uruguay no investiga los crímenes
La denuncia que abrió el camino
Con quejas por la falta de iniciativa de Uruguay para investigar delitos de lesa humanidad, en octubre de 2011 el sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor Sergio López Burgos entregó a la justicia argentina tres cajas con documentación para probar la participación de un centenar de funcionarios orientales en estos hechos, entre ellos los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, tal como publicó en ese momento en exclusiva Tiempo Argentino.
Con quejas por la falta de iniciativa de Uruguay para investigar delitos de lesa humanidad, en octubre de 2011 el sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor Sergio López Burgos entregó a la justicia argentina tres cajas con documentación para probar la participación de un centenar de funcionarios orientales en estos hechos, entre ellos los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, tal como publicó en ese momento en exclusiva Tiempo Argentino.
Entre la documentación, que tienen en sus manos el fiscal Osorio y el juez Oyarbide, también hay pruebas del rol que desempeñó la embajada uruguaya en Argentina. Demuestran que realizó tareas de inteligencia sobre sus ciudadanos residentes en el país, que en muchos casos habían llegado exiliados de la dictadura. “Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados”, dijo López Burgos al ampliar la denuncia a fines del año pasado.
Los documentos que presentaron a la justicia prueban la colaboración entre la cancillería uruguaya, la embajada uruguaya en la Argentina y otros consulados uruguayos en el país para “entregar” a disidentes. Entre los archivos figuran circulares que contenían los listados de ciudadanos requeridos por la justicia militar del país vecino por realizar “actividades subversivas” y que eran distribuidos en las embajadas y consulados.
A través de esos documentos también se explicaba el método que utilizó la dictadura uruguaya para detectar “actividades subversivas” de sus ciudadanos en la Argentina. Esto comenzaba cuando la persona quería realizar algún trámite consular, en ese momento las autoridades uruguayas pedían los antecedentes de esa persona ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva. En el caso que se comprobara algún antecedente político se suspendía o negaba la documentación necesaria para poder viajar, conformando un cerrojo sobre los ciudadanos uruguayos que quedaban a merced de la represión ilegal argentina.
Por ejemplo, en un documento de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del Partido para la Victoria del Pueblo, quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto a su hija Mariana.
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17.10.2011 | entregaron tres cajas con documentación al juez norberto oyarbide
Una nueva denuncia por el Plan Cóndor
Fue presentada ante la justicia argentina por López Burgos, sobreviviente uruguayo de Automotores Orletti, e involucra a un centenar de funcionarios civiles y militares del país vecino, entre ellos los ex dictadores Bordaberry y Álvarez.
Por:
Nicolás Eisler y Gerardo Aranguren
Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo de la Operación Cóndor y ex detenido de Automotores Orletti, denunció penalmente ante la justicia argentina a un centenar de funcionarios civiles y militares de su país por su participación en la coordinación del plan de represión ilegal. La denuncia comprende a ex dictadores, diplomáticos y militares acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de 120 uruguayos que residían en el país, y revela la participación esencial de la embajada oriental en Buenos Aires en la inteligencia sobre exiliados uruguayos en el país.
En la presentación se le imputa a los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, a embajadores de Uruguay en Buenos Aires, cónsules, agregados militares y casi 60 represores orientales que constituyeron la pata uruguaya de la Operación Cóndor, que hasta ahora no se había investigado en la Argentina. Además pidió revocar la prisión domiciliaria del único detenido uruguayo en el país por esa causa, Manuel Cordero.
López Burgos se presentó el jueves pasado en los tribunales de Comodoro Py con tres cajas de documentación que entregó en el Juzgado Federal 7, que subroga Norberto Oyarbide. "Venimos a denunciar la coordinación represiva de uruguayos en la Argentina", señaló López Burgos minutos antes de formalizar la denuncia, que consiste en testimonios y en documentos oficiales del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. "Ahí podemos desentrañar el papel de la Embajada de Uruguay en la Argentina, y también que la represión fue institucional. No eran bandas aisladas sino que con la dictadura de Uruguay en 1973 se creó el COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) integrado por el presidente, las autoridades militares, el ministro de economía Alejandro Vegh Villegas, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. De allí provenían las órdenes de secuestros de ciudadanos uruguayos", detalló López Burgos.
Los primeros casos de coordinación entre ambos países datan de abril de 1974, durante el período democrático en la Argentina, cuando 95 uruguayos fueron detenidos por la Policía Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia de Uruguay. Fueron fichados, se registraron sus domicilios y algunos quedaron detenidos por años. "Aún en democracia, bajo el gobierno de Isabel Perón, miembros del Ejército uruguayo detuvieron e interrogaron a militantes del MLN en la Brigada de San Justo, quienes posteriormente, sin ser procesados, permanecieron detenidos por decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", señala la denuncia. En esa época, según una denuncia del Congreso de los Estados Unidos, había en el país 600 militares y policías uruguayos operando en El Palomar.
Con el golpe de Estado en la Argentina, "las acciones conjuntas contra los exiliados en Buenos Aires se convirtieron en una verdadera cacería", señala la presentación, que explica que la mayoría de los desaparecidos uruguayos fueron secuestrados en la Argentina y luego trasladados a su país en vuelos de la Fuerza Aérea Uruguaya o en "lancheos" que llegaban hasta Colonia o Montevideo. Entre 1976 y 1982 desaparecieron en la Argentina aproximadamente 180 ciudadanos uruguayos, más de la mitad de los desaparecidos totales de ese país.
"Es una megacausa que no tenemos posibilidad de juzgarla en Uruguay porque no hay voluntad de investigarla allí, el gobierno está sentado arriba de los papeles y no contestan ni siquiera los oficios a la justicia. Por eso venimos a presentarla acá, porque esto tiene la raíz en la represión en argentina y porque es un país donde hay voluntad de investigar y llegar al fondo del tema", agregó López Burgos.
De las 120 víctimas que forman parte de la denuncia, más de 40 ya fueron investigadas en la causa original por el Plan Cóndor, que fue elevada a juicio en 2007 y todavía espera que se lleve adelante. Allí están imputados Jorge Rafael Videla y Antonio Domingo Bussi, entre otros, pero Cordero es el único acusado uruguayo hasta el momento. <
La Clave
Represión. Los primeros casos de coordinación en la represión entre ambos países datan de abril de 1974, un período democrático en la Argentina.
"No hay política para conocer la verdad"
La discusión en Uruguay sobre los delitos cometidos durante la última dictadura está lejos de ser saldada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay a investigar la apropiación de Macarena Gelman.
La decisión quedó ahora en la Corte Suprema uruguaya, que puede determinar que se de cumplimiento a la condena de la CIDH y abrir la puerta para el juzgamiento de los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. "La desaparición y la muerte era parte de un plan sistemático pero hay mucha anteojera ideológica todavía en Uruguay. Esta batalla por la verdad y justicia viene muy lenta. El fallo de la CIDH hecha un poco de luz sobre el papel del Estado pero no hay una política de protección e incentivar la justicia de parte del gobierno. No hubo desclasificación de los archivos de la represión, se miente en eso y hay una política de complicidad con los represores. (El presidente José) Mujica y su ministro de Defensa están sentados sobre los archivos. No sabemos lo que pasó, no hay una política para conocerlo. Todavía aparecen familias que denuncian la desaparición de sus familiares", opinó López Burgos, quien recordó que en 1975 había en Uruguay 27 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, un represor por cada 120 habitantes, y hoy hay más de 30 mil efectivos.
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los articulos de las denuncias de Sergio "Cacho" Lopez Burgos de noviembre y de octubre del año pasado
14.11.2011 | prueban el accionar conjunto de las dictaduras de la región en los '70
Plan Cóndor: presentan documentos de la embajada uruguaya en el país
Entre los archivos que López Burgos, sobreviviente de Automotores Orletti, entregó a la justicia hay listas con los nombres de los ciudadanos buscados por "actividades subversivas". Varios de ellos permanecen desaparecidos.
Por:
Gerardo Aranguren
Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados", dijo Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor y ex detenido de Automotores Orletti, al presentar la denuncia penal ante la justicia argentina a un centenar de funcionarios civiles y militares de su país por su participación en la coordinación del plan de represión ilegal.
Durante años, López Burgos junto a la Mesa Permanente contra la Impunidad de Uruguay, realizó un trabajo artesanal de relevamiento documental que revela la participación esencial de la embajada uruguaya en Buenos Aires en la inteligencia sobre exiliados uruguayos en el país.
Los documentos, a los que accedió Tiempo Argentino, prueban la colaboración entre la Cancillería uruguaya, la embajada uruguaya en Argentina y otros consulados uruguayos en el país para realizar trabajos de inteligencia sobre sus ciudadanos residentes en el país.
Entre esos archivos figuran circulares que contenían los listados de ciudadanos requeridos por la justicia militar uruguaya por realizar "actividades subversivas" y que eran distribuidos en las embajadas y consulados. En un documento de marzo de 1975 figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto a su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti.
Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano que habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.
Como señaló López Burgos, el método que utilizó la dictadura uruguaya para detectar "actividades subversivas" de sus ciudadanos en argentina, que en ese momento calculaban en 1,3 millones, era a través de su embajada. Este procedimiento fue explicado de manera didáctica en un comunicado del Cónsul General del Uruguay, Adolfo Menini Terra, dirigido al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero (ver facsímil).
"En cuanto al porcentaje de ciudadanos uruguayos que a juicio de funcionarios consulares puedan estar vinculados a actividades subversivas, naturalmente es una apreciación muy difícil de establecer", escribe Menini Terra al embajador en argentina el 7 de diciembre de 1978. "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares", agrega el texto. En el mismo cable, Menini Terra le recuerda que en Buenos Aires hubo 300 "trámites motivados por actividades subversivas".
"Este documento ilustra en forma muy clara las modalidades institucionalizadas de colaboración e intercambio de datos destinadas a informar a Montevideo sobre las actividades de los exiliados, y las diversas solicitudes recibidas de uruguayos residentes en el exterior que solían remitirse a los organismos de inteligencia militar o policial para recabar antecedentes antes de autorizarlas o denegarlas", explicó a Tiempo la abogada Mariana Leonor Neves Rodríguez, querellante en la causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
En otros dos cables, de principios de 1978, desde Montevideo le piden a sus diplomáticos en Argentina "realizar gestiones para lograr ubicación paradero" de dos militantes que estaban desaparecidos por la dictadura argentina y eran requeridos por la justicia militar uruguaya por sus vínculos con "actividades extremistas". En el caso de Alberto Cecilio Mechoso Mendez, militante del PVP que permanece desaparecido, la Embajada de Uruguay tenía constancia de que su mujer había denunciado su detención por parte de la Policía Federal. Lo mismo sucedió con Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, militante de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quien continúa desaparecido.
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Avances en la causa por el pacto genocida entre las dictaduras de América del Sur
La justicia suma 160 crímenes a la investigación sobre el Plan Cóndor
El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la ampliación. La mayoría son casos de uruguayos secuestrados en la Argentina durante la dictadura. El listado incluye 20 hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976.
Carlos Romero
Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.
El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.
Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Osorio, titular de la Fiscalía Nº10, elevó su requerimiento al Juzgado Federal Nº 7 en lo Criminal y Correccional, subrogado por Norberto Oyarbide, y donde se tramitan las causas vinculadas al Plan Cóndor. En esta oportunidad, los hechos se substanciaron en el expediente Nº 10.961 con la denuncia que en octubre de 2011 realizaron los uruguayos Sergio López Burgos, ex detenido de Automotores Orletti, y Lille Haydee Caruso Larrainci, integrante de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Aquella presentación –que fue reflejada por las páginas de este diario– estuvo acompañada por tres cajas repletas de documentación, de donde surgieron los 160 nombres individualizados por Osorio y su equipo. Los denunciantes también señalaron a 121 posibles imputados, entre civiles, militares y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Resultaron claves dos de las fuentes aportadas por Burgos y Caruso Larrainci: el libro A todos ellos, de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y los seis tomos de la investigación Detenidos y Desaparecidos, publicada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez.
De los casos contemplados, 16 corresponden a ciudadanos argentinos; también hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya. Los restantes 139 son personas nacidas en Uruguay. Entre los argentinos figura Raimundo Aníbal Villaflor, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), secuestrado en Avellaneda el 4 de agosto del ’79 junto a su pareja, María Elsa Garreiro Martínez, de nacionalidad española y uruguaya. Sus hijas Elsa Eva y Laura fueron luego entregadas a sus abuelos paternos. Raimundo y María Elsa pasaron por ese infierno en la tierra que fue la ESMA, y ya no se los volvió a ver.
En el listado también aparecen Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, los padres de Alejandrina Barry, quien a fines de los ’70, con apenas dos años, fue presentada por la prensa como la niña que había sido “abandonada” por una pareja de “subversivos”. En realidad, a Alejandro Barry, un alto mando de Montoneros, lo acribillaron agentes de civil en Montevideo el 14 de diciembre de 1977. En cuanto a Susana Mata, murió un día después, en el departamento de Canelones. “Por la ingesta de una pastilla de cianuro de potasio, con la finalidad de no ser capturada por personal militar”, indicó la fiscalía.
Entre los hechos a esclarecer, 88 tratan de personas secuestradas que aún permanecen desaparecidas, otras 31 fueron liberadas por sus captores, 33 murieron y sus cuerpos fueron hallados, hay ocho menores que pudieron ser recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
Osorio recordó que el Plan Cóndor fue “una asociación ilícita” de tipo “supranacional”, que involucró a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Su finalidad era “coordinar y complementar proyectos criminales, obteniendo, ordenando e intercambiando información para perseguir ilegalmente a opositores políticos.” Ese mecanismo se aplicó a la perfección con el periodista y político uruguayo Zelmar Michelini, quien en 1973 se había exiliado en la Argentina, desde donde denunciaba a la dictadura que en su país encabezaba Juan María Bordaberry. A Michelini lo secuestraron el 18 de mayo del ’76, lo llevaron a Automotores Orletti y apareció sin vida tres días después, con varios balazos en el cuerpo. Estaba adentro de un Torino, junto con tres compatriotas suyos, también asesinados por la acción conjunta de las dictaduras a ambos lados del Río de La Plata.
Sobre la decisión de incluir crímenes ejecutados antes del golpe, Osorio remarcó que, con el sello del Operativo Cóndor, “los distintos estados ejecutaron acciones delictivas en otras jurisdicciones nacionales, incluso en aquellas donde aún imperaba, aunque de manera endeble, el paradigma democrático”. Por esta razón, se decidió tomar como fecha de inicio para indagar en los delitos cometidos en la Argentina al 6 de noviembre de 1974, día en que el gobierno de Isabel Martínez dispuso el estado de sitio. Para la fiscalía, desde entonces estuvieron dadas “las condiciones de posibilidad de las acciones terroristas llevadas a cabo en el territorio argentino por alguna de las dictaduras latinoamericanas” ya existentes.
Esto se aplica para 20 de los episodios abarcados por el requerimiento que ya tiene en sus manos el juez Oyarbide. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 1974, en el barrio porteño de Once, en el domicilio de Héctor Daniel Brum –miembro de Tupamaros– y de su esposa, María de los Ángeles Corbo, embarazada de seis meses. También se encontraban allí Mirta Yolanda Hernández y su hijo de tres años, Amaral García. Se los llevaron a todos, incluidos Floreal García Larrosa y Julio Abreu, secuestrados a pocos metros. Amaral fue apropiado por un agente de la SIDE y su familia lo recuperó en 1985. El resto del grupo había sido trasladado en un vuelo clandestino al Uruguay y alojado en las catacumbas del “300 Carlos R”. De todos ellos, el único que salió con vida del Plan Cóndor fue Abreu. El 20 de diciembre del ’74, Brum, Corbo, Hernández y García Larrosa aparecieron muertos en Soca, Canelones.
Sin duda, los 160 casos que comenzará a investigar la justicia argentina muestran que los gobiernos militares de América del Sur vistieron distintos uniformes, pero compartieron una misma política represiva: el terrorismo de Estado.<
Las claves
Del total de casos, 88 personas están desaparecidas, 31 fueron liberadas, 33 fueron asesinadas, hay ocho menores recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a nacionalidades, 139 son uruguayos, 16 son argentinos, hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya.
Veinte de los episodios ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976. La fiscalía comenzó a indagar hechos desde el 6 de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio en la Argentina.
El expediente Nº 10.961 está en manos del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Miguel Ángel Osorio.
Desde la caída de Allende hasta el golpe en la Argentina
El comienzo del Plan Cóndor puede rastrearse hasta septiembre de 1973, durante el golpe militar que en Chile derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Desde ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet mantendría un lugar central en este operativo supranacional de represión. De hecho, la sede ejecutiva del Operativo Cóndor estaba ubicada en Santiago de Chile.
Una vez sellado el pacto, los regímenes preexistentes de Paraguay y Brasil se integrarían a la estructura genocida. En el ’73 se sumó la dictadura de Uruguay, y en el ’76, la Bolivia del dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, a partir del golpe orquestado por Jorge Rafael Videla y sus socios civiles, la Argentina hizo su ingreso definitivo a esta “asociación ilícita” entre militares sudamericanos.
Un caso paradigmático de esta articulación entre terrorismos de Estado es el de Victoria Lucía Grisonas, uno de los nombres incluidos en el requerimiento del fiscal Miguel Ángel Osorio. De nacionalidad argentina-uruguaya, el 26 de septiembre de 1976 Grisonas fue secuestrada en su casa de Mitre al 1300, en el partido bonaerense de San Martín. Ese día, por la madrugada, un grupo de tareas integrado por efectivos de los ejércitos argentino y uruguayo, la Policía Federal y la SIDE, se la llevaron junto a sus dos hijos. Durante el operativo, fue asesinado su esposo, Mario Roger Julien. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Grisonas y sus hijos fueron recluidos en “Automotores Orletti”, uno de los centros clandestinos donde solían alojar a los uruguayos. Varios meses después, los niños fueron llevados a Montevideo y estuvieron en el Servicio de Inteligencia de Defensa. Más tarde, los trasladarían en avión a Chile, donde los mismos militares que asesinaron a sus padres los dejaron abandonados en una plaza de Valparaíso, en noviembre del ’76. Su madre sigue desaparecida
Fuente: Tiempo Argentino, lunes 30 de abril
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30.04.2012 | José Luis Méndez
Mirada cubana sobre el Plan Cóndor
El periodista, docente y abogado cubano sostiene en su último libro que el programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur comenzó con el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende en 1973.
Los registros de la historia reciente definen al Plan Cóndor como una coordinación represiva que comenzó a funcionar a fines de 1975. En noviembre, los aparatos de inteligencia de los ejércitos de Uruguay, Argentina y Chile se reunieron en Santiago y acordaron perseguir, detener, interrogar, torturar y desaparecer a los opositores políticos dentro y fuera de sus fronteras. Entre los testimonios de sus sobrevivientes, la desclasificación de archivos estatales y la paciente búsqueda de los investigadores, existen indicios inéditos que hablan de una historia mucho más macabra que el relato conocido.
Uno de esos buscadores nació en Cuba, es periodista, docente y también abogado. Ha escrito cuatro libros sobre las operaciones de terrorismo que lanzaron los Estados Unidos contra la Revolución Cubana y ante los tribunales federales de la Capital Federal, es el representante legal de las familias de Crescencio Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, dos jóvenes diplomáticos que fueron secuestrados el 9 de agosto de 1976 y que murieron bajo tortura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Permanecen desaparecidos, pero el juicio que indagó sobre la responsabilidad de los torturadores Eduardo Alfredo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz y Raúl Guglielminetti, terminó con penas de 20 y 25 años para ellos y, también, con un dato amargo. “Después del golpe del 24 de marzo de 1976 desaparecieron, en total, 17 personas relacionadas con entidades oficiales de la embajada cubana en Buenos Aires”, revela Méndez, que dentro de una semana volverá a pisar suelo argentino para presentar su último trabajo, La Operación Cóndor contra Cuba, en la 38ª Feria del Libro. La investigación explica que la coordinación de dictaduras “empezó con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile”.
–¿Por qué sostiene que el Plan Cóndor empezó antes de la reunión de jefes de ejércitos de noviembre de 1975?
–Porque los principales sicarios internacionales de esta operación son los cubanos que habían participado en la invasión de Playa Girón promovida por la CIA. Fueron seleccionados dentro de un grupo de 1000 mercenarios junto a otros que regresaron en diciembre de 1962. Primero se entrenaron en Fort Bening en 1963 y en 1964 egresaron como segundos tenientes del ejército norteamericano. Ahí aparece el tristemente célebre Luis Posada Carriles, que fue destinado a Venezuela, junto a Moisés Hernández Rojo, que fue a Brasil, Víctor Vázquez, que se quedó con Posada, o Félix Rodríguez Mendigutía, uno de los responsables directos del asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia.
–¿Todos llegan a Chile?
–Luego del derrocamiento de Salvador Allende en 1973, se ponen a disposición de la dictadura, se encuentran con el general Manuel Contreras, director de la DINA, que a fines de 1975 reúne a todos los ejércitos del Cono Sur. Apenas se alistan, se ponen a perseguir a los refugiados argentinos en Santiago, también a chilenos, y hacen operaciones en México e Italia, donde tratan de matar a Bernardo Leighton, vicepresidente de Allende, y fuerte opositor de Pinochet que casi pierde la vida el 5 de octubre de 1975. También trataron de asesinar en Alemania y en Francia al dirigente del partido socialista chileno Carlos Altamirano, .
–¿Son los mismos que matan al general Carlos Prats en Buenos Aires?
–En esos diez años, intervinieron y participaron de varios crímenes, entre ellos el de Prats en el barrio de Palermo en 1974. Esos casos confirman que mucho antes de institucionalizarse el Plan Cóndor a finales de noviembre de 1975, los cubanos ya venían operando bajo órdenes de los Estados Unidos para sembrar el terror en esta operación que toca techo el 21 de septiembre de 1976, cuando asesinan al ex ministro y embajador de Allende, Orlando Letelier, en pleno centro de Washington, gracias a la colaboración del agente Michael Townley.
–¿Cuándo llegan a Buenos Aires?
–Además del crimen de Prats, hay un día clave. Es el 13 de agosto de 1975. Ellos siempre trataron de hacer acciones vinculadas a fechas históricas. Ese día, era el cumpleaños 49 de Fidel Castro, y en esa fecha un comando de terroristas integrado por Orlando Bosch Ávila (uno de los autores intelectuales de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano), junto a Gaspar Giménez Escobedo, hacen un atentado contra el embajador Aragonés. Desde un auto le disparan cuando estaba entrando a la embajada en Belgrano. Entre el golpe contra Allende y el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón, ese grupo desarrolla una serie de acciones de terror, especialmente sobre los refugiados chilenos que buscaban protegerse de la persecución pinochetista en Buenos Aires. En ese momento ya estaba Bosch, Posada Carrilles, Michael Townley, y Guillermo Novo Sampoll, cuya presencia me la confirmó el general Manuel Contreras, en prisión, durante una entrevista que me concedió en 2004. <
Las operaciones junto a la Triple A a partir de 1974
–¿Operaron con la Triple A?
–Lo hicieron desde que llegan en 1974. Posada Carriles estuvo en Buenos Aires, y estuvo vinculado a una organización llamada Trinchera. Novo Sampoll, estuvo vinculado en la preparación de un asalto a un banco para adjudicarle el ataque a una organización de izquierda, pero no funcionó, aunque este hombre es uno de los cuatro que participó en el asesinato de Letelier y después estuvo en un plan de asesinato de Fidel en la X Cumbre de las Américas en Panamá en 2000. Allí fueron detenidos, aunque ya venían de hacer asesinatos por encargo de la mafia neoyorquina.
–En su libro, revela la estrecha relación de Arturo Frondizi con Estados Unidos. ¿Le pidió ayuda a la CIA?
–Lo hizo en 1964, cuando viaja a Estados Unidos y se entrevista con Allen Dulles, director de la CIA y le pide asesoría para enfrentarse a los enemigos políticos de su gobierno. Ese pedido es evaluado por la central como una gran oportunidad para meterse en Argentina y empieza todo un programa de penetración y desestabilización. Me resultó muy interesante descubrir la utilización de los llamados “alumnos profesionales de la UBA”, jóvenes que pasaban 10 años sin avanzar en sus estudios cuando su papel era penetrar a los movimientos estudiantiles. El objetivo de la CIA en Argentina era utilizar el país como vidriera de la Alianza para el Progreso y convencer al país de que el enemigo era Cuba y empezaron a asesorar a la SIDE.
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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007
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