucumán
                                                                                                      Se agradece su difusión









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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007




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