martes, 10 de abril de 2012

Se reinicia el juicio a ex policías por delitos de Lesa Humanidad

En el Tribunal Federal se reiniciará hoy a las 8 el juicio a ex policías de Misiones por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de medio centenar de víctimas durante la última dictadura.

En el Tribunal Federal se reiniciará hoy a las 8 el juicio a ex policías de Misiones por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de medio centenar de víctimas durante la última dictadura.

Son ocho los testigos que van a comparecer ante el tribunal Oral, desde las ocho de la mañana para dar su testimonio.

Serán seis testimoniales por la mañana y dos por la tarde. La misma modalidad se repetirá mañana.

El juicio se inició el 21 de marzo y en el banquillo están Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos en la cúpula de la Policía de Misiones durante los años de plomo.

El tribunal está compuesto por .los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, ya que los magistrados misioneros fueron recusados.

A Herrero se lo juzga por 42 hechos; al igual que a Giménez. Mendoza es indagado por tres hechos; Amarilla por 41 y Pombo por diez hechos, en la causa acumulada y recaratulada bajo el Nº 87/2010, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el Departamento de Informaciones, el Destacamento policial conocido como Casita de Mártires y, la Casita del Rowing, todos CCD (Centros Clandestinos de Detención) dependientes de la Policía de Misiones.

Como parte querellante, además de las víctimas, está el Estado misionero, a través de la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Derechos Humanos, con Amelia Báez como representante. Los abogados querellantes por el Estado misionero son Juan Bautista Martínez y Orlando Prestes –por la Municipalidad de Posadas-, mientras que Héctor Rafael Pereyra Pigerl representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El abogado Marcelo Fernando Canteli representa a la víctima Eladio Benítez y Carlos Tomás Andino hará lo propio por Juan Marcelo Quirelli.

Las defensas de los imputados Herrero, Giménez y Amarlla estará a cargo de la . Defensora Oficial, Susana Beatriz Criado Ayán –quien ya representó a otros condenados en los juicios previos-; en tanto que la defensa de Mendoza estará a cargo del defensor particular César Edgardo Ortellado y la de Pombo, a cargo del abogado Alberto Kûlhe.

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Columna de opinión: escribe Marcelo Baridón
Derechos Humanos y Diaz Bessone
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El estado de salud y las repercursiones del represor.
Nos guste o no, como me dijera uno de nuestros peritos, el cerebro de Trimarco es lo más parecido a un queso gruyere. Trimarco casi no hablaba, casi no recordaba, casi no reconocía; y vaya a saber cuantos verbos más casi no conyugaba ni hoy conjuga. Uno de los peritos me confió:“ pasa sus días frente a una computadora escribiendo una sucesión de infinitos números”. Para convencernos que Trimarco se encontraba incapacitado para defenderse en un juicio que tramita por escrito, por lo que son sus abogados quienes en definitiva cargan con la faena de la defensa, atravesamos un extenso y penoso camino. (Especial para ANALISIS DIGITAL)

Primero confrontamos con el Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los tiempos en que la Ministra Dra. Carmen Argibay promovió su intervención por numerosos casos de corrupción. La Cámara Federal de Paraná integrada por el siempre recordado Gabriel Chausovsky declaró la nulidad de la pericia hecha a Trimarco por los peritos oficiales, ordenó una nueva a realizar sin la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte y remitió a ésta los antecedentes de la intervención de los forenses en el caso “Trimarco.”

La nueva pericia consumió diecinueve meses, participaron numerosos médicos, se integró una junta médica multidisciplinaria con al menos siete médicos entre forenses, psiquiatras, neurólogos y psicólogos; y requirió cuatro estudios llamados PET cerebral, SPECT cerebral basal, Tomografía Computada de cerebro sin contraste, Resonancia Magnética de Cerebro y fosa posterior sin gadolinio; un estudio de psicodiagnóstico y un estudio neurológico. En total seis estudios.

Frente a la evidencia científica, el Juez Federal de Paraná, que al igual que sus pares del Tribunal Oral Federal se constituyó en casa de Trimarco, suspendió en lo que respecta a Trimarco, los juicios que lo tenían como principal imputado – “Area Paraná “ y “Hospital” -.

Mientras tanto, las víctimas de Trimarco escucharon con atención las explicaciones de nuestros médicos y piscólogos, preguntaron, criticaron, hipotetizaron, mascullaron odio y bronca, pero dignificados como personas por sus decisiones de respetar la vigencia de los derechos humanos resolvieron que a un genocida incapaz que no esté en condiciones de defenderse no lo llevarán juicio; no lo tratarán en democracia como el los trató en la dictadura;será el inapelable juicio de la historia el que condene a Trimarco de por vida.

Los querellantes no apelaron la decisión del Juez Federal de Paraná y un viento fresco, joven y sabio a la vez, insufló calidad institucional a la vida de nuestra República.

Le toca ahora al Tribunal Oral Federal de Paraná juzgar a otros genocidas de la talla y edad de Trimarco; Diaz Bessone y Harguindeguy. Este último venía zigzageado con notable habilidad a pesar de estar sentado en una silla de ruedas, los reproches judiciales, hasta que la Fiscal

Federal de Concepción del Uruguay junto a la querella lo encontraron, lo imputaron y obtuvieron su procesamiento en primera y segunda instancia. Hoy está, literalmente, sentado en el banquillo de los acusados por la desaparición, secuestro y torturas de dos personas en Gualeguaychúy alrededor de ocho estudiantes, la comisión directiva del gremio de Luz y Fuerza, todos en Concepción del Uruguay, respectivamente, producidos en el año 1976.

Hace pocos días, Diaz Bessone fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nª 2 de Rosario por la comisión de noventa y un hechos calificados como delitos de lesa humanidad y pasará el resto de su vida en esa condición, siempre y cuando, claro está, los tribunales superiores no decidan lo contrario.

Por estas latitudes el Tribunal Oral Federal de Paraná acaba de suspender el juicio contra Diaz Bessone por incapacidad sobreviniente. Nobleza obliga y a rigor de verdad, no lo declaró loco ni incapaz, solamente afirmó que “.. el procesado Diaz Bessone no está en condiciones psíquicas de estar en juicio en la audiencia de debate en la presente causa, pues no posee aptitud para afrontar en plenario una intervención activa y efectiva en ejercicio del derecho de defensa, de intervenir en aquellos actos que imprescindiblemente requieren de su personal participación, tampoco puede tomar decisiones acerca de cuál ha de ser su comportamiento durante el debate oral, como que está incapacitado de controlar materialmente la recepción de la prueba y contrarrestar aquella que le fuera adversa.” (Resolución de fecha 4/0472012, Tribunal Oral Federal de Paraná en causa “Harguindeguy…” y sus acumuladas “Diaz Bessone…” y “Valentino…”).

Basicamente Diaz Bessone permanece en silencio, no habla ni parece escuchar, decidió según su esposa, no defenderse.

El trámite para arribar a tan concluyente decisión, insumió poco menos de un mes, no se utilizaron métodos de diagnósticos que permitan concluir con certeza si el silencio en el que se encuentra Diaz Bessone, parecido y salvando las diferencias a un pitagórico esoterico, obedece o no a su voluntad. Una pericia en la cual no participaron estos querellantes, una entrevista personal del Tribunal en la casa de Diaz Bessone en la que tuvo un rol protagónico su esposa y entrevistas personales con peritos de esta querella y de la Suprema Corte fueron suficientes para separar del juicio a Diaz Bessone, separación que probablemente repercutirá de igual modo en la megacausa “Area Paraná”, donde también Diaz Bessone se encuentra imputado y procesado, la que está próxima a ingresar en una etapa en la que los procesados deben, siempre y cuando así lo quieran y puedan, defenderse.

Someter a juicio a quien no se puede defender es una decisión aberrante que nos opaca como República que pretendemos construir. No enjuiciar a quién fuera amo y señor de vidas y haciendas de quienes habitamos el litoral argentino también. Un dilema que por su magnitud, me permite dudar de las razones en las que los Señores Jueces fundaron su decisión. Será la

Cámara Nacional de Casación Penal la que tenga la última palabra, o tal vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, Trimarco sigue contando números en su computadora, serán sus víctimas ?


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