Comienza hoy el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad en Salta El mayor juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia comenzará hoy (21/05/12), en sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone” de la Ciudad Judicial. En este proceso, cuyo inicio está previsto para las 9 de hoy y que durará al menos hasta el 18 de diciembre, se tratará de dilucidar el destino de 34 personas que fueron víctimas de la represión estatal y paraestatal desatada a mediados de la década del 70. El hecho de que se juzguen 34 crímenes en un solo juicio deja en claro –por si quedara alguna duda- que las Fuerzas Armadas, y sus socios civiles, pusieron en práctica un plan sistemático de eliminación de personas que eran consideradas enemigas por su militancia partidaria y/o su ideología. En Salta queda claro que la persecución se dirigió con mayor saña hacia los militantes del peronismo revolucionario, y a los que acompañaron la candidatura y gestión del ex gobernador Miguel Ragone, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976. La mayoría de las víctimas eran militantes del peronismo revolucionario, de la tendencia, como se la llamaba en la época. Muchos de ellos integraron la Lista Verde, que en 1972 alentó la candidatura a la gobernación de Ragone. Algunos –como Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Nolberto Guerrero, Felipe Pizarro Gallardo, Jorge Santillán, Pedro Urueña- militaron en las bases; otros –como Felipe Burgos y Luis Eduardo Risso Patrón- llegaron a ocupar cargos en la función pública. Otros cayeron por negarse a ser parte del aparato represivo. Por lo poco que se sabe, ese parece haber sido el caso de los ex policías Pedro Bonifacio Vélez y Juan Carlos Parada Mallo. Veinte hombres serán juzgados por los delitos de homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, entre ellos algunos ya conocidos, y condenados por otros crímenes de lesa humanidad, como el ex comisario general Joaquín Guil, que fuera jefe de la inteligencia de la Policía salteña; el ex militar Carlos Alberto Mulhall, jefe del Ejército en Salta durante los primeros años de la dictadura, y el ex militar Miguel Raúl Gentil, que fuera jefe de la Policía de Salta. Además, en este proceso se juzgará por primera vez a un civil, Juan Manuel Ovalle, acusado de ser partícipe del secuestro y desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo. Un total de nueve militares serán juzgados: Héctor Ríos Ereñú, que fuera jefe del Regimiento de Monte 28 en Tartagal y que en la democracia llegara a jefe del Ejército; Joaquín Cornejo Alemán, que fuera segundo jefe del Ejército en Salta; Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y Virtom Mendíaz, Gentil y Mulhall. Y serán juzgados también los policías Joaquín Guil, Abel Vicente Murúa, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao y Víctor Hugo Almirón. También será juzgado un ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Alzugaray. En Salta la represión comenzó mucho antes del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. Los ragonistas, y los jóvenes de la tendencia venían siendo perseguidos incluso desde el gobierno de Ragone, que duró apenas un año y medio (desde el 25 de mayo de 1973 al 23 de noviembre de 1974). Guil, que venía ejercitando estas prácticas desde la dictadura de Onganía, fue uno de sus perseguidores. El primer hecho que será revisado en el proceso que comienza hoy es el homicidio de Fronda, militante del peronismo revolucionario que fuera asesinado el 8 de enero de 1975. El segundo caso de examen será el crimen del periodista Luciano Jaime, quien, además de militar en la tendencia, se atrevió a investigar el crimen de Fronda. La causa principal, a la que se acumularon otras 17, es la abierta para investigar el crimen de Fronda, caratulada “Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos sobre privación ilegal de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario en perjuicio de Eduardo Fronda”. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Federal Criminal, integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Carlos Jiménez Montilla y Liliana Snopek, mientras que Gabriel Casas actuará como cuarto juez. El fiscal Ricardo Toranzos, con la colaboración del fiscal Eduardo Villalba, llevará adelante la acusación. Por las querellas participarán los abogados David Leiva, Tania Kiriaco, Gastón Casabella y Carlos “Uluncha” Saravia. Los acusados serán asistidos por los abogados Federico Petrina (defensor oficial que asistirá a al menos 15 imputados), Dardo Verchán; José Luis Garzón, Orfeo Maggio y Martín Adolfo Diez. Las víctimas En este juicio se comenzará también a develar la represión en General Güemes. Será juzgado el caso de las hermanas Francisca y Carmen Torres, quienes fueron secuestradas y permanecen desaparecidas. También se indagará sobre la suerte corrida por el soldado Nolberto Guerrero, secuestrado de su casa cuando disfrutaba de su primer franco del servicio militar, que cumplía en el Ejército en Salta. También fue secuestrado su amigo, Felipe Pizarro Gallardo, de solo 17 años. Felipe comparte con Martín Miguel Cobos, de 18 años, ser las víctimas más jóvenes cuyos casos serán tema de este debate. A su vez, el cuñado de Martín Cobos, Víctor Brizzi, comparte con Nolberto Guerrero la condición de haber sido desaparecido cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Ejército en Salta. En este debate también se intentará dilucidar lo ocurrido con Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y marido Héctor Gamboa; el arquitecto Ramón Gerardo Gallardo, secuestrado en Tres Cerritos; René Russo, secuestrado en Orán; Silvia Aramayo; el docente y ex diputado provincial Luis Risso Patrón, asesinado en Metán; el médico Pedro Urueña, asesinado en Tartagal; Alfredo Mattioli, los hermanos Marcial y Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia, asesinados en Rosario de Lerma por la policía de la provincia. Y serán objeto del juicio los crímenes de Eduardo Fronda, Aldo Víctor Bellandi, Oscar Alberto Bianchi, Néstor Miguel Díaz, Raúl Benjamín Osores, Juan Carlos Parada Mallo y su esposa Marta Beatriz Cascella, Perdro Bonifacio Vélez, el dirigente rural Felipe Burgos, Ernesto Luis Mamaní, Carlos Enrique Mosca Alsina, Reynaldo Isola, Juan Isabel Lópezz, Estanislao Figueroa Rojas y Jorge René Santillán. Y se investigará el secuestro y tormentos sufrido por Pablo Salomón Ríos.  Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional, Salta

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La justicia confirmó el suicidio de Ramírez, un represor que actuó con Musa Azar

El teniente coronel formó parte de un grupo de tareas que operó en Santiago del Estero. Estaba prófugo y se suicidó cuando iba a ser detenido por la Policía Federal por secuestros, torturas, homicidio calificado y encubrimiento.

Por: 

Gimena Fuertes

Esta semana se terminó de cerrar una de las historias más oscuras de la represión ilegal en Santiago del Estero. El viernes se confirmó la identidad del cuerpo de Juan José Ramírez, un teniente coronel que en diciembre del año pasado se enteró que había caído preso Ramón Warfi Herrera, jefe del grupo de tareas que operaba en Santiago, del que también participaba Antonio Musa Azar, y decidió tirarse debajo de un tren en San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

El 16 de diciembre de 2011, Ramírez sabía que había sido localizado por la Policía Federal en la dirección de la calle San Lorenzo 2123, de la localidad bonaerense de Acassuso. El día anterior habían detenido al jefe policial provincial de la dictadura, Ramón Warfi Herrera, en un operativo realizado en Funes, una ciudad cercana a Rosario. Entonces Ramírez se arrojó a las vías y lo pisó un tren. 

Al día siguiente, su hijo llegó a la morgue, aseguró que se trataba de su padre y pidió “la cremación inmediata del cuerpo”. Sin embargo, desde el Juzgado Federal de San Isidro que preside Sandra Arroyo Salgado se negaron y se pidió un examen de ADN. No era apropiado dar por muerto a un represor sin tener la seguridad sobre su identidad, ya que el cuerpo podía ser de otro hombre y así posibilitar que Ramírez siguiera vivo, pero sin papeles. 

Ramírez pertenecía junto al ex jefe de inteligencia santiagueño Musa Azar y el ex policía Roberto Díaz, al grupo de tareas que, secuestró, torturó y asesinó bajo las órdenes de Warfi Herrera. Ramírez está imputado en el expediente caratulado como “Secretaría de Derechos Humanos s/denuncia c/Musa Azar y otros (Desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976)”, que tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Santiago del Estero. 

A Ramírez se le imputó ser jefe de la asociación ilícita, autor material de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio calificado, encubrimiento. Las víctimas por las que se lo juzga son Hugo Milciades Concha, Dichiara Vázquez, Daniel Enrique, Julio Cesar Salomón, a los que se les suman sobrevivientes ex presos políticos. 

De este grupo de tareas, Díaz sigue vivo y prófugo. Prestó servicios en el Departamento de Informaciones Policiales y gozaba del beneficio de la excarcelación. A mediados de 2011, decidió huir de la justicia con la excusa de haber sido amenazado por Ramírez a través de una carta. De hecho, todos los integrantes de ese grupo de tareas habían sido identificados y habían logrado huir, incluso Warfi Herrera, hasta que la justicia lo volvió a encontrar para también beneficiarlo con la prisión domiciliaria (ver aparte). 

El círculo se cerraba cada vez más sobre Ramírez, y no lo soportó. Su cuerpo sirvió como prueba para el examen de ADN que se llevó a cabo en abril en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand, cuyo resultado quedó inscripto esta semana en el expediente, según confirmó a Tiempo Argentino el coordinador del Programa Verdad y Justicia, Guillermo Valera. “Se están convenciendo de que serán juzgados y condenados y que su único futuro que les espera es la prisión efectiva”, señaló a este diario Valera.

Warfi Herrera

Ramón Warfi Herrera vive en la ciudad de Funes, Santa Fe, donde permaneció prófugo durante dos años, ya que había dado una dirección falsa a la justicia de Santiago del Estero. Está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado y desaparición forzada de personas en diez casos. A finales de diciembre, el juez Guillermo Molinari lo procesó, y el 17 de febrero, un Tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. El fiscal Gustavo Gimena se opuso al beneficio, pero en febrero el represor volvió a su casa de Funes, donde los vecinos lo declararon “persona no grata”. “Semejante individuo debería estar alojado con los otros represores de la dictadura”, dice el comunicado que emitió una organización vecinal. “Lamentamos la decisión del tribunal y no compartimos semejante privilegio para alguien que no lo merece”, agregaron.

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