SEGUNDA JORNADA DEL ALEGATO DE LA FISCALIA EN LA CAUSA POR LA APROPIACION DE BEBES

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”

El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad clandestina”, dijo.

El Tribunal Oral Federal Nº 6, presidido por María del Carmen Roqueta.

Por Alejandra Dandan

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían. “Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas. Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison. “Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”

Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

Fuente: pagina 12

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otro caso de complicidad de la justicia con la dictadura

Acusan al juez Hooft de cajonear habeas corpus

Para los hermanos Fresneda, el magistrado, todavía en actividad, retuvo los recursos que podrían haber salvado la vida de sus padres.

Por:

Lisandro Contreras

Si no se hubiera cajoneado el habeas corpus, tal vez mis padres estarían vivos, no lo sé”, consideró Ramiro Fresneda, que al igual que su hermano Juan Martín declaró en el juicio que se sigue en Mar del Plata por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Fuerza Aérea, conocido como La Cueva. Los dos hermanos responsabilizaron al juez Pedro Federico Hooft por no viabilizar el expediente tras la desaparición de sus padres Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, que estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Destacaron la “gravedad institucional de relevancia” que significa que el magistrado aún siga en actividad. Hasta el lunes Martín Fresneda era mencionado como posible sucesor de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Ramiro y Martín, de dos años y medio y cuatro respectivamente, jugaban en el piso mientras su madre estaba en la cocina, cuando un grupo de civiles armados ingresaron a la casa el 8 de julio de 1977 y se los llevaron al estudio jurídico de su padre, que al no estar en el lugar lo esperaron a su llegada. Cuando Tomás llegó fue golpeado y posteriormente secuestrado junto con su mujer y su socio Carlos Bozzi en el marco de lo que se denominó la Noche de las Corbatas, durante la cual varios abogados laboristas fueron desaparecidos en Mar del Plata.

A los dos niños los dejaron en el lugar y quedaron a cargo de la abuela paterna que sufría de demencia senil. “Nos quedamos en un estado de conmoción, en la cama con mi abuela, con las luces del operativo que se reflejaban en el techo de la habitación”, describió Ramiro.

Fueron criados por su abuela materna Otilia Argañaraz, una luchadora incansable que buscó a su nieto hasta los últimos días de su vida. Con el tiempo se encontraron con Marta García, que había compartido cautiverio con sus padres en La Cueva y les contó que había un guardia que los dejó verse y tomarse de la mano, y que a Mercedes la vio hasta casi los siete meses de embarazo. “A mi madre le dieron un trato de protección para garantizar el nacimiento. Al día de hoy no tenemos información sobre el paradero de esa persona que engrosa el número de los 400 chicos de los que al día de hoy se busca su identidad”, aseguró Martín Fresneda. “A mi padre lo torturaron mucho para tratar de sacar información. Supe que lo habían ultimado en el mismo centro clandestino”, comentó sobre las averiguaciones hechas en todos estos años.

Al reencontrarse con sus nietos, que los represores habían dejado con la abuela paterna, Otilia comenzó con las gestiones ante organismos internacionales, dependencias militares y presentó un habeas corpus en nombre de su hija y su yerno en el juzgado de Pedro Federico Hooft que no tuvo ningún avance. “Si no se hubiera cajoneado el habeas corpus, tal vez mis padres estarían vivos, no lo sé”, sentenció Ramiro, y destacó “la gravedad institucional de relevancia, que el juez Hooft, que tuvo participación en esa época, siga en actividad”. Al tiempo que reclamó: “Hay que investigar la complicidad civil”.

Al magistrado se le inició una causa en marzo de 2006 y, a diferencia de lo sucedido con los camaristas mendocinos Luis Miret y Otilio Romano, que fueron suspendidos a menos de un año de comenzados sus respectivos procesos, el marplatense todavía consigue que se siga dilatando el avance del jury. Se lo investiga por la participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas cuando Hooft se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional en esa localidad del sudeste bonaerense.

En este sentido, Martín Fresneda reclamó también que se investigue la complicidad civil en la desaparición de sus padres y exigió a los represores que digan lo que saben respecto del paradero de los 400 nietos que aún falta restituir su identidad, entre los que está su hermano. Con la certeza de que “a mi madre le dieron un trato de protección para garantizar el nacimiento”.

Hasta el lunes pasado, Martín Fresneda, quien en la actualidad se desempeña al frente de la oficina de la ANSES en Córdoba, estaba entre uno de los posibles sucesores del recientemente fallecido Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos de la Nación.<

Fuente: Tiempo Argentino

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usurpaciones durante la dictadura cívico militar

El caso Saiegh: más de tres décadas contra una muralla de impunidad

El ex banquero busca recuperar en la justicia lo que perdió con la tortura. El juicio por antisemitismo y terrorismo de Estado recayó en el juez Oyarbide luego de que la Cámara apartó a Rafecas y al fiscal Rívolo por pérdida de objetividad.

Por:

Hugo Muleiro

Cuando el Estado delinque, y sobre todo cuando lo hace masivamente y en contra de la mayor parte de la población, encontrará después infinidad de dificultades para restablecer un sistema de justicia, aún si un gobierno, con todo el peso de la legalidad institucional y con la legitimidad conseguida en las urnas, se propone ese objetivo como una de sus prioridades. El poder político en la Argentina adoptó desde 2003 esa determinación, con la consecuencia visible de condenas a autores directos del terrorismo de Estado.

Argentina aún está en el camino de asumir plenamente al golpe de 1976 como una toma de poder en la que los militares tuvieron socios civiles que fueron los que idearon las políticas para implantar un sistema hiperconcentrado de distribución de la renta, anterior al primer peronismo. El avance de la democratización iniciado en 1983 fue dejando a los militares sin resortes de poder, pero el país no puede exhibir ese mismo resultado respecto de los civiles procesistas que, en gran parte, escaparon hasta ahora al juzgamiento por los crímenes de los que fueron responsables directos.

Se trata de un camino en el que hay crujidos, contradicciones e impunidad. Es lo que dice el empresario Eduardo Saiegh, despojado hace 31 años y medio del Banco Latinoamericano. Un caso en el que el Estado argentino está dando cuenta, sostiene, de una suerte de esquizofrenia: mientras el poder político, por vía de la Secretaría de Derechos Humanos, está a su lado, como co-querellante, por el secuestro, torturas y el desapoderamiento que padeció, el Banco Central se niega a aceptar que en 1980, por disposición de la gavilla civil encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz, dispuso de manera fraudulenta la quiebra de su banco. Saiegh, quien señala al ex ministro de Economía como el jefe verdadero de la dictadura, llegó así a la tercera audiencia de conciliación con el BCRA el 28 de marzo, dispuesta por el juez Fernando Perillo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 13. Menudo intríngulis para el juez: el Estado que reconoce que el empresario fue víctima de terrorismo de Estado, se niega a asumir la responsabilidad y no retira el pedido de quiebra.

“¡Peronista y judío!”, exclamaban sus torturadores, que lo mantuvieron secuestrado siete días y le aplicaron picana. Saiegh intuye que ni siquiera conocían la motivación de fondo por la cual habían recibido la orden de sacarle una declaración de culpabilidad, de desarreglo financiero, algo que justificara el pedido de quiebra y la liquidación del Banco Latinoamericano: esta entidad cuyo directorio integraba por entonces Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de la democracia, tenía en caución acciones de Austral Líneas Aéreas, por préstamos por 7 millones de dólares, cuando William Reynal, primo hermano de Alejandro Reynal, entonces vicepresidente del Banco Central, era el accionista mayoritario de la compañía.

Los civiles comandados por Martínez de Hoz, que atronaban al país con el cuento de ponerle fin al “caos” e instaurar la eficiencia, tenían decidida la estatización de Austral para librarse de deudas multimillonarias y cargárselas a todos los argentinos. Y para ello eran imprescindibles las acciones en caución en el banco, allanado por policías, mientras Saiegh era llevado por la fuerza a la División Bancos de la Federal en la sede central del Banco de la Nación. A la vez, le “birlaron” a Saiegh un comprador de su banco, con el que mantenía gestiones firmes desde comienzos de 1980: El Crédit Lyonnais de Francia. Directivos de esa entidad, llegados de París, fueron llevados a una quinta para “convencerlos” de comprar el Banco Torquinst, una “joya” del grupo de Francisco Capozzolo, que buscaba desesperadamente evitar su derrumbe.

Con Saiegh cautivo se cerraron ambas operaciones, pero para darle un manto de supuesta legalidad a la apropiación de las acciones de Austral, el Banco Central pidió más adelante la quiebra del Banco Latinoamericano: los matones intentaban por todos los medios, que su fundador y propietario se autoinculpara. Y Saiegh, incluso, evitó dejar huellas en un revólver que sus torturadores le pusieron delante diciéndole: “Liquidate, turco.” Pactó con los matones pagar por su vida, mientras su familia y socios en el banco hacían gestiones para dar con su paradero.

Como el ex banquero dijo a Tiempo Argentino, el 29 de mayo de 2011: “Los militares hacían la tarea sucia y los civiles se quedaban con todo. Les tiraban a los militares los huesos.”

Pasaron 31 años y medio y Saiegh trata de remontar en el fuero penal lo que, afirma, es una red de complicidades que en ciertos estamentos de la justicia funciona en beneficio de los civiles cuarteleros, con Martínez de Hoz y con Alejandro Reynal, a quien define como el cajero de la dictadura, a la cabeza. Reynal ya se libró una vez de su responsabilidad: consiguió en este caso, mediante acciones que Saiegh considera fraudulentas, un sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos resolvió el 14 de marzo adherir a un nuevo planteo judicial del ex banquero, actualmente en trámite ante el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide, pidiendo la reapertura del proceso contra Reynal. Los crímenes denunciados son terrorismo de Estado y antisemitismo, y por lo tanto imprescriptibles. Esta causa recayó por sorteo en Oyarbide después de que la Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, en quienes verificó pérdida de objetividad y retraso de dos años en la instrucción del sumario.

La muralla que hasta hoy impide castigar muchos de los crímenes perpetrados por los civiles de la dictadura conserva fortaleza, como lo demuestran muchos otros casos de usurpación de bienes: es extensa la lista de los que aún deben responder por los crímenes denunciados en torno de la apropiación de Papel Prensa, incluyendo a editores de diarios que fueron socios del genocida Jorge Rafael Videla y hoy cacarean en aras de la institucionalidad democrática y la libertad de prensa. La muralla tiene capacidad de ignorar no sólo el clamor de justicia que hace este ex banquero despojado, sino también la intervención que en su apoyo concretaron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y el Centro de Estudios Legales y Sociales. También se mantuvo incólume ante gestiones diplomáticas hechas en este mismo caso por representantes de los Estados Unidos, llamados a intervenir en función de una ley de su país que manda enfrentar acciones de antisemitismo en todo el mundo.

La investigaciónen en WikiLeaks

El destape mundial del accionar diplomático estadounidense causado por el portal WikiLeaks incluyó documentos y cables en los que representantes de Washington denostan a presidentes, copian torpemente informes de medios opositores contra algún gobernante incómodo o desnudan maniobras de intervencionismo, pero también dejó ver otro tipo de acciones, inclusive legales.

Por:

Tiempo Argentino

Es el caso de Eduardo Saiegh, a raíz de una ley estadounidense de 2004, que obliga al Departamento de Estado a actuar contra el antisemitismo en el mundo.

Anthony Wayne, embajador en Buenos Aires hasta comienzos de 2011, y Gregg Rickman, quien fue secretario de Estado para la Lucha contra el Antisemitismo, entre otros funcionarios y diplomáticos, realizaron múltiples gestiones en apoyo del fundador del Banco Latinoamericano.

Los informes de la embajada retratan el bloqueo que enfrenta este reclamo a lo largo de 31 años y medio.

El dictamen de Garzón

Baltazar Garzón, ahora suspendido como juez por la Audiencia Nacional de España, incluyó el secuestro, las torturas y el despojo que sufrió Eduardo Saiegh en 1980 cuando, en el sumario 19/97, dictó orden internacional de detención contra 48 jerarcas de la dictadura argentina, entre ellos los genocidas Videla, Massera, Galtieri, Bussi, Anaya, Díaz Bessone y Menéndez.

Por:

Tiempo Argentino

Hizo notar que personas de origen judío fueron “especialmente objeto de depredación” durante el régimen, cuyos cabecillas “se apoderan ilícitamente” de los bienes de sus víctimas. “En algunos casos, como el de Eduardo Saiegh, detenido el 31 de octubre de 1980, se le mantiene secuestrado una semana, durante la cual es torturado para que confiese supuestos delitos que justifiquen la liquidación del Banco Latinoamericano”, dice el dictamen de Garzón. El ex banquero refleja en su blog, <esaiegh.blogspot.com>, este pronunciamiento del ex magistrado, así como el respaldo que obtiene de la DAIA y el CELS.

Fuente: Tiempo Argentino

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