lunes, 30 de julio de 2012


La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba les dictó procesamiento por doble homicidio calificado

Preventiva a Videla, Harguindeguy y Menéndez por el asesinato de Angelelli

 La medida, que era reclamada por los organismos de Derechos Humanos, alcanzó también a Luis Estrella y Juan Carlos Romero. El 7 de agosto comenzará el juicio por el crimen de los curas Murias y Longueville en El Chamical.



 
 
 
 
La justicia dictó ayer prisión preventiva para el ex dictador Jorge Rafael Videla y otros ex militares represores procesados por el asesinato del obispo Enrique Angelelli durante la última dictadura cívico-militar, una medida fuertemente reclamada por las organizaciones de Derechos Humanos. Para el 4 de agosto próximo, fecha aniversario del crimen de Angelelli, está previsto que organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos concreten un masivo fogón en la plaza principal de la ciudad de La Rioja, además de procesiones y diversas actividades en la provincia. Será tres días antes del inicio del juicio por el crimen de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en la ciudad riojana de El Chamical durante el Proceso y por quienes Angelelli ofició la última misa antes de que lo mataran, en medio del silencio de la Iglesia Católica argentina de la época.   
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió dictar "el procesamiento con prisión preventiva" a los militares genocidas Albano Harguindeguy, Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez, Juan Carlos Romero y el ex dictador Jorge Rafael Videla. Los represores están imputados por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita agravada. Menéndez, Harguindeguy y Romero en esta resolución fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
El secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) Rogelio De Leonardi, docente que militó en La Rioja y conoció a Angelelli, afirmó que "esta medida era solicitada por los organismos de Derechos Humanos hace tiempo y tuvo siempre la negativa del juez Piedrabuena, que tiene pedido de juicio político por su accionar dilatorio". En un comunicado, CTERA también denunció que Piedrabuena dictó "la falta de mérito y excarcelación para Roberto Catalán, ex juez acusado de participar en crímenes de lesa humanidad en esa provincia". Según CTERA la prisión preventiva a los represores se adoptó "luego que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hubiera ordenado su excarcelación suscitando reclamos de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y sindicales" de La Rioja. 
"Venimos peleando hace rato desde los distintos espacios políticos, sociales, de Derechos Humanos en la provincia de La Rioja no sólo por la lentitud en los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino por la actitud que asumió el juez Herrera Piedrabuena durante todo este año, que fue de dilación. Esta resolución judicial nos anima por supuesto, a muy pocos días del inicio de otro juicio muy importante, que es por el asesinato de Murias y Longueville, los curitas de El Chamical que fueron asesinados el 18 de julio de 1976", explicó De Leonardi, quien también es secretario general de la delegación La Rioja de la CTA que conduce Hugo Yasky en el ámbito nacional.  «
 
se cumplen 36 años del asesinato de los religiosos en la rioja
 
El 18 de julio de 1976, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal. El hecho ocurrió en la localidad de Chamical (La Rioja) donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero él se había ido por recomendación del obispo monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, los acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja, en un supuesto "accidente automovilístico". Las pruebas o presunciones de que fue atentado se acumularon a lo largo de los años de manera abrumadora.
Angelelli acababa de dejar Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba aquellos asesinatos. El obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pinto, que lo acompañaba, recuerda que apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el obispo aceleró pero entonces apareció otro coche y a la altura de Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar la camioneta.
El cuerpo del obispo quedó tirado en el suelo durante seis horas, la camioneta desapareció y la única lesión que presentaba el cadáver de monseñor Angelelli fue la nuca destrozada tal como si lo hubiesen molido a golpes. La carpeta que llevaba el obispo jamás pudo ser encontrada.

Fuente: Tiempo Argentino, sabado

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Causa Angelelli. Ratifican la prisión preventiva de ex represores

27 julio 2012
Se trata de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy y Luis Fernando Estrella, quienes están acusados por el grave delito de homicidio calificado, en el marco de la causa que investiga el asesinato del cura en agosto de 1976 en La Rioja. Lo medida fue dictada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.
En la causa que investiga el crimen del ex obispo riojano Enrique Angelelli, el juez federal Daniel Piedrabuena confirmó las resoluciones apeladas donde dispone el procesamiento y prisión preventiva de los ex represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Eduardo Harguindeguy y Luis Fernando Estrella por el delito de homicio calificado. La resolución confirma la concesión de la prisión domiciliaria a tres imputados.
Piedrabuena resolvió ratificar “la resolución apelada en cuanto dispone el procesamiento y prisión preventiva de Jorge Rafael Videla, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.Penal) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
También “la resolución apelada en cuando dispone el procesamiento y prisión preventiva de Luciano Benjamín Menéndez, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
En cuanto a Albano Eduardo Harguindeguy la confirmación también es por mayoría y “dispone el procesamiento de Albano Eduardo Harguindeguy, ratificando el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N.
En la misma situación se encuentra Luis Fernando Estrella. y de Juan Carlos Romero.
Ratifica la resolución apelada en cuanto dispuso la concesión de la prisión domiciliaria a los imputados Juan Carlos Romero, Luciano Benjamín Menéndez y Albano Eduardo Harguindeguy.
En 2003, el Congreso Nacional anuló estas dos leyes y dos años más tarde, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales. A partir de esa decisión, la causa Angelelli volvió a ser investigada por la Justicia.
En la causa se estableció que la muerte de monseñor Enrique Angel Angelelli fue producto de un “accidente automovilístico provocado”, que ocasionó la muerte al prelado riojano y lesiones de consideración a su acompañante, el ex sacerdote Arturo Aído Pinto. 







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28/07/2012 


“Nos despertó un sonido de detonaciones y explosiones”

Oscar Díaz, el primero que admite que escuchó disparos.

A las patadas. Así se despertó Díaz, al mismo tiempo que escuchó lo que según la querella eran tiros de gracia.

Oscar Díaz se convirtió en el primer testigo en el juicio que reveló haber escuchado los disparos la madrugada del 22 de agosto. El testigo era suboficial y dormía en la otra punta del edificio de la Base. El 21 de agosto le tocó una ronda de inspección fuera de la unidad y regresó cerca de las 2 de la madrugada trágica. “Me despertó un compañero a las patadas y un sonido de detonaciones y explosiones que identificamos como disparos”, relató. 

El grupo de militares saltó sobresaltado de las camas preguntando qué pasó. Un superior los detuvo en el pasillo y así como estaban, en calzoncillos, los mandó al Casino de Suboficiales, atravesando la Plaza de Armas. “Hubo orden de desalojar y era una confusión total porque nos despertamos de un modo muy violento”. 

Díaz no escuchó ráfagas sino ruidos discontinuos. Por eso la querella cree que lo que oyó eran los tiros de gracia a los fusilados. Contó que nadie pudo ver más porque “un cortinado” separaba el pasillo de calabozos del resto del edificio. El dato juega a favor del ex cabo Carlos Marandino, quien siempre sostuvo que se ocultó detrás de ese biombo mientras sus jefes ejecutaban a los presos.

Horas después, el teniente Troitiño reunió a un grupo de 20 suboficiales y les explicó la versión oficial. Otro teniente, Roberto Bravo, acompañó pero no habló. “En su timbre de voz no se notaba pero se lo veía nervioso y compungido”, dijo el testigo. “Era un momento de confusión y llegamos a la conclusión masiva de que lo que pasó estaba dentro de esa puerta. El resto eran trascendidos y conjeturas que podíamos armar pero nunca en ningún momento tuve la orden de lo que tenía que decir”.

A modo de dato curioso, el jefe de la Base, Rubén Paccagnini, es el padrino de casamiento de Díaz. Quiso el destino que el 15 de agosto, día de la fuga, el suboficial cumpliera su primer aniversario de casado. Pese a esta cercanía “franca y directa”, como la definió, el testigo aseguró que jamás le pidió detalles de aquella noche. “De eso no se habló”, aseguró

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Un testigo se peleó con la querella y sería careado


Jorge Barreto era guardiamarina y aseguró que ese día estaba de inspección en Madryn. Pero dos personas dicen que charlaron con él la noche del 21 de agosto y la madrugada del 22, minutos después de los fusilamientos. El tribunal le pidió que no se vaya de la zona. Sosa y las copas de más.
Complicado. Barreto dijo estar dispuesto a todas las aclaraciones que hagan falta para verificar dónde estuvo las trágicas horas de la Base Zar.
Por Rolando Tobarez

Por primera vez en el juicio por la Masacre de Trelew, tras su extensa declaración el tribunal debió pedirle a un testigo que no abandone la zona ya que lo convocarían nuevamente para aclarar versiones contradictorias. Se trata de Jorge Barreto, exguardiamarina de la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, que posiblemente deba carearse con otro testigo. 

El hombre aseguró que el 21 y el 22 de agosto no estuvo en la unidad militar ya que fue enviado a inspeccionar el Apostadero Naval de Puerto Madryn. Pero otras dos personas advierten que por el contrario, la noche anterior y la madrugada de los fusilamientos Barreto hacía guardia y hasta habló con ellas.

El jueves, el excolimba Carlos Steiner le dijo a los jueces que el 21 llegó a la Base y conversó unos minutos con Barreto antes de irse a dormir. Y en su declaración de 1973, el contador Raúl Herrera contó que minutos después de los fusilamientos salió de la zona de calabozos y le pidió a su subordinado Barreto que alerte al resto de los oficiales. El dato figura en la causa civil que inició la familia de la fusilada María Berger, documento que halló y aportó la Armada Argentina.

El testigo negó ambas afirmaciones y las atribuyó a errores subsanables si se revisan los libros de guardia, los mismos que nunca aparecieron. Varias partes coincidieron con que es muy posible que deba confrontar su versión con la de Steiner y con el testimonio de Herrera. “Le voy a pedir que no deje la zona porque es posible que lo necesitemos para otra diligencia de aclaración”, le advirtió el presidente del tribunal, Enrique Guanziroli. “Vivo en Trelew hace 40 años y no pienso irme”, sonrió el testigo.

En la audiencia de ayer, en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, Barreto mostró signos de nerviosismo y cruzó discusiones e ironías con el querellante Eduardo Hualpa. Es que el testigo no terminó de precisar si regresó de Madryn el mismo 22 o el 23. Tampoco definió en qué momento se enteró de la balacera. 

-Me cuesta creer que ante un hecho tan importante no lo recuerde, dijo Hualpa.

-Pasaron 40 años y hasta hoy no sé qué sucedió ahí.

-Puede no saber lo que pasó en la Base, pero la pregunta es si sabe lo que hizo usted el 22, el 23 y el 24 de agosto…

-En términos generales sí pero no me pida la hora exacta que me levanté o que me enteré, o cuando me dieron las versiones. No es fácil contestar con precisión.

-Yo le pido la verdad, nada más. No puede no recordar si volvió el día de los hechos u otro día …

-Usted se está poniendo en mi lugar, le digo que yo no me acuerdo...

-No, le pregunto desde el lugar del querellante…

Antes de contrapuntos así, Barreto aseguró que el jefe de la Base, Rubén Paccagnini –imputado de cómplice- nunca quiso recibir al grupo de presos. Y que la noche del 15 de agosto discutió largo y tendido con un superior por teléfono antes de aceptar la orden. “Vi la llegada de los micros con los detenidos: era una larga columna de vehículos militares pero quedó parada largo rato en la barrera”, dijo. 

Un auto se estacionó en el playón y abrió su baúl. “Llevaba las armas que entregaron los guerrilleros y había pistolas Browning 9 milímetros que veíamos por primera vez. Ni nosotros teníamos ese armamento, decían los oficiales”. Paccagnini, según su versión, quería devolver al grupo a la Unidad 6 de Rawson porque la Base no estaba preparada para alojarlos. “Le dieron la orden o lo convencieron. Eso siempre le molestó porque trató de que no entraran”, deslizó Barreto. 

Desde ese día “se trastocó todo el sistema de guardia” en la unidad. Se montó un operativo inédito, reforzado como nunca antes. “Hubo jefes de guardia, médicos de guardia y hasta choferes de guardia, que nunca tuvimos. Todo el mundo estaba acuartelado y a la orden”, describió. 

Esa vigilancia se dedicó exclusivamente a los presos y dependía del Batallón de Infantería de Marina 4, cuyo segundo jefe era el capitán Luis Sosa. Funcionó en paralelo a la guardia de rutina y estaba “casi aislada del resto de la Base”.

Esa semana un avión Hércules trajo a Trelew a policías federales. Comían con los oficiales locales y se distinguían del resto: “Sabían quiénes eran los presos, su prontuario y en qué enfrentamientos habían participado. Lo tenían totalmente claro y en cambio en la Base no teníamos idea de los guerrilleros”. 

El clima era “bastante extraño”. La costumbre de los jefes más antiguos era estar con sus familias, no acuartelados para vigilar a guerrilleros. “Con los días se notó su malestar y el disgusto. Para los que éramos más jóvenes no era extraño porque casi vivíamos ahí”. 

Su hipótesis del 22 de agosto es que los jefes, acuartelados, no se dormían temprano y se aburrían de mirar TV, charlar y jugar a las cartas en la Cámara de Oficiales. Se decía que estaban hartos, “podridos” de estar ahí sin volver a casa. 

“Quizás se tomaron un par de copas de más y para mí, Sosa les dijo vamos a inspeccionar los calabozos, aunque quienes lo acompañaron no tenían nada que hacer ahí. No tuvo nada que ver con ningún procedimiento militar razonable. Era incomprensible que un jefe cometiera un error tan grosero de sacar a todos los presos juntos a un pasillo. Nunca se había hecho y llevó a ese resultado. Hasta hoy no me explico qué le pasó a ese hombre”. Para Barreto algún chispazo con los presos causó el primer disparo. 

Tras los hechos al jefe de la Base se lo vio abatido. Paccagnini sabía que por su jerarquía era responsable y “el más perjudicado”, haya participado o no. “Estaba nervioso y apesadumbrado, no comprendía cómo había sucedido y al igual que el resto de los oficiales que no tuvieron nada que ver se preguntaba por qué había recibido a presos que no tenían que estar allí. Para nosotros y para los oficiales él no tenía la más mínima idea de lo que sucedería”. El testigo admitió que la versión oficial “nunca nos cerró ni nos quedó clara” ya que “era incomprensible que sucediera eso si se hubiesen seguido los procedimientos razonables para verificar celdas”.


La Jornada

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