Salta Entrevista al concejal autor del proyecto para remover el monumento

Martín Avila: “Es un monumento al Plan Cóndor y no a los conscriptos “

Martín Avila: “Es un monumento al Plan Cóndor y no a los conscriptos “

¿Por qué propone demoler el Monumento a Manchalá?

Porque es un monumento al Plan Cóndor que insulta la inteligencia de todos y que usa la memoria de los conscriptos caídos para homenajear al Plan Cóndor.

(Plan Cóndor: Operativo coordinado, en los años 70, entre la CIA y las dictaduras militares que ejercían el poder en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, a través de sus servicios de seguridad, para combatir a la guerrilla, calificada como subversiva).

¿En qué se basa para relacionar el monumento con ese operativo?

Hay que abrir bien los ojos para mirar el monumento. Si lo hace, va a ver un cóndor, un mundo y la Argentina pintada de rojo, lo que hace muy obvio el significado del monumento. En estos tiempos ya no hay lugar para este tipo de manifestaciones. En el 2005, el teniente Roberto Augusto Vega hizo una reivindicación del terrorismo “apátrida” como él lo llama, y fue sancionado por Bendini, jefe del Ejército.

¿Qué dijo Roberto Augusto Vega?

Textualmente: “mírenla bien a la bandera porque es la misma bandera por la que varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, porque el terrorismo apátrida pretendía cambiarla por un trapo rojo”. Y por decir esto, fue sancionado por Bendini.

En sus fundamentos para remover el monumento, usted nombra el Operativo Independencia...

Es que Manchalá está en el marco del operativo Independencia que duró 8 meses, pero fue un sólo día de esos 8 meses. Lo grave del Operativo Independencia es que fue el inicio del terrorismo de Estado y aún estábamos en democracia, durante la presidencia de Martínez de Perón. El Estado ordenó aniquilar a la subversión y el Estado nunca puede ponerse en ese rol.

No hay mucho escrito sobre ese enfrentamiento...

No, pero el Derecho Internacional reza que es como digo sobre el rol del Estado. Y con ésto no reivindico al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), sino que considero que era un grupo de civiles que iban a delinquir y el Estado no debió tomar las armas contra ellos, para eso está la Justicia.

¿Y que debieron hacer los colimbas en Manchalá?

Defenderse. Por eso creo que el monumento debió ser para ellos y no para el Plan Cóndor. Los conscriptos en Manchalá fueron usados por los generales genocidas y los civiles que se enriquecieron con el terrorismo de Estado. Ese monumento no tiene nada que ver con lo que pasó en Manchalá.

¿Considera que el ERP era un grupo de civiles que iban a delinquir?

Cuando un grupo de civiles decide delinquir, el Estado debe aplicar la ley, por lo que la decisión del Estado de aniquilar a un grupo de civiles que delinque es errónea. Jamás se puede justificar el terrorismo de Estado.

¿No era un grupo guerrillero armado y organizado?

Tenemos tres grandes flagelos en esta época: el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Los tratantes de blancas también están armados y organizados, pero el Estado no los manda a aniquilar, sino que les impone la ley.

¿Qué piensa de la editorial del diario La Nación sobre su proyecto?

Me parece totalmente coherente la editorial de La Nación con su accionar histórico, porque todavía no pueden explicar cómo se apropiaron de Papel Prensa. Me encanta que La Nación me critique.

Aceptado localmente, el proyecto de Avila Ricci fue elevado a la Nación para su aprobación.

Fuego cruzado por el monumento a Manchalá

09.04.12 El proyecto del concejal Martín Avila Ricci, para remover el monumento al combate de Manchalá, entabló la polémica. El combate tuvo lugar en Tucumán, en mayo de 1975. Consideran que el panteón hace apología del terrorismo de Estado.

Fuego cruzado por el monumento a Manchalá

El monumento al llamado Combate de Manchalá, ocurrido en Tucumán, se encuentra en Salta dentro del Campo Militar, al costado de la avenida Arenales, casi en el punto donde cambia de nombre para llamarse avenida Juan Domingo Perón. Y este mapa de palabras ya plantea dos grandes paradojas. La primera es que el monumento que homenajearía al enfrentamiento de Manchalá está a unos 450 kilómetros del sitio donde acaeció. Y la segunda es que, como el combate ocurrió el 28 de mayo de 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón -que asumió tras la muerte de Juan Domingo- la decisión de removerlo hace pensar que después le cambiarán el nombre a la avenida Perón y sacarán su busto de la plazoleta contigua, ya que fue ese gobierno el que ordenó aniquilar a la guerrilla a través del Operativo Independencia.

El pasado no se puede borrar. Nadie ignora que el terrorismo de Estado comenzó mucho antes del golpe de 1976 y ahora, ese monumento poco estético, ignoto y adormecido, vino a despertar una ardiente polémica que resucita las pasiones y las memorias de aquella nefasta época.

Tal vez por esto la iniciativa del concejal salteño Martín Avila Ricci, rubricada por la mayoría de sus pares, solicitando al gobierno nacional la remoción del monumento al combate de Manchalá, situado en el Batallón M5 de Ingeniería en la ciudad de Salta, dividió las aguas y tuvo repercusión nacional. Avila sostiene que nada relaciona al monumento con los conscriptos que enfrentaron al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Manchalá; en cambio asegura que “es un homenaje al Proyecto Cóndor” por la fisonomía del panteón que muestra unas alas y a la Argentina pintada de rojo; y una apología o reivindicación del terrorismo de Estado, por haber ocurrido el combate, en el marco del Operativo Independencia.

Distintas visiones

Ni siquiera Mario Vidal Lozano, el artista al que la escuela de Bellas Artes le encargó una parte de esta obra, la justifica. “Ya declaré varias veces que estoy de acuerdo con que lo saquen y que voy a ser el primero en ir a destruirlo, porque pienso que no representa a los soldados desconocidos, como se dijo que iba a ser. Han usado el monumento para cosas que yo no sabía en ese momento y que no comparto”. Vidal Lozano comentó que “de ese monumento sólo participé con la escultura del soldado. Al tiempo me di cuenta que le habían hecho un cerro y que había otros objetos más a la vuelta”.

Dijo que le parece “estéticamente feo y simbólicamente malo”.

Pero en defensa del monumento se levantaron también muchas voces. Hasta el diario La Nación se pronunció en contra de la remoción de este recuerdo: “El combate de Manchalá debe entenderse como una victoria que merece el reconocimiento de la Nación. Sólo un afiebrado estado de sumisión y obsecuencia hacia un gobierno nacional que evita condenar la acción del terrorismo de los setenta puede explicar esta decisión de los concejales salteños... No es con una visión deformada de la historia y con un ‘relato‘ unilateral y confrontativo que se pueda crear un clima para construir un país para todos”, dice el editorial.

Unos hablan de una hazaña, otros de un engaño. Las aguas están divididas, los fuegos se cruzan a favor y en contra de la existencia de este ícono que, por los malentendidos que genera, más que un monumento parece la réplica de la Torre de Babel.

Breve historia de una batalla poco conocida

La mayoría de los datos del llamado Combate de Manchalá fueron revelados por Acdel Vilas, militar argentino con numerosas causas penales por su accionar represivo, que murió en 2010 antes de ser condenado por delitos de lesa humanidad. Tomando con pinzas esta historia poco conocida, se puede decir que fue un enfrentamiento armado entre 117 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y 12 colimbas más dos suboficiales del Ejército Argentino, que pintaban una escuela, el 28 de mayo de 1975, en Manchalá, en las cercanías de la localidad tucumana de Famaillá, a dónde se dirigía el ERP a dar un golpe. El hecho se enmarca en el inicio del terrorismo de Estado sistemático en Argentina y en el Operativo Independencia, cuyo comando se había establecido en Famaillá. Este combate habría marcado un punto de inflexión a favor del Ejército, que pasó a una acción ofensiva desde entonces.

Fuente: El Tribuno

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Juicios por delitos de lesa humanidad: “Felipe Giménez y Julio Amarilla eran los más crueles”, dijo un testigo

Segundo Báez relató los vejámenes y tormentos cometidos en la Jefatura de Policía, en la última dictadura. El hombre, de 82 años, narró que fue detenido en mayo de 1976, en Jardín América.

Segundo Báez relató los vejámenes y tormentos cometidos en la Jefatura de Policía, en la última dictadura. El hombre, de 82 años, narró que fue detenido en mayo de 1976, en Jardín América.

Posteriormente fue derivado al departamento de información de la fuerza, donde sufrió las peores torturas.

Calificó de “crueles” a Felipe Giménez y Julio Amarilla, que junto a Carlos Omar Herrero, Carlos Pombo y Roque Mendoza, son ex policías juzgados en el cuarto juicio por lesa humanidad en la provincia, que continuará la semana próxima, lunes y martes respectivamente.

En la continuidad del cuarto juicio por lesa humanidad en Misiones, entre el martes y ayer prestaron sus testimonios los primeros 16 testigos citados en el cuarto juicio de estas características en Misiones. En esta oportunidad son juzgados cinco ex policías: Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos integrantes de la cúpula de la policía de Misiones durante la dictadura militar.

A los ocho testimonios de ayer, se sumaron los relatos de Juan Carlos Berent, Pacacio Lima, Segundo Báez, Eugenio Dominico, Ángel Fleitas, Ricardo Cáceres y Mirta López.

El testigo Benito Aguirre no pudo asistir al debate.

Segundo Báez contó ante el tribunal Federal que fue detenido en mayo de 1976, cuando volvía de un almacén en Jardín América.

Posteriormente fue derivado al Penal de Candelaria y finalmente al departamento de información de la policía provincial.

“Ahí empezó lo peor”, recordó el hombre que actualmente tiene 82 años.

“Me golpearon mucho y fui torturado. Una persona que se identificó como Nico, que trabajaba en el lugar, tuvo una buena relación conmigo y me contaba quiénes eran mis torturadores. Él me dijo que eran generalmente Giménez y Amarilla, los más puercos y crueles”.

Giménez negó la detención de Báez en el departamento de información

El momento de mayor tensión en el tribunal Federal se registró tras el testimonio de Báez. El acusado Felipe Giménez pidió la palabra y exhibió una nómina con identidades de personas detenidas, firmada por el entonces coronel del Ejército Juan Antonio Beltrametti, donde supuestamente no figuraba el nombre de Báez. “Este señor está fabulando, por dichos de un tercero dice que lo torturé y nunca estuvo detenido en el departamento de información”.

Los centros clandestinos de detención en jefatura y el Penal de Candelaria, fueron un común denominador en los relatos de los 16 testigos.

Fuente: La Mañana

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-- "Este proceso es una venganza del poder político"

Lo dijo Jorge Eduardo Molina Ezcurra, uno de los acusados por delitos de lesa humanidad, durante su declaración en el juicio.

El próximo miércoles, 18 de abril, se iniciarán las audiencias testimoniales.

Neuquén > Los ex jefes militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Gustavo Vitón, contrariamente al resto de los imputados de este segundo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, prestaron declaración ayer ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, aunque evitaron responder preguntas.

En su declaración, Molina Ezcurra, quien desde enero de 1975 a diciembre de 1977 se desempeñó como responsable del Destacamento de Inteligencia 182 con asiento en esta ciudad, dejó entrever que sus responsabilidades estuvieron protegidas en el marco de la ley de Obediencia Debida, concepto según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Molina Ezcurra dijo que desde el 2003 "se ha creado un sistema político persecutorio contra las fuerzas de seguridad. Este proceso es una venganza instrumentada por el poder político y mal disfrazada de búsqueda de la verdad”, expresó quien en el juicio de 2008 fue condenado a 21 años de prisión.

Además no pudo evitar su malestar por afirmaciones y deducciones respecto de asuntos militares vertidas por abogados, jueces, fiscales y defensores. “Ninguno de ellos ha cursado estudios, ni siquiera son militares”, remarcó.

Durante su exposición, Molina Ezcurra reconoció que en Neuquén, como en todo el país, “hubo una zona de defensa y que no se trataba de un asunto clandestino”.

En otro tramo de su declaración señaló: “hay 1.151 condenados por delitos de lesa humanidad. Videla, soldados y policías ¿fueron capaces de manejar los centros clandestinos y hacer desaparecer a 30.000 personas?”. Y de inmediato cuestionó: “¿Dónde están los civiles y militares que a los tres meses del gobierno del general Perón pedían el golpe de Estado? ¿Dónde están los intendentes y funcionarios que juraron los estatutos del proceso militar? Ninguno rinde cuentas ante la Justicia. Nosotros somos los chivos expiatorios”.

Por último, Molina Ezcurra asumió su responsabilidad respecto "del personal civil y militar a mi cargo en el Destacamento de Inteligencia”. “Los oficiales y suboficiales cumplían órdenes, nada se les puede imputar”, subrayó.

Posteriormente declaró el mayor retirado Vitón, quien afirmó haber sido militante peronista y que rechazó el golpe de Estado de 1976. Además reivindicó su posición en contra de la Doctrina de Seguridad Nacional enarbolada por los militares y que dentró de la fuerza promovió la formación de un "ejército nacional" llamado "Los 33 Orientales".

Afirmó que "por ser peronista y no estar de acuerdo con el Proceso de Reorganización Nacional y el sentir de las fuerzas armadas" fue eliminado en 1980 cuando tenía el grado de capitán.

Viton está acusado de violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñó como responsable militar del área operativa de la Comisaría 24 de Cipolletti. Cuestionó la acusación de haber sido parte de una asociación ilícita y señaló que desde hace cuatro años está en una celda de la cárcel de Marcos Paz, “con quienes me echaron”.

En tanto, se negaron a declarar Hilarión de la Paz Sosa, jefe de Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, y Sergio San Martín, oficial del Destacamento de Inteligencia 182 en 1976.

"Buscaba delincuentes comunes"

Neuquén > El ex subcomisario de la Policía rionegrina imputado en el juicio "La Escuelita II", Oscar Del Magro relató ayer que tenía a su cargo una “pequeña brigada de investigaciones de delitos comunes”. Añadió que, a partir del 24 de marzo de 1976, la Comisaría 24 de Cipolletti estuvo “tomada” por unos “120 militares" de los que reconoció también al imputado en este proceso Gustavo Vitón.

Del Magro estuvo de acuerdo desde el primer momento en declarar y aceptó las preguntas de las partes.

“Al momento del golpe de Estado tenía 20 años, a cargo de la Comisaría de Cipolletti estaba (Alberto) Camarelli. Yo vestía de civil y mi trabajo era recorrer los lugares de compra venta, paradas de colectivos y terminales en búsqueda de delincuentes para prevenir el delito”, relató Del Magro a quien se le imputa colaborar en la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a Raúl Sotto.

El ex policía aseguró que “no conoce" a Sotto y negó haberlo secuestrado.

Consultado por los abogados querellantes, Del Magro dijo que Miguel Quiñones -otro de los imputados- “sí conectaba información gremial y política" para Camarelli, y que Julio Villalobos ayudaba en el ingreso a la comisaría.

Ivana Dal Bianco, querellante del Ceprodh, consultó al imputado para saber si dentro de su desempeño se incluía la detención de personas.

“Generalmente lo hacía el oficial de servicio, pero si yo agarraba un delincuente in fraganti también podía detenerlo y llevarlo a la comisaría”, contestó.

El abogado defensor de Del Magro, Rodolfo Ponce de León, solicitó la inclusión de cuatro testigos, vecinos de su defendido. El presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, informó que el pedido será respondido en su debido momento.

Piden citar a Labate

Neuquén > El abogado defensor de tres de los imputados en el juicio, Hernán Corigliano, pidió ayer que se cite a declarar a Guillermo Labate, ex juez federal que instruyó en la causa.

“De ser cierto lo que refirió el imputado (Oscar Del Magro) en cuanto a que el juez, previo al inicio de la declaración indagatoria, habiéndolo llevado detenido por esta causa, negoció que le diera algún dato o nombre a cambio de su situación procesal. Es una cuestión gravísima que debe ser aclarada por la Justicia”, afirmó Corigliano.

Impunidad aprovechada

Por NOEMÍ LABRUNE (*)

Es lógico que los imputados se inventen todas las circunstancias imaginarias o no, para salir mejor parados de estas audiencias. Nadie puede estar esperando que se acusen y menos aún que digan dónde están los restos de los desaparecidos, ni quién aplicó la picana. Aprovechan este lugar que se les da para hacer descargos específicos de sus crímenes, para distorsionar ante la opinión pública, para desinformar.

Gustavo Vitón dijo una verdad: "Los 33 Orientales", después de 1981, era un movimiento de protesta sobre las metodologías empleadas por la Junta Militar. Ahora Vitón se hace el abanderado de los militares que se opusieron a la dictadura. Pero era una oposición parcial.

A fines de 1986, lo fui a ver para explicarle que era fundamental su declaración para aportar elementos. Me aseguró que iba a llevar documentos y a colaborar en todo lo que estuviese a su alcance. Cuando declaró dijo que apenas se acordaba del predio de "La Escuelita". Así que todo lo que dijo ayer se contradice con sus hechos concretos. Aprovechan esa impunidad que les da el proceso penal para decir estas cosas. Menos mal que terminó esta etapa del juicio porque no es ni interesante, ni edificante.

(*) Integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén.

Fuente: La Mañana de Neuquen

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Causa Harguindeguy: los acusados se abstuvieron de declarar este miércoles

El inicio del debate se demoró una hora y media porque el Servicio Penitenciario se había olvidado de buscar y trasladar desde Concepción del Uruguay hasta Paraná a uno de los acusados. Mañana se tomará declaración indagatoria a Harguindeguy, en caso de que acceda a declarar.

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A excepción de Harguindeguy, ninguno de los acusados posee procesos judiciales previos.

Fuente: UNO/Juan Ignacio Pereira

En la sexta jornada del juicio por la causa Harguindeguy, siete de los imputados se abstuvieron de prestar declaración. El reinicio del juicio por la causa Harguindeguy programado para las 10.30 comenzó con una hora y media de retraso por la ausencia de uno de los imputados -Julio César Moscardón Verde Rodríguez- a quien el Servicio Penitenciari, olvidó de trasladar desde la ciudad de Concepción del Uruguay.

Tras la interrogación de datos personales a cada uno de los acusados, la presidenta del Tribunal, doctora Lilia Carnero, procedió a leerles en detalle las imputaciones que a cada uno se le adjudican.

De los ocho imputados, sólo Harguindeguy dio cuenta de tener varios procesos penales en trámite, destacando dos expedientes abiertos en La Rioja; uno por la muerte del obispo Enrique Angelelli, y otro por desaparición forzada de personas. Asimismo, está imputado en una causa en el marco de la Operación Cóndor.

Cabe mencionar que el juicio por la Causa Harguindeguy constituye la primera instancia en la que el represor comparece ante un tribunal oral.

Por último, la Presidenta del Tribunal brindó a los imputados la posibilidad de prestar declaración indagatoria. Harguindeguy, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino señalaron que lo consultarán con la defensa, por lo que mañana confirmarán si prestarán o no declaración en instancias posteriores del juicio. Por su parte, Francisco Crescenzo, Rodríguez, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez señalaron que no declararán. Sólo Santiago Kelly Del Moral anticipó que declarará cuando se lo requieran en las próximas jornadas de debate.

La Megacausa

En la Causa Harguindeguy, que comenzó el mes pasado, se juzgan crímenes de lesa humanidad ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná inició el juicio oral y público por tres expedientes acumulados: Nº 1960/10: “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/inf. art. 151 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concepción del Uruguay); Nº 1991/10 “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concordia) y Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú).

Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura, es uno de los imputados y afrontará por primera vez un juicio en su contra. Los otros son Ramón Genaro Díaz Bessone –separado del juicio la semana pasada por "incapacidad psíquica"–, Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los cuatro del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Perez (Policía de Entre Ríos).

Víctimas y testigos

Las víctimas son 29 varones y una mujer. De las 30, cuatro están desaparecidas: Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.

En la primera causa declararán en el debate 43 testigos; en la segunda 66 y en la tercera, 90; sumando un total de 199 declarantes.

Marina Herbel de Pajares y José Ignacio Candioti actuarán como fiscales. María Isabel Caccioppoli se desempeñará representando al querellante César Román (junto a Marcelo Baridón), a Juan Carlos Romero (en forma conjunta con Guillermo Mulet), a Estela Solaga de Moreno (quien también estará representada por Arturo Goldstraj) y a Sandra Daniela Salazar (junto a Rubén Pagliotto). Y en representación de Carlos Martínez Paiva, actuarán Marcelo Baridón y Álvaro Piérola.

Las defensas de Harguindeguy, Rodríguez, Crescenzo, Valentino y Dasso son ejercidas por el defensor oficial Mario Roberto Franchi y por la codefensora Noelia Quiroga. Defienden a Kelly del Moral Ricardo Alberto Saint Jean y Guillermo Morales; a Mondragón y Pérez, Rubén Alfredo Gallardo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal que sustancia el debate está integrado por Lilia Carnero, en su carácter de presidenta de la causa, Roberto López Arango y Noemí Berros, y como juez sustituto Mateo José Busaniche, miembro titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Fuente: http://www.unoentrerios.com.ar

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